CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

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Boletín Informativo N° 274

Correpi :: 06.06.04

SUMARIO
1- Habeas corpus contra el fiscal antipiquetero
2- La Blumbergmanía sigue atacando
3- Amicus curiae a favor de la CORREPI
4- Un gobernador \”derecho y humano\”
5- Condena por torturar
6- Fusilamiento y abandono
7- Próximas Actividades

HABEAS CORPUS CONTRA EL FISCAL ANTIPIQUETERO
La Plata cuenta con algunos jueces y fiscales que son la vanguardia de lo reaccionario. Ya en anteriores ediciones de nuestro boletín hemos expuesto las calidades ideológicas de tipos como Melazo, que renunció a su candidatura a diputado por Patti porque no lo pusieron primero en la lista, de Heredia, que con tal de meter piqueteros presos se saltea párrafos de resoluciones de la Corte Suprema, o del magnánimo Marcelito Romero, baluarte indiscutido de la represión.

Lo demostró acabadamente esta semana, cuando en una ordinaria provocación, mandó prohibir la presencia de todo piquetero que de acuerdo a la policía porte armas impropias (palos, caños, o elementos intimidantes similares), o que tengan los rostros cubiertos. Ordenó también que si tales personas se niegan a sacarse sus pañuelos o dejar sus palos, se les debe iniciar causa por intimidación pública, que él con ahinco llevará adelante para que los pobres organizados sean debidamente metidos presos.

Ante semejante medida represiva, con al firma de nuestro compañero el diputado León Zimerman CORREPI interpuso recurso de habeas corpus preventivo a favor de los miles de personas que viéndose obligados a protestar puedan ver amenazada su libertad individual por el comisario (perdón, el fiscal) Romero.

Las “instrucciones” del funcionario al ministerios de seguridad (léase policía bonaerense) es viola derechos constitucionales y los principios generales del derecho más elementales, como el de legalidad y debido proceso. Mal puede ordenarse “recabar elementos probatorios” filmando y fotografiando personas indeterminadas para acreditar supuesto delitos que no se han producido aún, ni se puede saber si se producirán.

Dice CORREPI en su presentación: “En su afan represivo, lo que el fiscal considera a priori “actividad delictiva” respecto de la cual requiere la colección de pruebas, es la participación en cualquier tipo de movilización, dando por sentado que cualquier persona que lleve el rostro cubierto (i. e., alguien que se proteja del frío con una bufanda) o que porte algún elemento asimilable a los que ejemplifica, está delinquiendo. Las directivas de Romero son un atentado directo a derechos de raigambre constitucional como el derecho de reunión y de petición a las autoridades y su cercenamiento previo al hecho está dado con la amenaza de la persecución penal a quien se movilice.” Además Romero al exigir la obtención de imágenes fotográficas o fílmicas viola el derecho a la intimidad, que también tienen los pobres. El habeas corpus recayó en el Juzgado de Garantías Nº 3 del Dr. Aspro.

Desde las organizaciones populares platenses se está organizando un gran juicio popular contra estos instrumentos judiciales de la derecha. La CORREPI ha sido invitada a aportar testimonios y a preparar la acusación popular. Los compañeros Pandolfi y Verdú serán testigos de la actuación persecutoria de Romero y Heredia en causas como la de agosto de 2001 contra el Mov. Teresa Rodriguez y otras.

LA BLUMBERGMANIA SIGUE ATACANDO
El invento de la derecha llamado Juan Carlos Blumberg sigue dando sorpresas únicamente para los ingenuos y distraidos. Para algunos periodistas esta semana hubo una nueva sorpresa, que para CORREPI es una muestra más de que el tipo es un facho que utiliza la muerte de su hijo para desparramar su ideología autoritaria, clasista y represora.

Algunos empezaron a fruncir la nariz cuando rápidamente se juntó con Ruckauf y Casanovas. Otros se empezaron a arrepentir de firmar los petitorios para encanar pobres, cuando pretendió denostar la memoria del chico Sebastian Bordón y defendió a la policía torturadora y asesina de Mendoza. Más de uno dijo entonces que “mostró la hilacha”.

Pero la sigue mostrando: el “canosito” nombró como abogado a un colaborador de la dictadura militar. Nada más ni nada menos que a Roberto Durrieu, que fuera subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla entre 1978 y 1981. En el momento más álgido del genocidio, Durrieu “manejaba” la justicia de la Argentina. Antes de ello, entre 1976 y 1978, Durrieu había sido fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, cuando el general Ramón Camps dirigía la Policía Bonaerense.

Para conocer el perfil del abogado de Blumberg basta mencionar que hay que acordarse por ejemplo que Camps le dedicó el libro que escribió sobre el caso Timerman (”Punto Final”); que en 1987 fue firmante de una solicitada en solidaridad con Jorge Rafael Videla, quien ya había sido condenado por violaciones a los derechos humanos; que defendió a varios represores de la dictadura, defendió a Domingo Cavallo en las coimas IBM-Banco Nación; defendió a Andrés Deutsch, dueño de LAPA, por el accidente en Aeroparque; contratado por el FMI, defendió a Jorge Baca Campodónico, prófugo de la Justicia peruana.

Así como se dedicó a denostar la candidatura de Zaffaroni a la Corte acusándolo de “defensor de delincuentes”, se dedica permanentemente a descalificar a homosexuales y piqueteros. Durrieu es actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entidad minoritaria que agrupa a unos 400 letrados de los estudios más tradicionales. Desde ese cargo ha dicho (en Radio 10) y escrito (en La Nación) cosas como:

La Ley de Unión Civil que, en la Ciudad de Buenos Aires, legaliza la convivencia entre personas del mismo sexo, implica consumar un extravío que los poderes públicos deben evitar a toda costa, so pena de dar pasos irreversibles hacia la disolución de las bases sociales”
“Es lamentable la pasividad absoluta de la policía ante tales demostraciones (piqueteras)”; amenazó a los fiscales que no acusan a quienes obstruyen el tránsito con “denunciarlos por incumplimiento de los deberes del funcionario público”; y calificó a las organizaciones piqueteras como “organizaciones delictivas con intereses políticos”″.
Para los que no entienden: Blumberg elige este abogado porque piensa de la misma manera.

AMICUS CURIAE A FAVOR DE LA CORREPI
Otra que ha hecho polìtica de derecha a partir de la muerte de su hijo es Mirta B. de Pérez. La actual diputada no tuvo ningún empacho en pasar de los sets de Mauro Viale a ser candidata de cuanto partido de derecha se le presentó. Estuvo con Patti, luego fue candidata con el antiguo masserista Alberto Pierri a favor de Menem y al final terminó siendo electa por el carapintada Rico. Es decir un “chiche” fascistoide.

Esta diputada inició acción penal contra nuestro compañero Daniel Stragá, cuando éste le dijo lo mismo que muchos pensamos de ella y del “bueno” de Blumberg.

Ante la inminencia de una audiencia prevista para esta semana, desde diversos sectores se lanzó la idea de pefectuar una presentación “amicus curiae” -es decir, como amigos, no partes en el proceso- en defensa del compañero y de nuestra organización.

La defensa técnica de Stragá formuló un planteo de nulidad y de inadmisibilidad de la querella y adelantó que no se retractará de lo que dijera, por ser lo que piensa.

Aquellos que deseen adherir al escrito que será presentado ante el juez Canicoba Corral pueden solicitarlo por este intermedio, o verlo en www.correpi.lahaine.org.

GOBERNADOR DERECHO Y HUMANO
El gobernador Jorge Busti designó al frente de la dirección de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos a un policía que tiene un frondoso prontuario de participación en la última dictadura militar y en casos de gatillo fácil.

El lunes 31 de mayo se presentó una denuncia ante los tribunales de Concordia impugnando la designación del Comisario Mayor Aníbal Ruperto Palacios. Se lo acusa de “ser responsable directo del delito de supresión de identidad y aplicación de torturas, en la última dictadura militar”. Palacios pertenecía a un grupo de tareas que funcionaba en la seccional 4º, bajo la coordinación del tristemente célebre Teniente Coronel Dasso.

La acusación contra Palacios alcanza también al gobernador Jorge Busti, al Ministro de Educación y Justicia Sergio Uribarri, y el Director de Derechos Humanos, Dr. José Halle. Se les endilga la responsabilidad del nombramiento.

La denuncia fue reforzada con la identidad de ciudadanos de Concordia que fueron detenidos y torturados por el grupo de tareas de Palacios, quien además estuvo detenido y procesado por la muerte de los hermanos Taborda, en un supuesto enfrentamiento con la policía, ocurrido en 1978. De acuerdo a la versión policial, los Taborda portaban un arma que luego de un peritaje se comprobó que hacía años no era utilizada y que “no estaba en condiciones de funcionar”.

La jueza Mc Loughlin imputó y procesó a los policías implicados. La Cámara Criminal confirmaría el procesamiento y prisión
preventiva, aunque seis meses después fueron absueltos.

Palacios también estuvo detenido en el daño 1988 mientras se desempeñaba como jefe de investigaciones en la departamental Concordia y luego de comprobarse su responsabilidad en el secuestro y tortura de 4 personas, una de las cuales era menor de edad.

Palacios está sindicado además como integrante de la “Escuela Campbells” en referencia al ex jefe policial de tiempos de la dictadura que aconsejaba “volver al sistema de las 24 hs.”, lo que significaba tener desaparecida durante un día a una persona “para que la policía pudiera actuar sin inconvenientes”.

Este es el “modelo” de la policía que pretende el gobernador peronista Busti. El dìa de su nombramiento, Busti sostuvo “queremos extirpar de la fuerza a los malos policías. Por eso esta convocatoria y la jerarquía que le damos a este acto. No tengo ninguna duda que el comisario general Palacios va a cumplir esta misión como nosotros esperamos”.

Busti, gobernador derecho y humano. Al igual que sus policias.

CONDENA POR TORTURAR
El 12 de mayo del 2000 el joven peruano Fernando Monteza Spinetta iba caminando por Santiago del Estero. A unos policías de la delegación federal les llamó la atención que lo hiciera muy ligero, y lo pararon. De acuerdo al sumario, le secuestraron 88 envoltorios de papel metalizado supuestamente conteniendo cocaína.

Lo llevaron a la Cria. 16ª. Entró a las 23, y a las 23.30 lo vio un médico. Alrededor de las 2 de la madrugada empezó el calvario. En la oficina del “servicio de calle” (la patota) comenzaron a golpearlo, después le vendaron los ojos y le mojaron todo el cuerpo y le dijeron que le iban a aplicar electricidad. No lograron “picanearlo” porque el cable de la soldadora que tenían a mano era muy corto.

Como consecuencia de los golpes Monteza Spinetta sufrió la fractura de tres costillas. Los policías intentaron tapar todo lo ocurrido falseando un informe clave: a la hora del examen médico, a cargo de un legista, llevaron a otro detenido, que estaba sano y lo hicieron pasar por el peruano. Pero la trampa no les resultó y cinco de ellos terminaron encausados.

En la ultima semana de mayo se sustanció el juicio oral contra los policías, dos oficiales y un suboficial. El viernes 21 el Tribunal Oral Federal Nº 6, los condenó a penas de tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo como coautores del delito de “apremios ilegales”.

Otra vez los jueces se agarraron de esta figura, de pena menor, para no sentenciarlos por tortura cuya pena tiene un mínimo de 8 años.

Los torturadores son José Luis Garrigos (44), el oficial inspector Claudio Peralta (33) y el sargento Carlos Raúl Escudero (38).
A estos policías - de la benemérita Policía Federal- es que los Beliz, los Quantin, los Ibarra, etc. les dan constantemente mayores atribuciones y facultades. Para torturar ¿entiende?.

FUSILAMIENTO Y ABANDONO
La cronica periodística describió que un empresario de 35 años ultimó a disparos a dos chorros e hirió a un tercero que intentaron asaltarlo luego de retirar 10.000 pesos de un banco del centro porteño. Fue alrededor de las 12 del viernes 4 en la avenida Córdoba entre Esmeralda y Suipacha, en momentos en que gran cantidad de transeúntes pasaban por allí.

Según el diario Clarín, el empresario comenzó a forcejear con los ladrones hasta que lo golpearon con una pistola en la cabeza; él les entregó el dinero y escaparon en una moto. Pero cuando los asaltantes habían recorrido unos metros, el empresario sacó una pistola calibre 9 milímetros y comenzó a tirar. Efectuó 13 disparos. El arma de los asaltantes nunca fue disparada.

Uno de los ladrones cayó muerto en Córdoba al 800. Los dos cómplices, heridos de bala sobre la moto, doblaron en Suipacha y a 150 metros uno de ellos cayó desvanecido. El tercero, también baleado, siguió a pie hasta que fue detenido en la avenida 9 de Julio. El asaltante que quedó herido en Suipacha al 600 murió media hora después.

Pero lo que la crónica periodistica nunca dice, porque generalmente no investigan nada, es que el caido en Viamonte y Suipacha no murió inmediatamente. El Sr. Hugo Piñero estaba haciendo trámites en la Dirección de Rentas en esa esquina y vio al herido caído en el piso, vivo. Había media docena de policías. Entró a Rentas, y al salir un buen rato después la escena era la misma, el tipo aún vivo, y ni señales de ambulancia.

Preguntó a la cana si habían llamado al SAME, y le respondieron “si quiere llame Ud. al 107″. Lo hizo, y la operadora le confirmó que no había otro llamado de la misma zona por un herido. Siguió sus trámites y al volver a pasar más tarde, vio que el hombre ya había muerto. Llamó a la CORREPI y probablemente el lunes haga la pertinente denuncia ante la Cámara por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de personas.

¿Alguien puede sorprenderse de que la PFA no llame a la ambulancia cuando hay un presunto delincuente herido y que lo deje morir?. Hay que ver si a los jueces les interesa investigar estos hechos.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Semana Contra la Criminalización de la Protesta:

Lunes 7, a las 20:00, Facultad de Filosofía y Letras, Púan 480, “Derechos Humanos Hoy” con Pepino Fernández y Hippie Fernández (UTD Mosconi), Marina Schifrin (docente de Bariloche), Dra. Mara Puntano, Hugo Trinchero, vicedecano de Filosofía y Letras, Graciela Daleo, (Cátedra Derechos Humanos de Filosofía y Letras), Dr. Claudio Pandolfi (integrante de Correpi y defensor de movimientos de desocupados del gran Buenos Aires), Mesa de Escrache Popular.

Martes 8, a las 18:00 Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo T. de Alvear 2230, “La criminalización de la protesta”, con Pepino Fernández y Hippie Fernández, (UTD Mosconi), Marina Schifrin, (docente de Bariloche), Dra. Mara Puntano, Norma Giarracca (profesora UBA, integrante de RIAA), Fernando Kosovsky (abogado de movimientos sociales ) e integrantes de los movimientos MTD Solano y Guernica, MTR, Aníbal Verón, UTP.

Martes 8, a las 21:00, Facultad de Ciencias Económicas, Avda Córdoba 2122, Cátedra Libre Poder Económico y Derechos Humanos “La otra cara de la crisis energética: represión y saqueo” con Pepino Fernández y Hippie Fernández (UTD Mosconi); Marina Schifrin (docente Bariloche), dra Mara Puntano, Grupo Moreno.

Miércoles 9, a las 19:00, Auditorio de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Irigoyen 1584, “La protesta social no es delito” con Pepino Fernández y Hippie Fernández (UTD Mosconi) Marina Schifrin (docente Bariloche), Dra. Mara Puntano, Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Claudia Korol (Equipo de Educación Popular de la Universidad Popular de las Madres) y Maristella Svampa, (profesora universitaria, investigadora del Conicet, integrante de la Red de Intelectuales, Artistas y Académicos por la defensa de los derechos fundamentales –RIAA- ).

Jueves 10 de junio, 20:00, Encuentro con Asambleas Autónomas, Caseros 249, Puente Saavedra, “La protesta social no es delito” con Pepino Fernández y Hippie Fernández (UTD de Mosconi), Marina Schifrin (docente Bariloche) Claudio Pandolfi (integrante de Correpi y defensor de movimientos sociales) Gastón Sánchez, abogado de la Comisión contra la Represión Policial y la Impunidad en la Zona Norte.

Viernes 11, 11:00, Alegato público en las escalinatas de Tribunales.
Viernes 11, 13:00, Presentación en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

14 de junio, 19:00, Debate en el Teatro del Pueblo con Alberto De Renzis, Alfredo Grande y Ramiro Geber (CORREPI), sobre “INSEGURIDAD, DELITO Y SOCIEDAD”.

18 de Junio: Movilización a la Embajada Peruana (AV. LIBERTADOR 1720) Por la libertad de todos los presos politicos en Perú
Concentración en Pueyrredon y Las Heras a las 15:00.

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