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Antonio Leguizamón tenía 24 años y hacía unos meses había egresado de la escuela de oficiales de la Policía Federal. Vivía en Lanús. Un sábado de febrero quiso ir a bailar. Dejó su arma reglamentaria y su placa identificatoria en casa, lo que desde noviembre de 2001 está permitido a los federales de franco. A dos cuadras de su domicilio paró su auto Fiat Palio rojo y bajó a conversar con su vecino Jorge M. Sosa, también policía federal. A escasos cincuenta metros, Julio N. Miranda, otro vecino y federal retirado, la emprendió a balazos contra un grupito de jóvenes que según él habrían intentado robarlo. Los pibes corrieron en dirección a Leguizamón y Sosa. Este último, como buen yuta, desenfundó su 9 mm. y se sumó a la cacería. Leguizamón atinó a esconderse detrás de su auto. Al cabo de unos instantes y cuando los presuntos ladrones ya no estaban a la vista, Antonio Leguizamón yacía en el piso. Había recibido un tiro que entró por la espalda y salió por el esternón. Murió poco después.
La policía bonaerense no detuvo a nadie. Se incautaron el arma reglamentaria de Sosa y la 11,25 del retirado, y se secuestraron vainas servidas de ambas armas policiales. No había señales de otros disparos. La reacción de la inmaculada institución fue la de siempre: sacaron a relucir el cadáver para pedir más represión, titulando en los medios “Servidor público abatido por delincuentes de frondosos antecedentes”, “Cae policía en un enfrentamiento”, y más bla, bla, bla.
Mientras la familia de Leguizamón estaba en el velorio, el padre del policía Sosa junto con el cabo Andrés Franco fue a la casa de la madre de la víctima. Saltaron la tapia para ingresar clandestinamente. Con engaños lograron que el familiar que estaba cuidando al nieto de la Sra. de Leguizamón les dejara sacar el arma reglamentaria y los dos cargadores del policía que había muerto desarmado. Luego fueron a un descampado e hicieron dos disparos. Acto seguido, Sosa padre informó al fiscal de la causa que había encontrado en su domicilio el arma que Leguizamón había usado en el tiroteo.
Antonio Leguizamón no sólo fue una víctima del gatillo fácil de sus camaradas, sino que le plantaron su propia arma para simular que participó en un inexistente “enfrentamiento” y garantizar la impunidad de sus asesinos. La madre de Leguizamón, Susana Yedro, creyó por un breve tiempo que los jefes de su hijo iban a investigar lo que ocurrió. No se comió el verso del enfrentamiento con ladrones pero confió en la institución y en la fiscalía, hasta que comprendió que la maraña dde encubrimiento dejaría impune el homicidio. Pidió ayuda a la CORREPI.
Hemos sostenido que nosotros no hacemos discriminaciones cuando es el Estado el que mata.Así como defendemos a luchadores populares sin interesarnos su pertenencia política, defendemos a vìctimas de la violencia institucional sin preocuparnos si son “inocentes” o “no”. Nunca nos interesó saber si la víctima era un “pibe chorro” o el abanderado del grado si se habían violado sus derechos humanos. En el caso de un cana víctima es lo mismo. CORREPI no duda en reclamar castigo a los culpables tanto si la víctima fue un santo, fue un ladrón, o como en este caso, un cana.
Ya tuvimos situaciones similares como el caso Rodolfo Herrera, ex policía rionegrino extorsionado, torturado y picaneado hasta morir por sus colegas de la bonaerense. Leguizamón es una víctima más de la violencia policial. Un policía federal víctima del gatillo fácil de la Policía Federal, con el agravante del modus operandi del encubrimiento por parte de otros miembros de la federal que sólo piensan en como hacer zafar a los camaradas involucrado.
El compañero Stragá acompañó a la madre de Leguizamón en su denuncia pública del hecho, cuando ella expuso el caso, con todos sus ingredientes, en el canal de cable TN. Y parece ser que, una vez más, se manifestó la mezquindad de ciertos sectores de “izquierda”, campeones de la congruencia, de la intransigencia, del puritanismo, de criticar sin mirarse el ombligo y por cierto, de hablar al reverento pedo. Sin escuchar, y menos aún pensar.
A partir de la aparición pública del caso, algunos andan diciendo que la CORREPI “defiende un cana”. Si los compañeros, antes de abrir sus bocotas, hubieran escuchado que se trataba de un policía desarmado fusilado por otro y encubierto por toda la institución, con enfrentamiento inventado, arma plantada y todo, quizás no hubieran hablado por hablar.
Esperamos que los homicidas de Antonio Leguizamón pronto acompañen a los muchos federales presos en unidades carcelarias, de los cuales -según datos publicados por Clarín- el 18 % debe su condena a la tarea de los abogados de CORREPI.
CORREPI - 1º de septiembre de 2002