CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

1. LO QUE DIJO HEBE DE BONAFINI
El 27 de febrero, en su habitual discurso de los jueves en Plaza de Mayo, la compañera Hebe de Bonafini atacó duramente a la mamá de Walter Bulacio, a nuestra compañera María del Carmen Verdú e, indirectamente, a la CORREPI. Su discurso fue luego publicado en el sitio de la Madres, por lo que quien desee conocerlo completo deberá visitar el www.madres.org

Hebe comenzó señalando que las Madres siempre habían rechazado la reparación económica estatal porque “lo que hay que reparar con justicia no se puede reparar con plata”. A continuación indicó que no sólo había jueces corruptos, sino también “abogados corruptos”. Inmediatamente leyó a su público un confuso párrafo del diario Clarín, del que tomó por cierto que la familia de Walter y su abogada habían realizado un acuerdo económico con el Estado Argentino “para que no haya juicio en la Corte Interamericana” y concluyó señalando: “Pero no va a haber condena, ni va a haber ningún tipo de investigación porque la gente que está en el juicio negocia. Y porque la madre prefiere la plata a la justicia. Y que me perdone la señora Bulacio. Ella dice que siempre estuvo en el silencio y guardada. Nosotras no, nunca nos guardamos, siempre salimos a gritar, a insultar, que nos pareció lo mejor y nos sigue pareciendo. Porque la vida de nuestros hijos no vale un poco de dinero, queremos cárcel para los asesinos. Porque los juicios son todos fraudes. Y la doctora Verdú se está llenando de plata con estos juicios, mucho dinero viene. Y entonces toda la lucha, la de los de antes y los de ahora, termina siendo un puñado de dinero. Como no vamos a permitir eso y no me importa nada, por eso denunciamos en esta Plaza a los abogados que son tan corruptos como los jueces”.

A buen entendedor, pocas palabras. Para Hebe, la familia de Walter, María del Carmen Verdú y la CORREPI hemos negociado con el gobierno pues preferimos la plata a la justicia. Los más de 10 años de lucha por Justicia para Walter y por decenas de pibes víctimas del “gatillo fácil” vendrían a ser sólo una pantalla. La compañera Bonafini nos apuntó con su índice y se hizo la luz: los militantes de CORREPI parecíamos buena gente, compañeros de lucha, pero no éramos más que unos corruptos desesperados por la guita…

2. CORREPI Y LAS MADRES
Desde que CORREPI existe hemos privilegiado nuestra relación con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a quienes consideramos ineludible referente combativo en el campo popular. Las Marchas por Walter y Por Todos de cada mes de abril, siempre que han aceptado asistir, las han tenido en la cabecera, compartida con los familiares de víctimas de la represión policial. Participamos de muchas actividades propuestas desde Madres, como la Marcha de la Resistencia o los 24 de Marzo, y nuestros compañeros son asiduos concurrentes como panelistas o expositores invitados en la Universidad. En el reciente Congreso de Salud Mental y DDHH nos dieron la responsabilidad de coordinar un capítulo sobre POLÍTICAS REPRESIVAS DEL ESTADO, con talleres, charlas, conferencias y debates, en un gesto de absoluta confianza política. Es muy habitual también que cuando víctimas de violaciones actuales de los DDHH recurren a Madres en busca de ayuda, sean sistemáticamente referidos a CORREPI.

Por todo esto, por años de trabajo común y de sonrisas, nos resulta muy violento descubrir que Hebe nunca nos dijera sinceramente lo que pensaba de nosotros. La actividad de CORREPI es totalmente pública. Nadie en el campo popular puede pretender que no conoce quiénes somos, qué hacemos y qué política desarrollamos, ni mucho menos qué herramientas usamos en nuestra pelea contra las políticas represivas del estado.

Hemos debatido internamente el carácter que daríamos a esta respuesta. Todos los compañeros de CORREPI acordamos en que, más allá del dolor que causa una acusación injusta agravada por ser emitida en un ámbito que nos resulta tan simbólico como las rondas de los jueves, no vamos a responder en los términos en que se nos agrede. No vamos a descender a buscar el agravio fácil como hacen los que responden a otros intereses de clase, o directamente a los intereses del departamento de estado yanqui. Ese tipo de ataques son de y para el enemigo. Las Madres -y Hebe personalmente- JAMÁS SERÁN NUESTROS ENEMIGOS.

Cuando se cuestiona a alguien del campo popular se acercan fraternalmente las críticas. Si la nota de Clarín indujo dudas o certezas en la compañera, debió llamarnos y plantearnos su posición, en lugar de tomar como palabra santa lo que publica la prensa del sistema. Surge claro del discurso del jueves que Hebe no leyó el comunicado de CORREPI en el que anunciamos la CAPITULACIÓN del Estado Argentino en el Caso Bulacio, porque no es otra cosa el reconocimiento de los hechos tal como los hemos sostenido a lo largo de casi doce años, y su forzado sometimiento a que en una instancia regional se analicen las normas y prácticas de las fuerzas de seguridad que conforman el sistema de detenciones arbitrarias con el que se ejerce el control social cotidiano contra nuestro pueblo.

3. LA TRAYECTORIA DE LUCHA DE CORREPI
CORREPI surgió a la lucha acotada al campo de las denuncias del “gatillo fácil”, la tortura y las detenciones arbitrarias. La correcta caracterización política que hicimos de estas herramientas represivas, erradicando los conceptos de “abusos” o “errores” policiales o de “víctima inocente” nos permitió avanzar en la consolidación de un cuerpo de ideas antirrepresivas que se resume en nuestra convicción de que sólo la destrucción del sistema capitalista puede abrir el espacio a un tiempo sin violaciones a los DDHH. Simultáneamente, nos involucramos decididamente en la defensa de presos políticos y represaliados por luchar, tratando de combinar las acciones concretas en cada caso con la producción teórica, analizando las respuestas represivas del estado ante el crecimiento de la resistencia y generando también en este campo ideas y propuestas organizativas.

Si fuimos de los primeros en definir la represión policial cotidiana contra jóvenes y pobres como parte de las políticas represivas del estado con el objetivo de ejercer el control social, también lo fuimos a la hora de caracterizar tempranamente lo que hoy todos denominamos la criminalización de la protesta social.

Tratamos de trabajar dialécticamente, priorizando la organización popular y la denuncia pública de la represión, pero también metiéndonos en los intersticios del sistema legal burgués para arrancar sentencias que suman más de 400 años de prisión para represores. El 20 % de los policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad presos en cárceles federales fueron condenados en casos en que intervinieron abogados de CORREPI.

Aunque la tarea de nuestros abogados sea la que más reflejo tiene en la prensa del sistema, los militantes populares no nos conocen por eso, sino porque estamos codo a codo como el 20 de diciembre o el 26 de junio, porque estamos cuando tenemos que estar, aunque eso nos cueste un par de palos de la policía, como esta semana en San Telmo, o la vida de un compañero, como Petete Almirón.

Por sobre todas las cosas, tratamos de contribuir a la unidad del campo popular, definiendo correctamente al enemigo y proponiendo iniciativas al conjunto de las organizaciones que confrontan al sistema como la marcha antirrepresiva del 26 de noviembre de 2002.

4. LA LUCHA POR WALTER
El Caso Bulacio marcó la esencia misma de CORREPI como organización. Decir Bulacio y decir CORREPI es casi lo mismo, como ocurre con la Masacre de Budge. La decisión de llevar el caso a la CIDH en 1997 estuvo precedida de un gran debate interno, ya que no somos ingenuos para creer que ese organismo represente otra cosa que los Derechos Humanos “políticamente correctos” hasta donde la clase dominante está dispuesta a habilitarlos en su permanente búsqueda de relegitimación.

A diferencia de la compañera Bonafini, que denuncia la existencia de “jueces corruptos” dando a entender que otros no lo serían tanto, nosotros caracterizamos al aparato judicial, nacional o internacional, en su conjunto, independientemente de la mejor o peor disposición que individualmente alguno pudiera tener frente a un caso concreto. No creemos que la impunidad de los represores sea un “problema de corrupción”, en cuyo caso lo podríamos resolver con unas cuantas purgas y reestructuraciones, del mismo modo que sostenemos que la represión policial no es un problema de unos cuantos “loquitos sueltos” que se “desbordan” sino una necesidad intrínseca del sistema. En la causa Bulacio intervinieron 35 jueces. Fueran o no “corruptos”, todos cumplieron el rol asignado por el sistema.

Llevamos el caso ante la CIDH con el mismo criterio que litigamos ante los tribunales del sistema en nuestro país, sabiendo que aunque estemos en territorio hostil, podemos arrancar triunfos con la lucha y la perseverancia. Logramos que la CIDH concluyera que, efectivamente, los derechos humanos de Walter y su familia fueron violados por el estado argentino. Logramos también que, en lugar de sólo publicar el informe, se elevara el caso a la Corte Interamericana, y fuera la primera oportunidad en que la Argentina fuese juzgada ante la Corte IDH por violaciones a los DDHH posteriores a 1983. Logramos que, contra las cuerdas y en el marco de una enorme presión, el estado argentino admitiera los hechos, relevándonos de probarlos en la audiencia del próximo 6 de marzo, donde, en cambio, sí pondremos a consideración de la Corte todos los mecanismos que habilitan detenciones arbitrarias en nuestro país.

El estado argentino no evitó juicio alguno “arreglando con la familia y la abogada”. No hubo tal arreglo, sino una confesión del estado, reconociendo los hechos y su responsabilidad por la detención y muerte de Walter Bulacio. El juicio comienza el 6 de marzo, y el reclamo de la CORREPI y la madre de Walter Bulacio es que se condene a la Argentina por su política represiva cotidiana ejercida a través de las detenciones por averiguación de antecedentes, razzias, contravenciones, etc., para lo que no necesitarán probar primero que A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA, porque eso ya está reconocido.

Existe también la posibilidad real de que la Corte, en su pronunciamiento luego de la audiencia del 6/3/03, ordene al estado argentino reparar los daños sufridos por la familia, y devolver los gastos efectuados hasta hoy por los abogados de CORREPI, que no son subvencionados por estados ni fundaciones nacionales ni extranjeros, ni por nadie, y han pagado de su propio bolsillo desde los sellados judiciales hasta los pasajes y alojamiento en cada ocasión que debieron comparecer ante la CIDH. Es regla de la Corte que una de las obligaciones del estado violador de DDHH es reparar a la víctima, fijando los jueces el monto que entiendan corresponder. Sobre este tema, si es que lo merece, podemos abrir un debate franco y fraterno, sin olvidar que CORREPI respeta el derecho de cada familiar de decidir si acepta o no reparaciones materiales, cuestión que nunca ha tenido influencia sobre la coherencia y perseverancia de su lucha.

Para evitar nuevos “malos entendidos”, transcribimos el texto firmado por el Estado Argentino y aceptado por la familia Bulacio y la CORREPI:

1. Sin perjuicio de los planteos y argumentos formulados por las partes y en el ámbito de la solución amistosa propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptada por el Decreto Presidencial 161 de fecha 31 de enero de 2003, el Gobierno de la República Argentina reconoce la responsabilidad por la violación a los derechos humanos de Walter David Bulacio y su familia en base a la demanda efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido se deja constancia que Walter David Bulacio fue víctima de una detención ilegítima y de la violación a sus derechos en cuanto a un inapropiado ejercicio del deber de custodia e incumplimientos procedimentales y vistas las consecuencias jurídicas y la irrenunciable vocación del Gobierno y del Estado Argentino de cumplir integralmente con las normas de derechos humanos a las que se ha obligado nacional e internacionalmente, resuelve asumir la responsabilidad internacional y sujetarse a las reparaciones correspondientes que determine la Honorable Corte IDH.

2. El Gobierno de la República Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de la familia de Walter David Bulacio, solicitan a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga a bien pronunciarse sobre las cuestiones de derecho discutidas en el caso, en lo correspondiente a la aplicación del Artículo 7 de la Convención Americana, en el marco de lo establecido por la Honorable Corte en la Opinión Consultiva 17. (nota: el art. 7º refiere a las detenciones arbitrarias y la O. C. 17 a los menores de edad).

3. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Gobierno de la República Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de la familia de Walter David Bulacio solicitan a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenga a bien aceptar la constitución de una instancia de consulta que tenga por fin, si correspondiere, la adecuación y modernización de la normativa interna en las temáticas relacionadas con el caso en discusión para lo cual se invitará a expertos y otras organizaciones de la sociedad civil. (nota: si se convoca este ámbito de “consulta”, CORREPI presentará sus proyectos de derogación de toda norma que faculte a las FFSS a detener personas arbitrariamente).

4. El Gobierno de la República Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de la familia de Walter David Bulacio solicitan a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos la celebración de la audiencia del día 6 de marzo de 2003, a los efectos de que las partes aleguen y la Honorable Corte determine las reparaciones que correspondan, de conformidad con el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por la República Argentina en el Punto 1 del presente acuerdo.
CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
Buenos Aires, 1º de marzo de 2003.-