CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

ARSLANIÁN APLAZADO EN ARITMÉTICA
El gobierno bonaerense asumió una nueva línea de propaganda en materia de seguridad, anunciando una agresiva política de “búsqueda activa” de prófugos de la justicia, muchos de los cuales son policías. Uno de los recursos para “hacer que buscan” es la inauguración, en la página de la secretaría de seguridad, de fotos de los prófugos. Lástima que la tienen llena de errores. Hay cuatro casos con el apellido mal escrito, o con datos incompletos de las causas; algunas fotos, como la del asesino de Ingeniero Budge Miño es de la época de su primera comunión, y encima no están todos los que son. No está Bonifacio Garay, por ejemplo, prófugo por el homicidio de Omar Lencinas desde 1994, ni Ferreyra, uno de los integrantes del escuadrón d ela muerte de zona norte.

Para peor, parece que al ministro de seguridad bonaerense le falla la calculadora, o no sabe contar. El 15 de julio declaró a cuanto medio quiso oírlo que desde el año 2000 hay 52.000 prófugos en la provincia de Bs. As., cifra verdaderamente increíble, pues sería más de uno por cada policía. Hizo el escalofriante anuncio al mismo tiempo que presentaba la novísima “unidad especial” para buscar y encontrar prófugos, admitiendo que hasta ahora no hay una búsqueda activa de quienes son requeridos por la justicia, sino que se los detiene de casualidad en el mejor de los casos.

Pero al día siguiente el diario La Nación y algún cable muy escondido rectificaron la noticia, aclarando que en lugar de 52.000, son en realidad 5.000. Y no es que se les patinó un cero a los medios, sino que se equivocaron al hacer el cálculo, y tiraron un dato más de diez veces superior al real. Si ni siquiera saben cuántos son, parece difícil que encuentren alguno. O será que en la cifra inicial Arslanián usó el “olfato policial”, y sumó a los “sospechosos” de siempre, víctimas de detenciones arbitrarias cotidianas.

EL CÓDIGO, LA LEGISLATURA Y LA BRONCA
Los titulares de los diarios y los copetes de los informativos radiales y televisivos fueron más dramáticos que cuando comenzó la invasión yanqui a Irak. El “ataque a la Legislatura” ocupó la escena, dejando de lado que el problema central es la decisión política de aprobar una ley represiva sin oir los reclamos populares.

La única instancia de participación democrática en el proceso de reforma del código contravencional (¡termínenla con la truchada de la “convivencia”!) fue la audiencia pública convocada en el Teatro San Martín, en la que intervinieron centenares de vecinos independientes y organizaciones. La abrumadora mayoría nos pronunciamos contra las reformas, incluso contra el sistema contravencional en general, y esa opinión fue totalmente silenciada y omitida por los legisladores que quieren más herramientas represivas. A contramano de lo que se dijo con mucha claridad en esas dos jornadas, insisten con que el código contravencional “es un reclamo de los vecinos”.

La salida que se propone a todos los problemas sociales es la represión. El Código Contravencional es la única ley que los macristas y sus cómplices impulsaron durante reiteradas sesiones. No les importa la vivienda, ni el pago en negro a los estatales, ni la salud, ni el trabajo. Sólo quieren represión.

Mauricio Macri dijo por televisión que se critica a la policía “porque son gatillo fácil, pero no pueden ser así porque son NUESTRA POLICIA” (a confesión de parte, relevo de prueba). Luego reclamó enfáticamente porque “El Estado está en un retroceso permanente.” Que uno de los abanderados de las privatizaciones reclame el accionar (represivo) del Estado demuestra que lo único que esperan de él es ese rol. No deja de ser una demostración más de la línea (absolutamente razonable desde sus intereses de clase) de los grandes empresarios.

Ibarra, por su parte, llamó a reprimir, y aprovechó para insistir con su reclamo de una policía propia.

Lo que ocurrió tuvo que ver con la voluntad política de no permitir a los interesados ni siquiera estar presentes cuando se decide su futuro. Desde la votación contra el veto de las 6 horas de trabajo en los subterráneos, la entrada a las sesiones fue restringida, convirtiendo lo que deben ser debates públicos en sesiones casi secretas.

La decisión el viernes pasado fue impedir por completo la presencia de público. Es tan impopular la norma que quieren sancionar que deben hacerlo a puertas y ventanas cerradas, violando el elemental principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno. Nadie puede decir que había vías legales de cambiar la situación, pues ni aún un recurso urgente ante la justicia hubiera permitido que quienes querían presenciar la sesión ingresaran. En el caso del debate por el horario de los subtes la Legislatura se opuso a cumplir la orden emanada de una jueza en lo contencioso administrativo de la ciudad, con el argumento de que ningún otro poder del Estado puede pretender inmiscuirse en cuestiones internas. Por ende, sólo dejaron abiertas las vías de hecho.

Varias fuentes (entre ellas “La Capital”) señalan que había acuerdo con kirchneristas e Ibarristas para avanzar en el tratamiento de la parte general del Código, aunque algunos temas quedarían a resolver en la votación. Sin embargo, estos acuerdos y desacuerdos no se hacen públicos sino a espaldas de la población. No hay obligación de que quede constancia de quiénes votan cada uno de los artículos, con lo cual si no hay publicidad probablemente ni siquiera se sepa si existieron los 31 votos en cada caso.

Muchas de las personas que reclamaban están en grave riesgo de ser perseguidas con ferocidad mayor por parte de la policía, lo cual significaría hambre y riesgos mayores para ellas y sus familias. Esta desesperación debe ser comprendida (y no fomentada al negarles toda posibilidad de ser tenidas en cuenta).

La mayor parte de las detenciones (si no todas) fueron hechas por personal policial de civil infiltrado entre los manifestantes. Los heridos policiales fueron justamente personal no uniformado descubierto durante estas tareas.

El Gobierno eligió a los “feos, sucios y malos” del viernes para acallar las críticas contra su accionar en el caso de la comisaría 24ª, al tiempo que fomenta la idea de que el tema contravencional sólo afecta a “minorías impresentables”, cuando es la enorme mayoría de la población la que será víctima de más y más detenciones arbitrarias (y lo que viene después, como la tortura).

No se trata de minorías exaltadas contra un reclamo de las mayorías. Por el contrario, quienes reclaman un Código más duro son una minoría cercana a la PFA, mucho menor que la de los afectados.

Los 21 detenidos serán indagados el lunes por la jueza Silvia Ramond, asistidos por abogados de APEL, MST y CORREPI.

ACTO EN PLAZA DE MAYO A 10 AÑOS DEL ATAQUE TERRORISTA A LA AMIA
Una importante cantidad de organizaciones y compañeros respondió a la convocatoria de APEMIA (AGRUPACIÓN POR EL ESCLARECIMIENTO DE LA MASACRE IMPUNE DE LA AMIA) en el 10º aniversario de la masacre. Desde las tres de la tarde se sucedieron los oradores, que coincidieron en señalar la responsabilida del estado argentino y de sus sucesivos gobiernos en la comisión y encubrimiento en el atentado que costó 85 vidas y centenares de heridos.

En primer lugar, y representando a CORREPI y a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, habló nuestra compañera Delia Garcilazo, quien señaló, entre otros conceptos:

Nosotros, los familiares de víctimas de la represión policial, y militantes antirrepresivos, algo sabemos de impunidad y encubrimiento (…)

Además de arrancarnos de nuestro lado a nuestros seres queridos, sufrimos persecuciones, amenazas y ataques cobardes. Como si eso fuera poco, desde los medios periodísticos cómplices y serviles a los gobiernos de turno, nos descalifican en abiertas campañas de desprestigio llamándonos ultraizquierdistas, defensores de delincuentes y violentos. Esos mismos periodistas no decían ni una palabra en la década del 70 cuando el terrorismo de estado ejercido por la junta militar desaparecía personas y sustraía niños.

Este gobierno dice que no va a reprimir las protestas. No lo hace porque no quiera o no desee hacerlo, lo hace por una cuestión de imagen. No reprime con las armas, sí reprime con el código penal en la mano a quienes piden pan y trabajo, y a los que pedimos justicia para nuestros muertos y cárcel a sus asesinos.

Nos hablan de la inseguridad, pero no dicen nada de la inseguridad del estado al no crear fuentes de trabajo; al seguir al pie de la letra las exigencias del FMI, sembrando hambre y miseria a lo largo y ancho del país.

Nosotros no aceptamos integrarnos a esas oficinas gubernamentales de pseudo derechos humanos nacionales o de las intendencias de la ciudad y del conurbano, porque es una forma de tenernos controlados, de que sólo se hagan actividades que al gobierno le convienen, como dar charlas en escuelas de policías, o como cuando, con el pretexto de la Cruzada Axel, marcharon pidiendo más policías, más represión, y endurecimiento de las penas de los delitos cometidos por los pobres.

No dicen anda de los delitos cometidos por la burguesía, banqueros, empresarios, polticos, gobernadores que se enriquecen a costa del esfuerzo y la sangre del pueblo, con vaciamientos, quiebras fraudulentas, estafas, desmantelamiento de la industria y la producción, contrabando industrial, coimas, narcotráfico. de eso no se habla, el delito económigo no paga.

(…) Hambre es REPRESIÓN, no poder estudiar es REPRESIÓN, no poder curarse es REPRESIÓN, no poder vivir de nuestro trabajo es REPRESIÓN. Es REPRESIÓN que cruzando la Gral. Paz haya seres humanos que vivimos peor que animales, que comemos peor que animales. (…)

Vemos a las clases altas y poderosas cada vez más ricas, y nos vemos nosotros cada vez más pobres. Se nos persigue y margina por tener ideas políticas, religiosas o sexuales distintas. Por ser pobres nos consideran posibles delincuentes.

Los represaliados tenemos que unirnos en esta lucha de clases. Si no nos unimos los poderosos nos van a seguir pasando por arriba. Ese es el gran compromiso de organizaciones (…) Si no nos unimos, los muertos siempre serán de nosotros.

Luego intervinieron Oscar Kuperman por el Bloque Piquetero Nacional; el Presidente de la FUBA; un compañero de la Asamblea de Plaza Congreso y M. Esther, abuela de “Yiyi” Guerra, muerto en la comisaría de Villa Bosch. Cerró el acto el discurso de Laura Ginzberg de APEMIA, quien reiteró que la conexión local del atentado es el estado argentino, y con claridad desarrolló la confrontativa posición de su organización.

LA COMISARÍA DE LINCOLN
Nos ha llegado esta denuncia, desde la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, que relata un hecho nada diferente de los que a diario conocemos:

El día 4 de julio del corriente año un joven de 17 años fue detenido en la calle cuando regresaba a su casa después de haber estado en un baile. La policía lo subió a un patrullero, lo esposó y lo encerró en un calabozo junto a otro detenido mayor de edad. Luego lo sacaron al pasillo de la comisaría y lo golpearon brutalmente en la cabeza, estómago, tórax y piernas. Lo golpearon cuatro agentes de la policía con puños, puntapiés y machetes.

Ante la demora del chico por llegar a su casa, sus padres y resto de la familia se preocuparon mucho, e iniciaron su búsqueda en casa de los amigos con quienes había salido. Por último decidieron ir a la comisaría, posibilidad que habían descartado de entrada porque daban por cierto que la policía cumple la ley de menores avisando a los padres una detención de menores.

Para cuando los padres llegaron a la comisaría el menor había estado detenido más de ocho horas sin que cumpliera la obligatoria información, ni lo viera un médico. Cuando lograron que fuera entregado a los padres, inmediatamente lo llevaron al Hospital Municipal, donde el médico de guardia quién certificó las lesiones recibidas.

El martes 6, los padres junto a su hijo, concurrieron a la fiscalía de la ciudad de Junín a hacer la denuncia correspondiente, en la secretaría de la doctora Ermácora. Allí, el menor relató lo sucedido, y sus lesiones fueron verificadas por la asesoría pericial departamental.

CONSORCIOS, PORTEROS Y POLICÍAS
La Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal se reunió con autoridades de la Policía Federal, que ofrecieron a los propietarios de departamentos el servicio de policía adicional, a un costo de 25 pesos por cada cuatro horas de trabajo.

“Creemos que la iniciativa es positiva. La seguridad en los edificios es un tema básico”, dijo a LA NACION el secretario general del Suterh (sindicato de encargados de edificios), Víctor Santa María.

Al mismo tiempo, los representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (Caesi) dijeron que luego de los últimos robos registrados en edificios porteños hubo una mayor consulta de presupuestos para contratar un servicio de custodia en departamentos. En la empresa de seguridad privada Prosegur confirmaron que en los últimos tiempos creció el interés de consorcistas por contratar vigilancia para los edificios de departamentos.

Lo que no tiene comprobación es que sea cierto que hay más robos en los edificios, al punto que otra empresa de seguridad, citada por La Nación, afirma que “Los asaltos en edificios no son una nueva modalidad, siempre existieron.”. Lo que evidentemente existe es una nueva modalidad de recaudar, haciendo que los consorcios contraten policías adicionales y agencias de seguridad.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 24 de julio, 16:00, en la Sociedad de Fomento de Villa Urbana, Fiorito (Fallieres y Campana) nueva reunión de vecinos y familiares de víctimas de la represión para organizar una red antirrepresiva en el barrio.

Martes 27 de julio, por la mañana, movilización a los Tribunales de Lomas de Zamora, para escrachar al policía bonaerense Isidoro Segundo Concha, asesino de Jorge “Chaco” González, que está citado para ser indagado.

Sábado 31 de julio, en Las Varillas, Córdoba, durante las jornadas organizadas por la Cooperativa Eléctrica Las Varillas, panel sobre LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO (DE)FORMADORES DE UNA CONCEPCIÒN DEL MUNDO, integrado por Julio Rodríguez Villafañe (ex juez de Córdoba), Pedro Brieguer (periodista), Roberto Gómez (director de la revista Acción) y María del Carmen Verdú por CORREPI.

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.

10 de agosto, 13:45, en la escuela pública N° 14 DE 1, de la calle Sarmiento 2250, congreso sobre Inseguridad, Pobreza y Educación, con la participación del compañero Ramiro Geber por CORREPI.

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