CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LA MALDITA POLICIA VUELVE A LA CARGA
El Senado bonaerense, con el voto del Partido Justicialista y de la
Alianza, dió media sanción a un ley que amplía las facultades de la Policía
bonaerense. Entre otras medidas, la “maldita policía” podrá requisar a las
personas y vehículos sin necesidad de orden judicial. Ello implicará que la
“bonaerense” vuelva a ejercer un poder omnímodo sobre la población. Sin
lugar a dudas, la
libertad y la vida de los que sean revisados por la ahora “bendita policía”
corre serio peligro. Basta recordar que Javier Rojas Perez fue
muerto de un disparo cuando el policía Centurión lo requisaba -arma
apoyada en su cabeza- pues sus cabellos largos le otorgaban aspecto
sospechoso.
Según el otrora reformador de la policía, el ministro de Seguridad
provincial Arslanian (autor del proyecto de ley), ahora, existen “férreos
controles” para evitar abusos de autoridad. El crédulo duhaldista pretende
soslayar la larga lista de casos de gatillo fácil ocurrida en lo que va del
año, demostrativa de cómo la policía se autocontrola a la hora de matar.
Con estas nuevas facultades policiales, las privaciones ilegales de la
libertad, el entrometimiento en la intimidad y en el cuerpo de las personas
serán absolutamente legales, con el pretexto de la “razonabilidad” en su
ejecución. Nunca a una fuerza de seguridad constituída en la función
represiva se le puede pedir razonabilidad con los derechos de los demás.
A fuerza de propaganda, el gobernador Duhalde ha intentado relegitimar a la
vapuleada policía bonaerense. Cuando los medios de comunicación
acusaban a la policía por el asesinato de un reportero gráfico, decidió
instalar una falsa reforma que le permitiera recuperar terreno electoral.
Cuando esos mismos medios se “olvidaron de Cabezas” y también de las
causales del incremento delictivo, y encarnaron la campaña de mano dura,
la
bonaerense volvió a recuperar el terreno.
Arslanian ya había defendido a la “institución” (ver boletines
anteriores) sosteniendo que se acabaron las torturas a manos de la
bonarense, contra todas las evidencias que surgen de nuestros archivos y
denuncias. También promovió el reingreso a la fuerza de 200 exonerados,
cediendo a las presiones del grupo autodenominado “Los Sin Gorra”.
Con esta nueva recuperación de facultades represivas, está por demás claro
que como CORREPI sostuvo -en contra de la colaboración de la
Alianza y de las expectativas colaboracionistas de algunos organismos de
Derechos Humanos- la reforma de la policía fue una absoluta patraña y que
se volvería a la antigüa policía cuando la coyuntura diera un marco más
favorable para sus intereses.
También es demostrativo de que los políticos necesitan de la policía, y
para
ello, “le desatan las manos”.

FUJIMORI DESACATA A LA CIDH
El gobierno peruano no acatará ninguna sentencia que dicte en su contra la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. La dictadura fujimorista va a
desconocer una resolución del organismo continental en la que penaba a ese
país por la violación del debido proceso en favor de cuatro guerrilleros
del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú. Estos, de nacionalidad chilena,
habían sido condenados sumariamente por el delito de traición a la patria
por un tribunal integrado por “jueces sin rostro”. Como la mayoría de los
presos políticos peruanos, ninguno ha tenido derecho a defenderse y han
sido condenados sobre la base de declaraciones testimoniales anónimas e
informes de la inteligencia a cargo del nefasto personaje V. Montesinos.
Sus condiciones de reclusión, en cárceles de exterminio como la de Yanamayo
a más de
4.000 metros de altura en los Andes peruanos, también son violatorias a los
derechos humanos.
Fujimori adopta esta autoritaria decisión pues la sentencia de la CIDH
implicaría la revisión de todas las condenas de los más de 1.800 presos
políticos peruanos, y demuestra que la política desarrollada por su
gobierno en contra de la insurgencia ha sido construída sobre la base de la
violación de los DD HH.
A su vez, también vislumbra la condena al Perú en otros casos, como por
ejemplo, la impunidad de los asesinos de la masacre de Barrios Altos y de
la Universidad de la Cantuta.
En Argentina se encuentra detenido un matrimonio peruano con pedido de
extradición del “democrático” gobierno fujimorista acusado de
“terrorismo”. El también “democrático” juez federal Marquevich rápidamente
hizo lugar a esa extradición con el argumento de que en Perú no hay
dictadura.

JORNADA DE LUCHA EN LA ZONA NORTE
Una verdadera jornada de lucha antirrepresiva se desarrolló en la zona
norte del Gran Buenos Aires el sábado 10. A partir de las 17:00 hs. los
familiares y amigos de Víctor “Frente” Vital se movilizaron desde el lugar
donde fuera asesinado por el policía bonaerense Sosa hasta la comisaría
local.
Una importante cantidad de vecinos de la villa 25 de San Fernando
acompañados por la CORREPI se manifestaron exigiendo justicia en un típico
caso de “mano dura”. Recordemos que el “Frente” fue ultimado cuando
desarmado había decidido entregarse y con las manos en alto.
Un hecho a destacar fue la participación de numerosos chicos de corta edad
en la protesta, que portaban carteles con la foto de “Frente” y que
increpaban a los policías por el asesinato de quien consideraban un
“hermano mayor”.
Más tarde, en la localidad de Talar de Pacheco, Mabel Maidana decidió
recordar el cumpleaños de Maxi Maidana, que fuera asesinado por policías de
ese barrio en enero de 1997. A diferencia de otros homenajes, la familia
Maidana decidió organizar una actividad que recordara a Maxi en la plenitud
de sus valores. Se organizó una charla a cargo de familiares de víctimas de
la represión, el abogado de la causa y nuestra compañera Andrea Sajnovsky
sobre los derechos de la juventud. A su vez, y ya que Maxi
era integrante de las divisiones inferiores de River Plate, junto a sus
compañeros se organizó un partido de fútbol en su memoria.

LA CAMARA CRIMINAL NIEGA DATOS A LA CORREPI
Las compañeras Andrea Sajnosvky y Lidia Abimene se encuentran abocadas a un
trabajo acerca de las reales cifras del incremento del delito. Las
compañeras eligieron, en específico, el delito de latrocinio, es decir el
homicidio en ocasión de robo. Tomaron como parámetros los años 1993, 1996 y
el año en curso. Planificaron comparar esos datos
con la incidencia de los mismos en los medios de comunicación. En opinión
de la CORREPI, de existir un aumento de este delito, el acrecentamiento de
la publicación en medios gráficos superaría largamente el porcentaje de
aquel.
Sin embargo, habiendo solicitado la información -por escrito con sus firmas
como letradas-
a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional se les ha negado
sistemáticamente. Las autoridades administrativas de esa
entidad judicial se excusaron diciendo que esos datos debían ser
peticionados al Patronato de Liberados, o sea una institución de ayuda a ex
presos, que pocos datos puede tener sobre la cantidad de causas en trámite
y denuncias efectuadas. Un absurdo.
Parece que el Poder Judicial desconoce el derecho a la información
consagrado en el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica.

PROXIMAS ACTIVIDADES
Sábado 17: A las 17:00 hs. los compañeros Mónica Escayola y Daniel Stragá
disertarán en la Casa Argentino Uruguaya de Scalabrini Ortiz y Aguirre en
el barrio de Villa Crespo, Capital Federal, sobre Inseguridad Ciudadana (o
Seguridad del Regimen).
Sábado 17: A las 18:00 hs. el compañero Gerardo Etcheverry formará parte de
un debate sobre Inseguridad Ciudadana (o Seguridad del Regimen) en un local
del PSD de Saavedra, en Capital Federal.

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