CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

SUSPENDIERON EL JUICIO AL ESCUADRON
Mientras la CORREPI, junto a una quincena de familiares de víctimas del gatillo facil, exponía frente al Ministerio de Seguridad Bonaerese las fotografías tomadas por el escuadrón de la muerte, en los tribunales de San Isidro se anunciaba la suspensión del juicio y una nueva fecha.

En La Plata se mostraba en plena calle el “álbum de malvivientes” del Sargento Hugo “Beto” Cáceres, líder del Escuadrón de la Muerte que funcionaba en el partido de Tigre. El sargento Cáceres hacía tareas de inteligencia sacando fotos a los jóvenes del barrio y haciendo prontuarios privados con sus datos. En su archivo personal, que el policía guardaba en su propia casa, las imágenes los muestran golpeados o incluso muertos.

Allí aparece la foto del “Nuni” Ríos, una de las víctimas del Escuadrón. Por su fusilamiento, Cáceres y su lugarteniente, el cabo 1º Puyó, iban a ser juzgados el lunes 25 de Octubre. Pero mientras se realizaba la actividad en La Plata, se conoció que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Isidro ha suspendido el juicio hasta el 8 de noviembre a las 10:00.

La suspensión del juicio se debe a que uno de los jueces del Tribunal (el juez García Mañon) ha solicitado licencia para la semana próxima. Pese a que se encontraban otros jueces designados para su reemplazo, ninguno de ellos aceptó, excusándose en faltas de tiempo y cúmulo de tareas.

Teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de un juicio de estas características -en el que por primera vez desde que se descubrió su accionar, se juzgará a miembros de un Escuadrón de la Muerte- resulta vergonzoso que se tenga que suspender por la licencia de uno de los jueces (independientemente de los motivos que lo hayan llevado a pedirla), y la falta de compromiso de otros jueces que evidentemente demuestran no querer involucrarse en esta causa.

El Escuadrón de la Muerte estaba liderado por Hugo “Beto” Cáceres, que era dueño junto a Marcelo Anselmo Puyó, de la Agencia de Seguridad Tres Ases. Desde su agencia -que empleaba policías de la Comisaria 3ª y del Comando Patrullas de Tigre- cobraba protección mafiosa a fábricas y vecinos de la zona y se dedicaba a hacer inteligencia sobre los barrios, señalar jóvenes y fusilarlos cuando tenían la oportunidad. La mayoría de las víctimas son adolescentes de entre 14 y 17 años, muchos de los cuales ya habían denunciado a la policía por el hostigamiento y las frecuentes torturas.

Para la CORREPI, la actividad en La Plata, además de protestar por la falta de respuesta al reclamo que familiares le llevaron a Arslanián hace dos meses, apuntaba a demostrar que las muertes del escuadrón no son casos aislados, ni excepcionales ni producto de un grupo de locos, sino un adelanto de una estrategia de seguridad que muchos sectores quieren instalar en el país.

La intención de mostrar a las víctimas no tuvo como sólo objetivo preguntarse por su suerte: es también advertir cuáles pueden ser las consecuencias del discurso de “mano dura” que impera en varios sectores de la sociedad.

La suspensión del juicio, además de demostrar la predisposición del Poder Judicial para la impunidad, pretende echar un paréntesis en la movilización social y popular que CORREPI desplegó en torno al juicio. Es de destacar que hay medio centenar de veedores de diferentes organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, gremiales y de derechos humanos que se inscribieron para presenciar las sesiones, y estaba prevista una concentración popular en los alrededores de los tribunales de San Isidro.

Llamamos a movilizar en San Isidro el lunes 8 de noviembre, día de inicio del juicio, desde las 10:00, y recordamos a los veedores que presenciarán el debate que deben presentarse en la Mesa de Entradas del Tribunal a las 9:00.

CAUSA CARLA LACORTE (agradecemos la información al CePRODH)
Patrocinado por los compañeros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CePRODH), se inició ante el Tribunal Oral Nº 3 de Quilmes el juicio que se sigue al policía bonaerense Salmo, ridículamente imputado por “lesiones culposas”, y obviamente en libertad.

En la segunda jornada declaró Carla Lacorte, la víctima de este gatillo fácil que quedó hemipléjica por el disparo por la espalda del “guardián del orden”. Carla exigió que se amplíe la acusación y se juzgue al policía por el delito de “tentativa de homicidio en concurso ideal con lesiones gravísimas”. Ello respondió al desvergonzado pronunciamiento del día del propio tribunal de no aceptar un cambio de calificación y mantener la imputación por lesiones culposas.

Ante ello, los abogados de Carla Lacorte decidieron, con justicia, recusar al tribunal por prejuzgamiento. La resolución que deberá ser tomada por la Cámara de Apelaciones y Garantías provocó la suspensión del debate hasta el 28 de octubre.

CONDENAS A POLICÍAS
Esta semana hubo dos condenas a policías en la ciudad de Buenos Aires. La primera la dictó el Juez Omar Facciuto contra el agente Mariano Domínguez de la Policía Federal. Lo condenó a un año de prisión y dos de inhabilitación para usar armas de fuego, encontrándolo culpable por las lesiones culposas sufridas por José Toledo.

El hecho ocurrió en enero del 2001 cuando el automóvil Fiat Regatta donde viajaba Toledo junto a otros cinco ocupantes fue interceptado por tres motociclistas de la Federal. Mientras dos se ocupaban del conductor y de los pasajeros, Domínguez hacía acostar boca abajo a Toledo. El policía le pisó la espalda y le disparó en el muslo.

De acuerdo al magistrado, por impericia, imprudencia y por no haber obrado conforme las reglas de su profesión, Domínguez accionó su pistola y provocó una herida que afortunadamente fue leve ya que por milímetros esquivó los gruesos vasos sanguíneos de la ingle cuya lesión hubiera ocasionado la muerte por desangramiento en minutos. Hasta el día de la sentencia, por lo menos, Domínguez prestaba servicios en la comisaría 21ª, de Charcas y Julián Alvarez.

La segunda fue del Tribunal Oral en lo Criminal nº 8, que impuso la pena de reclusión perpetua para el oficial subinspector Gastón Somohano, hijo del ex jefe de la policía bonaerense Osvaldo Somohano, prisión perpetua para el oficial inspector Gabriel Barrionuevo y el suboficial Alfredo Fornasari, cinco años de cárcel para los suboficiales Luis Funes y Luis Gutiérrez y tres años para los suboficiales Sandro Granados, Maximiliano Pata y José Martínez y el agente Luis Solís, por haber obligado al adolescente Ezequiel Demonty, después de golpearlo, a saltar al Riachuelo, donde murió ahogado.

Aunque el abogado de la familia Demonty aseguró es la primera vez que hay una condena por “tortura seguida de muerte” desde que volvió la democracia en 1983, se trata en realidad de la octava condena en todo el país desde esa fecha. Las ocho anteriores recayeron en los casos Durán (Morón, dos juicios), Sargiotti (Córdoba), Bru (La Plata), Campos (Mar del Plata), Pazos (Río Negro), Bouchón (San Nicolás) y Figueredo (Santa Fe).

Sólo ocho condenas aplicando la figura de la aplicación de tormentos seguidos de muerte en todo el territorio nacional a lo largo de estos 21 años demuestra claramente de qué “democracia” hablamos: la que tolera la tortura, porque la necesita. Por eso los jueces se las arreglan siempre que pueden para condenar por algo más liviano, como apremios o vejaciones.

PROYECTO DE LEY CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL
Los diputados Ariel Basteiro del Partido Socialista y Patricia Walsh de Izquierda Unida presentaron un Proyecto de Ley de Extinción de la Pena y la Acción Penal para luchadores sociales. Sobre la base del proyecto de Ley de Amnistía que CORREPI y alrededor de 40 organizaciones populares presentaran en julio del año pasado a la Secretaría de DDHH de la Nación, los diputados, apoyados por otros representantes del ARI, Autodeterminación y Libertad y otras bancadas, exigieron a las autoridades de la Cámara baja una sesión especial para el 9 de noviembre.

El objetivo del proyecto es terminar con la acción penal y la pena respecto de los hechos realizados con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, gremial, cultural, estudiantil, por la vigencia de derechos humanos o en reclamo de condiciones de los pueblos originarios, u otras invocaciones conexas, a partir del 1 de febrero de 1991 hasta la sanción de la ley.

CORREPI asistió a la presentación del proyecto que se hizo en el Anexo del parlamento. En dicha ocasión el compañero Stragá saludó la iniciativa, calificando al proyecto como oportuno sobre todo en estos momentos en que el gobierno viene desarrollando la segunda fase de un plan represivo que ya orquestó tiempo atrás, primero deslegitimando la protesta, procurando consenso en sectores medios para luego desplegar la criminalización y el encarcelamiento de tantos luchadores, al punto que hay medio centenar de presos políticos en el país.

Ante el optimismo de varios legisladores, Stragá recomendó redoblar esfuerzos ya que no había que olvidarse que el Congreso sacó como “por un tubo” todas las leyes que acentúan la punibilidad, que incrementan penas y que restringen las libertades democráticas, y no se conocen antecedentes recientes de leyes en sentido inverso.

Las distintas organizaciones que adhieren al proyecto decidieron que la futura sesión debe ser acompañada por una fuerte movilización que haga sentir al gobierno que la sociedad argentina no está dispuesta a vivir con presos políticos.

REPRESION EN PLAZA DE MAYO
Bajo una censura pocas veces vista, ya que ningún medio ni televisivo, radial ni gráfico se hizo eco de lo ocurrido, el lunes 18 alrededor de 300 obreros del frigorifico Yaguané fueron reprimidos por la Guardia de Infantería de la Federal mientras manifestaban frente a la Casa Rosada.

Reclamaban por igualdad de trato en la funcionalidad exportadora de carne y la devolución de la cuota Hilton que pertenecía a la fábrica recuperada y que el gobierno K había adjudicado a otros pulpos exportadores.

Hubo 7 heridos. Cuatro debieron ser hospitalizados gracias a los garrotazos de la Federal. Uno de los que llevaron la peor parte fue el presidente de la cooperadora Marcos Godoy, al que le debieron aplicar cinco puntos de sutura en su cabeza, en tanto que a otro le fisuraron un brazo. La acción policial se produjo bajo el argumento de que los trabajadores impedían el tránsito sobre Rivadavia, y que en ese lugar no se puede manifestar.

Uno de los testigos de la represión, a la par que se confesaba consternado y comparaba la virulencia de la represión con la del 19 y 20 de diciembre, culpabilizaba a Anibal Fernández de lo ocurrido.

Parece ser que esta es la versión que algunos están asumiendo. Que Anibal Fernández desde el Ministerio del Interior ha cambiado la política del ejecutivo frente al conflicto social. Que se trata de una nueva política y que, quizás por su pasado duhaldista, Aníbal es el responsable de que el gobierno K esté metiendo presos y reprimiendo a los que luchan.

CORREPI sostiene que se trata de la misma política, en una segunda etapa; que el que implementa esa politica se llama Néstor Kirchner y que Aníbal Fernández es un simple ejecutor.

CHUBUT REPRIME (Agradecemos el aporte a Cristian Hendrickse, abogado de la familia de Gumersindo Vergara)
El bloque UCR de la Legislatura de la Pcia. del Chubut, con las firmas de los legisladores radicales Fernando Rúa, Carlos Relly, Adriana Fara, Carlos Lorenzo, Omar Morelli, Alejandra Nasif, Alejandro Papaiani, Olga Machado y José Gaspar, han emitido un documento mediante el cual han manifestado “…ratificamos que la Policía de la provincia del Chubut no es corrupta, por el contrario, es una institución prestigiada, con hombres de excelencia en sus filas. Policía que este gobierno pretende desprestigiar, generalizando hechos aislados que pudieran ocurrir….”

Ante la barbaridad de tales expresiones en el Estado Terrorista de la Pcia. del Chubut, cabe recordarle a estos devenidos cómplices y encubridores de las violaciones de los DDHH en la Pcia. que los hechos de violaciones a los derechos humanos, perpetrados por la Policía de la Pcia. del Chubut, no son aislados. Al solo título ilustrativo, cabe recordar algunos de los casos más resonantes de la Gestapo chubutense durante el largo régimen radical:

1) Asesinato del periodista Gangeme. Impune porque el proyectil con que se lo asesinó, bajo custodia de la Policia del Chubut, fue sustituido por un proyectil distinto con el que se había matado a un animal.
2) Secuestro y posterior desaparición del joven Ivan Torres en la Comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia.
3) Asesinato de la familia Czeh de Epuyen. Impune por groseras fallas en la investigación policial.
4) Asesinato (para quitarles las tierras) de Dzikowicki en El Hoyo. El expediente con la investigacion de la muerte “se perdió” en el juzgado de Esquel.
5) Asesinato (para quitarles las tierras) de los mapuches Corina Hermosilla y Alfredo Cárdenas en Lago Puelo, impune por la impericia en la investigación policial.
6) Asesinato (por haberse burlado de la policia) de “Pinturita” en El Hoyo. Conforme testimonial recogida por el fiscal Luchelli, el Oficial Villagrán (aun en actividad en la Comisaría local) instigó el crimen y plantó pruebas para encubrir el asesinato.
7) Apremios ilegales a los hijos de Gumersindo Vergara (antecedente de su posterior asesinato). Se encuentran imputados dos policias de El Hoyo.
8) Asesinato de Gumersindo Vergara bajo custodia policial en la Comisaría de El Hoyo. Se probó que la goma con que según la policía se cometió el suicidio no soportaba más de 30 kilos y que esas gomas jamás habían formado una misma pieza. Se probaron torturas en la piel de Vergara producidas en las ultimas 24 horas de vida. Cuando el fiscal Luchelli solicitó el traslado de los policías, una manifestación de sus familiares encabezada por el Intendente Cárdenas (UCR) impidió que un nuevo comisario se hiciera cargo y se revocaron los traslados. Dada esa insurreción instigada por la UCR local, la dotación policial jamás fue sustituída y sigue en sus cargos hasta el dia de hoy (co-responsabilidad del Gobernador Das Neves, PJ). El Comisario López fue ascendido. El fiscal Zachino (UCR y encubridor del crimen) fue ascendido. En la última marcha frente a la comisaría (aniversario del asesinato) la Institucion policial exteriorizó su apoyo a los torturadores y asesinos al mandar al jefe de la URE, Comisario Nahuelhual, a acompañar al Comisario López (imputado de torturas seguida de muerte).
9) Práctica sistemática de desnudar y golpear a jóvenes detenidos en la Comisaría de El Hoyo comprobadas por investigacion del Fiscal Luchelli.
10) Desalojos con inusitada violencia de familias mapuches (Flia. Fermin, Vuelta del Rio).
11) Demás practicas policiales sistematicas descriptas en informe del Fiscal Luchelli y su equipo (fiscales Freire y Santos).

Los diputados radicales, no podían ni debían desconocer estos hechos antes de emitir su vergonzante documento.

MAS PRESOS POLITICOS
A la par que Raúl Castells recuperaba la libertad, esta semana en Santiago del Estero se detuvo a cinco integrantes del MOCASE. Por orden del juez Raúl Romero se privó de la libertad a los campesinos bajo la acusación de instigación a cometer delitos, robo, daño intencional, usurpación y lesiones gravísimas.

Increíblemente la disputa se origina por un campo ubicado a 50 km. de Quimilí. Los acusados que pertenecen a una comunidad que vive en ellos hace 50 años ahora fueron judicialmente imputados de usurpar aquella propiedad.

También de manera increíble el ministro de justicia de la intervención federal a esa provincia, Luis Alem, admitió que la detención de los compañeros responde a “una decisión del entramado del poder juarista”. Alem, dicho sea de paso, es el mismo funcionario que en julio del año pasado fue designado por el Ministro de Justicia Eduardo Luis Duhalde para coordinar la comisión que debía pronunciarse sobre la herramienta a utilizar para terminar con los miles de causas judiciales contra militantes populares.

La pregunta es ¿Para qué está Lanusse en Santiago del Estero? ¿Para perpetuar el oprobio y la injusticia? ¿O desde el gobierno nacional no se quieren hacer algo para terminar con el “poder” de los Juárez?

KIRCHNER CON BLUMBERG
Nuevamente se reunieron Kirchner y Blumberg. No hubo pelea alguna entre ellos. Por el contrario, el presidente considerado “zurdo” por la extrema derecha y el autodenominado “centroizquierdista” ingeniero, que mantienen fluidos contactos, coincidieron de cabo a rabo (desde el mismo ángulo, se puede afirmar que Videla es “centro” y Camps de “centroderecha”).

Como consecuencia de esa reunión, Kirchner anunció que “se pone a la cabeza de la lucha contra el delito” y los medios informaron que el presidente ofreció a la Fundación Axel (es decir, al ex subsecretario de “in”justicia de Videla Roberto Durrieu y sus amigos) el monitorieo de las políticas de sgeuridad del gobierno.

¿Cómo se concilia la persecución a los autores materiales del genocidio con el acercamiento a sus compañeros civiles?

PROXIMAS ACTIVIDADES
Viernes 29 de octubre, a partir de las 21:00 en Libres del Sur (Pavón al 1600), actividad de difusión de la situación y en solidaridad con los presos políticos, con charla debate y posteriormente una actividad artístico-cultural.

Viernes 29 de octubre, 19:00, en La Plata, presentación d ela revista LIMANDO BARROTES, de la Coord. por la Libertad de los Presos Políticos.

Lunes 8 de noviembre, 10:00, comienza el Juicio al Escuadrón en los tribunales de San Isidro. Recordamos que los pedidos de acreditación de Veedores y las cartas de adhesión deben presentarse antes del inicio del debate. Más información en www.escuadron.lahaine.org

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
CORREPI en Radio Monte Hermoso 93.1 mhz, los domingos de 12:30 a 14:30.
CORREPI en el hall de la Facultad de Derecho, los jueves de 18:30 a 20:30.

CORREPI