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Dime a quien defiendes y te diré quién eres
En el capitalismo la corrupción y la represión son esenciales al sistema. Por ello el establishment requiere de abogados. No sólo de aquellos que sinteticen la propaganda jurídica de los privilegios sino de aquellos que directamente defiendan ante el estrado tanto corruptos como a represores.
Mientras que existen “juristas” que moldean jurídicamente los ámbitos de aplicación de determinada legislación, deben de existir abogados que defiendan a los ejecutivos de aquellas políticas, sean corruptos o represores.
Pablo Argibay Molina responde perfectamente a esta última categoría. Aunque desplazado en los últimos años por otros abogados más mediáticos, el “Gordo” -como lo llaman cariñosamente en cenáculos menemistas- ha sido, quizás, el abogado excluyente de los primeros años de la década de los noventa.
Si bien de familia patricia, nunca fue un “cuadro” del conservadurismo sino un verdadero “soldado” a elevado precio del neoliberalismo, habiendo hecho en tribunales el “trabajo sucio” de amparar a una cartera de clientes que, incluso, lo alejó de su oligárquico socio Fontan Balestra, que prefirió mantenerse imbuido en negocios clericales y medios de comunicación.
De verba poco pulida y conocimientos jurídicos que no suele exhibir, Argibay Molina era el arquetipo del penalista ducho en embarrar la cancha en el expediente y arreglar con un Poder Judicial amiguista, clasista y coimero.
Argibay Molina defendió a personajes corruptos de toda laya, muchos hasta ignotos. Incluso factótums de la cultura y estética menemista como Graciela Alfano o el peluquero Miguel Romano.
Sin perjuicio de haber asesorado al propio Menem cuando estaba a cargo del ejecutivo, dentro de los funcionarios menemistas merecen destacarse a la hipercorrupta derechista Maria Julia Alsogaray y a la interventora del PAMI, Matilde Menéndez (luego sería reemplazado por otro abogado de represores, Mariano Cúneo Libarona).
Pero el mayor representante del poder que defendió fue el mafioso empresario postal Yabrán en la propia causa de José Luis Cabezas. Argibay fue el vocero de la familia cuando el suicidio del autor intelectual del homicidio del fotógrafo. Su patrocinio incluyó acompañar el ataúd desde el campo entrerriano al cementerio privado en la zona norte bonaerense. Actualmente su cliente más connotado es el juez corrupto Roberto Murature, procesado por delitos como coacción agravada y cohecho.
Entre los represores el más notorio de sus defendidos es el Crio. Miguel Angel Esposito, responsable de la privación ilegal de la libertad y muerte del menor Walter David Bulacio. El periodista Héctor Ruiz Núñez, en la desaparecida Revista Humor, denunció que el entonces Ministro del Interior Mera Figueroa pagó U$S 50.000 (cincuenta mil dolares estadounidenses) de fondos reservados en concepto de honorarios profesionales para defender al represor. Nunca se desmintió esta especie pero consultado Argibay Molina por el precio de sus servicios, manifestó que tenía muchos amigos en la institución policial.
Argibay Molina logró desplegar un sinnúmero de chicanas que, gracias al concurso de la jueza Alicia Iermini y los integrantes de la Sala 6ª de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, permitieron al represor Espósito gozar del beneficio de la impunidad.
A través de nulidades, recursos, apelaciones siempre con destino de Corte Suprema, excepciones y recusaciones varias -siempre avaladas por el poder judicial cómplice- obtuvo que la causa prescribiera.
Argibay Molina, con ello, le hizo un grandísimo bien a Espósito, pero más sirvió a la institución y al sistema, que es el suyo.
Dedicado a los estudiantes de Derecho: NO SEAN COMO ARGIBAY MOLINA