CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

YA SABEMOS PARA QUE ERAN LOS OCHO MILLONES
Anunciamos anteriomente que la Alianza (con el ¿ex-progre? Ibarra a la cabeza) y los cavallo-belicistas aprobaron darle ocho millones en equipo a la Policía Federal. Ahora salió publicado para qué tipo de vehículos destinarán ese dinero. Veamos la lista. 106 patrulleros tipo Peugeot 206 (ya incorporaron algunos el año pasado) o similares, 169 cuatriciclos de 400 cm3 (dicen que para patrullar los grandes parques, pero parece que no hay tantos; dado que están preparados para desplazarse todo terreno ¿no estarán destinados a pasar por los pasillos de las villas?), 13 camionetas 4 x4 tipo Ford Ranger o similares (también compraron el año pasado; en esa oportunidad declararon que iban a servir para las villas), 17 semipesados tipo Ford Transit o similares (dicen que para tareas de apoyo, en realidad podría leerse para represión de manifestaciones), 10 ómnibus para el traslado de detenidos (para detener chorros se usan los patrulleros; estos vehículos indican que habrá grandes operativos o detenciones masivas de manifestantes), 10 combis para el traslado rápido de efectivos (única función probable, la represión de manifestaciones políticas o de otra clase), 2 morgueras, 8 ambulancias, 2 grúas, 1 unidad móvil de investigaciones criminalísticas. La Federal admite que duplicarían los vehículos, pero esto es parcialmente falso: el incremento en los patrulleros no sería tan grande (a menos que contáramos desde la incorporación de los Escort), mientras que el incremento en los vehículos antidisturbios (si tomáramos el mismo parámetro de incluir en este paquete la incorporación de los Escort, Sprinter y otros equipos el 1º de mayo de 1999) superaría el 200 %.

NUEVO CASO DE GATILLO FACIL
El 16 de enero, en un albergue transitorio de Loma Hermosa, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, el cabo de la PFA Pedro Graciarena, custodio en el Ministerio del Interior, mató a su novia Maricel Inés Pisera, de 25 años. Según él, fue accidentalmente, “al intentar destrabar con la mano izquierda su arma, la pistola 9 milímetros reglamentaria, mientras la mujer lo esperaba recostada.” Por supuesto, le creyeron, caratularon la causa como “homicidio culposo” y ya está en libertad desde el 18.
Este hecho se suma a infinidad de casos similares que registramos en nuestro archivo: casi todos los casos de víctimas femeninas corresponden a situaciones de violencia familiar en los que el agresor, además de padre, amante, marido o ex novio violento, es miembro de las fuerzas de seguridad. Es el único segmento del Archivo en el que las víctimas son predominantemente mujeres. La cantidad de víctimas de uno u otro sexo es equivalente en los casos de muertes de terceros en enfrentamientos reales o persecuciones, en los que es aleatorio que sea una mujer, un hombre o un niño quien pasa cerca. En cambio, las víctimas de los casos paradigmáticos de gatillo fácil, en los que se fragua el enfrentamiento para encubrir el fusilamiento franco, son casi exclusivamente jóvenes excluidos o marginados de sexo masculino y adolescentes. Una comprobación empírica del contenido de control social del gatillo fácil.

CRITICA SITUACION DE LAS PERSONAS DETENIDAS
Según un cable de la agencia DYN, la consultora Nueva Mayoría realizó un estudio sobre las revueltas en las cárceles argentinas en los quince años transcurridos entre 1986 y 2000 inclusive. La conclusión no es sorprendente: hubo un total de “354 protestas carcelarias, lo que da un promedio de 24 por año”. El año 2000 fue el de mayor cantidad de disturbios en los penales, huelgas de hambre y motines, con un total de 33 (el año con menor cantidad de hechos fue 1991, con apenas 9). Durante 1986 a 1989 (Alfonsín) el promedio fue de 23 hechos anuales, que se mantuvo durante 1989/1995 y 1995/1999 (Menem). ¿No es asombroso que gente tan preocupada por lo derechos humanos haga un estudio de esta clase? Ya vamos a ver que no.
La causa de estos hechos es, para la insigne consultora, el “incremento de la población carcelaria sin instalaciones adecuadas en un contexto de auge de la delincuencia”. En otras palabras, una grave situación que para alguien mínimamente progresista llevaría a la despenalización de infinidad de conductas o a la aplicación de penas alternativas para - al menos como emergencia - disminuir el número de detenidos, parece encaminarse hacia la pretendida necesidad de nuevas instalaciones carcelarias adecuadas al control social reforzado que estos sectores buscan imponer. O sea, en lugar de menos presos, más cárceles (que además, se promocionan ahora como generadoras de trabajo y reactivadoras de las zonas donde se instalan). Hace pocos años, cuando querían instalar una cárcel en algún lugar de la Provincia de Buenos Aires los pobladores se oponían; ante la recesión actual, hay una larga fila de pueblos y ciudades que quieren ser sede de un centro autorizado de violación de los DD.HH. ¿Este será un efecto colateral previsto por los responsables de la política económica o les habrá salido bien de rebote?
En los últimos días se publicaron dos nuevos casos de suicidios dudosos de personas detenidas. El 9 de enero “fue encontrado ahorcado en su celda” Gustavo Aguilar, en la Unidad 5 de General Roca, Provincia de Río Negro. El diario Río Negro informó que la autopsia “reforzaría la hipótesis del suicidio”, pero admitió que el “caso causó muchas dudas desde un principio, ya que Aguilar comenzaba con las salidas transitorias a partir de febrero”. Señaló asimismo que “Tampoco había signos que evidencien una crisis depresiva”.
Mientras tanto, en la madrugada del día 14, en la Comisaría 7º del Barrio Yapeyú, de la ciudad de Santa Fe, apareció ahorcado Roberto Ruglio, de 38 años, colgado “con una sábana de una reja ubicada en la parte superior de la celda”. Se inició la correspondiente instrucción “para determinar si hubo responsabilidades por parte del personal policial”.

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
Desde hace varios años, la Policía Federal Argentina realiza trabajosas campañas para juntarse con los vecinos, convencerlos de que denuncien a los demás vecinos del barrio que no sean como ellos o a toda persona extraña que aparezca, etc. Por suerte, de vez en cuando a alguno de estos fieles servidores de la comunidad se le escapa su verdadero pensamiento: los barrios son territorios ocupados y la población en general (otra cosa son las empresas, como las que bancan la Fundación PFA) no son más que sujetos a controlar.
Las declaraciones del Comisario Roberto Casanovas, a cargo de la 24ª (República de la Boca) son muy claras. Declaró que “El 26 o el 27 % de los habitantes de La Boca son delincuentes o bien tienen antecedentes de haber cometido delitos”, “que en el año último se hicieron 411 procedimientos por droga en su jurisdicción” y que en el barrio “hay cerca de 20.000 personas con antecedentes delictivos”, a pesar de loa cual “la situación en el barrio está controlada”. Además, agregó que “Tenemos conocimiento de que hay gente de Fuerte Apache que se ha venido a vivir a La Boca y sabemos que se mudaron a un sector de la isla Maciel. Pero hasta ahora esta comisaría no ha detenido a ninguno de ellos por ningún delito” (la aclaración de que no detuvieron a ninguno por delito, ¿no significará que sí los detuvieron por averiguación de antecedentes?). Algunos vecinos, como estamos acostumbrados, salieron a bancar estos exabruptos. Otros, con los que seguramente nos llevaríamos un poco mejor, se negaron a identificarse (¿porqué será que los que elogiaron al federico dieron todos los datos y los otros no? ¿Alguien puede explicar este extraño hecho?) y dijeron cosas como “hay connivencia entre la policía y esta gente” y rechazaron las acusaciones a extranjeros y apaches.
Pero hay un elemento esencial que tanto los periodistas como los vecinos que tocaron el tema omitieron (la PFA también, pero indudablemente a propósito): las cifras (si fueran ciertas) indicarían la existencia de una investigación policial sobre cada uno de los vecinos, es decir, la existencia de un estado policial con mínimos camuflajes democráticos. Y si fueran falsas, mostrarían igualmente que la Federal (y los amplios sectores de la sociedad que no vieron este problema) considera legítimo investigar y controlar a cada uno de los habitantes. No es casualidad que las cédulas de identidad y los pasaportes estén en manos de las fuerzas policiales. Estamos tan acostumbrados a ello que hasta parece normal. Pero es infrecuente escuchar a un Comisario confesar con tanta claridad que no es parte de la comunidad ni está a su servicio, sino que la considera un conjunto de personas a controlar y que, de las que le tocan a él, más de la cuarta parte son peligrosas según su concepción.
Es muy ilustrativo el marco en que el Comisario realizó sus declaraciones. Primero, “en una reunión vecinal convocada por el diputado nacional justicialista Daniel Scioli para discutir sobre los problemas de seguridad en la zona”. Y luego, para ratificar sus dichos, tanto Casanovas como Scioli hablaron por Radio Diez, emisora “levemente” fascista. Es decir, el Comisario les expuso a los buenos vecinos, sus patrones, las características de la zona que ocupa y, probablemente, reclamó más mano dura y más dinero (es decir, más poder).
Las citas son todas tomadas del diario La Nación del 19 de enero, página 13.

TRES CORTAS POLICIALES
PICHON DE GATILLO FACIL O POLICIA ABATIDO EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER (fuente “Ecos Diarios”, Necochea, 11 de enero)
El 10 de enero, en la ciudad de Bahía Blanca, un niño de cuatro años mató a su madre con el arma de fuego que su padre había dejado sobre una mesa de la cocina. Su madre era la oficial subinspector Mirta Bories, de 28 años, y su padre el oficial subinspector Adolfo Correa, de 29 años. El padre había estado limpiando su arma reglamentaria al lado del chico que tenía en las manos una pistola de juguete.
YA LOS CORROMPEN ANTES DE ENTRAR: (fuente diario “Río Negro”, 12 de enero, nota titulada “”Colados” en la policía”)
La Policía de Río Negro convocó a cubrir 400 puestos. Para ello, los aspirantes debieron hacer fila y esperar pacientemente su turno, excepto “algunos candidatos acompañados por personal de la institución”. En otras palabras, los corrompen desde antes de entrar. ¿El objetivo será disminuir las crisis vocacionales posteriores o adelantar el entrenamiento?
OTRO POLICIA DETENIDO POR UN ASALTO (fuente Ecos Diarios, 18 de enero)
En reiteradas oportunidades nos hemos negado a trazar la falsa separación entre delincuentes y policías, y hemos sostenido que (más allá de las polémicas sobre la despenalización de determinadas conductas o aún sobre la falta de legitimación del sistema penal) se trata de dos conjuntos que tienen una amplia intersección. El 17 de enero fue detenido en Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, un policía (cabo 1º de la Federal) junto con otras dos personas que circulaban en un Ford Falcon rojo, acusados de haber asaltado a dos personas momentos antes.

PRETENDIDO HOMENAJE A UN JEFE DE LA FEDERAL
La composición anterior de la Legislatura de la Ciudad votó en primera lectura la colocación de una placa en honor del Comisario Juan Pirker y decidió poner su nombre a unos canteros (es lo que hacen ahora para no cambiarle el nombre a las calles). Luego hubo una audiencia pública, a la que, como corresponde, no fue casi nadie, y a fin de año, aprobaron el despacho 0442/2000 de la Comisión de Cultura y Comunicación Social para que se trate este tema en el recinto en segunda (y definitiva) lectura. Este despacho sólo fue observado - es decir, criticado con las formalidades requeridas - por Izquierda Unida.
¿Por qué el homenaje? El despacho elaborado por aliancistas, cavallistas, belicistas y yerbas similares reconoce que ni siquiera fue “un reformador”.
¿Quién fue entonces Pirker? jefe de la Policía Federal durante el inicio de la gestión presidencial de Raúl Alfonsín, Pirker fue a la Federal lo que Balza al Ejército (que se dice Argentino). Alguien más presentable que el cana promedio para la clase media ilustrada, que mejoró la imagen de su fuerza y logró seducir inclusive a algunos con pretensiones progresistas, sin modificar en absoluto el carácter de la fuerza ni extraer de ella a los responsables directos del genocidio.
No nos puede asombrar que los responsables de la impunidad quieran honrar a una de las personas que más hicieron para blanquear a una institución intrínsecamente contraria a los DD.HH., sin gran costo para su efectividad, es decir, garantizando al Estado (en realidad, a quienes lo controlan) la posibilidad de recurrir a la fuerza contra sus opositores.
No es un hecho menor que Pirker haya creado la Fundación Policía Federal Argentina, presidida por María Amalia Lacroze de Fortabat y compuesta por representantes de los principales grupos económicos que operan en la Argentina en forma directa. Esto demuestra que tenía muy claro a quién sirven realmente las fuerzas policiales.
Ahora bien, ¿qué hizo Juancito durante la dictadura? Los diarios no informaron mucho sobre ese período de su vida. Si se debió a que tenía algo grave que esconder o sólo a que no hizo nada importante, lo sabremos el día que podamos revisar plenamente los archivos policiales. Dado que no hay antecedentes que muestren su oposición al terrorismo de Estado durante la última dictadura ni a la Triple A con antelación, debemos asumir que como miembro de la PFA fue como mínimo cómplice y responsable de los crímenes de lesa humanidad a partir del encubrimiento e inacción frente a ellos.
Lo que sí publicó el diario “Clarín” (14 de febrero de 1989, página 11), es que ingresó al área de Personal en el año 1980, ya con el grado de Comisario. Habría estado en ese ámbito hasta su designación como Jefe de la fuerza (16 de julio de 1987), momento en el cual dejó el puesto de Superintendente de Personal.
En consecuencia, nadie puede sostener que Pirker no conocía los legajos de los distintos integrantes de la fuerza al momento de asumir la Jefatura.
Para ejemplificar la responsabilidad de Pirker en la designación de responsables directos de la ejecución del terrorismo de Estado en puestos relevantes, veremos un solo ejemplo.
El luego Comisario General Adrián Juan Pelacchi, posteriormente Jefe de la fuerza y hoy en día asesor en seguridad e inteligencia de grupos extranjeros y criollos, formó parte de un grupo de tareas y fue responsable de la muerte del gremialista Jorge Sanz, quien según el diario “La Nación” (nota titulada “Pagan por una víctima del grupo represor que integró Pelacchi”, 23 de diciembre de 1998, página 19) “fue virtualmente fusilado el 23 de julio de 1977″. Por esa acción consta en el legajo de Pelacchi “una felicitación” de fecha 23 de octubre de 1977, “por abatir a un delincuente subversivo en Sección Sup. Seg. Fed.”
¿En qué puesto estuvo Pelacchi durante la gestión de Pirker? Era Jefe del DEPOC (Departamento Protección del Orden Constitucional), repartición que se dedicaba a realizar tareas de inteligencia política contra diversas fuerzas de izquierda. Para muestra, basta un botón.

PROXIMAS ACTIVIDADES

La COMISION ARGENTINA CONTRA LA INTERVENCION EN COLOMBIA convoca el Miércoles 31 de Enero a las 17 Hs. a una Radio Abierta en el Obelisco para luego marchar, a las 19, a la Embajada de Colombia.

Continúan las reuniones de la Comisión por la Libertad de Emilio Alí, en la CTA Capital, Av. Belgrano 1996 Buenos Aires. Próxima, el miércoles 31 de Enero 19:00 hs.

Saludamos la formación de la Comisión por los DDHH de Trenque Lauque, Pcia. de Buenos Aires, integrada por compañeros -en su mayoría muy jóvenes- comprometidos con la lucha antirrepresiva. Editan una revista-fanzine llamada Rabia al Silencio y están encarando una campaña de denuncia y debate público sobre las detenciones policiales arbitrarias. Su email es elsuple@yupimail.com (Diego).

FE DE ERRATAS: Agradecemos a la Licenciada Alejandra Vallespir, socióloga directora del COPAPP, la detección de dos importantes errores de tipeo en el ARCHIVO DE CASOS de personas asesinadas por las Fuerzas de Seguridad en la Argentina 1983/2000. Rogamos a todos los que tengan copias hacer las correcciones: 1) CASO 102, víctima José Luis Cabezas, la fecha correcta es 25/01/97. 2) CASOS 33 y 240, MASACRE DE CASANOVA, el año correcto es 1991 (y no 94, como figura en el 240).

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