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Tras la represión en Plaza de Mayo, el gobierno profundiza su estrategia represiva
USAN INFORMES DE “INTELIGENCIA” POLICIAL PARA CRIMINALIZAR MÁS Y MEJOR
La represión a la movilización del pasado 31 de agosto en Plaza de Mayo culminó con decenas de heridos, algunos de suma gravedad, y la detención de 102 personas. Siete de ellas sufren prisión preventiva, imputadas por delitos como “prepotencia ideológica”, “intimidación pública”, “coacción agravada” y “daño calificado”, en la causa a cargo del Juez Galeano. El aparato represivo, que continúa criminalizando la protesta, va por más y más a fondo.
Como ocurrió con los presos tras la movilización frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 16 de julio, o en Caleta Olivia, se trata del mismo método, los mismos jueces y fiscales, los mismos policías, en una apuesta mayor. Porque el trabajo realizado por el gobierno de K para legitimar la represión, está funcionando.
En estos días fue agregado a la causa judicial un “informe” emanado del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, basado en tareas de inteligencia seguidas contra las agrupaciones Quebracho y Martín Fierro, en el que por el sólo hecho de “haber participado” de determinadas movilizaciones o de “haber reivindicado” hechos de protesta antiimperialista, se identifica a varios dirigentes de esas organizaciones, acompañando material fotográfico y “fichas” de datos personales. Los “inteligentes” federales, además, formulan sus propias delirantes hipótesis acerca de la relación entre las organizaciones y sus dirigentes, al mejor estilo del recordado “Libro Azul” del ministro Carlos Vladimiro Corach en la década pasada.
El juez instructor Juan José Galeano -responsable de la impunidad en la causa AMIA- también tiene a su cargo la causa por el escrache a Repsol, en la que se han ordenado medidas de inteligencia sobre el MTR y sus militantes, a partir de informes de distintas reparticiones estatales.
El Departamento Seguridad de Estado, repartición de la PFA que reemplaza al viejo DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional), y que a su vez derivaba en línea directa de la oscura Coordinación Federal, tiene como objetivo declarado “custodiar y proteger a los funcionarios y bienes del estado Nacional y, fundamentalmente, al sistema de vida democrática y al normal desenvolvimiento de las Instituciones Políticas en todo el territorio nacional”, tarea que desarrollan espiando y reuniendo información de inteligencia sobre militantes populares.
CORREPI viene advirtiendo desde el año pasado que pese al discurso oficial enunciado de no reprimir la protesta social, la estrategia del gobierno en la materia fue desde un inicio acumular consenso para meter gases y balas y para encarcelar compañeros, al compás de una campaña mediática destinada a desarticular y deslegitimar a las organizaciones. Los sucesos de los últimos meses (legislatura de la ciudad de Buenos Aires, movilización en repudio del FMI en Plaza de Mayo, Caleta Olivia, etc.), más que el inicio de una “nueva escalada represiva”, como algunos han señalado, es simplemente el avance hacia una nueva fase dentro del mismo plan, de la mano de la ilustre comitiva de seguridad integrada por Fernández, Iribarne y Arslanian.
Ahora, y como sucediera el 31 de agosto, pueden reprimir con gases, balas de goma -incluso en espacios cerrados-, detener masivamente a los manifestantes e inventar imputaciones cada vez más graves contra ellos, criminalizando la mera pertenencia a una u otra organización seleccionada según el caso para servir de “enemigo”, mientras la “opinión pública(da)” presta su total consentimiento. Piedra libre para el hipócrita doble discurso del gobierno, que perfecciona alarmantemente su método represivo.
La utilización en sede judicial de informes de “inteligencia” manipulados por las criminales fuerzas de seguridad con la excusa formal de “defender el sistema de vida democrática” demuestra de qué democracia estamos hablando.
Reclamamos la libertad de todos los presos políticos, la amnistía a todos los luchadores sociales encausados y el cese de la vigilancia y persecución a los movimientos, organizaciones y militantes populares.