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Aparentemente, estamos ingresando al primer mundo; de a poco vamos adquiriendo sus vicios, aprendiendo de sus miserias, copiando sus espantosas medidas. Por un lado “parece” que tenemos los mismos problemas migratorios que Europa o EEUU, por el otro, tenemos unos índices de desocupación y pobreza que nos ponen más cerca de Perú, Bolivia o Paraguay, que de Inglaterra u Holanda.
Los discursos oficiales que están resurgiendo en los últimos meses contra los inmigrantes de países limítrofes nos hablan de una nueva manifestación de la política sistémica de exclusión social de sectores populares. Extranjeros, que ahora vienen de Asia y Latinoamérica, pero también pobres y jóvenes, son tratados como causantes de nuestras mayores vergüenzas (desocupación, inseguridad, cólera, usurpaciones en masa) y el agente de este maltrato es un sistema económico social para cuya reproducción el gobierno extrema las medidas. Pero estas expresiones, declaraciones o confirmaciones por parte de los funcionarios instrumentadores de esta campaña de persecución, odio e ignorancia, no vienen solas; vienen acompañadas de proyectos legislativos concretos, de un apoyo efectivo de grupos económicos que, vinculados a los medios de comunicación, influencian a la opinión pública y logran “consenso” para las medidas discriminatorias, y de fuerzas de seguridad y parapoliciales incluidos los grupos fascistas, como el PNOSP, que agitan contra los inmigrantes latinoamericanos.
Antecedentes legislativos
La ley Viola o ley 22439 del año 1981, tuvo el objetivo de lograr entre los inmigrantes una ilegalización masiva dificultando, entre otras cosas, la radicación de los extranjeros. Esta ley, claramente inconstitucional, dictada bajo el arbitrio de un gobierno de facto y que se encuentra vigente, además de imposibilitar a los extranjeros el acceso a la asistencia médica, educación, trabajo, enlace conyugal, etc., permitió legalizar las expulsiones masivas que se produjeron entre 1993 y el primer semestre de 1996. Como decíamos antes, existen proyectos legislativos concretos dignos de mencionar, dada la gravedad que revisten para los que luchamos por la efectiva vigencia de los Derechos Humanos, y para los que sufren sus violaciones. El proyecto que se está discutiendo en el Congreso, además de cristalizar las medidas de la ley anterior, (ya que no se va a modificar en su totalidad) castiga a las personas que brinden algún tipo de apoyo a los inmigrantes y obliga a los “ciudadanos” a convertirse en denunciantes de “ilegales” (en consonancia con la ley 22439) pero, y esto es de extremo cuidado, tipifica nuevos delitos, uno de los cuales (art. 117) consiste en la pena de 5 a 20 años de prisión para quien facilite el ingreso, permanencia o egreso de cualquier extranjero “legal” que tenga en su haber, o haya venido para cometer acciones terroristas, subversivas, de lavado de dinero y/o narcotráfico. Aclaremos que en el código penal, no existe ningún delito que se llame subversión o terrorismo, y que siempre se pone en la misma bolsa, este tipo de actividades con las de narcotráfico, y ahora aparentemente también, los que molestan al sistema saben lavar dinero. El espíritu no tan oculto de este proyecto, es, no cabe duda, castigar a aquellos que huyen de sus países de origen por persecuciones políticas, una nueva versión de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Más represión promovida
Las recientes declaraciones del Ministro de Interior, Carlos Vladimiro Corach, y del Director de Migraciones, Hugo Franco, citando estadísticas policiales inexistentes que vinculan el aumento del delito y de la inseguridad a un grupo de personas de determinadas nacionalidades (y no de otras), exteriorizaron y provocaron el aliento a la persecución y odio contra nuestros hermanos latinoamericanos aprovechando el temor de la gente instaurado además de por la realidad, por la manipulación de la información (dado el apoyo que nombrábamos anteriormente, de grupos económicos dueños de multimedios), a ser asaltada y violentada como efectivamente está sucediendo en mayores proporciones en los últimos tiempos. En la práctica, esto se manifestó y se manifiesta en detenciones y sospechas “por portación de rostro” a inmigrantes indoamericanos, lo cual fue afirmado por el mismo jefe de la policía federal, quien reconoció que sus hombres, detectaban por sus características físicas (“por el rostro de la gente”) a los extranjeros y por ende potencialmente peligrosos.
Este accionar por parte de los funcionarios nombrados y sus subalternos, los encargados de instrumentar sus políticas represivas, llevó a la CORREPI a presentar tres denuncias ante la Justicia, basándonos en el art. 3 in fine de la ley 23.592 (ley antidiscriminatoria) que tipifica el delito de “quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecusión o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.”, además de acusar al jefe de policía y a su cadena de mando, concluyendo con las autoridades de las comisarías a cargo de estas detenciones, por privación ilegal de la libertad de que fueron víctimas 12500 personas de rasgos aindiados, tez oscura y origen indoamericano durante 1998 y 1300 personas de estas características durante enero de este año en una sola comisaría. Estimamos que otro funcionario del gobierno con facultades y obligación legal de secundarnos en esta denuncia es Víctor Ramos, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, por lo que le solicitamos información sobre las denuncias que él debía de haber promovido ante estas manifestaciones de discriminación, xenofobia y racismo por parte de sus colegas en el poder, y al no obtener respuesta alguna, lo denunciamos también por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Desde variadas épocas de nuestra historia nacional, (se recuerdan propuestas de sanciones contra “vagos, ociosos y malentretenidos”, que se pueden leer en los bandos virreinales publicados hacia 1801), se repite la calificación de los distintos como culpables al no entrar en la presunta racionalidad del poder. El mal, es lo diferente y debe ser sujeto a punición. Los campesinos provincianos, tehuelches, onas y ranqueles, inmigrantes venidos de Odessa, los cabecita negra, todos esos descalificados son nuestros antepasados; y en los últimos años, los otros se habían convertido en tan insoportables que los “nacionales preocupados por la identidad e ideología nacional” resolvieron convertirlos en desaparecidos.
Concluimos por lo tanto en que así como la política estatal se orienta en el caso de los “negros” o “villeros” nacionales a la exclusión social y a la represión indiscriminada, se expulsa a los no nacionales transfiriendo la responsabilidad a su país de origen, habiendo previamente atormentado y perseguido a ellos y sus familias con detenciones arbitrarias, largos y onerosos trámites migratorios que nunca terminan de efectivizarse y el pánico constante a caminar por la calle, trabajar y planificar su propio proyecto de vida. Y en cuanto al resto de los “ciudadanos”, la búsqueda de consenso social a través de la estigmatización como delincuente del inmigrante de países limítrofes provoca una división de la amplia mayoría popular, enfrentando a pobres contra pobres.
Debemos insistir en la reivindicación de la identidad americana, concientizarnos en el sentido de que nuestra América es una, y por lo tanto resultan insostenibles los proyectos migratorios reaccionarios, separatistas y racistas y sus manifestaciones de represión, exclusión e inseguridad hacia las mayorías populares.
Recuadro:
Después de las jornadas de movilización y represión en Paraguay, el golpista general Lino César Oviedo, apareció imprevistamente una madrugada en nuestro aeropuerto de San Fernando a bordo de una avioneta con su familia y una importante custodia armada.
El gobierno argentino resolvió otorgarle el asilo en menos de ocho horas (a menos que reconozcan que ya estaba arreglado de antemano). Los funcionarios del gobierno que se refirieron al tema hablaron del “Señor Oviedo”, expresión muy diferente a las que utilizan para nombrar a cualquier otro tipo de inmigrante de país limítrofe.
Entre los argumentos esgrimidos para solicitar el asilo, recordaron los oviedistas que existe una larga tradición de argentinos asilados en Paraguay. Se referían en primer lugar al Gral. Perón en tiempos de Stroessner, pero quizás también al “Beto” Imbelloni, amigo de Massera y matón de la Triple A, que se refugió en Paraguay en tiempos constitucionales argentinos, para evadir la condena de la justicia por el homicidio del dirigente metalúrgico Cuervo, o a los secuestradores de niños Miara y Bianco.
El asilo político, como su nombre lo indica, es una medida reservada para las personas que son perseguidas en su país por razones políticas; y el general Oviedo es un stronista de toda la vida, golpista de la frágil “democracia” de Paraguay, responsable de varios muertos en los últimos días. Más que perseguido es perseguidor, más que víctima es víctimario. Este mismo gobierno que ahora habla de los tratados de extradición, hace tres años ordenó a la SIDE el secuestro de Enrique Gorriarán Merlo en territorio mexicano y su traslado a la Argentina para ser sometido a una parodia de juicio similar a la que recibieron sus compañeros nueve años atrás. El gobierno argentino desoyó sistemáticamente las decenas de pedidos de diputados mexicanos para anular el ilegal procedimiento. El mismo gobierno argentino hizo rápidamente lugar al pedido de extradición de dos peruanos requeridos por el gobierno terrorista de Fujimori, desoyendo su pedido de asilo político.
Los abogados de Oviedo son el Dr. Pedro Bianchi, defensor del genocida Massera y del nazi Erich Priebke, y el Dr. Pinto Cramer, juez federal de la dictadura. Con esos abogados defensores, con este gobierno y la justicia del privilegio, lo más probable es que Oviedo pase una larga temporada disfrutando de los bellezas de nuestro país y dirigiendo su organización política fascista desde un cómodo exilio. El nombre de Lino Oviedo se suma a los de Al Kassar, Ibrahim Al Ibrahim, y siguen las firmas.
Dentro de unos días el tema dejará de estor en los medios y volverán las “noticias” en las que los inmigrantes “venden drogas”, “arrebatar carteras”, “ocupan casas”, etc. Queda claro que para quienes detentan el poder en la Argentina, las inmigrantes extranjeros no son todos iguales: para UNOS hay pasaportes, asilo político y el prefijo “señor”; para OTROS hay calumnias, razzias, represión policial, discriminación y exclusión social.