CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CASO HERRERA: “FRUTO DE LA FATALIDAD”
El 29 de diciembre de 2000, después de cenar, Miguel Angel Herrera salió de su casa en Lanús con su hija de 15 años y dos amigas. Las iba a acompañar a una fiesta de cumpleaños. Minutos antes, sobre la vereda de enfrente, un remisero - a la sazón gendarme y custodio del entonces ministro de defensa López Murphy- dejaba dos pasajeros, el policía bonaerense Marcelo Juan Ramírez y su esposa, en la casa de la madre de ésta. Dos individuos sorprendieron al conductor y lo bajaron del auto, el que pusieron en marcha para escapar a toda velocidad. El policía Ramírez desenfundó su arma reglamentaria, disparó un primer tiro, y luego corrió toda la cuadra tras el vehículo, hasta vaciar el cargador. Mientras tanto, el remisero-gendarme trató de hacer lo mismo, pero no pudo disparar porque se olvidó que no tenía bala en recámara. El auto se perdió de vista. Miguel Herrera logró que su hija y las dos amigas entraran de vuelta a la casa cuando empezaron los tiros, pero no alcanzó a entrar él. Su cuerpo sin vida quedó tendido sobre el umbral, con un disparo que ingresó detrás de la oreja izquierda.
El juez Tubio de Lomas de Zamora inicialmente caratuló “homicidio en ocasión de robo”, pensando en colgarle el muerto a los ladrones. La fiscalía, luego de escuchar los testimonios de varios vecinos y de los empleados de una remisería de la misma cuadra, indagó a Ramírez por homicidio culposo. La viuda de Herrera, Mabel Franco, patrocinada por abogados de CORREPI, puso en controversia la calificación del hecho, reclamando la aplicación de la figura del homicidio simple por dolo eventual. Tubio rechazó ese pedido, argumentando que el particular damnificado no tiene derecho a cuestionar la calificación legal.
Luego de tener el expediente “a estudio” durante seis meses, el pasado 17 de octubre el juez se negó a elevar la causa a juicio oral y sobreseyó totalmente al policía. El sobreseimiento se basa en que “el imputado no disparó su arma reglamentaria indiscriminadamente, sino que lo hizo hacia un objetivo fijo, en el caso el auto en el que los malhechores efectuaban su cinematográfica huida”; que “reinaba la oscuridad” y que “Ramírez repelió la agresión de los delincuentes”, por lo que concluye que “El dolo ni de casualidad asoma su presencia en autos”, y es imposible “saber a ciencia cierta cuál fue el deber de cuidado violado por Ramírez, ni existe prueba de que actuara con culpa”.
Alrededor de diez testigos presenciales sin interés en el juicio declararon que el auto se alejó del lugar a toda velocidad y zigzagueando, por lo que de blanco fijo tenía muy poco, y que Ramírez corría tras él por la vereda, disparando en diagonal de manera contínua. Ninguno vio que los ladrones dispararan, y contrariamente a lo que afirma el juez, cuando se encontró el auto robado no se encontraron vainas servidas de otras armas en su interior, sino solamente un plomo de la Browning de Ramírez, la misma de la que partió el proyectil que mató a Herrera.
Sobre la muerte de Miguel Herrera dice el juez lomense “asumo que se trata de un fruto de la fatalidad”. El policía tenía la obligación impuesta por ley de no usar su arma de fuego si existía la posibilidad de lesionar a terceros. Era de noche, no había buena iluminación artificial, había gente en las puertas de las casas o comercios, el blanco al que quería disparar se desplazaba a alta velocidad y con errática dirección, y el tirador corría sin tomar precaución alguna, disparando uno tras otro todos los proyectiles de su cargador. La apelación ya fue presentada. Como broche de oro, digamos que cuando Mabel Franco de Herrera, anoticiada del fallo, quiso enfrentar al juez para increparlo, el magistrado se negó a recibirla, arguyendo que sólo hablaría con sus abogados. Hizo pasar a su despacho a los compañeros Sergio Smietniansky y María del Carmen Verdú, que le recordaron sus obligaciones para con las partes, pidiéndole explicaciones de su negativa a ver a la viuda. Finalmente aceptó sentarse frente a Mabel, no sin antes quejarse de que la compañera Verdú “lo patoteó”.

TORTURAS EN JUNIN
Eric Martín Aguilera Mollecker está detenido en la unidad penitenciaria nº 13 de la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires.El día 17 de octubre a las 9 y media de la mañana, mientras esperaba para suministrar sus datos en la oficina administrativa del Penal por un trámite de rutina, un oficial del Servicio Penitenciario bonaerense lo insultó sin motivo alguno. Luego de terminar el trámite fue abordado por dos penitenciarios que violentamente lo condujeron por un pasillo y a los golpes lo metieron en un baño. Allí fue nuevamente sometido a golpes en la espalda, la parrilla costal, los brazos y piernas. Finalizada la paliza lo remitieron a las celdas de castigo, en principio, por 15 días. El día 20 Verónica, hermana de Eric, concurrió a la visita y pudo constatar su deteriorado estado físico, por lo que de inmediato formuló una denuncia penal a raíz de la cual Eric fue trasladado el 22 de octubre al penal de Olmos. Aguilera se ha presentado como particular damnificado en la causa iniciada por su hermana, con el patrocinio de CORREPI, imputando al personal penitenciario la comisión del delito de tortura.

TORTURAS EN LA RIOJA (transcripción de artículo publicado en el diario EL INDEPENDIENTE)
El juez de Instrucción de primera nominación, Miguel Angel Morales, ordenó la semana pasada la detención de dos funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial como presuntos responsables del delito de apremios ilegales. Las órdenes de detención fueron liberadas en contra del secretario Coordinador del Servicio Penitenciario Provincial, Mario Oscar Reynoso, y del jefe de Seguridad, Erico Fangau. Ambos son responsabilizados penalmente por el fiscal Emilio Canavesio, en su escrito de promoción de acción penal, de apremios ilegales en perjuicio de los internos del SPP, Osvaldo De Vicenti y Claudio Javier Gil.
El juez Morales tomó intervención en el expediente iniciado en el juzgado Nº 3, a cargo del juez Alejandro Manuel Arce, en razón de que éste se encuentra con licencia por enfermedad. Las actuaciones tuvieron origen en una serie de recursos de habeas corpus interpuestos por una docena de alojados en la cárcel local, quienes al ser llamados a comparecer por el juez Arce denunciaron apremios ilegales, amenazas y tratos crueles, por parte de sus custodios. El magistrado ordenó una pericia médica a cargo del forense de turno, quien comprobó lesiones de diversa consideración en el cuerpo de los detenidos De Vicenti y Gil.
Consecuentemente, el magistrado hizo lugar al remedio recursivo ordenando “la cesación inmediata de medidas restrictivas que so pretexto de seguridad se aplica a los internos”, como asimismo la vista al fiscal para que dictamine sobre la presunta existencia de infracciones al Código Penal. Por otra parte, libró oficio a la Secretaría de Seguridad ordenando la instrucción de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades entre el personal penitenciario.
Al contestar la vista, el fiscal Canavesio imputó a los funcionarios Reynoso y Fangau la supuesta autoría del delito de apremios ilegales, por lo que ayer el juez subrogante, Miguel Angel Morales, ordenó la detención preventiva de ambos.
El secretario de Seguridad provincial, Alberto Paredes Urquiza, formuló declaraciones públicas calificando de “apresuradas” las medidas dispuestas por el juez Arce y negando competencia a la Justicia de Instrucción para intervenir en el caso. El director del Servicio Penintenciario Provincial, comisario René de la Colina, remitió una nota al juez Morales, poniendo en su conocimiento que “la población carcelaria (…) ha colmado totalmente la capacidad de alojamiento” superándola en un 30 por ciento, “no existiendo en este momento cupo disponible para alojado alguno”. A su vez, el juez Morales remitió sendas notas al Gobernador, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al secretario de Gobierno, para que tomen conocimiento de la situación y adopten las medidas que correspondan. Más allá de la cuestión formal, la nota del titular del SPP es interpretada en medios judiciales como “rompimiento de relaciones” e inicio de hostilidades en una “guerra” o conflicto de poderes.

MAS PRUEBAS SOBRE LOS “ESCUADRONES DE LA MUERTE”
Hace mucho que CORREPI afirma que en algunos lugares del gran Buenos Aires, en particular la zona norte, las políticas represivas han adoptado técnicas de “limpieza social” ejecutando deliberadamente “peligrosos delincuentes juveniles” de 13, 14 o 16 años. Además de las denuncias recibidas en los barrios, donde se nos relataron historias de autos sin patente con vidrios polarizados que en operativos comando llegan hasta su objetivo, lo fusilan y desaparecen, varios homicidios que investigamos en la misma zona de chicos que se conocían entre sí han permitido desenmascar lo que para nosotros era evidente, pero que nadie parecía dispuesto a admitir. La paciente -y no exenta de riesgos- tarea de los abogados de CORREPI Andrea Sajnovsky y Martín Alderete, que asumieron las causas del departamento judicial de San Isidro, ha logrado que tome estado público la situación que el diario Página/12 viene siguiendo desde abril de este año, y que el Procurador General de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires se interesara personalmente en el tema. Los policías involucrados no han sido imputados por la justicia, a pesar de ser “figuritas repetidas” en todos los casos, y sólo fueron pasados a disponibilidad a raíz del escándalo mediático.
Resume así los hechos el diario Página/12 en su edición del domingo 4 de noviembre:
Gastón Galván y Miguel Burgos: Es el único caso de la lista en la que los sospechosos son los posibles miembros del escuadrón de San Isidro, que se tramita en otro distrito, San Martín. La investiga el fiscal Héctor Sceba, quien en su momento le comunicó a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, Diana Conti, que las versiones periodísticas que señalaban como sospechoso a un grupo de policías de la comisaría 3ª de Don Torcuato, o sea la información de este diario, tenían asidero. Sin embargo, Página/12 pudo conocer un documento en el que Sceba le respondió un pedido de informe al ex ministro Verón, el 4 de octubre del 2001. Allí le dice lo contrario: “En respuesta a sus notas de fechas 5/7/01 y 5/9/01 a fin de hacerle saber que, en principio, identificados individualmente, no se encuentra empleado policial alguno imputado en forma concreta del hecho que origina lo actuado”. Sin embargo, apenas asumió el nuevo ministro, Juan José Alvarez, paso a disponibilidad preventiva a los policías de la 3ª acusados de torturar y amenazar a los chicos antes de que los mataran.
José Guillermo Ríos: Los policías que lo mataron son Hugo Alberto Cáceres –el Beto Cáceres– y Marcelo Anselmo Puyo, de la comisaría 3ª. Aseguran que el chico se bajó de un Monza para robar. Lo persiguieron hasta el patio de una casa, donde le dispararon por la espalda. Sostienen que los combatió con un pistolón, que no servía. Una testigo escuchó sólo tres disparos. Cáceres tiene otro hermano policía, Mario Juan Cáceres. Es, según coinciden las fuentes, el capo de la zona de Don Torcuato, está vinculado con el negocio de la seguridad y una mujer de nombre Irma es su “recaudadora”. El padre de Ríos, Oscar, pegaba carteles el último enero “escrachándolo”, cuando junto a Puyo e Irma, se le acercó, lo amenazó, y arrancó los afiches. “Lo maté yo y voy a matar muchos más”, les dijo. Luego el policía denunció por amenazas al padre del chico. Lo sorprendente en la causa es, según los abogados de Correpi, que primero el fiscal adjunto, Federico Schumacher, de la UFI 1 archivó la causa, pese que tanto el juez de garantías, Juan Mackintach, como la Cámara, negaron el sobreseimiento de los policías. Luego la Fiscalía General reabrió la investigación, pero no ha avanzado en más de un año y medio. El policía denunció a Ríos por amenazas. Esa causa, en la UFI 2, de John Broyar –que conocía la situación porque tuvo la causa por el homicidio–, es la única que prosperó: al padre del chico le tomaron declaración indagatoria. En cambio la denuncia de Ríos por amenazas contra Hugo Cáceres fue archivada.
Fabián Blanco: Su madre denunció en diciembre de 2000 amenazas, violación de domicilio, abuso de armas, contra los policías Horacio Icardo y Marcos Bressán, de la patrulla de calle de la Tercera. Lo mataron el 1 de noviembre de 2000, cuando estaba arriba de un árbol y por la espalda, los policías Hugo Alberto Cáceres y Gallardo. Ella tuvo en su poder los casquillos de las balas del supuesto tiroteo durante diez meses sin que el fiscal de la UFI 7, Daniel Márquez, los pidiera. Las lesiones que tienen delatan una golpiza. Los abogados de la Correpi denunciaron que en septiembre, y porque el expediente fue solicitado por el fiscal general adjunto de San Isidro, doctor Cámpora, se pidieron las medidas solicitadas en marzo. La jueza de menores que la evaluó, del Tribunal 3, consideró que el chico no representaba un peligro para terceros y que había que investigar a los policías, pero no se hizo.
Juan Teodoro Salto: A pesar de que su madre denunció tres veces ante la Justicia amenazas al chico, “El Duende”, nada se investigó hasta que lo mataron, el 14 de agosto, después de decenas de advertencias a lo largo de nueve meses durante los que vivió encerrado porque su muerte era la que continuaba a la de Blanco en “la lista”. Los policías que lo amenazaban eran Icardo y Bressán, de la tercera. Los autos que pasaban por su casa eran casi todos propiedad de los miembros del servicio de calle, incluido Martín Ferreira, que trabaja con los otros dos en la 3ª de Don Torcuato.
El fiscal Lino Mirabelli la mandó a archivar, pero el fiscal general adjunto revocó la medida.
David Vera Pinto: El caso es emblemático por dos motivos. El primero, su madre, alertado de que el chico iba a robar, avisó al juzgado de menores, al Consejo del Menor, y por último a la comisaría de Boulogne. Su preocupación fue fatal. Su hijo murió, según una testigo cuyo testimonio fue soslayado por el fiscal de la UFI 2, Mario Kohan, cuando tenía los brazos levantados en actitud de rendirse y estaba desarmado. Los dichos de la testigo, según la Correpi, no fueron plasmados por el fiscal en el acta y está dispuesta a volver a declarar. El fiscal archivó la causa.”
Mientras tanto, dos adolescentes de 15 y 17 años y su familia completa (padres, hermana y sobrina), que eran los siguientes en la lista de la muerte, ingresaron ayer al programa de protección de testigos de la provincia de Buenos Aires.

PEDIDO: Recordamos a todos los compañeros y organizaciones antirrepresivas del interior del país que cerraremos la recepción de datos para el nuevo ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS MUERTAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD el 30 de noviembre próximo. Rogamos enviar a la brevedad los informes zonales con los casos aún no incluidos así como la actualización de los que ya figuran.

PROXIMAS ACTIVIDADES:

Sábado 24 de noviembre: Charla en Trenque Lauquen sobre represión policial, a cargo de los compañeros Gerardo Etcheverry y Delia Garcilazo, de CORREPI y Comisión de Familiares, organizado por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen.

Viernes 14 de diciembre, 17 hs.: Entrega de la Sexta Actualización del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR LA REPRESIÓN EN ARGENTINA, en el marco de la habitual Jornada en Plaza de Mayo.

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