CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

GATILLO FACIL E IMPUNIDAD EN EL SALVADOR
El 10 de junio de 1994 Mauricio García Prieto, joven salvadoreño, fue asesinado en circunstancias confusas que la Policía hizo aparecer como robo a mano armada. La investigación estuvo plagada de irregularidades y jamás se encontró un responsable. Inmediatamente los padres de la víctima iniciaron su propia investigación para aclarar la muerte de su hijo y desde entonces viven amenazados, hostigados y atemorizados. Es que en el asesinato, según la familia, están involucrados miembros de la Policía y un alto funcionario del Ejército. Las llamadas de amenaza a la Familia García Prieto han sido identificadas como provenientes de teléfonos de la Policía Nacional.
Cerradas las posibilidades de una investigación judicial seria en su país, la familia recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en procura de obtener, al menos, su propia seguridad personal. La CIDH, luego de una audiencia realizada hace dos días, intimó al Estado a que en un plazo de 48 horas informe acerca de las investigaciones y medidas de seguridad que se tomaron para proteger la vida del señor y señora García Prieto, padres de la víctima, o de lo contrario se acudiría al mas alto tribunal regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar medidas provisionales en favor de la familia García Prieto.
“Hemos sufrido muchísimo” dice la señora Gloria de García Prieto “pero sentimos que estamos haciendo todo lo posible por honrar la memoria de nuestro hijo, si supiéramos quién lo mato y no hiciéramos nada seriamos cómplices de los asesinos”.
Por su parte el Sr. Mauricio García Prieto aclaró que “este no es un caso aislado en El Salvador, existen millones de casos de salvadoreños asesinados que han quedado en la mas absoluta impunidad y la gente tiene mucho miedo de denunciar.”
Como vemos, la situación es idéntica a la que padecen centenares de argentinos victimizados por el Estado a través de las fuerzas de seguridad, con el aval imprescindible de sistemas judiciales que sólo son independientes de las necesidades populares. Este caso, de enorme repercusión en el hermano país, será el primer gatillo fácil policial salvadoreño en llegar a la Corte Interamericana, sumándose al de Walter Bulacio, que en febrero pasado se convirtió en el primer caso argentino de represión policial presentado por la CIDH a la Corte.

UNA MANO LAVA LA OTRA
Y las dos lavan la cara del sistema. La crónica periodística, austera, informó que “En un marco de sobriedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA ) le dio ayer su “reconocimiento” a los integrantes de la Dirección General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos de la Policía Federal, por su participación en la lucha contra el terrorismo. La distinción la recibió en esa sede policial, en Palermo, el jefe de la fuerza, comisario Rubén Santos.” (Clarín, 17/11/01).
“Santos admitió que hubo “errores” de algunos hombres de la institución, que se vieron involucrados en “esos episodios”, pero destacó –al igual que el titular de la DAIA, José Hercman y el director de la División Antiterrorismo, comisario inspector Jorge Palacios– que la Policía Federal impulsó la “inmediata puesta a disposición ante la Justicia de esos hombres”. Al acto asistió el juez Juan José Galeano, que investiga el ataque contra la AMIA.” (La Nación, 17/11/01)
Como para que no queden dudas, el titular de la DAIA, José Hercman, quien descubrió una plaqueta, coincidió con Santos en la necesidad de “depurar a los malos policías”, mientras que al finalizar el acto, Santos aseguró que el gesto de la DAIA “limpia la imagen de la institución”, en cuya jurisdicción se cometieron los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA, en 1992 y 1994.
El Movimiento Judío por los Derechos Humanos, con la firma de Herman Schiller, Marcelo Rodríguez, Ivana Brighenti y Pedro Resels, difundió un comunicado en el que repudia el homenaje al que califica de “vergonzoso y claudicante”, y que, afirma, “se suma a tantas otras actitudes similares, de genuflexión y condescendencia con los poderes constituidos, que nos hacen recordar los momentos trágicos de la Segunda Guerra mundial, cuando los “Juden Rat”, o sea, los Consejos Judíos designados por los nazis, se prestaban a colaborar con los genocidas. La Policía (la Federal, la Bonaerense y la de las otras provincias) conforman instituciones perversas, plagadas de fascistas y antisemitas; y, como lo han denunciado organizaciones prestigiosas como la CORREPI o el CELS, están mucho más cerca de los delincuentes que del resguardo de la seguridad”.
Agradecemos a los compañeros que nos consideren una “prestigiosa” organización. Y una vez más reiteramos que el mal llamado “problema policial” no es una simple consecuencia de la existencia de fascistas, antisemitas, autoritarios o represores reciclados en sus filas -que los hay, desde luego- sino la obvia consecuencia de la necesidad del sistema de contar con un aparato represivo diseñado para disciplinar y controlar socialmente a las masas empobrecidas y capaces de rebelarse. Lo perverso no son los individuos ni las instituciones en forma aislada, sino el sistema que genera unos y otras para garantizar su propia existencia. Por eso tampoco son una solución las “purgas”, “reformas”, “reestructuraciones” u otros eufemismos similares por los que claman desde el propio Santos hasta los que procuran relegitimar el aparato represivo del Estado disfrazados de progres mientras siguen al pie de la letra el proyecto diseñado por el Departamento de estado yanqui.

“FRENTE” VITAL: EL PODER JUDICIAL SE SACA LA CARETA
El próximo 22 de noviembre debía comenzar el juicio oral y público contra el policía bonaerense Héctor Eusebio Sosa, asesino de Víctor “Frente” Vital (17). Está probado en la investigación penal preparatoria que el 6 de febrero de 1999 Sosa persiguió a Frente y a su amigo Luis (entonces de 15 años) por los pasillos de la villa San Francisco, en el norte del Gran Buenos Aires, hasta que los dos adolescentes buscaron refugio en la humilde casilla de una vecina. Se escondieron abajo de la mesa de la cocina que ocupaba casi toda la pequeña habitación. Allí entraron Sosa y otros dos policías, después de sacar del medio a la vecina que trató de protegerlos. Desde afuera de la casilla, la señora escuchó un grito “no tiren, me entrego” y después los disparos. Para cuando llegaron los funcionarios de la fiscalía de turno, ya había un arma junto a los dos cuerpos inertes, mientras que la enorme cantidad de policías que rodearon la casa tuvieron que replegarse ante la indignación del barrio entero, que respondió con piedras y cascotes los disparos de escopetas con que los policías los intimidaron.
Luis recibió un disparo en la cabeza que felizmente no lo mató, aunque inicialmente creyeron que estaba muerto. Víctor tenía cinco disparos en el cuerpo, todos recibidos de arriba hacia abajo, y con una trayectoria notablemente vertical. Una de las balas, que entró por su pómulo, atravesó antes la palma de su mano abierta. Cuando el policía disparó, el pibe se tapaba la cara con las manos.
La UFI 10 de San Isidro admitió las medidas de prueba que solicitaron los abogados de CORREPI, patrocinantes de Sabina Sotelo, la mamá de Frente. Así se pudo probar que la única bala recuperada del cuerpo era del arma de Héctor Sosa, que los chicos entraron a la casa desarmados, y que los disparos fueron hechos estando ellos agachados bajo la mesa. Una pericia multidisciplinaria hecha en La Plata demostró que en esa posición la altura de la boca de fuego coincidía con la posición de tiro de un hombre de 1,70 (lo que mide Sosa), mientras que si Frente hubiera estado parado como sostuvo el policía, el disparo tendría que haber sido hecho por un hombre de más de 3 metros de altura. Con esos elementos, la crucial declaración testimonial del sobreviviente y las de tres vecinos, Héctor Sosa fue detenido el pasado mes de julio, imputado por homicidio simple. El Juez Makintash dictó la prisión preventiva y la Cámara de Apelaciones la confirmó. Luego se dictó la elevación a juicio oral, y la causa pasó al Tribunal Criminal nº 1, integrado por los jueces Tarsia, Olazar y García Maañón. En abril de este año 2001 se realizó la audiencia de vista preliminar y se fijó el debate para el 22 de noviembre.
La semana pasada nos enteramos que el fiscal de juicio Etchegoyen Linch -hijo de un comisario- y el abogado defensor del policía, Dr. Huici -hermano de uno de los policías detenidos por el atentado a la AMIA- llegaron a un acuerdo y pidieron que se aplicara el procedimiento de juicio abreviado, aceptando Sosa la autoría y responsabilidad por la muerte, como “homicidio en exceso del legítimo cumplimiento del deber”, con una pena de tres años de prisión. El Tribunal -uno de cuyos miembros, Tarsia, es el juez que sobreseyó escandalosamente al ex comisario Patti en una causa por torturas a detenidos- declaró admisible el juicio abreviado, pero le pareció demasiado condenarlo. Así que simplemente y sin explicaciones decidieron que Sosa actuó en legítima defensa y lo absolvieron libremente, sin olvidar el protocolar “en nada afecta su buen nombre y honor”.
Sabina Sotelo al enterarse dijo “Sosa mató a mi hijo hace dos años y medio, hoy estos jueces y este fiscal lo asesinaron por segunda vez”, e inmediatamente convocó a los familiares de víctimas de la represión policial a concentrarse frente a los Tribunales de San Isidro el día que debía empezar el juicio, junto con sus vecinos y organizaciones antirrepresivas, para denunciar públicamente a los jueces y al fiscal.
Pocas veces es tan evidente la funcionalidad del aparato de justicia con la represión institucional. Precisamente cuando el departamento judicial de San Isidro está conmovido por la lenidad con que se investigan los homicidios de menores a manos de la policía, cuando hasta el Procurador General de la Corte Bonaerense ha debido enviar investigadores propios a verificar las denuncias que hemos hecho públicas sobre la complicidad de jueces y fiscales en las causas contra policías, ellos son bien claros a la hora de establecer en beneficio de quién ejercen su función.
Recurriremos a la Cámara de Casación, y quizás a la larga logremos condenar a Sosa a pasar unos añitos más en prisión. Pero sabemos que la lucha es en la calle, en los barrios, y con la gente, porque mientras no transformemos esta sociedad siempre habrá jueces y fiscales dispuestos a darle una manito al amigo de uniforme.

LOS ABOGADOS DE LA CORREPI ACUSADOS DE PROMOVER MOTINES
El año pasado nos sorprendió descubrir una causa en Morón en la que se acusaba a nuestro compañero León “Toto” Zimerman de instigar y promover las profanaciones de tumbas en el cementerio judío de La Tablada. Ahora somos nueve abogados -seis de CORREPI, tres con estrechos vínculos con nosotros- los acusados de promover motines en cárceles y hasta de proveer armas a los detenidos para fugarse.
En nuestro Boletín Informativo nº 126 informábamos que el día 27 de junio pasado la compañera María Fernanda Doldán Aristizábal concurrió a la Unidad Penitenciaria N° 13 de Junín, donde descubrió que el “Despacho N° 02/01″ de fecha 26 de enero de 2001, suscripto por el oficial Carlos A. Scheffer del Servicio Penitenciario Bonaerense, ordena que en cada oportunidad en que alguno de los abogados allí consignados accediera a cualquiera de los penales de la Provincia se debía dar parte a la superioridad.
En el listado figuraban (además de la Dra. Doldán Aristízabal) los compañeros de CORREPI Daniel A. Stragá, María del Carmen Verdú, Gabriel Lerner, Gerardo Etcheverry, Sergio Smietniansky y León “Toto” Zimerman, el abogado del CEPRODH -ex CORREPI- Rubén Tripi y Luis A. Valenga, colega amigo de CORREPI y vinculado a causas de represión institucional.
CORREPI decidió iniciar una ACCION DE AMPARO DE HABEAS DATA ante los tribunales de La Plata, la que quedó radicada ante el Juzgado Civil y Comercial nº 19. En esta semana la Fiscalía de Estado respondió el pedido de informes formulado por el juzgado, acompañando la documentación provista por el Servicio Penitenciario Bonaerense, según la cual el 22 de enero de 2001 -es decir cuatro días antes de la firma del despacho denunciado- “nos encontramos -sic- con una denuncia anónima”. Según ese anónimo, cuyo facsímil se encuentra en nuestro poder, los abogados León “Toto” Zimerman, Daniel Stragá, María del Carmen Verdú, Gabriel Lerner, Fernanda Doldán, Sergio Smietniansky, Rubén Tripi, Luis A. Valenga y Gerardo Etcheverry “andan armando embrollo, tienen fierros y ayuda de afuera para que se tomen el piro”.
Varias cosas llaman la atención. En primer lugar, nos gustaría saber dónde “se encontraron” con el anónimo, que tiene una redacción bastante peculiar, una ortografía deliberadamente grosera y una factura general que huele a candado. En segundo lugar, los dos penales mencionados son los menos visitados por los abogados en cuestión, tanto por causas particulares como vinculadas a CORREPI. Finalmente, da la impresión de excusa inventada de apuro para justificar la orden administrativa.
En el marco del habeas data, el próximo 12 de diciembre declarará como testigo el firmante del despacho, oficial Scheffer. Los nueve promotores de motines concurriremos a la audiencia, a cuyo término celebraremos una conferencia de prensa, acompañados por compañeros y organismos de DDHH, para informar sobre la situación.

EMILIO ALI: MOVILIZACIÓN, VISITAS Y SILENCIO JUDICIAL
Mientras Emilio Alí, dirigente de la Unión de Vecinos Organizados (UVO) y de la Comisión Marplatense Contra la Represión (COMARE) sigue preso por reclamar el derecho a la comida de los pobres, la Cámara de Casación no ha avanzado en el tratamiento del recurso presentado por su defensa contra la sentencia a cinco años de prisión que le aplicara la justicia de Mar del Plata. En ese marco, los compañeros Gabriel Lerner y Sergio Smietniansky fueron a visitarlo a su lugar de detención para reiterarle nuestro apoyo. El pasado martes 13 de noviembre se realizó una movilización al edificio de los tribunales en La Plata, donde se exigió la libertad de Emilio, de Raúl Castells, y el cese de la judicialización de la protesta social. Luego de dar muchas vueltas, el presidente de la Cámara de Casación recibió una delegación de los manifestantes, entre los que se contaba nuestro compañero Mario Villarreal. Afuera hubo radio abierta y música con Santa Revuelta, y una avalancha de SOLIDARIDAD para Emilio Alí y Raúl Castells. Para aquellos que quieran escribirles “sin intermediarios” les recordamos las direcciones postales:
Emilio Alí - Unidad Penal XII Gorina - Calle 501 y vias del FFCC - (1897) Gorina La Plata - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Raúl Castells - Beleli 1750 - (1828) Banfield - Pcia. de Buenos Aires - Argentina.

PEDIDO: Recordamos a todos los compañeros y organizaciones antirrepresivas del interior del país que cerraremos la recepción de datos para el nuevo ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS MUERTAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD el 30 de noviembre próximo. Rogamos enviar a la brevedad los informes zonales con los casos aún no incluidos así como la actualización de los que ya figuran.

PROXIMAS ACTIVIDADES:
Jueves 22 de Noviembre, 10:00: Movilización de vecinos de San Fernando y familiares de víctimas de la represión policial a los Tribunales de San Isidro, Ituzaingó 340, para repudiar la absolución del policía Héctor Sosa, asesino de Víctor “Frente” Vital.

Viernes 23 de noviembre: Charla en Trenque Lauquen sobre represión policial, a cargo de los compañeros Gerardo Etcheverry y Delia Garcilazo, de CORREPI y Comisión de Familiares, organizado por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen.

Miércoles 12 de diciembre, 12:00: Conferencia de prensa de los abogados de CORREPI en los tribunales de La Plata para informar sobre la situación persecutoria generada por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Viernes 14 de diciembre, 17:00: Entrega de la Sexta Actualización del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR LA REPRESIÓN EN ARGENTINA, en el marco de la habitual Jornada en Plaza de Mayo.

CORREPI
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional