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El presidente Kirchner es como esos galanes de telenovelas que en cada capítulo conquista una chica nueva. Poco a poco, desde que asumió una presidencia devaluada en consenso después de salir segundo en la elección nacional, logró alcanzar un índice altísimo de “imagen positiva” en las encuestas, al tiempo que generó alianzas variopintas con referentes provinciales, a los que su apoyo dio, en muchos casos -como Aníbal Ibarra en la Capital- el plus que precisaban para ganar la elección local. Los diarios hablan del “estilo K2, aparecieron en escena los “Jóvenes K” -algunos de los cuales, hace no mucho tiempo, se decían militantes antisistema-, en suma, se ha desatado la moda “K”, que también alcanza a la policía.
La alianza Kirchner-Solá fue explícita desde el mismo 25 de mayo, y el tema de la “inseguridad” el primero en el que acordaron, cuando anunciaron la creación del Comando Contra el Delito, y los operativos conjuntos de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales convirtiendo la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en un área metropolitana única, cual gigantesco “teatro de operaciones”.
Ambos comparten un discurso que se diferencia, en las formas y el lenguaje, de los ditirambos estilo Ruckauf. Ninguno llama a “meter bala a los delincuentes” de manera explícita, y hasta han logrado que algunos de sus funcionarios, públicamente comprometidos con las tesis de mano dura y tolerancia cero, como el ministro Béliz o sus subordinados Quantín y Campagnoli, hayan pasado el trance de expresar públicamente una posición que ellos deben sentir como bochornosamente garantista.
No es casual entonces que tantos sectores sociales tiendan a sentir que “algo cambia” en materia de políticas de seguridad del estado, y que miren a los que alertamos sobre el constante crecimiento del gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias, en el mejor de los casos, como escépticos o directamente como conspiradores incapaces de advertir que la actual administración “es otra cosa”.
En la Provincia de Buenos Aires, el triunfante gobernador Solá anunció la continuidad de Juan Pablo Cafiero al frente del Ministerio de Seguridad con un caluroso gesto al definirlo como su mejor ministro, para apenas días después cambiar de idea y nombrarlo en Acción Social (¿será premio por lo bien que le fue como Ministro de Desarrollo Social en tiempos de De La Rua?).
Tanto “Juampi” como su sucesor “Juanjo” son caras familiares en la gestión pública. El primero, luego de su paso por Desarrollo Social de la Nación, fue Vicejefe de Gabinete del senador Duhalde en ejercicio de la presidencia desde enero de 2001 hasta que pasó a reemplazar a Genoud en Seguridad de la Provincia a fin de junio de 2002, después de la masacre del Puente Pueyrredón.
El nuevo (¿nuevo?) ministro de seguridad provincial es otro “progre”, pero con más carácter, nuestro viejo conocido Juan José Alvarez (1). Dos veces intendente de Hurlingham (con alto índice de gatillo fácil durante su gestión pese a su proyecto de policía comunitaria), Alvarez ya ocupó la cartera de seguridad bonaerense a fin de octubre de 2001, en reemplazo de Ramón Verón, renunciado por el entonces gobernador Carlos Ruckauf ante el escándalo público por la confimación de la existencia de escuadrones de la muerte policiales en el Gran Buenos Aires y el incremento de denuncias por torturas a menores detenidos. Mucho antes, durante la “reforma” de Arslanián en marzo de 1998, Alvarez había sido convocado como secretario de Relaciones con la Comunidad. Duró tres meses, porque pegó el portazo ante la exoneración de los 300 que después se autodenominarían “Sin Gorra”.
En diciembre de 2001, Alvarez fue designado Secretario de Seguridad Interior por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá, y confirmado por Duhalde, que además lo ascendió a ministro al separar esa secretaría del Ministerio del Interior y unificarla con la cartera de Justicia y DDHH tras la renuncia de Vanossi a días del 26 de junio de 2002. Su relación privilegiada con Duhalde y el espacio de poder acumulado durante su gestión como pluriministro de Justicia, Seguridad y DDHH lo hacían aparecer como el “número puesto” para proseguir en el cargo después de la asunción de Kirchner. Su reemplazo por el monaguillo Béliz y su troupe de fiscales de tolerancia cero fue una de las sorpresas del anuncio del gabinete presidencial, que CORREPI interpretó como “sinceramiento” del nuevo gobierno acerca de su política “preventiva” en materia represiva.
Al iniciar su gestión provincial en octubre de 2001, “Juanjo” declaró al diario Página/12 que su objetivo era realizar “un muy fuerte trabajo en capacitación y formación. A una policía mal capacitada y mal formada no es mucho lo que se le puede exigir. Creo en una policía moderna, absolutamente comprometida con la ley y la democracia. (…) La falta de capacitación no es solamente un problema para los otros. Es un problema para los propios policías, porque en muchos casos de policías muertos, y ha habido muchos, estoy seguro que ha habido impericia por parte del policía y le ha provocado su propia muerte. También puede haber habido una enorme falta de capacitación en algunos de los casos que terminan en abuso policial.” (2)
En suma, “Juampi” y “Juanjo”, el saliente y el entrante, con sus matices (3), son de los funcionarios considerados garantistas por los que usan ese término como epíteto despectivo (¿qué menos se puede pedir a un funcionario que el respeto a las garantías constitucionales?), y mirados con simpatía por los sectores reformistas siempre dispuestos a colaborar en la capacitación y formación “democrática” de los miembros de las fuerzas de seguridad.(4).
En la misma línea que el discurso público de los funcionarios, en el sitio oficial (5) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se historian las sucesivas “reformas” aplicadas a la Bonaerense desde que supo ser la Mejor Policía del Mundo para el hoy gurú en las sombras Eduardo Duhalde.
Se recuerda allí la ley 11.880, sancionada el 21 de noviembre de 1996, que declaró a la Policía Bonaerense en situación de emergencia disponiendo la reestructuración del Sistema de Seguridad Provincial, que dos años después, luego de “ininterrumpidas e intensas tareas de evaluación, consenso, reequipamiento, y planificación” culminó en abril de 1998 con la ley 12.090 que creó el Ministerio de Justicia y Seguridad, “para la formulación, gestión y control de las políticas y directivas sobre la seguridad pública en el ámbito provincial, lo que importa para los ciudadanos el goce y el ejercicio de sus derechos, libertades y garantías constitucionales, fomentando la acción coordinada y la interacción permanente del pueblo y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal.”
Posteriormente, la ley 12.355/99 produjo el desdoblamiento de los Ministerios de Justicia y Seguridad, que pasaron a desarrollar su actividad en forma independiente. En ese contexto, y ya en tiempos de Cafiero, se estableció una serie de cursos de formación para el personal policial, poniendo especial énfasis en los dirigidos a reentrenar a los policías para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que, según el discurso oficial, garantizarían la seguridad de las personas y la prevención del delito sin cometer “errores o excesos” que después los detractores de siempre calificaríamos de política represiva del estado.
Uno de esos cursos, denominado “Operaciones Policiales” incluye en su programa clasificación de procedimientos, interceptación vehicular, coberturas de fuego, irrupción de edificios, mega operativos en resolución de incidentes, despliegue táctico de seguridad, negociación de rescate de rehenes, procedimientos nocturnos, etc.
Los cursos son dictados por personal jerárquico especializado, que ya ha completado otros niveles de entrenamiento para convertirse en agentes multiplicadores, es decir, idóneos para adiestrar subordinados.
Como creemos que no hay mejor evidencia que la confrontación del discurso con los hechos reales, veamos qué resultados prácticos se lograron con esos cursos, a los que hay que sumar los de Derechos Humanos dictados por miembros de conocidas ONGs, incluyendo un Premio Nobel de la Paz y una candidata al mismo galardón. Como decimos siempre, para muestra, basta un botón:
El oficial inspector Cristian Alfredo Solana, 31 años, tez trigueña, morocho, 1,75 m. de altura, casado con Lorena y tan fashion que tiene un tatuaje con una mariposa en el pecho del lado derecho, es según su superior, el comisario José Crescencio López, “ejemplo entre la oficialidad, que se destaca por los trabajos realizados”. Entre los méritos del oficial Solana, el jefe del Comando Patrullas de Hurlingham (¿dijimos Hurlingham?) menciona que es “agente multiplicador, encargado de adiestrar personal subalterno, especialista en situaciones de crisis con rehenes, identificación de personas y vehículos, y todo lo que atañe una situación límite en la prevención del delito”. Lo que se dice, un verdadero policía K, de Kirchner, Kafiero y K..Alvarez.
Lástima que el 28 de junio de 2003 este maravilloso policía de manual, entrenado con lo más novedoso y moderno para ser un funcionario al servicio de la comunidad, olvidó todo lo que tan trabajosamente le enseñaron, omitió lo que él mismo debe enseñar a los demás, y cuando le llamó la atención un auto simplemente porque su conductor era joven, interceptó al vehículo e identificó a su conductor metiéndole un tiro en la séptima vértebra lumbar.(6)
Para eso le sirvió a la sociedad dar cursos especiales, capacitar y educar un policía modelo como Solanas. En su condición de agente multiplicador, hasta es probable que el oficial asistiera –y fuera ejemplar alumno- en esos cursos de derechos humanos dados por los que se prestan decididamente –hasta de buena fe, en algún remoto caso- a ser parte de operativos maquillaje para fabricar consenso y relegitimar el aparato represivo del estado.•
(Ma. del Carmen Verdú)
NOTAS:
1.- Ver Maneiro, María, “Lobo con Piel de Cordero”, AntiRrepresivo, Mayo 2002, CORREPI.
2.- Página/12, 10 de octubre de 2001.
3.- No son superficiales ni de forma los “matices” que los diferencian, sin embargo. La designación de Juan José Alvarez por el gobernador Solá ha hecho olas en el peronismo, por su condición de hombre fuerte del duhaldismo, y por sus antecedentes como ideólogo de operaciones políticas de envergadura en el marco de los hechos del 20 y 29 de diciembre de 2001, y el 26 de junio de 2002. Es considerado por sectores del PJ como “peligroso” por su capacidad conspirativa.
4.- El domingo 28 de septiembre, en entrevista al diario Clarín, Alvarez tuvo el fallido de admitir que fue Eduardo Duhalde y no Felipe Solá quien lo llamó para anunciarle el nombramiento, y anticipó su política jurando que habría “continuidad con la gestión Cafiero”. Definió sus objetivos diciendo “Quiero que haya la mayor cantidad posible de policías en la calle, con operativos de saturación. Quiero saturar de policías las calles de la provincia. No me fue mal con eso en Capital. En el conurbano hay que hacerlo pero en forma distinta: Policía moviéndose rápido, mucho vehículo y sorpresa. Gendarmería y Prefectura seguirán ayudando.”
5.- http://www.mseg.gba.gov.ar
6.- Rodrigo Corzo, 24 años, iba en el auto de su padre a visitar a su novia, por el camino que ella le había indicado como más mejor y más corto. El oficial Solana, acompañado por su chofer, el sargento Ariel Núñez, pensó que era “sospechoso” que doblara en “zig-zag” varias veces. Lo siguieron, prendieron la sirena, y al cruzar el puente del Acceso Oeste, Solana disparó dos veces por la ventanilla del patrullero, matando en el acto al joven por la espalda. Después del hecho, los policías plantaron un arma en el auto de Rodrigo para simular un enfentamiento y aportaron un testigo falso, pero está probado en la causa que desde el auto de Rodrigo no hubo disparo alguno (las ventanillas estaban cerradas, y los vidrios empañados). Solana está detenido y con prisión preventiva, y en el juicio oral se discutirá el falso testimonio del “buche” y el encubrimiento de Núñez.