CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

INVESTIGAN SI LA FEDERAL ARMABA SUMARIOS
Desde hace un mes, el fiscal Lanusse analiza 4.000 sumarios policiales
hechos durante el año ‘97 en 14 comisarías de la Ciudad de Buenos Aires,
para determinar si los policías armaban sumarios para “hacer estadística” y
cobrar coimas.
Esta investigación comenzó por la denuncia de una vendedora ambulante
contra la Comisaría 16, cuyo entonces comisario, Darío Capmany, fue
separado de su cargo.
Uno de los primeros detalles que llamó la atención del fiscal fue que los
testigos se repetían en varios sumarios, y que los números de documentos se
repetían en varios testigos, teniendo a su vez, diferentes domicilios cada
vez.
Las víctimas, en su mayoría vendedores ambulantes, prostitutas y travestis,
eran detenidos bajo el edicto de “escándalo en la vía pública” o por
“averiguación de antecedentes”, permanecían detenidos un día y luego
recuperaban su libertad.
Lo que sale a la luz en esta causa, no es más que lo que viene denunciando
hace años la CORREPI y los grupos de afectados: la policía usaba los
edictos para aplicar sanciones privativas de la libertad sin participación
alguna de la justicia, y fundamentalmente para ejercer la coerción sobre
determinados grupos de personas y cobrarles sobornos para dejarlos
trabajar. Ese es el verdadero motivo por el cual el lobby policial se opuso
siempre a la derogación de los edictos en la Capital y de los códigos de
faltas en las provincias. Porque es una de sus principales fuentes de
ingresos económicos.
De más está decir que tratándose de 14 comisarías es evidente la
complicidad de la jerarquía de la federal. Según las declaraciones del cabo
Marcelo Hawrylciw (que sufrió dos atentados en su casa), “la plata se
repartía en la seccional y una buena parte iba para arriba”.

ESCRACHE POR DOS A MASSERA
La agrupación HIJOS, acompañada por CORREPI y otros agrupamientos, realizó
el sábado 5 de junio un escrache al genocida Almirante Emilio Eduardo
Massera, en su casaquinta de la localidad de Pacheco, donde cumple su
arresto domiciliario, gracias a la gentileza del humanitario Juez Bagnasco.
Aproximadamente a las 12 del mediodía, el grupo de manifestantes llegó
hasta la casa del represor. Allí, a pesar del impresionante dispositivo
policial de más de 400 canas, y con el apoyo de gente del barrio que se
había acercado al lugar, escracharon la casa.
Cuando regresaron al centro de la ciudad, los compañeros decidieron hacer
una pasada por el departamento de Massera en el barrio de Palermo (donde
sufría la prisión antes de irse a la quinta). Esta vez la custodia policial
era mucho más reducida y fue tomada por sorpresa, con lo cual el domicilio
del asesino quedó nuevamente señalizado con huevos, frutas podridas,
pintadas con aerosol, y lo que hubiera a mano.

MAS PRIVILEGIOS PARA GENOCIDAS
Massera no es el único que disfruta de ciertos privilegios a pesar de su
condición de “detenido”. El comisario tucumano Mario “Malevo” Ferreyra,
condenado a 26 años de prisión, salió de la cárcel de Villa Urquiza, en
Tucumán, para hacer un “trámite”.
El comisario Ferreyra, que se hace llamar “Malevo”, obtuvo dicho apodo a
fuerza de años de violaciones a los derechos humanos y como miembro de las
patotas genocidas del General Bussi durante la última dictadura militar.
En el ‘93 fue condenado a prisión perpetua por los asesinatos de José
Mendez, Hugo Vera y Ricardo Andrade. El dia del fallo se fugó del tribunal
con una pistola y una granada (y obviamente con la veña de sus compañeros).
Luego de un tiempo fue detenido y el general Bussi, gobernador de la
provincia de Tucumán, le redujo la pena a 20 años de prisión. Pero fue
nuevamente condenado el 21 de diciembre del ‘98 a seis años de prisión por
“tenencia de armas de guerra, evasión de la justicia, robo de armas y
resistencia a la autoridad” por el episodio de su fuga.
Este asesino es autorizado por la justicia de Tucumán a salir de la prisión
a realizar trámites, precisamente porque los trámites consisten ajustar
detalles para del cierre de campaña electoral del sublema “Fidelidad y
Honestidad Republicana”, integrante de la lista de Fuerza Republicana de
Bussi. Dicho sublema está encabezado por la mujer de Ferreyra, quien tiene
en el Malevo a su jefe de campaña, a tal punto, que le pide a la prensa que
los contactos se hagan con su marido en el penal de Villa Urquiza.
Este episodio sería irónico si no fuera trágico, ya que demuestra la
falsedad absoluta de la tan mentada igualdad ante la ley.
Massera disfruta su arresto en una casaquinta; el Malevo sale a hacer
campaña para el general Bussi; el policía Lopez, que torturó hasta la
muerte a Miguel Bru, es condenado a prisión perpetua y se va a su casa
porque está excarcelado.
Raúl Castells está preso en la cárcel de Florencio Varela por pedir comida
para desocupados y jubilados hambrientos, y se le quitó el beneficio del
arresto domiciliario por existir el riesgo de que se evada de la justicia.

CAUSAS CONTRA FUNCIONARIOS RACISTAS Y XENOFOBOS
Hace unos meses, ante la campaña de racismo y xenofobia lanzada por el
gobierno contra los inmigrantes latinoamericanos residentes en nuestro
país, la CORREPI realizó tres denuncias. Una de ellas, referida a las
12.500 detenciones arbitrarias efectuadas por la comisaría del barrio de
Once en 1998, y a las 1.300 de los primeros 26 días de 1999, tuvo
recientemente dictamen del famoso fiscal Stornelli. El funcionario, sin
poerse colorado, pidió al juzgado la desestimación de la denuncia porque
“en un operativo de control de inmigrantes ilegales” es obvio que la
policía debe buscar en el universo de inmigrantes. Ante semejante
confesión, la denunciante, patrocinada por abogados de CORREPI, pidió a la
Cámara Federal que, admás de investigarse los hechos denunciados, se
instruya sumario contra el fiscal, quien incurre en el mismo delito
discriminatorio que quiere desestimar. Mientras tanto, nuestro viejo
conocido el Juez Liporace, ya sobreseyó al Presidente del INADI (Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) Víctor Ramos,
por considerar que no incurrió e incumplimiento de los deberes de
funcionario público al omitir denunciar penalmente al ministro del Interior
Corach, al Jefe de Policía García y al Director de Migraciones Franco por
sus declaraciones públicas claramente racistas.

PROXIMAS ACTIVIDADES
Junio: Al cumplirse once años del asesinato de AGUSTIN RAMIREZ, se está
organizando una actividad en San Francisco Solano, con festival de música y
marcha.
28 de junio: Desde las 9:00, en los tribunales de San Martín, Balbín 1753,
JUICIO ORAL Y PUBLICO contra el policía Walter Alvarez, por el homicidio de
Guillermo Gianinni (16), ocurrido el 7 de agosto de 1997.

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