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Un cable de la Agencia DyN informa hoy que la defensa del comisario Miguel Angel Espósito, responsable por la detención y muerte de Walter Bulacio, solicitó ante la Corte Suprema la nulidad de todo lo actuado en la causa penal desde 1994. Los abogados de CORREPI que representamos a la familia Bulacio no fuimos notificados de la presentación, pero a partir de lo que se informa en el cable, decimos:
1.- El 18 de septiembre de 2003 la Corte Interamericana de DDHH condenó al Estado Argentino por la violación a los derechos humanos de Walter Bulacio y su familia. El fallo ordenó, entre otras medidas secundarias, dos cuestiones centrales:
a) Que la Argentina adecue su legislación interna a los estándares internacionales en materia de garantías de las personas, derogando las normas y prácticas no normadas que permiten a las fuerzas de seguridad detener personas (especialmente menores) arbitrariamente, es decir, que se eliminen las facultades para detener personas en averiguación de identidad o antecedentes, los códigos de faltas o contravenciones y las
razzias.
b) Que se reponga a la querella en la causa penal interna, se rechace la excepción de prescripción por tratarse de un crimen de lesa humanidad y se llegue a una sentencia, condenando a los responsables de la detención y muerte del menor.
2.- Desde el 2 de octubre de 2003 la Corte Suprema tiene en su poder copia certificada del fallo, aportado por los abogados de CORREPI junto a un breve escrito en el que instan al tribunal nacional a cumplir con lo ordenado por su superior internacional.
3.- El incumplimiento por parte del Estado tanto de lo ordenado respecto de la legislación interna como de la causa penal motivó que, a pedido de los peticionarios, la Corte IDH intimara hace dos semanas al Estado, fijando como último plazo perentorio el 31 de enero de 2005.
4.- El Estado Argentino, representado por el Gobierno Nacional que tanto declama sobre su respeto a los DDHH, ha demostrado en el año y tres meses transcurridos desde la sentencia internacional que no está dispuesto a ceder posiciones en dos cuestiones esenciales a su política represiva. Las facultades policiales (y de las demás fuerzas de seguridad) para detener personas arbitrariamente, como la averiguación de antecedentes, las contravenciones y las razzias, son sus herramientas cotidianas para aplicar el control social sobre los sectores populares. No será este gobierno, cuyas policías asesinan con el gatillo fácil o la tortura una persona cada 55 horas, el que prive a su brazo armado de los instrumentos más eficaces a la hora de reprimir pobres, jóvenes y militantes.
5.- En el marco de la causa penal contra el comisario Espósito, más allá de la evidente decisión política de seguir protegiéndolo, tampoco está dispuesto el Estado Argentino, ni con este gobierno ni con ningún otro que represente similares intereses, a admitir que todo crimen cometido por sus fuerzas de seguridad es un CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. Toda la declamación gubernamental sobre su defensa de los DDHH cuando del pasado se trata, cae frente a la necesidad institucional de defender a los ejecutores actuales de su política represiva.
6.- Respecto de la presentación judicial, es una nueva chicana del defensor del comisario, que no merece mayor tratamiento técnico, máxime cuando la Corte IDH ha tenido por arbitraria la separación de la querella. En todo caso, el planteo de la defensa refleja la preocupación de Espósito y su abogado ante la posibilidad de que, en el marco de la presión pública nacional e internacional por el incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, exista eventualmente la mínima reparación de que el comisario vaya preso.