CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CASO BULACIO
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emplazó al gobierno argentino para que “a más tardar el 31 de enero de 2005” presente un “informe detallado” sobre el cumplimiento de la condena impuesta al Estado por la impunidad que ampara, a casi catorce años, a los responsables de la muerte de Walter Bulacio.

Las dos medidas que siguen sin ser ejecutadas por parte del Gobierno y su poder judicial son justamente las más importantes: llegar a la sentencia en la causa que fue declarada prescripta y que tiene como imputado al comisario Miguel Angel Espósito, y la adopción de normas legislativas para “adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos y darles plena efectividad”. La orden de la Corte IDH apunta, en este segundo tema, a terminar con las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar detenciones arbitrarias (averiguación de antecedentes, contravenciones, razzias, etc.).

El nivel de “chantismo” del gobierno se ve reflejado precisamente en este punto. Cumplieron dentro del plazo otorgado por la Corte IDH con el pago de la reparación a la familia Bulacio y publicaron la sentencia en el Boletín Oficial, pero lo más importante del fallo de septiembre del año pasado, el castigo al culpable y a su institución, y la persistencia de normas y prácticas que ponen en permanente riesgo las libertades de las personas fue omitido.

Con relación a la adecuación de las leyes internas para evitar la detención arbitraria de personas, no sólo no se ha hecho nada. Por el contrario, se han aumentado las facultades policiales con las sucesivas reformas de los códigos procesales penales y de los códigos contravencionales en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias.

Respecto de la causa interna, hace más de un año que la “renovada” Corte Suprema K -con Zaffaroni a la cabeza- tiene el expediente “a estudio”, circulando una y otra vez entre los distintos jueces, cuando lo único que tiene que hacer es rechazar la prescripción interpuesta por la defensa y reponer a la familia de Walter como querellante, las dos cosas exigidas por el tribunal internacional. La Corte Suprema no tiene nada que discutir, sino acatar el fallo de la Corte IDH, su superior.

El gobierno K no quiere reconocer que el crimen cometido por un policía es un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, es imprescriptible. No le preocupa reconocer ese carácter a los crímenes de la dictadura, protagonizados por genocidas que hoy ya no resultan necesarios ni útiles siquiera como brazo armado del sistema. Pero no está dispuesto a admitir que los crímenes de la policía y de las demás fuerzas de seguridad que ejecutan cotidianamente sus políticas represivas es harina de otro costal.

PACIFICACION A LA FUERZA
Esta semana, un medio gráfico dedicó una nota editorial a elogiar a los “pacificadores”, división de la PFA que intervino en numerosas ocasiones a lo largo de este año y que demuestra la “posibilidad y eficacia de políticas de prevención”. Asimismo, el periódico del importante multimedios señala que la “actuación de este cuerpo se une a la política de negociar con los dirigentes sociales antes o durante las manifestaciones”.

Fue de interes de la CORREPI indagar acerca de las magistrales acciones (y las de sus jefes) de esta División (cuyo nombre es División Operaciones en Actividades Deportivas, está organizada en Unidades de Contención y depende del Departamento Policía Montada). Los resultados no son sorprendentes. El Comisario Migliozzi no sólo es un veterano del 20 de diciembre de 2001, sino que con el grado de Subcomisario, en octubre de 2002 dirigió el operativo que reprimió duramente a los asambleístas y vecinos que se congregaron frente a la comisaría 6ª para exigir la liberación de militantes de Greenpeace que había manifestado en las escalinatas del Congreso (la recordada jornada de los inodoros).

En aquella oportunidad, y mientras los manifestantes eran atacados con disparos de Itaka y gases y muchos eran detenidos, Migliozzi en persona se “ocupó” de la prensa independiente. Dos periodistas de Indymedia Argentina trabajaban en el lugar. Uno de ellos se acercó al Subcomisario a entrevistarlo, y recibió una desgarga de gas irritante en los ojos. El otro logró fotografiar el momento en que su compañero era agredido, motivo por el cual ambos fueron luego perseguidos hasta las puertas de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, y heridos en distintos lugares del cuerpo con postas de goma. Con el patrocinio de CORREPI ambos querellaron al subcomisario y a quienes bajo sus órdenes les dispararon. Para la justicia argentina, la policía actuó “de acuerdo a las circunstancias, empleando los medios razonables a su alcance”.

En cuanto a la eficaz y preventiva división pacificadora, constituyó buena parte del operativo del 16 de julio de este año en el interior y alrededores de la Legislatura porteña, unánimemente repudiado, como resultado del cual aún hay quince personas injustamente detenidas. Entre otros oficiales pacificadores estuvo presente ese día el Inspector Gonzalo Fabián Danier, a cargo de la Unidad de Contención Nº 1.

Esa es la prevención que (por ignorancia o interés) elogia la nota editorial del gran diario argentino.

LIBERARON A LOS PRESOS DEL FMI
La Cámara Federal decidió la liberación de los nueve militantes de MTR-Cuba, FTC y Quebracho que habían sido detenidos tras la movilización de protesta contra la comisión del FMI el 31 de agosto en Plaza de Mayo.

Los camaristas admitieron que, como lo venía plantenado la defensa colectiva, no había posibilidad razonable de mantener la calificación legal elegida por el juez Galeano, y por ende revocaron los procesamientos por prepotencia ideológica e intimidación pública. En cuatro de los casos, sin embargo, se mantuvo la imputación por resistencia a la autoridad agravada.

La decisión de la sala II de la Cámara habilitó la inmediata libertad de los compañeros que estaban detenidos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, lo que se cumplió entre la una y las cuatro de la mañana del viernes. También fue dejada sin efecto una de las órdenes de captura que pesaba sobre un compañero de Quebracho, no así la que afecta a Fernando Esteche.

Pero Galeano recibió de los camaristas una reprimenda adicional: le pidieron que “en lo sucesivo” no invente pruebas donde no las hay. Sus superiores le llaman la atención porque en los procesamientos el juez dice que de los videos surgen elementos para imputar los graves delitos que la cámara revocó, pero al verlos -como lo denunciamos desde la defensa una y otra vez- resulta totalmente falso.

Es que Galeano, en su afán por mantener el cargo en peligro por su actuación en la causa AMIA, no se priva de inventar delitos y delincuentes con tal de quedar bien con el presidente de turno.

SIGUEN REPRIMIENDO EN LA PROVINCIA K
El miércoles en horas de la noche alrededor de 70 trabajadores ingresaron del al área de tanques de la firma Oil (subsidiaria de Repsol-YFP) de la localidad de Las Heras (a 700 kilómetros de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz) en reclamo de puestos de trabajo.

Como los jueces siempre se ponen del lado de la patronal, que en Santa Cruz generalmente son petroleras, la jueza Graciela Ruatta de Leone ordenó desalojar a los manifestantes y mandó a la policía provincial desde Caleta Olivia.

Fueron detenidas 25 personas. En las horas siguientes fueron liberadas 15. Permanecen detenidos 10 obreros, simplemente, por reclamar trabajo.

Es interesante destacar la posición del gobiernador Acevedo. El ad later de Kirchner sostuvo que hubo “infiltrados” que no cumplen con los requisitos legales de residencia en la provincia y no aprobaron los exámenes físicos para acceder al trabajo. Seguramente son argentinos indocumentados que vienen a “quitarle el trabajo a los santacruceños”. Al estilo de los xenófobos que le echan la culpa de la desocupación a bolivianos o paraguayos, parece que el gobernador discrimina por la provincia de origen del manifestante.

Como en el viejo axioma peronista, para un santacruceño no hay nada mejor que otro santacruceño, siempre y cuando sean de K y Cristina.

Por otro lado, la misma jueza Ruatta, manodurista con los laburantes, ordenó la captura y la búsqueda casa por casa de otros 40 piqueteros acusados de tomar la impoluta planta petrolera. Al igual que a los de Termap de Caleta Olivia, los acusa de un delito que únicamente pueden cometer los empresarios, que es el que reprime la paralización de la actividad económica de una fábrica.

ANTIRREPRESIVO
Con la nota central de los “Escuadrones de la Muerte” a cargo de Martín Alderete y Sebastian Hacher, con la participación de Luz Palmas Zaldua, Gerardo Etcheverry, Daniel Stragá y Gustavo Piantino como “escriba” invitado, está próxima a salir una nueva edición de la prensa de la CORREPI, el AntiRrepresivo.

Las notas refieren a los juicios contra los militares de la dictadura, causas fraguadas, presos políticos y la participación argentina en la invasión a Haiti.

ANDA A LA C…
Es allí o quizás más lejos donde debe mandárselo al líder de la derecha Blumberg. El que pontifica, que impone leyes, que cuestiona ministros, que marca tendencias en la moda represiva, que hace negocios vendiendo estrategias o que publicita armas como “picanas” autorizadas, que se reune con el papa, que consigue que K le solvente económicamente su “fundación Axel”, no es más que un “ladri” que no paga los impuestos.

Rentas de la Provincia de Buenos Aires lo va a ejecutar a través de un juicio de apremios por no pagar $ 25.000 al fisco provincial. Es decir, todos los que viven en la provincia tienen que pagar más impuestos porque el impoluto Blumberg no los paga.

Ya se sabía que era un empresario que fundió su fábrica y dejó a cientos de laburantes en la calle. Que era un negrero y que pagaba por debajo del convenio. Ahora sabemos que es un evasor impositivo. El adalid de la honestidad, el representante de los “vecinos decentes”, no garpa sus impuestos.

¿Cómo era aquello de “traje a rayas para los evasores”, señor presidente?…

PROXIMAS ACTIVIDADES - Se viene el Archivo y el Séptimo Encuentro
El viernes 10, desde las 16, presentaremos en Plaza de Mayo la actualización 2004 del Archivo de Casos de víctimas de la represión institucional en Argentina. Como siempre, cambien los gobiernos, sean más de derecha o más “progres”, el número de muertos por gatillo fácil, por tortura o en custodia siempre va en ascenso.

Convocamos a todos los compañeros y organizaciones a participar del acto durante el que haremos públicos los índices de este año y el acumulado histórico, así como las diferentes variables que habitualmente analizamos (casos por provincia, por fuerza, edad, etc.).

El sábado 11, desde las 9:00, en la Facultad de Filosofía (Puán 480), sesionará el Séptimo Encuentro Nacional contra la Represión y la Impunidad, con el siguiente temario:
Las Políticas Represivas del Estado
Gatillo fácil, torturas, detenciones arbitrarias: la represión “preventiva” para disciplinar.
Criminalización de la protesta social. Criminalización primaria y secundaria. Formas de defensa.
Política del gobierno en materia de DDHH: concesiones y cooptaciones.
Rol de los medios como (de)formadores de la “opinión pública”. Construcción del contra discurso popular.

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
CORREPI en Radio Monte Hermoso 93.1 mhz, los domingos de 12:30 a 14:30.
CORREPI en el hall de la Facultad de Derecho, los jueves de 18:30 a 20:30.

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