CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

El debate público sobre la reforma del código contravencional de la ciudad de Buenos Aires no puede quedar relegado al estrecho ámbito porteño, ni tampoco sólo a la férrea oposición popular a los represivos proyectos de reforma.

Aunque se trate de una norma de alcance local, las normas represivas dictadas por la Legislatura de la Ciudad forman parte de un sistema que a lo largo y ancho del país restringe las libertades y derechos de las personas,y faculta a las fuerzas de seguridad -en particular a las policías- a detener personas arbitrariamente.

El código porteño -el actual, y el que quieren instaurar- pertenece al mismo género de herramientas que los códigos de faltas provinciales, y a su vez todos ellos conforman, junto a la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes, una formidable maquinaria de control social que coloca en situación de libertad vigilada al conjunto del pueblo.

Aun en el ámbito local, las normas porteñas pueden afectar a todos los habitantes del país, pues toda iniciativa movilizadora que intente presentar sus reclamos o protestas ante la sede central del Gobierno Nacional, deberá someterse a las reglas de Macri, Ibarra y sus aliados. Por lo tanto, llegada, tránsito, permanencia y actividad de quienquiera que recale en la Ciudad de Buenos Aires, desde Ushuaia o la Quiaca, estarán condicionados por las reglas de la ley represiva del lugar.

Tampoco, decíamos, se debe restringir el debate a la proyectada reforma, sin dudas represiva. Las normas actualmente vigentes tanto en la ciudad como en el resto del país son más que suficientes para que se sumen por centenares de miles las personas arbitrariamente detenidas a diario, sea por contravenciones o “para identificar”, situaciones que además de constituir en cada caso una violación a la libertad individual, son la puerta de acceso a la extorsión, la tortura y la muerte.

Por eso, organizaciones antirrepresivas de distintos lugares del país, creemos imprescindible reiterar nuestra oposición cerrada a todo el sistema de detenciones arbitrarias, a los códigos de faltas y contravenciones, a la averiguación de antecedentes, y, en la coyuntura, a la reforma reaccionaria de las normas contravencionales de la ciudad de Buenos Aires. Hacemos nuestros los claros pronunciamientos de los compañeros que pudieron exponer esta postura en la audiencia pública del Teatro San Martín, descaradamente ignorada por los legisladores y los medios de comunicación, que silencian la abrumadora mayoría que se expresó contra estos mecanismos represivos.

En los medios, el “ataque a la Legislatura” ocupó la escena, ocultando que el problema central es la decisión política de aprobar una ley represiva sin oír los reclamos populares. Afirmamos que una provocación del estado generó los “incidentes” en la Legislatura: Las puertas cerradas, la decisión de impedir el acceso al recinto a quienes son víctima cotidiana de las detenciones arbitrarias, de aprietes, coimas y torturas. Esa fue la violencia que padecimos, esa fue la violencia que desató la bronca popular.
Nadie puede decir que había vías legales para cambiar la situación. Sólo quedaron abiertas las vías de hecho para descargar la frustración y la indignación de ser nuevamente “ninguneados” por quienes representan los intereses de los poderosos, los mismos que bastardean el debate fomentando la idea de que el tema contravencional sólo afecta a “minorías impresentables”, cuando es la enorme mayoría de la población la que es víctima hoy y será víctima en el futuro de más y más detenciones arbitrarias (y sus ya conocidas consecuencias, como la tortura seguida de muerte).

No se trata entonces de minorías exaltadas contra un reclamo de las mayorías. Por el contrario, somos la mayoría del pueblo quienes rechazamos esta iniciativa y todas las que cercenan a diario las libertades, y ponen en riesgo nuestra integridad física y nuestra vida. La presencia de personal policial de civil infiltrado entre los manifestantes, que fueron los que realizaron la mayoría de las detenciones, sólo contribuyeron a aumentar las razones para el estallido.

En este sentido señalamos nuestra fidelidad a lo que aprobáramos en el Documento del IV Encuentro Nacional de Derechos Humanos, realizado en Paraná, los días 26 y 27 de octubre de 2002:

“Los DDHH hoy se expresan en la lucha contra el GENOCIDIO ECONOMICO SOCIAL. El estado capitalista es necesariamente un Estado Terrorista. Este Estado Terrorista genera violencia y esa violencia genera la respuesta del pueblo. Ante esa respuesta, los organismos de Derechos humanos, como parte del pueblo, estamos y estaremos siempre de su lado.
Responsabilizamos a los gobiernos claudicantes de las consecuencias que genere su política de violencia institucionalizada.

El hambre, la desocupación, la sobreexplotación de los que aún trabajan, la miseria, la domesticación de la pobreza, la exclusión, la muerte por enfermedades evitables son violencia y generan violencia. Por la libertad de todos los presos políticos, entendiendo como tales a los presos por luchar!!!”

Ante la crisis desatada en el Gobierno Nacional, que se ha llevado a tres jerarcas del “plan de seguridad”, queremos hacer notar que la lucha del pueblo frente a la legislatura ha contribuido a desterrarlos con su enérgica expresión. Respecto de los reemplazantes, hemos denunciado sus condiciones en la primera hora, como es en el caso del Comisario Néstor Vallecca, quien reprimió estudiantes y militantes de DDHH por defender al genocida Etchecolatz; o su jefe inmediato, Alberto Iribarne, que ocupara la misma Secretaría de Seguridad a las órdenes de Juan José Alvarez para diluir la sangre de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que aún mancha las manos de Duhalde y cae sobre el Gobierno Nacional; o del recontrajefe, Horacio Rossatti, funcionario del Gobierno de Carlos Reutemann que produjo el 25% de las muertes habidas en el país en las jornadas de Diciembre de 2001.

En su primer día en el cargo, los dos ya mostraron la hilacha. Rosatti confirmó a Vallecca en el cargo e Iribarne dijo que frente a la toma de una empresa “no se puede tener una posición rígida: no es lo mismo que diez mujeres con sus bebes tomen un McDonald`s a que lo hagan diez encapuchados” pareciendo olvidar la vital importancia que tiene en un estado de derecho la diferencia entre derecho penal de acto y derecho penal de autor.

Es evidente que no hay nada que festejar en este cambio, salvo la misma crisis en el Gobierno que los ha sacudido, pese a su sordera y a la lucha, que contribuye indisimulablemente a profundizarla. Se desenmascaran con este recambio las políticas represivas del estado nacional. Salen Bratton y Giulianni, vuelven Menem y Duhalde.

Para el 4 de Agosto, convocamos a movilizarse nuevamente contra la reforma al código contravencional, contra el código actualmente vigente, contra la averiguación de antecedentes y todas las formas de detenciones arbitrarias; por la libertad de los compañeros y la amnistía a los luchadores populares.

CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) - Buenos Aires
UADH (Unidad Antirrepresiva Por los Derechos Humanos) - Rosario
aLERTA! Contra la Represión - Santa Fe
NOSOTROS - A. del Valle - Misiones
Marina Schifrin y Corriente de Militantes por los DDHH de Río Negro y Neuquén - Bariloche
Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos
“Cultural Arrecifes” Asociación Civil - Arrecifes
Fernando Dalmazzo (abogado DDHH) - Neuquén
Marta Ofelia Valoy - Cátedra Libre de DDHH Facultad de Filosofía y Letras de la UNT - Presidenta Fundación Jaime de Nevares
Alfredo Gerardo Cattaneo- miembro directivo Fundación Jaime de Nevares - Tucumán
S.U.T.E.F Sindicato Trabajadores de la Educación Fueguina
Po.De.Pu (Por los Derechos del Pueblo) Rio Grande
Serpaj - Servicio Paz y Justicia