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PLAN DE SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD
La noticia en los medios dice, resumidamente:
El gobierno porteño y la Policía Federal han lanzado su anunciado plan de seguridad en los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires. En el barrio porteño de Caballito, entre la avenida Rivadavia y las calles Rosario, Doblas y Beauchef, después de algo más de cuatro meses, se reabrirá uno de los parques más emblemáticos de la Capital. Eso sí: en la reapertura habrá novedades. Es que las seis hectáreas del paseo público ahora tendrán seguridad las 24 horas y, en su aspecto estético, sumarán un detalle que no pasará inadvertido: estarán cercadas por rejas. Además, las nueve entradas del parque tendrán presencia policial durante todo el día. Allí, justamente, se instalarán las promocionadas casillas con los agentes que lo vigilarán.
En verdad, el plan de seguridad lanzado conjuntamente por el gobierno y la policía no se quedará sólo con esta innovación. Desde hoy, también, habrá garitas en las plazas Flores y Vicente López, y en los parques Lezama, Centenario, Chacabuco, Los Andes (en la zona de Chacarita) y Tres de Febrero. Los operativos dependerán de las direcciones General de Comisarías y de Orden Urbano, y contarán con el apoyo de la Guardia de Infantería, la Policía Montada y las divisiones Perros y Tránsito de la Policía Federal. Además de las casetas en parques y plazas se instalarán desde hoy puestos de vigilancia elevados en los cruces de las avenidas Sarmiento y Rafael Obligado (en la Costanera), Dorrego y Figueroa Alcorta, y Obligado y la calle La Pampa.
Parafraseando la consigna guevarista del uno, dos, tres, muchos Vietnam, hoy se intenta desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la policía federal, instalar en los espacios públicos, un modelo de control y disciplinamiento social al estilo del panóptico del famoso jurista inglés Jeremy Bentham. Los siglos han pasado, pero el discurso dominante y hegemónico del poder sigue inspirado en las tácticas y estrategias de los tribunales inquisitoriales. Desde la caza de brujas medievales se implementaron hasta la fecha distintas persecuciones, en las que lo jurídico acompañó para legitimar el poder punitivo de turno.
Debemos caracterizar el discurso jurídico en el que se desarrolla esta práctica. En tanto las leyes están sometidas a la interpretación, sus actos se sostienen en un discurso hegemónico. Se dijo que este es el discurso que opera desde sus orígenes (ubicables en la Edad Media y la caza de brujas) como el resultado de la absolutización de un problema real, al que se lo exalta a la categoría de peligro inminente para la supervivencia de la humanidad. Así es que en nombre de la humanidad en emergencia, se instrumentan los medios para su salvataje.
Es en nombre de la condición misma del estado de emergencia que se justifican las acciones que se toman. Por ejemplo, una represión policial sin ningún límite jurídico, porque Siempre que el derecho invoca la necesidad, se convierte en derecho administrativo. El discurso de emergencia es esencialmente interrogación y el saber que este tipo de intervención produce se sostiene en un valor de verdad de tendencia instrumental: lo útil es lo verdadero. Para poner ejemplos más cercanos que la caza de brujas, tomemos algunas campañas del siglo XX y XXI: las acciones durante la ley seca, las que la CIA y la KGB llevaron a cabo durante la guerra fría, las intervenciones de la DEA contra las drogas, las de los grupos de tareas durante el proceso militar, las últimas “guerras santas” que lleva a cabo EEUU en Medio Oriente.
En este marco, asistimos en la actualidad, a una proliferación de derechos que no responden a ninguna ley. En nombre de los derechos humanos se llevan a cabo acciones legales que recuerdan la máxima de Ivan Karamazov: Si Dios ha muerto todo está permitido.
Este planteo permite ubicar la siguiente expresión: en pleno estado de derecho, no hay derecho. O dicho de otro modo, los derechos humanos, transitan en el plano de un discurso que habilita acciones contrarias a lo que enuncian. Esta evidencia recuerda la rectificación que Lacan le señala a Karamazov: Si Dios ha muerto nada más esta permitido.
Así es que se puede ubicar este Plan de Seguridad en los espacios verdes como respondiendo a este modelo inquisitorial. La excusa para tal dislate es el tema de la inseguridad ciudadana. Se lo fundamenta en el estado de emergencia ante la violencia durante los delitos que se cometen. El consenso acompaña, porque primero se creó el estado de necesidad mediante campañas mediáticas. Esta política cuenta con acreditados doctrinarios que la racionalizan y difunden.
Y bien, así las cosas, bajo la mascarada posmoderna de la protección y siguiendo a Foucault en Vigilar y Castigar, el plan de seguridad del GBCA y la PFA va camino, como en la peste europea del medioevo, hacia el ejercicio de un poder disciplinario. El delito (la peste) vale por todas las confusiones y los desórdenes; del mismo modo que la imagen de la lepra, del contacto que cortar, se halla en el fondo de los esquemas de exclusión. Se le aplica al espacio de la exclusión (…) la técnica de poder propia del reticulado disciplinario.
A tanta ominosidad, los cuerpos de los excluidos del sistema -que no son dóciles- resisten, cada día, con sus marchas, sus movilizaciones. No nos chupamos la mandarina que el poder ofrece como espejitos de colores a un pueblo hambreado por la falta de trabajo. Los compañeros caídos, son las antorchas que alumbran el camino que desde el 19 y 20 de diciembre del 2001 se ha comenzado a recorrer.
A la propuesta de los múltiples panópticos en la ciudad, les respondemos: Una, dos tres, muchas marchas recorriendo la ciudad.