CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

1- PRIVATIZACION DE LA REPRESION
El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, León Arslanián,
acaba de anunciar que los 45.000 integrantes de las agencias privadas de
seguridad comenzarán a “coordinar” tareas de seguridad con la policía
bonaerense, contando para ello con una “zonificación” que les indicará su
área de competencia. Los custodios privados podrán, así, exhibir sus armas
y “prevenir” delitos en las zonas linderas a su lugar de trabajo,
convocando en su auxilio, cuando lo crean conveniente, a los uniformados
oficiales.
De esta manera el ministro del candidato Duhalde adhiere, perfeccionándola,
a la propuesta del torturador intendente de Escobar Luis Abelardo Patti,
quien planteó organizar piquetes de “vecinos de foja intachable, ex
policías y otros funcionario públicos” para patrullar las calles.
Lo que el mismo Arslanián había calificado como “idea descabellada que
llevaría a una guerra de todos contra todos” se ha convertido, por obra y
gracia de las urgencias electorales, en el gran remedio para combatir la
inseguridad ciudadana.
Pensando en nuestra verdadera seguridad, lo primero que preocupa es la
afirmación oficial de que hay en la provincia de Buenos Aires 45.000
agentes de empresas de seguridad armados, sin contar las seguramente
numerosas agencias “truchas” y el “cuentapropismo minorista” de policías en
actividad, retirados o exonerados. Sumando los numerarios de la policía
bonaerense con los custodios privados, resulta que en territorio bonaerense
hay casi el doble de agentes armados que la totalidad de efectivos que
tenía el ejército nazi de ocupación en Francia durante la Segunda Guerra
Mundial.
Los miembros de las agencias de seguridad privada (negocio que factura en
la Argentina el doble que el presupuesto total de la Policía Federal) son
en su casi totalidad ex policías, algunos retirados y otros exonerados por
causas de corrupción, gatillo fácil y torturas a detenidos, o provienen de
las restantes fuerzas de seguridad o armadas (muchos ex represores de la
dictadura como el célebre Dinamarca), y tienen en su mayoría fluidos
vínculos con el poder político. La agencia que custodia al millonario Pérez
Companc, por ejemplo, está dirigida por dos sobrinos de Carlos Ruckauf,
actual vicepresidente y candidato justicialista para
suceder a Duhalde en la gobernación de la provincia. Uno de ellos, policía
en actividad, fue condenado por aplicación de torturas a un detenido hace
unos años. El comisario Vitelli, ex jefe de la bonaerense hasta el
nombramiento de Arslanián, es el encargado de las relaciones públicas de la
misma empresa (ver Revista Noticias, números de mayo y junio de 1999).
De tal forma, anunciar la “incorporación y coordinación” de las agencias de
seguridad privadas en las tareas de seguridad pública a cargo de la policía
es un simple eufemismo para blanquear una realidad preexistente: son lo
mismo, y SON LOS MISMOS.
Roberto Vázquez, subsecretario de seguridad de la provincia, dijo al Diario
Clarín que los custodios podrán intervenir ante cualquier situación que
consideren sospechosa y estarán obligados a llamar a la policía, por
ejemplo, “si ven un auto sin chapa, con vidrios polarizados y tres personas
encapuchadas adentro”. Creemos más probable, conforme nuestra cotidiana
experiencia, que llamen a la policía si lo que ven son tres jóvenes
morochos de pelo largo merodeando algún barrio privado. Si vieran pasar un
auto sin chapa, con vidrios polarizados y tres sujetos encapuchados
adentro, seguramente se limitarían a saludar a sus camaradas…
Nuestro ARCHIVO DE CASOS que registra los homicidios por gatillo fácil,
desapariciones y tortura seguida de muerte cometidos desde 1983 por
integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad contiene muchos casos en
los que los autores eran guardias privados o custodios. En todos los casos,
a su vez, pertenecían o habían pertenecido a las FFAA o FFSS.
Así podemos recordar los casos de Lorena Verónica ACOSTA (21), ocurrido el
17/11/98 en la ciudad de Buenos Aires; Sergio FILIPELLO (23), el 17/05/97
en Adrogué (Bs. As.); Sergio MACCARINI (24), el 18/07/93 en Morón (Bs.
As.); Norberto MACHADO (35), el 29/05/98 en Lanús (Bs. As.); Luis Enrique
MOLINA (21), el 15/07/97 en San Francisco Solano (Bs. As.); el joven
RASGUIDO (25), el 29/09/97 en Merlo (Bs. As.); Aníbal (Cachi) ROMERO (20),
el 08/06/92 en Llavallol (Bs. As.); Juan Carlos RUIZ DIAZ, ocurrido en 1994
en Florencio Varela (Bs. As.); Gabriel SORIA Valenzuela el 11/12/93 en V.
Allende (Córdoba); Rodrigo SUSEVICH Raze (23), el 10/06/97 en Carapachay
(Bs. As.); Carlos VALENZUELA (21), el 16/02/94 en Cosquín (Córdoba); María
José ZORZOLI (18), el 09/06/91en la ciudad de Buenos Aires o los dos
ancianos jubilados baleados en marzo de 1996 por los custodios del Banco
Río en Tigre (Bs. As.)
Más facultades a las fuerzas de seguridad, mano dura, tolerancia cero o
“coordinación de la seguridad pública con la privada”, sólo generan más
violencia, producen más muertes, más detenciones arbitrarias y engordan el
aparato represivo del Estado, cuyo rol en el sistema nunca fue cuidar al
pueblo, sino someterlo.

2- REPRESION EN CORRIENTES Y MAR DEL PLATA
120 efectivos de Gendarmería Nacional, los escuadrones 51 de Resistencia,
14 de Las Palmas (Chaco) y 3 de Corrientes, reprimieron a los
manifestantes que por más de 30 horas cortaron el puente “General Manuel
Belgrano”. Con gases lacrimógenos y balas de goma intentaron dispersar a
los manifestantes, principalmente docentes autoconvocados, familias,
mujeres y niños, que repelieron la agresión con palos y piedras. Como
resultado del enfrentamiento hubo más de veinte heridos (14 efectivos de
la gendarmería con heridas contusas por las pedradas que los obligaron a
replegarse). La única víctima grave fue Juan Alberto Pereyra, trabajador
independiente y estudiante de comunicación social que sufrió hundimiento de
rostro con pérdida de dientes, por el estallido en plena cara de una
granada de gas (al intentar cubrir a unos niños que se encontraban en la
empalizada de acceso al puente). Trasladado al hospital fue sometido a una
intervención quirúrgica y permanece en terapia intensiva, trabajadores
municipales, empleados estatales, docentes y desocupados recibieron
atención médica a consecuencia de los balazos de goma y la acción tóxica de
los gases.
El artero ataque de la Gendarmería Nacional fue ordenado por el Juez
Federal subrogante Costaguta, rompiendo el impasse acordado por él mismo y
la Asamblea de manifestantes del Puente “Gral Belgrano” hasta tanto se
conociera el resultado de las negociaciones del Ejecutivo provincial con
las autoridades nacionales.
Balas de goma y gases lacrimógenos suman más violencia a la que viene
padeciendo el pueblo de Corrientes desde hace más de 4 meses por la falta
de pago de sus haberes, sin educación y salud, negándosele el derecho a una
vida digna.
Nos solidarizamos con el pueblo correntino y destacamos la firmeza y
determinación con la que defendiera a sus hermanos, compañeros, mujeres e
hijos de la brutal e indiscriminada represión, y agradecemos a la COMISION
PROVINCIAL DE DERECHOS HUMANOS la exacta y oportuna información que nos
hiciera llegar.
Respecto del “acuerdo” realizado entre las autoridades nacionales y
provinciales, reproducimos y adherimos al siguiente comunicado:
“Corrientes, 29 de Julio de 1999. El gobierno debe escuchar al pueblo.
Frente a los acontecimientos recientes y una vez evaluadas las propuestas
financieras de la Nación a la provincia la Mesa Coordinadora de
Autoconvocados “7 de Junio” señala que el esfuerzo y el sacrificio del
pueblo en aras de hallar soluciones a sus padecimientos económicos y
sociales han sido dejados de lado en una mesa de negociaciones con el
gobierno nacional en donde se han acordado medidas que terminarán
volviéndose contra los intereses provinciales y contra los sectores más
desprotegidos socialmente.
Ni las privatizaciónes de la Dirección Provincial de Energía y del Banco de
Corrientes ni el “brutal ajuste” ajuste que se preparan son medidas que
vengan a satisfacer las demandas de la población ni a paliar sus
padecimientos: más bien, todo
lo contrario. La “ingeniería financiera” armada desde la Nación para
enfrentar la grave crisis provincial no es sino más de lo mismo; es decir
la repetición de recetas que han llevado a la ruina al país. No es
aceptable que a cambio de un desembolso financiero que no alcanza siquiera
para saldar la deuda global con los estatales se despidan a miles de
trabajadores y se entreguen herramientas indispensables para la
reactivación productiva local. Hay otro camino: como, por ejemplo el de
reclamar la condonación de la deuda del Estado provincial o de parte de
ella, o el de respaldar las iniciativas legislativas dirigidas a la
obtención de un subsidio o de montos no reintegrables. Para peor, en el
mismo momento en que en Buenos Aires se celebraban las negociaciones se
desataba aquí una feroz represión contra el pueblo reunido en el Puente
¿Puede creerse que las autoridades provinciales no lo hayan sabido? En
realidad se reprimió para escarmentar y de paso desmovilizar y evitar una
resistencia activa de la población a las medidas que después se
anunciarían. Es por eso es que han llegado más refuerzos de fuerzas de
seguridad y aún permanecen en nuestra ciudad . El nuevo gobierno, si es que
no quiere perder la cuota de confianza que todavía le queda, debe atender
el mandato del pueblo y rechazar las imposiciones de la Nación. (…)
MESA COORDINADORA DE AUTOCONVOCADOS “7 DE JUNIO”.-
Mientras tanto, en Mar del Plata, los desocupados nucleados en el
Movimiento Teresa Rodríguez habían ocupado, semanas atrás, la Catedral.
Mientras el párroco los denunciaba por usurpación (suponemos que habrá
presentado algún título de propiedad de la casa de Dios, y un Poder
Judicial otorgado por Jesucristo para echar pobres de una Iglesia) un grupo
de autodenominados “feligreses” decidieron que la Justicia lenta no es
Justicia, y arremetieron contra las familias con muchos niños que se
cobijaban en la catedral. Palos, exhibición de armas, colaboración
policial, y se consumó el desalojo bajo la dirección de un ex servicio de
inteligencia del ejército. El fiscal de turno, Guillermo Nicora, está
investigando al grupo agresor de “religiosos vecinos”.
Nuestros compañeros de la COORDINADORA MARPLATENSE CONTRA LA REPRESION
(COMARE) estuvieron junto a los desocupados asumiendo su defensa pública.
El miércoles a las 19 el MTD y la COMARE participarán en un acto público
frente a la Catedral, bajo la consigna PAN Y TRABAJO.

3- TORTURA EN SAN MARTIN
El sábado 24 de julio a las 5 am tres patovicas del bar “Pacho Doto” en el
centro de San martín increparon a unos chicos de la calle que estaban
pidiendo comida. Cinco compañeros vinculados a la CORREPI SAN MARTIN que
estaban en el bar intercedieron, con el previsible resultado de una riña
generalizada que incluyó la exhibición de armas de fuego por parte de los
custodios. Ya retirados del lugar, y a una cuadra de distancia, los
compañeros fueron detenidos por personal uniformado que acompañaba a los
anteriores agresores, quienes allí dijeron ser miembros de la federal. Dos
de los muchachos fueron golpeados antes de ser detenidos. Los cinco fueron
trasladados a la Comisaría 1ª de San Martín, donde siguieron siendo
golpeados y por lo menos en un caso sometidos al tormento conocido como
“submarino seco” (bolsita).
Acusados por atentado y resistencia a la autoridad y robo en poblado y en
banda, los jóvenes fueron excarcelados por orden del juez de garantías Dr.
Sorondo y a pedido del fiscal Sendot el día viernes, al mismo tiempo que
como consecuencia de la denuncia formulada se allanaba la comisaría
interviniente. Fueron secuestrados los elementos de tortura (bolsitas de
polietileno preparadas con un conveniente nudo corredizo).
Como recordarán nuestros lectores, esta no es la primera denuncia por
torturas en la Comisaría 1ª de San Martín, dependencia ya conocida por
episodios anteriores de similar naturaleza.

4- RUCKAUF COMPITE CON PATTI
El ex ministro de trabajo de Isabel Perón, actual vicepresidente y
candidato a la gobernación bonaerense por el PJ Carlos Ruckauf acaba de
decir con total claridad cuál es la “política de seguridad” que promueve su
gobierno: “a los delincuentes hay que meterles bala (…) no hay que tener
piedad (…) al policía que mata a un delincuente hay que condecorarlo, no
procesarlo”, entre otras lindezas por el estilo.
En el marco de la campaña electoral, y preocupado por el 11 % de intención
de voto que exhibe orgulloso el torturador confeso Luis A. Patti, Ruckauf
decidió redoblar la apuesta y decir la verdad: no hace falta Patti en el
gobierno (ni Bussi, ni Rico) para que haya cada día más gatillo fácil.
CORREPI sostiene desde siempre que Mano Dura y Tolerancia Cero no son
“propuestas” sino actuales políticas en ejecución, como lo demuestran los
aumentos impresionantes en la cantidad de personas indefensas abatidas por
las fuerzas de seguridad en los últimos meses. La fascistización de la
sociedad azuzada por el miedo a la delincuencia aumenta cada día, sin que
quede candidato ni partido del sistema que no haga de estos planteos el eje
de su campaña electoral. Basta ver a De La Rua rodeado de parapoliciales en
su comercial de TV.
La Mano Dura que ejecuta cotidianamente el aparato de seguridad es, además,
absolutamente selectiva: mientras se fusila “sin piedad” como quiere
Ruckauf a los pobres que cometen delitos contra la propiedad, nadie busca a
la delincuencia organizada que necesariamente tiene vínculos con el poder
político, el poder económico, o las fuerzas de seguridad. Vale como ejemplo
la pública evidencia de que los asaltos tipo “comando” siempre cuentan con
provisión de inteligencia o armas, creación de zonas liberadas o la
participación directa de integrantes de las fuerzas de seguridad.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 21 de Agosto: 9:00 - CORREPI está promoviendo un encuentro de
organizaciones antirrepresivas y de DD.HH. de Buenos Aires, Córdoba, La
Pampa, Santa Fé, Patagonia, etc., en vistas a la realización del Quinto
Encuentro Antirrepresivo, programado para el mes de noviembre.
Rogamos a todos los compañeros del interior que puedan enviar uno o dos
delegados a la reunión que se comuniquen por este medio, o a los teléfonos
011-4371-7774/011-4374-9547 para precisar detalles.

CORREPI