CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

MASACRE DEL 20 DE DICIEMBRE
Ya tiene 15 cuerpos y seis policías detenidos la causa penal en la que se investiga la represión a los manifestantes que el 20 de diciembre protagonizaron la rebelión popular en el centro de la ciudad de Buenos Aires bajo los gases y balas policiales. CORREPI y la Liga Argentina por los Dchos. del Hombre, dos de los querellantes, propusieron conjuntamente a la jueza María Romilda Servini de Cubría y a los fiscales Comparatore y Evers una noventa preguntas para ser formuladas los días 5 y 6 de febrero al ex jefe de la policía federal, Rubén Santos, y al ex secretario de seguridad interior del gobieron radical, Enrique Mathov. Mientras la CORREPI patrocina a la madre de nuestro compañero Carlos “Petete” Almirón, uno de los seis manifestantes que cayeron asesinados por la policía, la Liga patrocina una veintena de heridos, entre ellos varios compañeros de HIJOS como Claudia Aguilera y Julio Talavera.
Los interrogatorios, dirigidos a quienes funcionalmente ocupaban el lugar de “bisagras” entre el poder político y el aparato represivo, se dirigien a poner en evidencia el funcionamiento de la cadena de mandos desde la presidencia de la nación y el ministerio del interior hasta el último policía que disparó contra los manifestantes, para que ninguno -ni funcionario político ni ejecutor- pueda ampararse en que “no sabía” o que “le ordenaron”.
El comisario Santos, que ya eludió en otras oportunidades los llamados judiciales a rendir cuentas por sus acciones y omisiones, logró posponer la fecha de su indagatoria, presentando un extenso escrito en el que intenta deslindar su responsabilidad tirando el fardo hacia arriba y hacia abajo, como si él hubiera estado de visita en la Sala de Situación del departamento central de policía desde donde se dieron las órdenes a los efectivos en las calles. Dado su argumento de que “los funcionarios políticos ordenan lo que hay que hacer, y los encargados del operativo policial definen la forma de implementar esas órdenes”, nos preguntamos para qué hay un jefe de policía, si ni ordena ni ejecuta. Probablemente su movida -llevada a cabo apenas horas antes de la audiencia fijada para el 5 de febrero- tuviera también como motivación tratar de frustrar el anunciado escrache del que iba a ser objeto al concurrir a tribunales. No importa. Como a De La Rua, Mathov, Mestre y cada uno de los asesinos, a donde vayan los iremos a buscar.
Mientras tanto, seis de los policías ya identificados por fotos, videos y los testimonios de quienes los vieron disparar ya fueron detenidos por el homicidio de Alberto Márquez y la tentativa de homicidio de Martín Galli. Tres de ellos son el principal José L. González, el subcomisario de operaciones federales Roberto L. Rodríguez y el comisario inspector del departamento de integridad profesional de la superintendencia de asuntos internos Orlando Juan Oliveiro. Todos se negaron a declarar y fueron conducidos por personal de gendarmería a su lugar de detención.
Finalmente, y antes de fijar la nueva fecha para indagar a Santos, la jueza citó como testigos a los que Santos señaló como quienes impartieron o comunicaron órdenes de la presidencia y su “entorno”: el hermano Jorge de la Rua, y los funcionarios Aiello, N. Gallo y L. García Batallán.

MENDOZA: CASO MORALES
(Nota reproducida del Diario Uno de Mendoza) La extraña muerte de Gustavo Morales (22) en una celda policial de San Rafael adquiere tono de novela de suspenso al trascender algunos detalles de la autopsia, mantenidos en secreto por la Justicia. El cuerpo no estaría tan libre de signos de violencia como indicó, pocos días después del hecho, el juez investigador Waldo Yacante. En concreto, el examen traumatológico de la pericia policial revela un magullón en la espalda y rasguños en el lado interno del antebrazo derecho y en el lado externo de la rodilla del mismo lado. Gustavo Morales fue detenido al anochecer del caluroso 15 de enero en pleno centro de la ciudad sanrafaelina como sospechoso de haber robado las zapatillas que llevaba puestas. Una hora después apareció muerto en la celda con un cinturón al cuello. Pero lo llamativo es que Gustavo estaba sentado, o de cuclillas, de espaldas a los barrotes de la puerta de la celda, donde estaba sujeto el otro extremo del cinto, a una altura no mayor del metro y medio. Los tres policías que se encontraban en la seccional sostienen que el muchacho, albañil, se suicidó, pero hasta ahora no hay argumentos sólidos que indiquen cómo puede alguien colgarse sentado en el piso y con el cinturón a tan baja altura que no pendía. Días después de la tragedia, que despertó fuerte presencia en los medios, el juez Yacante, el mismo del caso del estudiante bonaerense Sebastián Bordón, declaró que no había signos de violencia en el cuerpo, más allá de las marcas en el cuello. Para tal afirmación el magistrado se valió de la conclusión de la pericia policial que indica, sobre el final, que la muerte se produjo por “asfixia por ahorcadura, sin violencia física externa ni interna”. Sin embargo, en la parte del examen traumatológico de la misma pericia aparecen los signos mencionados más arriba. Tales marcas podrían indicar que Gustavo Morales, sentado de espaldas a los barrotes donde se sujetó el cinturón, fue empujado por atrás hacia adelante para cerrar el nudo (el moretón en la espalda) mientras le retorcían el brazo derecho también hacia atrás y le trababan las piernas (rasguños). También podrían indicar la desesperación del joven en el período agónico, en caso de que efectivamente se trate de un suicidio. Consultado el abogado de la familia Morales, Alejandro Cazabán –ex ministro de Seguridad– adelantó a este diario que pedirá que Gendarmería revise la pericia policial. El mismo recurso utilizó Cazabán durante la pesquisa por la muerte de Bordón, cuando la policía sostenía, en base a su propia pericia, que el chico había caído accidentalmente de un risco del Cañón del Atuel mientras estaba de viaje de egresados en El Nihuil. En aquel entonces, Gendarmería, por el contrario, con sus propios exámenes, reveló que el chico murió antes y su cuerpo fue colocado donde lo hallaron para simular un accidente. En cuanto al caso Morales, se encuentra aún en la etapa de instrucción judicial, lo que para el sistema penal argentino significa que el juez actúa como fiscal y detective a la vez, recogiendo pistas y tomando testimonios. Ya han declarado ante Yacante 14 policías y para esta semana está previsto que lo hagan los padres y un hermano de la víctima y no se descarta que comparezcan también los policías que se hallaban en la Seccional 32 el día de la muerte: el oficial Roberto Arias, el auxiliar Eduardo Ordóñez y el cabo Carlos Zamora. Los representantes letrados de los Morales (Cazabán y Hugo Gervasi) preparan una demanda contra el Estado por la muerte del muchacho, por incumplimiento de los deberes de funcionario, en caso de que se determine suicidio, o por homicidio.
Nota de la Redacción. recuerden los lectores que el juez Yacante es aquel que, señalando a los policías, le dijo al angustiado padre de Sebastián Bordón “Yo tengo que cuidar a mi gente”… Y de paso, ¿no les resulta familiar la historia del detenido por delito menor que de pronto se deprime y se suicida en una celda de las maneras más inverosímiles? Revisen el Archivo de Casos…

A UN AÑO DEL ASESINATO DE NATALIA
Al cumplirse un año del asesinato de la adolescente Natalia Melmann en la ciudad balnearia de Miramar, peritos de la Corte Suprema de Justicia bonaerense comenzarán a realizar estudios de ADN sobre las muestras de vellos púbicos de dos policías procesados por el hecho, el cabo Ricardo Anselmini y el sargento primero Oscar Echenique. La semana pasada el padre de la adolescente, Gustavo Melmann, había adelantado que unos estudios preliminares de las muestras habían dado como resultado que eran “coincidentes” con los vellos hallados en el cadáver de su hija. El estudio de ADN que comenzará hoy, exactamente el día del primer aniversario, será una prueba para determinar si los policías estuvieron o no vinculados al hecho.
Echenique y el sargento primero Ricardo Suárez fueron procesados hace meses a pedido del fiscal marplatense Marcos Pagela como supuestos partícipes del homicidio de la joven, aunque ambos se encuentran en libertad tras apelar la prisión preventiva ante la Cámara de esa ciudad. Anselmini, en tanto, se encuentra imputado, aunque nunca fue procesado ni detenido, por lo que continúa en actividad.
Por el momento, el único procesado y detenido por el homicidio es Gustavo “El Gallo” Fernández, presunto informante policial, quien podría ser sometido a proceso oral y público antes de mitad de año, ya que el 18 de marzo próximo vence el plazo procesal para elevar la causa a juicio oral.
Para conmemorar el primer aniversario del crimen de Natalia, sus padres realizarán el 4 de febrero una marcha por la ciudad de Miramar, acompañados por otros familiares de víctimas de la represión policial. A las 2 de la madrugada se realizará una marcha de antorchas por la costa de Miramar y todos los boliches bailables apagarán las luces y la música por un minuto para recordar a Natalia, que fue vista con vida por última vez justamente cuando salía de bailar.

PRIMER INTERROGANTE DEL AÑO 2002
Usted, ¿qué cree? ¿Aplicará el Canciller Ruckauf sus recetas de “mano dura” al FMI? ¿Tendrá “tolerancia cero” con el Banco Mundial? ¿Le “meterá bala” a los usureros internacionales?

PERSECUCION Y REPRESION CONTRA LOS PIQUETEROS SALTEÑOS
Los piqueteros del norte de la provincia de Salta denunciaron públicamente la persecución constante de que son objeto en el marco de su lucha por trabajo digno. El pasado fin de semana un joven integrante del piquete sur de la ruta 34, que se encontraba alejado del corte de ruta, fue detenido por personal policial y brutalmente apaleado. Otro grupo de compañeros que había ido en un camión a buscar ramas y cubiertas fueron atacados por tropas de gendarmería que dispararon balas de goma sobre el vehículo, hiriendo a varios piqueteros.
Las ciudades y pueblos del departamento de General San Martín continúan virtualmente rodeados por tropas de gendarmería enviadas por el juez federal Cornejo y el gobernador Romero. Preocupa especialmente la suerte de dos compañeros piqueteros cuyo paradero se desconoce hace varios días.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 7 de febrero, 19:00: REUNION PREPARATORIA DE ESCRACHE A LOS RESPONSABLES IDEOLOGICOS DE LA REPRESION DE DICIEMBRE DE 2001, en la sede de la LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE, Av. Corrientes Nº 1785, 2º “C” de Capital Federal. Convocan: COMISIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE CARLOS “PETETE” ALMIRON, CORREPI, CEPRODH, LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE, REPIQUE.

Viernes 8 de febrero, 19:00: MISA POR LA VIDA en Gral. Pintos y Beruti, Capilla San Francisco de Asis, Barrio san francisco del Partido de San Fernando. Convocan los padres Víctor “Frente” Vital en el tercer aniversario de su asesinato por la policía bonaerense, invitando a todos los familiares de víctimas a concurrir portando todo lo que pueda identificar a cada chico.

Sábado 9 de febrero, 17:00: Marcha en Floresta en repudio al triple asesinato, desde Gaona y Bahía Blanca.

24 de febrero, desde las 15:00 en la estación de R. de Escalada: Festival en homenaje a Carlos “Petete” Almirón en el marco de los actos en el segundo mes de la masacre. Convoca Comisión de familiares y amigos.

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