CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

RAZZIA A ESCOLARES (agradecemos el informe a los compañeros de la UADH de Rosario)
El viernes 18 de junio, a la salida del turno tarde de la Escuela 56 Almafuerte de Rosario, fueron detenidos 7 niños y un joven de más de 18 años por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Pese a la intervención de la Directora y una Maestra del establecimiento, tratando de evitar que los apresaran, la cana los introdujo en tres móviles de la mencionada banda policial, y fueron llevados a la seccional 7ª. Los compañeros de la Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos intervinieron inmediatamente ante la propia comisaría y el Juez de Menores. Se les informó que los detenidos estaban “por averiguación de captura”. La presencia de docentes en el local policial, así como de los padres, pudo corroborar que no existía ninguna denuncia contra los niños y el joven apresado y se produjo la liberación de los pibes.

Evidentemente el hecho debe inscribirse en una típica razzia policila y se vincula con la famosa facultad policial de detener por “averiguación de antecedentes”, ratificada recientemente en la Legislatura de Santa Fe. Implica asimismo que es mentira que se detenga a niños “en riesgo” o “en peligro moral” o todas esas explicaciones que los funcionarios y canas dan cuando cometen este tipo de atropello.

Como dijeran los compañeros de la UADH, a diez pasos de una escuela a la cual están integrados como alumnos o ex alumnos, con la intervención de docentes pidiendo que no se los lleven, no se puede siquiera imaginar que pudiera ser cierto, a menos que la cana pretenda ahora que para un chico es mejor una comisaría que una escuela (cosa que bien puede ser lo que piensan).

Por otro lado, la intimidación, persecución, apresamiento y otras arbitrariedades contra los niños de las escuelas, están enmarcados en la campaña que ha lanzado el Ministerio de Educación de Santa Fe, el que mediante un convenio hace que los móviles y personal de la siniestra Drogas Peligrosas se apersonen en los establecimientos para hacer saber que sus rondas y móviles van a “saturar” las inmediaciones de las escuelas.

MASACRE DE CORRIENTES
Este martes 6 de julio se realizará en el subsuelo de la Secretaría Electoral, Tucumán 1320 de la ciudad d eBuenos Aires el esperado careo entre el ex ministro del Interior Federico Storani y el Comandante de Gendarmería Ricardo Chiappe, ante el Juez Federal Soto Dávila de Corrientes, en la causa por la masacre en el Puente Interprovincial en 1999.

Los tres protagonistas responsables de la masacre pretenden en un oscuro encuentro sellar la impunidad para esta feroz represión, que provocara la muerte a dos correntinos, Mauro Ojeda y Francisco Escobar y cerca de treinta heridos de bala de fuego. Este fuerte operativo represivo constituyó una prueba piloto para la ofensiva contra los sectores populares que se completó el 19 y 20 de diciembre de 2001en todo el país y el 26 de junio de 2001 en el Puente Avellaneda.

Es notable que quien dió la orden en nombre de De la Rua, el autodenominado “último progre” Freddy Storani; el que judicialmente dió impulso a la represión y el que la planificó militarmente y la ejecutó, se junten en un diminuto despacho a màs de 1.500 km. del lugar donde desparramaron sangre, para encontrarle la vuelta para que ninguno de los tres se encuentren involucrados.

El careo responde, procesalmente, a que Chiappe sostuvo que Storani fue quien ordenó el accionar conjunto de las fuerzas que intervinieron para la “pacificación” que el flamante gobierno de la Alianza iba a implementar para domesticar a los correntinos, mientras que Storani dice que no tuvo nada que ver, que el desalojo militar fue ordenado por el juez, y él se enteró a las 7 de la mañana. Lo que deja a Kafka sin libreto es que quien debe tomar la audiencia es justamente el juez federal acusado por Storani.

Lo que sí hay que aclarar es que Storani utilizó cuanta excusa, chicana y dilación tuvo a su alcance para impedir que este careo se realizara. ¿No le tendrá confianza a sus “consortes” de averías?

Junto a la Comisión de Víctimas de la Represión del 17 de Diciembre de 1999 y la Comisión de DDHH de Corrientes convocamos a todas las organizaciones populares a movilizarse contra la impunidad frente a la Secretaría Electoral, Tucumán 1320, este martes 6 de Julio a las 9:00.

FISCALES DE MANO DURA
Hace rato que la CORREPI viene denunciando la actuación de fiscales antipiqueteros en la jurisdicción de La Plata, y también la labor de encubrimiento que unos fiscales federales han prodigado para dejar impunes a terroristas de estado, policías o políticos represores.

Hasta ahora estos últimos no se dedicaban afanosamente a judicializar la protesta. Pero parece que la moda de perseguir a piqueteros pasó de la “ciudad de las Diagonales” a la Capital Federal. Los funcionarios del Ministerio Público bonaerense han marcado el camino a los federales. Si los fiscales “independientes” del poder político bonaerense hostigan con causas judiciales a los que luchan, ahora tenemos fiscales federales que también son “independientes” del Poder Ejecutivo Nacional pero que a partir de esta semana se dedicarán a hostigar a los que luchan dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Casualmente idéntico es el discurso del gobernador Solá y del presidente Kirchner. Ninguno está dispuesto a reprimir la protesta. Para eso está la criminalización de la protesta. Y para eso está la republicana división de poderes. Los ejecutivos nada hacen, para eso está el “independiente” Poder Judicial. O los fiscales, que además pertenecen al PE. Casualidad ¿no?.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fiscales Comparatore y Evers (aquellos a los cuales los abogados de CORREPI obligaron a pedir la captura de De la Rua en la masacre de la Plaza de Mayo, mientras ellos quierían saber si Petete era o no un activista), hicieron lugar a una denuncia deducida por el abogado del genocida Etchecolatz. En ese marco le pidieron a la Policía Federal que manden todas las órdenes generales que se adoptaron para prevenir el orden público por las manifestaciones piqueteras.

La denuncia imputa a las autoridades nacionales, a la policía y a los jueces “tolerar” las movilizaciones de grupos “encapuchados y armados con palos”. Haciéndose eco de la misma, los fiscales señalaron que esa denuncia debería ampliarse a los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires también.

Ever y Comparatore son los mismos que impulsaron una supuesta privación de la libertad exclamada ante los medios por el ministro de trabajo Tomada en octubre del 2003, que después el funcionario no pudo fundamentar judicialmente. Ahora, estos “guardianes del orden” reclamaron que la Presidencia de la Nación indique “cuáles son los grupos denominados ‘piqueteros’ que habitualmente realizan actividades” en el área metropolitana, “detallando su denominación, si se encuentran organizados mediante un estatuto, cuáles son sus responsables y si reciben algún tipo de subsidio social por parte del gobierno nacional”. Pretenden también conocer las actuaciones iniciadas por la policía por hechos protagonizados por desocupados en los últimos ocho meses, desde que el comisario general Eduardo Prados asumió como jefe de la Federal.

Esta judicialización de la protesta social se enmarca en el formidable operativo de prensa que se viene dando desde la derecha, responsabilizando de “la violencia” al enemigo público nº 1: el pobre que ha tenido el atrevimiento de organizarse.

En este marco, se va a cumplir un año el proyecto de ley de amnistía impulsado por la CORREPI y que con el apoyo de más de 40 organizaciones populares se presentó al Secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde. Está claro que no prosperó.

INCINERACION FACIL
Una de las formas más recurrentes de “muerte institucional” es aquella que se da estando el desafortunado en custodia de la policía o del servicio penitenciario. Desde CORREPI hemos denunciado muchas veces que aparecen “suicidados” o presos que se “descompensaron”, etc., para disimular la muerte generalmente producto de los tormentos.

Pero la forma más terrible de eliminar los efectos de la tortura es a través del efecto de fuego. Nuestro archivo de víctimas registra muchos casos de detenidos calcinados que bien ameritaría investigar las causas de la “combusitón espontánea” en calabozos.

Un hecho de estas caracterìsticas ocurrió en San Juan y provocó la indignación y movilización popular. La víctima era Claudio Rodríguez, de 24 años, y apareció completamente quemado en un calabozo de la ciudad de Caucete. Su padre afirmó en la misma tónica de nuestra organización “estoy seguro de que a mi hijo lo mataron en el calabozo. Para mí le pegaron y después le prendieron fuego ahí adentro”. Había un antecedente: Hace 5 años el muchacho acusó a policías de esa seccional por una golpiza a unos amigos suyos.

La detención de Rodriguez obedeció a su supuesto estado de ebriedad y por haber provocado desórdenes en la vía pública. Es decir, la excusa para la detención fue una contravención o una falta. La facultad policial para detener, la paliza y después la muerte. Como siempre. Después los políticos dan mayores facultades a los canas de todo el país para seguir deteniendo porque sí.

Dice la crónica periodística que “en circunstancias en que Claudio Rodríguez es alojado en un calabozo individual, los otros dos detenidos se dan a la fuga y los efectivos salen a perseguirlos logrando detener a uno de ellos” y que “cuando regresaron a la dependencia, vieron el humo en los calabozos”.

El jefe de la Policía sanjuanina explicó la remanida versión oficial: el preso se quedó dormido mientras fumaba y el cigarrillo encendió el colchón. Eso sí, el policia admitió que “está fuera del reglamento que un detenido fume en el calabozo, pero a pesar de la normativa, hay veces que a los contraventores no les hacen las requisas correspondientes”. Por eso el juez de turno se contentó con la imputación culposa del hecho y no mucho más para investigar.

El abogado dijo que “más allá de lo que se determine respecto de las causas del deceso, aun si se trata de que a Claudio se le incendió el colchón cuando estaba fumando, hay que determinar qué clase de requisa hacen los policías a los detenidos y si es legal que se fume en los calabozos”.

Los familiares y amigos de Claudio Rodriguez se movilizaron el viernes 2 de julio en Media Agua, para repudiar el accionar de la Policía de San Juan y exigir el esclarecimiento del caso. La marcha partió, minutos después de las 14 horas, del domicilio de la familia Rodríguez, casa 9 Barrio Ruta 20 de Caucete, donde se concentraron alrededor de 500 personas. Como siempre desde el gobierno se intentó hacer fracasar la convocatoria. Pero esta vez el caradurismo llegó al colmo ya que hicieron circular una nota sin firma de autor que publicó un diario sanjuanino, dando cuenta de que la familia desistía de su reclamo de justicia.

JUSTICIA PARA YIYI GUERRA
Manuel Guerra Mollo (Yiyi) es otro chico que murió dentro de una comisaría. Igual que el muchacho sanjuanino, producto del fuego. No calcinado sino, como otros tantos, asfixiado por el humo. Ocurrió en la comisaría del menor de Villa Bosch el 7 de diciembre de 2003.

El juez GALLARDO del juzgado nº 4 de San Martin lo detuvo ilegalmente durante 5 meses y medio por un hurto simple, “delito” que merecía su excarcelación. Primero estuvo detenido en Villa Linch, después fue trasladado a Polvorines donde permaneció cuatro meses. Luego pidió acercamiento familiar y fue enviado a Villa Bosch el viernes 5 de diciembre. En todas las dependencias recibió tratos inhumanos por reclamar sus derechos. La última vez le costo la vida. Dos días después encontró la muerte.

El informe policial en complicidad con un funcionario municipal sostiene el cuento de que todos los presos se quedan durmiendo mientras fuman. Se prende fuego el colchón, y se calcinan o asfixian, como en este caso.

La familia de Yiyi afirma haber constatado en el velatorio que tenía la sien derecha hundida y las primeras falanges de todos los dedos, menos los pulgares, cortadas.

La Comisión de Derechos Humanos de la zona Noroeste a la que adhiere CORREPI llama a marchar el 7 de Julio a la Comisaría de V. Bosch. La cita es a las 16:30 HS en la ESTACION V. BOSCH DEL F.F.C.C. EX-URQUIZA.

SIEMPRE ES LEGITIMA DEFENSA

En el Boletín N° 71 informamos que el 9/5/00 fue ultimado un inmigrante peruano por la Policía Federal. El homicida fue el subcomisario de la Cria. 52ª, Edgardo Russo, que dijo que disparó porque entrevió movimientos raros de parte del joven peruano.

Tomás Llancari Nuñez viajaba en un remise “trucho” que fue interceptado por un móvil no identificable, en el que se desplazabvan el subcomisario Russo y el comisario Raineiri. Ante la presencia policial el inmigrante (que no tenía todos sus papeles en orden) se inclinó para guardar el dinero que había ganado comercializando ropa en una de sus medias.

El subcomisario se acercó a la ventanilla del acompañante, y disparó. Utilizó una pistola sumamente especial, Walther P99 calibre 40. Esta pistola es afamada por ser la que usa el parapolicial británico “con licencia para matar” cinéfilo, James Bond. Pero el Subcomisario Russo no se privó de nada: mató al hermano latinoamericano con un proyectil de punta hueca.

Las balas de punta hueca son balas que se utilizan para caza mayor. No están permitidas ni en la guerra. El objetivo de una bala en caso de conflicto militar es poner fuera de combate al enemigo, por eso las balas que se emplean son blindadas, de bronce o de plomo recubierto de bronce. Nunca hueca porque las balas de punta hueca son para matar, no para herir. Y a los animales, cuando se los caza, se los mata. Igual que a los seres humanos en la jungla de la Policía Federal Argentina.

Hace cuatro años que los abogados de CORREPI batallan para impedir que la causa se cierre. Es que el subcomisario Russo, además de gustar de armas sofisticadas y de munición prohibida, es esposo de la prosecretaria de la Cámara Vª en lo Criminal y
Correccional, Dra. María Rosa Torre de Russo, compañero de tenis del camarista Filosof y cuñado de un prestigiuso abogado y criminólogo.

Todos han movido sus influencias para evitar el procesamiento por el homicidio de un inmigrante ilegal peruano, que después de todo vaya a saber si pagaba impuestos por los joggings que fabricaba y vendía en la feria de La Salada. Ya el juez Rodríguez Lubary (uno con la “marca de la gorrar” bien marcada) lo intentó despegar al principio. Ahora es el juez Calvete el que consideró que pegarle un tiro en el cuello con una bala de punta hueca fue “legítima defensa”.

Ya apelamos a la Cámara Criminal. Veremos que resuelven los colegas de la esposa del asesino.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Martes 6, 9:00, movilización a Tribunales (Tucumán 1320) acompañando a los heridos y familiares de las víctimas d ela masacre del Puente de Corrientes durante el careo del ex ministro Storani y el comandante de gendarmería Chiappe.

Lunes 5 de julio, charla en escuela media de Rafael Calzada.

Miércoles 7 de julio, 16:30, marcha desde la estación de Villa Bosch por Justicia para Yiyi Guerra, asesinado en la comisaría.

CORREPI