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La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional es un organismo de Derechos Humanos que participa activamente en la lucha contra la siniestra metodología que hemos dado en llamar “gatillo fácil”. En nuestro haber cuenta el patrocinio jurídico y la denuncia social de numerosos casos de violencia policial, como por ejemplo, los casos de La Masacre de Ingeniero Budge, Walter Bulacio, Sergio Durán, “Colo” Rojas Pérez, y el más reciente de Ramón Roldán, entre varios otros.
Recientemente el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde ha manifestado en relación con los últimos crímenes cometidos por personal policial bajo su jurisdicción -Suceso de La Plata, el propio homicidio de Ramón Roldán y el de Cristian Campos en Mar del Plata - que existe un vínculo entre estos hechos y los resabios de la última dictadura militar en el seno de la policía de la Provincia de Buenos Aires.
Desde la CORREPI lamentamos que hayan tenido que suceder tantos hechos de sangre que involucran a funcionarios policiales bonaerenses, para que el gobernador deje de repetir la absurda teoría del “loquito suelto” o del “exceso” de algún individuo aislado.
Nuestra opinión , en contraposición a la de Duhalde, fue coherente durante todos estos años: Siempre señalamos que la policía bonaerense estuvo signada por las concepciones de la nefasta “doctrina Camps”.
Sin embargo, a más de diez años de recuperado el Estado de Derecho sería ingenuo creer que la metodología represiva de la policía bonaerense pueda explicarse sólo por la “herencia”. Así la inmensa mayoría de los policías imputados, procesados y condenados por gatillo fácil, tortura o desapariciones, mucho de ellos prófugos de la justicia, fueron reclutados, instruídos, formados, armados y puestos en funciones por el actual gobierno provincial o sus antecesores civiles.
Gustavo Cruz, asesino de Jorge Torres, no llega a los 25 años; al igual que Diego Centurión y Hugo Salazar, matadores de Javier Rojas Pérez y Ramón Roldán, respectivamente. Jorge Ramón Fernandez, condenado a prisión perpetua por los tormentos seguidos de muerte de Sergio Durán, cuenta actualmente con 31 años, mientras que tres de los prófugos de esa mismo crimen, todos policías, son de su misma generación. Ramón Buchón, muerto en San Nicolás previa sesión de tortura, fue víctima de los policías Gómez y Brindo quienes apenas superaban los 20 años en 1983.
Sería agotador continuar con los ejemplos, pero vale recordar las imágenes que aparecieron en televisión en las que podía verse la saña con que reprimían a los estudiantes los jóvenes efectivos policiales.
¿Cómo es posible que a 20 años del fatídico golpe militar y a 13 de la restauración democrática sigan saliendo “hijos de Camps” de la policía bonaerense? ¿Puede eludir el gobernador Duhalde su responsabilidad cuando ha sostenido como policía modelo al subcomisario Patti -matador de Cambiasso y Pereyra Rossi y procesado en reiteradas causas por torturas y apremios ilegales?
La CORREPI asegura que sólo sería posible terminar con la policía del gatillo fácil y de la impunidad si existiera la decisión política de hacerlo. En ese sentido reclamamos al gobernador Duhalde y a todos los poderes públicos provinciales:
1- La inmediata renuncia del jefe de la Policía bonaerense, Sr. Pedro Klodczyk y del Secretario de Seguridad Dr. Alberto Piotti.
2- Investigación y castigo a todos los policías responsables de hechos aberrantes. Que se procure seriamente la captura de los innumerables policías prófugos de la justicia.
3- La derogación de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, ya sea por contravenciones o por averiguación de antecedentes.
4- Reforma del Código de Procedimientos Penales sacando de la órbita policial la instrucción de las causas judiciales.