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Un alto oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense reconoció que hay tareas de inteligencia realizadas por la Secretaría de Información a su cargo respecto de abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional y otros abogados de DDHH.
En el marco de la acción de habeas data iniciado por abogados de CORREPI contra la provincia de Buenos Aires con motivo del “Despacho 02/01″ que ordena comunicar a la Secretaría de Informaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense toda visita de los abogados de la organización antirrepresiva a penales de esa provincia, incluyendo los nombres de los internos entrevistados, declaró hoy ante el Juez Lavié de La Plata el Inspector Mayor del SPB Carlos A. Scheffer, titular de esa secretaría, y firmante de la directiva detectada por CORREPI en junio de este año.
Scheffer, quien ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense en 1974 y tuvo como último destino la Unidad 29 de máxima seguridad, se presentó a la audiencia fijada para las 10 de la mañana pasadas las 2 de la tarde, y acompañado por un abogado del servicio al que el juez, a pedido de los abogados de CORREPI, ordenó retirarse de la sala, ya que las personas citadas como testigos no requieren patrocinio letrado. Los Dres. León Zimerman, Daniel Stragá, María del Carmen Verdú, Gabriel Lerner, Sergio Smietniansky y Gerardo Etcheverry (de CORREPI); el Dr. Rubén Tripi del CeproDH y los Dres. Luis Valenga y María Fernanda Doldán Aristizábal -vinculados a CORREPI y conocidos defensores de DDHH- integran desde enero de 2001 una “lista negra” que el oficial Scheffer remitió a todos los penales de la provincia, requiriendo que cada vez que alguno de ellos concurra a una unidad, le sea informado, aclarando a qué detenido visitaron.
Durante la audiencia los peticionarios fueron patrocinados por los Dres. Arturo Podestá de la Comisión de Defensa de la Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Juan Carlos Abud, Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Paladino, Secretario General del Colegio de Abogados de La Plata, y Saladina Alvarez Peña, del Colegio de Abogados de Quilmes, toda vez que las instituciones profesionales entendieron la cuestión como violatoria del libre ejercicio de la profesión y discriminatoria tanto para los letrados afectados como para sus defendidos, además de constituir el hecho un grave riesgo para unos y otros. La Provincia de Buenos Aires, a través de la Fiscalía de Estado, asumió la representación del Servicio Penitenciario Bonaerense, aclarando el abogado presente que su función era “defender el interés patrimonial de la provincia”, sin reparar que se trata de una acción de amparo por habeas data cuyo objetivo es conocer la existencia de estas tareas de inteligencia y acceder a los archivos así formados en violación al derecho a la intimidad de las personas.
El inspector Scheffer, a cargo de la Secretaría de Información, argumentó en su larga declaración ante el juez Lavié -interinamente a cargo del juzgado nº 19 de La Plata- que en enero de este años “los servicios” que su dependencia destina a diferentes cárceles le alcanzaron una nota anónima, a la que calificó como sin fundamentos, sentido ni lógica, en virtud de la cual -y a pesar de que “no tenía entidad para dar intervención a la Justicia”- ordenó que se le informara por escrito cada vez que alguno de los letrados mencionados visitaba un interno en cárceles de la provincia de Buenos Aires. El presunto anónimo, plagado de exageradas faltas de ortografía y redactado en un forzado estilo “tumbero”, acusaba a los abogados antirrepresivos de “armar embrollo para pirar con fierro”, indicando que ellos “tienen fierros y ayuda de afuera” para facilitar motines y fugas.
Ante las preguntas de los accionantes, Scheffer debió admitir que la denuncia “carecía de todo viso de seriedad”, pese a lo cual decidió redactar y firmar la orden interna que sigue vigente, pues no ha sido dejada sin efecto hasta el presente. Con la excusa de ese anónimo se registraron las concurrencias a cárceles efectuadas por los integrantes de la organización, quienes este año han visitado por ejemplo, a presos políticos y luchadores sociales represaliados como Emilio Alí, Raúl Castells, Roberto Martino y los 57 presos del MTR, además de aquellos internos deseosos de denunciar homicidios o torturas ocurridas en las cárceles. El experimentado penitenciario incurrió en numerosas contradicciones, como cuando afirmó que los informes le llegaban de manera verbal, sin dejar registro alguno, para luego mencionar la existencia de “documentación”, “archivos” y “faxes” reservados. También resultó poco creíble cuando afirmó que el objeto de la medida era “brindar cobertura y protección a los abogados del listado”, pero no puso la situación en su conocimiento ni promovió denuncia penal alguna, sino que, por el contrario, se vigila a qué cárcel concurren y a qué preso visitan.
Aunque Scheffer intentó calificar las tareas de inteligencia realizadas como habituales y ordinarias, debió reconocer que nunca antes se habían dispuesto similares medidas respecto de abogados, y que conoce la existencia de CORREPI como organización antirrepresiva.
Finalizada la audiencia alrededor de las cinco de la tarde, los profesionales solicitaron al Juzgado que se expidan copias certificadas del acta para promover denuncia penal a fin de que se investiguen las ilegales labores llevadas adelante por los “servicios” del servicio penitenciario, a la espera de que el Juez Lavié ordene otras medidas pendientes, como la declaración testimonial de la oficial de la Defensoría nº 4 de Morón, que depondrá sobre la inexistencia en esa jurisdicción de toda causa vinculada a los abogados de CORREPI, y otras pruebas motivadas por el testimonio recibido en la fecha.
Mientras tanto, el Despacho 02/01 sigue vigente, y los servicios vigilan defensores y defendidos.
CORREPI, 12 de diciembre de 2001.