CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Compañeros:

Por séptima vez desde 1995, convocamos a un ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL. La última vez que nos reunimos fue el 25 de noviembre de 2000 en Córdoba.

Mucho sucedió en el país desde entonces, pero lo que no ha cambiado es la vigencia de la definición que entonces hicimos en el Plenario: La represión es “característica ineludible del sistema capitalista, lo que implica que la lucha consecuente por la plena vigencia de los derechos humanos sólo es realizable desde una perspectiva revolucionaria y anticapitalista”.

No es casual que por primera vez transcurriera tanto tiempo entre la última convocatoria y la que hoy lanzamos. La mayor parte de las organizaciones antirrepresivas que venían participando de un intento de coordinación nacional desde mediados de los ‘90 sufrieron por motivos diversos un proceso de desarticulación y son muy pocas las que hoy subsisten. Paralelamente, otros compañeros han tomado la posta de la lucha antirrepresiva, y se organizan en distintos lugares del país nuevos núcleos.

Después de cuatro años, a pesar de que el escenario parece diferente, no es mucho lo que ha cambiado la realidad argentina. La exclusión y la miseria continúan siendo la regla para las grandes mayorías, mientras se concentra cada vez más la riqueza en unas pocas manos. La represión sigue siendo la columna vertebral del sistema para garantizar la continuidad de su hegemonía, combinando con habilidad los mecanismos clásicos de control social con la generación forzada de consenso, tanto a partir del discurso de la “inseguridad ciudadana”, instalado como eje primordial en el debate social, como mediante el recurso de avanzar en algunas medidas más simbólicas que reales vinculadas a las violaciones de los DD.HH. hasta 1983, al tiempo que se invisibilizan las actuales.

En 1998 sosteníamos que “La implementación de un Estado que anule todo tipo de garantías individuales y libertades públicas está sumamente cercana. La necesidad de nuevos ajustes ante los tembladerales del capitalismo mundial requiere un estado represivo sin ningún tipo de cuestionamiento (.) hoy las nuevas prescripciones ante la inestabilidad capitalista, que necesariamente implicarán mayores sufrimientos para la población requerirán de un enorme aparato de represión frente a las renovadas luchas que se impondrán. (.) El aparato de seguridad, previa legitimación, con el pretexto del combate al delito, necesita estar mejor equipado, mejor entrenado, y por sobre todas las cosas, tener asegurada su intangibilidad. Es obvio entonces que necesiten legislación más represiva, jueces más cómplices y medios que inculquen que hay ladrones y hay que matarlos; que los escraches son subversivos y hay que castigarlos y que la policía es una institución que nos protege de los delincuentes y exaltados”.1

En el año 2000, en oportunidad del Sexto Encuentro, llamamos particularmente la atención sobre el rol de los organismos de DDHH y las organizaciones antirrepresivas, advirtiendo que los que no definieran claramente su accionar en el marco de la lucha de clases, terminarían consciente o inconscientemente cooptados por el sistema y sirviendo a su legitimación, o lo que es lo mismo, siendo funcionales a las políticas represivas del estado.

Después del proceso que tuvo su máxima expresión el 19 y 20 de diciembre de 2001, la burguesía encontró penosamente una salida temporaria a su crisis con las elecciones de 2003, y en mayo asumió un gobierno que con menos del 20 % de los votos emitidos logró en poco tiempo capitalizar un 70 % de imagen positiva construida sobre la falacia propia y las esperanzas ajenas.

En soledad casi absoluta, desde su inicio caracterizamos al actual gobierno nacional como más de lo mismo, pero con enorme capacidad para decir todo lo que muchos querían escuchar, y peor aún, creer, aun cuando la realidad cotidiana desmintiera los supuestos buenos propósitos.

Jamás compartimos escenario ni palco alguno con el gobierno ni confraternizamos con sus funcionarios, por más que se emitieran señales tentadoras como la nulidad de las leyes de impunidad, se echara a los milicos de la ESMA o se anunciara el desalojo de la PFA del Olimpo para transformarlo en otro museo (sin tener en cuenta que la cúpula de la PFA, la mayor parte de sus oficiales jefes e incluso algunos suboficiales prestaron servicio durante la dictadura militar y, en algunos casos, en tiempos de la Triple A). Es que mientras se hacían estas concesiones a reclamos históricos, los pibes fusilados por el gatillo fácil, los torturados en cárceles y comisarías y las víctimas de detenciones arbitrarias se apilaban ante nuestros atentos ojos, junto con los miles y miles de procesados por protestar. No podíamos convalidar la represión cotidiana aplaudiendo los publicitados avances en materia de DDHH que no eran, en realidad, más que gestos simbólicos sin contenido de confrontación alguno.

Advertimos hace un año y medio que el discurso formal del gobierno en materia represiva era sólo eso: discurso, destinado a consolidar una política sustentada en la cooptación o la desacreditación de las organizaciones, según su mayor o menor permeabilidad a los acuerdos, y que más temprano que tarde, cuando se hubiera alcanzado suficiente consenso en la equivalencia militante popular - delincuente, se descargaría sobre el pueblo un voltaje represivo insospechado para los que confiaban en la demócratica verba del presidente y sus funcionarios de turno.

En la segunda mitad del año pasado varios episodios confirmaron nuestra caracterización. En Jujuy, durante una marcha de repudio a la comisaría donde un pibe detenido había muerto torturado, la policía fusiló a un joven militante. A contrapelo de la mayoría, que limitó la responsabilidad al gobernador Fellner -tan ligado al gobierno nacional como lo estaba Estabillo con Menem cuando mataron a Víctor Choque- dijimos Cuellar es el primer muerto en la protesta de la gestión Kirchner. Poco después el gobierno puso a prueba la acumulación de consenso para reprimir con la denuncia del “secuestro” del Ministro de Trabajo Tomada, anunciando al mismo tiempo la creación de las brigadas antipiqueteras. Todavía no estaban maduras las brevas, y tuvieron que retroceder ante la reacción popular. Pocos meses después veíamos a esas brigadas actuando masivamente en movilizaciones como la del 16 de julio en la Legislatura o el 31 de agosto en Plaza de Mayo, mientras se generalizó la utilización por jueces y fiscales de “informes de inteligencia” sobre organizaciones y militantes producidos por el departamento Seguridad de Estado de la policía federal (heredero de Coordinación Federal y del DEPOC).

Denunciamos la avanzada reaccionaria encarnada por el ingeniero Blumberg desde su irrupción en el ámbito público. Cuando algunos sectores populares convocaban a acompañarlo en su marcha a los tribunales, dijimos con todas la letras No marchamos con los que piden más represión al pueblo.

Una de las más claras demostraciones de cuál es la verdadera política de DDHH de este gobierno es su desconocimiento de la condena dictada por la Corte Interamericana en el caso Bulacio. La “renovada” Corte Suprema, con sus nuevos jueces avalados por el ejecutivo, lleva ya un año sin cumplir la sencilla parte que les toca: declarar que es un crimen de lesa humanidad y avanzar hasta la sentencia. Mucho menos cumplió el estado argentino la orden de revisar el sistema de prácticas policiales y normas que facilitan las detenciones arbitrarias. Por el contrario, en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias se aumentan las facultades policiales con reformas siempre represivas de los códigos contravencionales.

No puede sorprender, en este marco, que los índices de gatillo fácil y torturas sigan subiendo en todo el país, que se dicten leyes cada vez más represivas, que se criminalice la pobreza y se reprima ferozmente la protesta. Formado el consenso para reprimir casi sin costo político, nada impide que el gobierno ejecute ahora lo que, de haber podido, hubiera hecho desde el día de su jura.

El futuro inmediato nos espera con casi medio centenar de presos políticos en todo el país, record absoluto desde 1983, imputados por delitos gravísimos como coacción agravada, prepotencia ideológica o entorpecimiento de la explotación comercial de un establecimiento que impiden su excarcelación; informes de “inteligencia” realizados por agencias policiales a las que el poder judicial delega la investigación; miles de procesados con grave riesgo de ser condenados y encarcelados; claras señales de que se avanza hacia la ilegalización de compañeros por el solo hecho de pertenecer a determinadas organizaciones; escuadrones de la muerte en los barrios, ejecutando limpieza social, y un contexto de represión disciplinadora a pobres, jóvenes y excluidos que no deja de aumentar. Jueces y fiscales de todo el país utilizan figuras penales gravísimas

La plena vigencia de los DDHH no es una asignatura pendiente que la democracia no ha sabido o no ha podido resolver. No puede haber otro sistema de libertades dentro del capitalismo, como no puede haber otro mecanismo de distribución de la riqueza. No se trata, una vez más, de errores o insuficiencia de voluntad política: no hay reforma que pueda modificar lo que es esencia de las cosas.

Entendemos la pelea antirrepresiva como un compromiso ineludible de todo luchador social, por convicción, pero también por su propia supervivencia. El 26 de noviembre de 2002, cuando convocamos a la multitudinaria marcha contra la represión de Puente Pueyrredón a Plaza de Mayo, nos declaramos protagonistas y testigos de un aprendizaje popular que enfrenta el intento del sistema de avanzar hacia formas de terrorismo de estado.

Por eso las organizaciones populares que suscribimos este documento convocamos hoy a enfrentar las políticas represivas del estado, adopten la forma que adopten, con organización y lucha, en unidad de acción, como es nuestra práctica histórica. Porque sólo el pueblo organizado, de pie y en la calle puede frenar al aparato represivo del estado y desmantelarlo de una vez y para siempre.

El 10 de diciembre de 2004, a las 16:00, en Plaza de Mayo, realizaremos la presentación pública del Archivo de Casos de Personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado en el curso del último año.

El 11 de diciembre, desde las 9:00, en la Facultad de Filosofía y letras, sede Puán, sesionará el SÉPTIMO ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD, con el siguiente temario:

Las Políticas Represivas del Estado:

Gatillo fácil, torturas, detenciones arbitrarias: la represión “preventiva” para disciplinar.
Criminalización de la protesta social. Criminalización primaria y secundaria. Formas de defensa.
Política del gobierno en materia de DDHH: concesiones y cooptaciones.
Rol de los medios como (de)formadores de la “opinión pública”. Construcción del contra discurso popular.

CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional)
UADH (Unidad Antirrepresiva por los DDHH, Rosario)
CORRIENTE DE MILITANTES POR LOS DDHH (BARILOCHE)
Plenario Obrero y Popular (Venado Tuerto)
Estudiantes de Base en el POP (Rosario)
Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) Villa Constitución.
Docentes de Base en el POP
Agrup. MATERIA en el Plenario Obrero y Popular (Santa Fe)
CASA DEL PUEBLO UNIDHOS (Córdoba)
Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos