Imprimir
Cuando la UCR gobernante pretendió conciliar las presiones carapintadas dictando las leyes de punto final y obediencia debida, dejó de lado -deliberadamente- el secuestro de niños, que no ingresarían en el laberinto de la impunidad.
Y no creemos que lo hicieran con el propósito de castigar a los culpables de semejante aberración, sino puesto que consideraban que, condenados los comandantes en el juicio a las juntas, la sustracción de menores quedaría enclaustrada a la faena de recuperación por parte de las Abuelas, y nada más.
Menem, cuando dictó los inmundos indultos, previó similar alternativa.
Durante el año pasado, luego de que el PJ y la Alianza cerraran sin mucha discusión la posibilidad de anular las leyes de impunidad, y las derogaran “para el futuro”, complacientes con los militares, emergió un fenómeno político-jurídico de trascendencia en materia de derechos humanos.
Por un lado, sospechados y sospechosos jueces federales como Servini de Cubria, Marquevich y Bagnasco desempolvaron antiguas causas derivadas del secuestro de niños durante la dictadura por integrantes de fuerzas de tareas que contaban con varios años de trámite formal.
Otras cámaras federales dieron curso a acciones tendientes a “conocer la verdad” por parte de las víctimas de la represión. Es de recordar que la primera de ellas, suscripta por el fallecido Emilio Mignone sostenía el derecho a la verdad de las víctimas como previo a la pacificación nacional.
Sin perjuicio de destacar el encomiable trabajo de laboratorio de los abogados Pedroncini y Baigún, quines sin embargo no promovieron el apoyo popular a su gestión, este impulso mereció distintas interpretaciones.
Por un lado, algunos que preconizaban la factibilidad de la reconciliación se arrogaron rápidamente aquello como un triunfo popular. Otros compañeros, entre los que me incluyo, lo intuyeron como una jugada intencional del gobierno para hacer frente al persistente reclamo de castigo a los culpables de organizaciones mucho más consecuentes como la Asociación Madres de Plaza de Mayo e HIJOS, como así también para poner coto a las denuncias internacionales que habían comenzado a viabilizar la extradición de los genocidas, y cuya mayor consecuencia se daría meses después con la retención del genocida Pinochet en Gran Bretaña.
La “vía” abierta del secuestro de niños permitía principalmente someter a proceso a los genocidas. CORREPI se complació enormemente al ver al dictador Videla entre rejas. Pero rápidamente la reinvindicación popular devino en una decepcionante detención domiciliaria para los privilegiados procesados con la excusa de su ancianidad.
Tengo la convicción de que las preconizaciones sobre la operatoria tenían su sustento. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la causa del juez Marquevich de San Isidro contra Videla gozaba del dudoso patrocinio de la abogada Alcira Ríos, funcionaria de la Dirección de DD HH menemista. A su vez, las declaraciones raramente reivindicantes de la soberanía nacional sobre derechos a jurisdicción ante el avance de las causas internacionales eran otro elemento de convencimiento.
Por su parte, la pseudo oposición de la Alianza se sintió confortada en esto que la dirigente frepasista Graciela Fernandez Meijide denominó como necesidad de “gobernabilidad”.
Cuando los milicos presionaban por indemnidad para los crímenes cometidos en razón de la función o jerarquía institucional, los políticos sistémicos pergeñaron “soluciones” dejando de lado aquellos crímenes perpetrados con un interés personal. Ya que habían torturado, asesinado, masacrado y desaparecido en virtud del “sagrado deber patriótico” de las fuerzas militares (anteriores a la nacionalidad como nos recuerda Menem cada vez que reinvindica a la milicada), el secuestro de niños no era perdonado, pues iba más allá del cargo institucional. Si bien había un plan que establecía lo que había que hacer con los hijos de los secuestrados, en las negociaciones de Semana Santa, seguramente los carapintadas cedieron este costado “individual”.
El hipócrita Balza, confirmó días pasados esta teoría institucional. Mientras aseguraba su ignorancia acerca de los campos de concentración, afirmaba la justicia de la investigación por el secuestro de menores, sugiriendo estar de acuerdo con el sometimiento a proceso de los captores. Calificaba “el robo de bebés como algo monstruoso” (ver Clarín Edición domingo 24 de enero de 1999) como si la tortura, el homicidio y las desapariciones no lo fueran.
Es que para Balza (y para todas las fuerzas armadas), que personajes como Policarpo Vázquez, Miara -o cualquier otro que se haya apropiado de un bebé en su beneficio personal- vayan presos quizás sea justificado, como es justificado que Nicolaides o Bignone estén sometidos a proceso por no poder dar una “respuesta sobre la lucha fratricida del pasado”. Como hubo una “guerra”, si existieran esos archivos las fuerzas armadas explicarían mejor su rol institucional de haber salvado a la patria del enemigo apátrida.
Claro que el internacionalismo apátrida jugó un nuevo rol en la actualidad e influyó sostenidamente para que Videla, Massera, Bignone, y demás genocidas hoy estén sometidos a proceso.
La acusación popular en España, como en otros países europeos, puso en jaque de vuelta a la inmaculada institución castrense. El hecho más comprometedor y paradigmático fue la retención del “generalísimo” Pinochet durante su estadía en Londres. La extradición solicitada por el juez Garzón provocó un pandemoniun en la sociedad y sobre todo, en el gobierno chileno. Este último, tan comprometido con la impunidad como los sucesivos gobiernos argentinos, se acordó súbitamente de reinvindicar para Chile la potestad de juzgar al genocida en su tierra. Días pasados el canciller Insulza fue claro en reclamar la jurisdicción chilena para juzgar los crímenes de Pinochet. Bien podrían haber comenzado a juzgar a otros genocidas mientras se resolvía la situación procesal de Pinochet. Obviamente no lo hicieron.
Este fenómeno internacional -que siempre desveló a Di Tella y a Menem-, la posibilidad cierta que desde el exterior se solicitara la extradición de los genocidas, debería tener un respuesta adecuada para que no sucediera lo que pasó en Chile. Que no se afectara la relación con los militares, para que no se afectara la gobernabilidad y para que en el medio interno e internacional, Menem no quedara como Frei, un encubridor de los genocidas.
Los jueces Servini, Bagnasco, Marquevich, otrora tan afectos a los designios del ejecutivo, aparecieron -en esta instancia - como defensores de los Derechos Humanos. Hasta algunos de los organismos tradicionales de DD HH salieron a proclamar fe de confianza en aquellos (ver Página 12 - Editorial de Mario Wainfield - 24/10/98). La encerrona estaba funcionando. Mientras se sometía a proceso a Videla, Massera y demás asociación ilícita no podía prosperar ninguna extradición. La Alianza, también contenta, puesto que sería un problema menos a enfrentar en caso que fuera gobierno.
Menem, mientras bancaba a su par trasandino en cuanto a imponer la soberanía territorial contra las ingerencias foráneas (¿y si actuara así frente al FMI?) se aseguraba con jueces amigos que este bodrio no le estallara acá en su ya lucubrada intención reeleccionista. Y sometiendo a proceso a los milicos, que él había indultado, le quedaba la posibilidad de descubrir “la independencia de la Justicia”.-
A su vez, el relanzamiento de estos expedientes apuntaba a la cara despolitizada del genocidio: los menores. Es decir las “víctimas inocentes” de la “guerra sucia”. Al tristemente cómplice apotegma “por algo será” de los progenitores, se adiciona la manipulada imaginaria de “los chicos no tenían la culpa de que sus padres fueran subversivos”. A pesar que había que actuar con “resignación pragmática” -al decir del periodista Pasquini Durán- con relación al resto de los crímenes de la dictadura, no resulta “políticamente correcto” aceptar la falta de castigo para aquellos que se beneficiaron personalmente con el secuestro de los niños. Se podía “perdonar” a los militares que masacraron a la generación más importante de la historia nacional porque, en definitiva, eran subversivos, pero no respecto de los menores “que no tenían nada que ver.”.
Desde otro ángulo, algunos organismos de derechos humanos se contentaron con las rehabilitaciones de causas (ver solicitada Página/12 24-10-98) y salieron a respaldar con todos sus bríos al juez Baltasar Garzon catapultándolo a la categoría de héroe democrático.
Algunos compañeros formulamos nuestras reservas, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes posturas frente a temas tan políticos y candentes del magistrado madrileño. No podíamos olvidar que Garzón desató una furibunda persecución contra el nacionalismo vasco encarnado por ETA, llegando a encarcelar a toda la dirección del Herri Batasuna y hasta censurar su publicación con el objeto de ilegalizar a esa agrupación. Tampoco nos olvidamos que Garzón fue diputado del PSOE y que máximos dirigentes de ese partido habían constituído el paramilitarismo de las GAL. Por otro lado, Garzón, que acusa a Pinochet y demás genocidas lationamericanos por genocidio y tortura, ningún cargo levanta contra los miembros de la dictadura franquista, muchos de los cuales se encuentran aún enquistados en las esferas del poder hispano. También nos llamaba y nos llama la atención que teniendo por probado que Pinochet se valía de grupos ultraderechistas de origen español, tampoco los encarcelara.
Precisamente desconfiábamos del eurocentrista juez español que apuntaba contra los dictadores chilenos y argentinos pero nada respecto de los asesores militares yanquis ni de la CIA que prepararon, avalaron y provocaron el bombardeo de la Casa de la Moneda y el homicidio de Salvador Allende.
Por ello, el interrogante que este 24 de marzo nos convocó tiene relación directa con todo esto.
¿Nos puede alcanzar con el sometimiento a proceso de los genocidas vernáculos como parecen regocijarse algunos? ¿Las detenciones domiciliarias de Videla, Massera, Bignone, Nicolaides, etc. y las residencias transitorias ante sus propios lugares de trabajo del Tigre Acosta (?) o del prefecto Febres son suficientes para contentarnos? ¿Se puede decir tan eufóricos que estén presos? ¿La lucha contra la impunidad está salvada con estas medidas precautorias judiciales? EN SUMA: La proclamada consigna de JUICIO Y CASTIGO, ¿¿YA ESTA???
Y otro, ¿Nada más se le puede arrancar al poder? ¿O nada más se le quiere arrancar el poder?
¿La “responsabilidad de la política real” puede ingresar en el seno de los organismos de DD HH? ¿Debe haber resignación pragmática en el seno de los organismos de DD HH porque “estamos en democracia”?
Nosotros decimos que NO a todas y cada una de esas preguntas. Que no nos alcanza con que un juez los haya procesado, Que NO nos contentamos con que estén “detenidos” en sus lujosas viviendas o que cumplan su “prisión preventiva” en sus cuarteles de origen, Que NO estamos eufóricos porque NO ESTAN PRESOS, Que la lucha NO ESTA TERMINADA con estos juicios de acá ni de allá, que debemos reinvindicar más que nunca el JUICIO Y CASTIGO.
Que tenemos más por arrancarle al poder y que queremos arrancarles mucho más y que para nosotros no camina ese verso de quebrados de la “realpolitik” o de la “gobernabilidad”.
Y decimos que aquellos que dicen que están listos porque los genocidas están bajo proceso son aquellos que pretenden anclar la lucha de los compañeros en el pasado y así hacerlos “desaparecer” nuevamente. Son los mismos que sostienen que nunca se debe volver a la lucha pasada detrás de un pacifismo que reniega de esa lucha para suprimir todas y cada una de las reales causas de la pobreza, opresión y la exclusión. Son los mismos que pretenden licuar las verdaderas razones de la lucha de los compañeros desaparecidos y son los mismos que se posicionan para inaugurar monumentos con los autores de la impunidad en Argentina.
Y son los mismos que, habiendo gobernado y gobernando varias provincias quisieran enclaustrar la lucha por los derechos humanos en algo del pasado, de décadas pasadas, cuando en “su” democracia también se violan los derechos humanos, con gatillo fácil, represión política, racismo, miseria y exclusión.
Daniel A. Stragá