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Antirrepresivo, diciembre 2003
Si la frase “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos” fue acuñada para ilustrar el desamparo y el sometimiento de un país entero, ¿qué queda entonces para Ciudad Juárez, población fronteriza que vive actualizando escalofriantes récords de crímenes y demostrando hasta dónde puede llegar la impunidad y el encubrimiento oficial?.
Allí donde termina el mapa continental de lo que llaman tercer mundo y comenzaría el primero, donde miles de inmigrantes latinoamericanos -desde hace décadas- dejan su vida en manos de los “polleros” y “burreros” (mafias que cruzan trabajadores indocumentados por la frontera), donde narcotraficantes de ambos lados se disputan mercados a sangre y fuego, vienen apareciendo desde hace 10 años y en forma ininterrumpida cientos de cadáveres de mujeres violadas y con signos de las más horribles torturas, sin que los sucesivos gobiernos hayan hecho más que detenciones arbitrarias y demostraciones verbales de su preocupación.
Los primeros casos se conocieron en 1993, y presentaban características similares: se trataba de mujeres jóvenes cuyos cuerpos habían sufrido mutilaciones y evidenciaban violencia sexual pre y post mortem. Pechos cercenados, pezones arrancados a mordiscos, extremidades arrolladas por automóviles y señas de violación y estrangulamiento eran comunes a casi todas. Las víctimas eran en su mayoría obreras llegadas del interior del país, que trabajaban en empresas maquiladoras de propiedad estadounidense, cuyos dueños instalan del lado mexicano para ahorrarse impuestos y aprovechar los flexibles contratos laborales de esas tierras. Sus familiares y compañeras de trabajo denunciaban que los secuestros ocurrían cuando se dirigían o salían de la fábrica, esperando el colectivo en medio de la noche en las rutas del desierto.
Con el correr del tiempo los crímenes se extendieron hacia mujeres de todas las edades, y las causas de muerte incluyen hoy heridas de bala y de armas blancas. Algunas presentan datos siniestros tales como aparecer vestidas con ropas de otras víctimas, o de chicas que continúan desaparecidas.
Según el último informe de Amnesty International, hoy suman más de 370 los cadáveres encontrados e identificados, de los cuales al menos 137 habían sufrido violencia sexual. A esto se agregan 75 cuerpos sin identificar y varias decenas de denuncias por mujeres desaparecidas sobre las que se presume el mismo final. Pero los números no se detienen. En este mismo momento, una mujer puede estar siendo sometida a las más espantosas vejaciones y encontrar la muerte sin que nadie pueda impedirlo.
El horror no termina allí, sino que apenas empieza. Esta ciudad de la norteña provincia de Chihuahua se ha convertido desde entonces en el paraíso de la impunidad para las agresiones sexuales y la violencia intrafamiliar. A cualquier hombre que se sobrepase castigando a su mujer le resulta más fácil asesinarla y desmembrarla para que se confunda con otros casos, antes que sobreviva y se atreva a denunciarlo. En este contexto, el accionar de las bandas narcotraficantes y humano-traficantes, conforman un terreno fértil y el paisaje perfecto para todo tipo de crimen.
Para las autoridades, se trataría de delitos cometidos por psicópatas sexuales o contrabandistas de órganos. Sin embargo, la hipótesis más apoyada por las organizaciones de Derechos Humanos (casualmente, la menos investigada oficialmente) sostiene que se trata de víctimas del cine “snuff”, filmes pornográficos de circulación clandestina donde se ven violaciones y asesinatos reales. Quien haya visto la película “8 mm” tendrá un buen ejemplo de este género, muy consumido en Estados Unidos y que generalmente se realiza por encargo.
Se trataría entonces de una verdadera industria cinematográfico-criminal, con la necesaria complicidad de las fuerzas policiales de uno y otro lado y un público con suficiente dinero para sostenerlo.
¿YO, SEÑOR? ¡NO SEÑOR!
Desde el hallazgo del primer cuerpo hasta hoy se han sucedido tres gobiernos sin que ninguno avanzara en el caso más que en la creación de numerosas instancias jurídicas especiales, que tuvieron como único resultado la detención de chivos expiatorios. El más conocido es el caso de Abdel Latif Sharif Sharif, “El Egipcio”, que cruzó la frontera desde los E.U. en 1994 luego de pactar su libertad con la justicia de ese país a cambio de no volver a pisar tierra estadounidense. Allí había sido condenado por varios casos de agresión a mujeres y una violación. La justicia de Chihuahua lo responsabilizó de las muertes en Ciudad Juárez, aunque sólo le habrían probado un intento de violación en esa ciudad. Mientras “el Egipcio” cumplía su condena, seguían apareciendo cadáveres en el desierto. La explicación de las autoridades era que, desde la cárcel, el condenado dirigía una banda de asesinos para que continuaran los crímenes y así probar su inocencia.
Otro inculpado tuvo peor suerte: él y su abogado fueron asesinados por agentes de la policía judicial del estado de Chihuahua. Esa fuerza de seguridad es una de las más cuestionadas junto a la Policía Federal Preventiva, a cuyos miembros la misma Procuraduría de Justicia tuvo que impedirles acercarse a los lugares donde se encuentran cuerpos, luego de las quejas de las ONGs que los acusaban de manipular y ocultar pruebas. Cabe destacar que la mayor parte de los avances en la investigación se dieron gracias a las brigadas de rastreo organizadas por los grupos de familiares de las víctimas, quienes hoy tienen prácticamente prohibido continuar con esas búsquedas.
Durante el acto por el día de la Mujer el pasado 8 de Marzo, el actual presidente mexicano Vicente Fox aprovechó la ocasión para negar el traslado de la investigación a la justicia federal. Elevando la voz por encima del abucheo de las organizaciones presentes, Fox dijo que los asesinatos eran “asunto del gobernador de Chihuahua”, Patricio Martínez. Por su parte, tras la visita Amnesty International a Ciudad Juárez, Martínez responsabilizó a los organismos de Derechos Humanos de la desocupación creciente en esa provincia, ya que el escándalo favorecía la deserción de los inversores extranjeros y nacionales. A su turno, el procurador de Justicia de Chihuahua negó la impunidad en torno a los crímenes, y agregó que el caso de Juárez “forma parte de la violencia mundial” y que casos similares “se dan también en Estados Unidos”.
A este escandaloso coro de desentendidos se sumo el mismísimo juez Baltasar Garzón, ante la solicitud expresa de una representante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que le pidió que se encargara personalmente del caso. El autoerigido paladín de la justicia internacional descartó la posibilidad, argumentando que México tiene “organismos judiciales competentes para llevar a cabo esa investigación”.
Sin duda, la justicia mexicana ha sido y es más que eficiente con respecto a los pedidos de extradición de ciudadanos vascos residentes en México solicitados por Garzón.
NI UNA MÁS
En un intento más de aparentar actividad -y tras la visita de la comisión investigadora de Amnesty International-, el gobierno chihuahuense lanzó a fines de julio pasado el “Programa Integral de Seguridad Pública para Ciudad Juárez”. Pero, por si no quedaba claro quién decide allí sobre la vida y la muerte, aparecieron tres cuerpos más el mismo día en que se dio inicio al plan. Eran tres mujeres cuya desaparición había sido denunciada una semana atrás. Todas recibieron un “tiro de gracia” en la nuca.
Ni las denuncias de Amnesty, ni las de las 17 organizaciones mexicanas que han presentado recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas parecen lograr parar los crímenes. Las mujeres de Ciudad Juárez viven en un peligro real y continuo. La policía local instiga a los familiares y utiliza argumentos similares a los que usaba la dictadura argentina con las madres de los desaparecidos: “en algo andarían”, “¿usted sabe que hace su hija fuera de casa?” o “de seguro se fugó con el novio”, etc.
¿Porqué esto no se ha convertido en un escándalo internacional? ¿Porqué no aparece día tras día en las tapas de todos los diarios del mundo? ¿Cuánta responsabilidad en esto les cabe a los gobiernos de México y Estados Unidos? Son preguntas que quedan sin respuesta, pero que para resolverse necesitan sin duda de la solidaridad concreta y la denuncia de todos los luchadores del mundo, para terminar de una vez y para siempre con diez años de infierno en Ciudad Juárez.
Lucía Valdés