CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

MOVILIZACION DEL 20 DE DICIEMBRE
A pesar de que las empresas que administran los medios de comunicación decidieron silenciar la movilización del 20 de diciembre, a punto tal que el “gran diario argentino” ni siquiera anunció la convocatoria el mismo día, más de 50.000 manifestantes marcharon desde Congreso a Plaza de Mayo en homenaje a la gesta popular del 20 de diciembre del 2001.

Unitaria como debió haber sido siempre, la movilización contó con la participación de todo el activo que no comulga con el kirchnerismo. Encabezada por las organizaciones de desocupados organizadas por la izquierda, asambleas populares, organizaciones sociales y partidos políticos por supuesto también de izquierda, se recordó la rebelión popular y también se homenajeó a los mártires de aquellas jornadas.

Para CORREPI, además del sentido histórico del “argentinazo”, el 20 de diciembre es un momento de particular significado. Nuestro compañero Carlos Petete Almirón fue asesinado por la represión del Estado. Fue una víctima más de un sistema que no trepida en fusilar al pueblo para mantener los privilegios de los que gozan del capitalismo.

Por eso ya habíamos comenzado la semana anterior con un acto de homenaje a Petete en la estación Lanús, el viernes 17, junto a todas las organizaciones que vienen participando de la Coordinadora Sur contra la Represión. Alrededor de 500 compañeros de 35 organizaciones de la zona se reunieron ese día para desarrollar distintas actividades: talleres de serigrafia (grabado de láminas y remeras), exhibición de carteleras fotográficas y una radio abierta. Una de las consignas que encabezó el acto fue la exigencia de UNA NAVIDAD SIN PRESAS NI PRESOS POLITICOS, y en ese sentido quedó el compromiso de las organizaciones que integran el espacio de la Coordinadora, de continuar el trabajo unitario y profundizar la lucha territorial por la libertad de todos las compañeras y compañeros presos por este Gobierno. Los compañeros que hablaron en representación de las organizaciones participantes expresaron su recuerdo de PETETE y un reclamo unánime de VERDAD Y JUSTICIA para las víctimas y heridos del 19 y 20 de Diciembre de 2001 y del 26 de Junio de 2002.

Para la Correpi, que PETETE hoy sea bandera de lucha de tantos compañeros, es algo que nos llena de orgullo, ya que sin olvidar sus pertenencias politico -ideológicas, entendemos que los caidos en la lucha, así como los presos políticos, no tienen dueño, ya que son del pueblo que con su lucha a los primeros los mantendrá vivos y a los últimos los arrancará de las cárceles.

El sábado 20, CORREPI marchó también desde Bartolomé Mitre y Callao hasta la Rosada, con importante presencia de familiares de víctimas del gatillo fácil. Decidimos ir atrás de todo, muy cerca de los familiares de Petete y del resto de los caídos. Como el viernes en Lanús, vimos en la marcha del sábado infinidad de pancartas, banderolas y afiches de muchas organizaciones reinvindicando a Petete, lo que nos afirma en la subsistencia y fidelidad de su lucha. Como dijera Cherco Smietniansky en el homenaje que se le hiciera en el lugar donde lo mató la policía federal, el compañero no luchaba por una sociedad “más justa”, sino por una sociedad justa. Que no es lo mismo.

Mientras la enorme columna dejaba Congreso, las organizaciones que reinvindican las jornadas del 19 y 20 de diciembre con la convicción de que el gobierno K es el mejor emergente de aquellas luchas llegaban desde Once para hacer su propio acto, defendiendo las políticas kirchneristas.

En materia represiva, como lo venimos denunciando desde hace un año y medio, queda claro que este gobierno ha incrementado el aparato represivo del estado; ha endurecido todavía más el sistema penal; ha profundizado la criminalización de la protesta al punto de ser el gobierno constitucional con más presos políticos desde 1983, y no ha cambiado en nada la política de control social sobre la población. Por el contrario, las cifras de muertos por el gatillo fácil y la tortura aumentan de forma constante en todo el país.

En lo demás, no parece necesario siquiera buscar más allá de los propios voceros del sistema. En la página 4 del diario Clarín de este domingo 26 de diciembre se comenta con cierta preocupación que el viejo vínculo entre Kirchner y Domingo Felipe Cavallo persiste en el tiempo, sugiriéndose que el múltiple ex ministro de Menem y De La Rua estaría funcionando como “asesor en las sombras” del gobierno en la relación con el FMI, aprovechando su excelente vínculo con Rodrigo de Rato. Una de las señales más recientes de su condición de “fantasma oficial”, dice el diario, es que apareció sorpresivamente en Madrid al mismo tiempo que llegaban allí Cristina de Kirchner y Alberto Fernández, a quienes habría estado asesorando.

CASO BULACIO: EL ESTADO ARGENTINO SIGUE SIN CUMPLIR
Reproducimos abajo el comunicado de prensa que emitimos al tomar conocimiento por la prensa de que la Corte Suprema había rechazado la prescripción en la causa que investiga la muerte y privación ilegal de la libertad de Walter Bulacio y más de 70 jovenes en abril de 1991. Hacemos especial énfasis en que, como en otras oportunidades, los medios de comunicación son informados antes que las partes, práctica viciada que impide una crítica seria del fallo judicial.

En el caso concreto, esta medida no es más que una respuesta apresurada del máximo organo judicial ante la intimación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que nos permite afirmar que, de no haber existido ese apercibimiento impulsado por CORREPI, la causa Bulacio hubiera continuado “durmiendo” (”circulando” como es la jerga de los “cortesanos”) en los escritorios de la nueva Corte de Justicia elegida por K.

CUMPLIR A MEDIAS NO ES CUMPLIR
El Estado Argentino, cuyo gobierno nacional tanto declama el respeto a los DDHH, sigue sin cumplir la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El fallo de la Corte Suprema que ordena reabrir la causa Bulacio no cumple con lo ordenado por la Corte Interamericana de DDHH al estado argentino. Los cortesanos se negaron a reconocer el carácter de CRIMEN DE LESA HUMANIDAD al crimen policial, no repusieron a la querella como parte en la causa y no apartaron del trámite futuro a los jueces señalados por el tribunal internacional como responsables de la gravísima situación de impunidad.

De acuerdo a la información periodística -no hemos podido conocer el fallo- la Corte Suprema en pleno ha resuelto que se debe retomar el trámite de la causa por la detención y muerte de Walter Bulacio, que la Sala Sexta de la Cámara Criminal declaró prescripta en diciembre de 2002. Después de dos años de tener la causa en sus despachos, los supremos se apuraron a resolverlo luego de que el ministro Rosatti les pidiera ayuda frente a la intimación cursada hace dos semanas al estado argentino por la Corte IDH.

La Corte Suprema consideró que la acción penal no está prescripta, pero se negó expresamente a reconocer al hecho el carácter de crimen de lesa humanidad. La decisión de los jueces de la “renovada Corte”, que dejan a salvo su opinión personal contraria a la de la Corte IDH, demuestra que el Estado Argentino no está dispuesto, ni con este gobierno ni con ningún otro que represente similares intereses, a admitir que todo crimen cometido por sus fuerzas de seguridad es un CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. Mientras no tienen problemas en declamar la defensa de los DDHH cuando del pasado se trata, los jueces se disciplinan frente a la necesidad institucional de defender a los ejecutores actuales de su política represiva, que asesinan un joven como Bulacio cada 55 horas.

Tampoco obedecieron los cortesanos la orden de reponer a la querella, arbitrariamente expulsada del expediente en octubre de 2002, ni apartaron del trámite futuro a los jueces y camaristas señalados por el tribunal internacional como responsables por la gravísima situación de impunidad. Se limitaron en este punto a remitir los antecedentes al Consejo de la Magistratura. Sin querellantes molestos no habrá quién los recuse, y podrán volver a cerrar la causa cuando se apaguen los ecos de los titulares de los diarios.

Lejos están los tiempos en que el Supremo Raúl Eugenio Zaffaroni decía “las detenciones arbitrarias son la puerta de acceso a la tortura”. En su voto considera que la sentencia que hizo lugar a la prescripción no fue arbitraria, releva de responsabilidad al comisario Espósito y su defensa técnica por la sucesión de “chicanas” toleradas por el poder judicial que llevaron a la parálisis del trámite desde junio de 1996, y considera el hecho como un delito común.

A este insuficiente cumplimiento de lo ordenado respecto de la causa penal, se suma el silencio absoluto de los restantes poderes del estado frente a la intimación a eliminar las normas y prácticas no normadas que facultan a las policías y otras fuerzas de seguridad a realizar detenciones arbitrarias, que la Corte IDH señala como el marco institucional que facilitó la muerte de Walter Bulacio. Mientras subsistan la averiguación de antecedentes, las contravenciones y las razzias, y mientras no haya juicio y castigo a los responsables de la detención y muerte de Walter Bulacio, el estado argentino persistirá en su incumplimiento del fallo internacional.

TORTURADOR PRÓFUGO: LA TERCERA, ¿SERÁ LA VENCIDA?
Después del “blooper” protagonizado en el mes de julio por la recién estrenada brigada antiprófugos del ministro Arslanián, el 23 de diciembre finalmente Raúl Rodolfo Gastelú, uno de los cinco policías que en agosto de 1992 torturó hasta la muerte a Sergio G. Durán (17), fue detenido. Después de haberse profugado en 1993 y encontrado por CORREPI en 1996, por obra y gracia de jueces tan garantistas con policías como manoduristas con civiles, había sido excarcelado tres años después. En agosto de 2003, el día que comenzaba el juicio contra él y otros dos policías, se escapó de nuevo.

En julio de este año, cuando CORREPI entregó a la Fiscalía de Morón el video obtenido por un canal de televisión después que ubicáramos al prófugo en su propio domicilio (vieja costumbre policial, la de estar prófugo en casita sin que nadie los moleste), el grupo de elite de la bonaerense a la que el ministro de seguridad encomendó la tarea inventó el verso de hubo un error en la dirección que demoró el procedimiento y permitió que el “camarada” se les escapara.

Gastelú, prófugo por tercera vez, seguía en el mismo barrio de Moreno, y se disponía a celebrar la Navidad en casa de un pariente cuando fue detenido. Esta vez armaron un buen circo, con un policía vestido de cartonero y todo. Pero todo estuvo nuevamente a punto de fracasar cuando el poli-cartonero (perfectamente caracterizado) fue detectado por la mujer de Gastelú, que lo increpó por ser policía y hasta logró que la comisaría de la zona se lo llevara preso. Se ve que bien aleccionado, el hombre logró convencer a sus colegas que no era uno de ellos, y el operativo pudo continuar. Ahora van a realizar una investigación interna, porque el detalle prueba que a pesar del reducidísimo grupo que conocía su presencia en Moreno, hubo una filtración. O la mujer de Gastelú tiene poderes extrasensoriales o le tiraron desde adentro el dato para que su marido el torturador siga zafando.

Funcionarios del ministerio de seguridad se comunicaron con compañeros de CORREPI ni bien tuvieron confirmada la detención. Si esperaban que los felicitáramos por hacer su trabajo, se equivocaron. No sólo es lo que debieron hacer desde hace mucho (siempre supieron dónde estaba Gastelú). Resulta cuando menos sugestivo que la noticia coincida con el anuncio, cuidadosamente oculto en páginas interiores de los diarios, del cierre por razones técnicas de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de la Policía bonaerense Alberto Sobrado, que tenía más de 500 mil dólares depositados en paraísos fiscales.

Ya hubo dos juicios por la tortura seguida de muerte de Sergio Durán. En ambos casos (1995 y 2003) Gastelú estuvo ausente. Los dos policías juzgados, Jorge R. Fernández y Ramón Nicolosi, fueron condenados a prisión perpetua. gastelú irá ahora a juicio, siempre que no se le caiga la llave de su celda a algún policía, como ya pasó en 1998 con Luis Alberto Farese, que se escapó de una comisaría por la puerta del frente, vestido de policía. Lo seguimos buscando, igual que al otro prófugo, el subcomisario Miguel Angel Rojido, prófugo desde el mismo día que Gastelú. Adonde vayan los iremos a buscar.

NAVIDAD SIN PRESOS POLITICOS
Nos propusimos hace algunos meses motorizar la campaña POR UNA NAVIDAD SIN PRESOS POLÍTICOS. Salimos entonces a militar la idea de instalar y sostener una carpa bajo esa consigna en el corazón político de la Argentina, Plaza de Mayo, con el objetivo de que una iniciativa conjunta de todas las organizaciones populares diera visibilidad pública a la silenciada existencia de más presos políticos que nunca antes desde 1983.

El 20 de diciembre, cuando las columnas de manifestantes se retiraron de la Plaza al término del acto masivo, quedamos allí grupos de las organizaciones que hicieron propia la convocatoria. Eran, entonces, 24. Al caer la noche la carpa estaba levantada y la bandera instalada, a pesar de las amenazas de comisarios varios y de la presencia intimidatoria de cada vez más personal policial. A la carpa principal y a la bandera de 12 metros que decía NAVIDAD SIN PRESOS POLÍTICOS se sumaron las carpas más pequeñas en las que dormirían los compañeros, y la Plaza de Mayo se pobló de banderas, afiches y carteles reclamando la libertad de todos los presos políticos y el cese de la persecusión política.

Con el correr de las horas y días se sumaron compañeros y organizaciones, llegando a ser 40 las que suscribieron el texto de la carta que el jueves, después de una conferencia de prensa, entregamos en la Casa Rosada (el texto completo puede consultarse en www.correpi.lahaine.org así como las fotos, entre las que se destaca, imperdible, la del comisario de la presidencia arrodillado frente a los compañeros, reponiendo sobre el asfalto los sellos en la copia de la carta). Particularmente importante fue la presencia de familiares de los presos de Caleta Olivia y de los compañeros recientemente liberados de la causa por el escrache al FMI en esa misma plaza el 31 de agosto.

Todas las noches el grupo de cine Alavío montó una pantalla gigante en la que pudimos ver distintas películas y cortos, actividad que a lo largo de la semana fue congregando presencia de muchas personas que las disfrutaron, solidarizándose con nuestro reclamo y firmando las planillas que circulaban en forma permanente.

La importancia de la medida y su trascendencia a nivel nacional e internacional se hizo patente cuando ambos ministros Fernández salieron a hacer declaraciones y a afirmar “se tienen que ir”. Pero nos quedamos, no sin esfuerzo, pero con decisión y convicción.

Como nos lo propusimos, pasamos la Navidad en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Una larga mesa improvisada con tablones y caballetes sirvió para compartir el gran asado que para horror de los feligreses que llegaban en autos importados a la misa de gallo llenaba el aire de tentador aroma. Cada uno aportó lo que pudo, y no faltó ni el postre, con una gigantesca ensalada de frutas y pan dulce.

El éxito político de la actividad pudo medirse por la repercusión en los medios de comunicación nacionales y extranjeros, que no pudieron silenciar que el gobierno de los derechos humanos tiene presos políticos, y que estamos dispuestos a seguir luchando por la libertad de todos ellos.

IMPUNIDAD A LA JUJEÑA
(Analia Rodríguez - Red Eco) Jujuy - Autoridades judiciales de Jujuy anunciaron que serán liberados 5 de los 7 policías detenidos por el asesinato de Esteban Armella producido a fines de noviembre en dicha provincia. Armella integraba la organización Barrial Tupac Amaru
que forma parte de la Central de Trabajadores Argentinos de Jujuy. El joven de 33 años, colaboraba con el comedor “Los Chirolitas” de la ciudad de San Salvador Jujuy.

El 23 de noviembre fue detenido por averiguación de antecedentes por personal de la Brigada de Investigación de San Salvador Jujuy. Permaneció en la comisaría por 24 horas y debió ser internado de urgencia en terapia intensiva del hospital Pablo Soria en estado de coma, y el viernes 27 de ese mes murió.

Según la CTA y la familia del joven, éste murió a causa de un golpe en la cabeza producido por una caída y convulsión, producto de la feroz paliza que le propinaron policías de la Brigada de Investigaciones. La CTA organizó varias marchar en la capital jujeña y en la ciudad de Buenos Aires pidiendo el esclarecimiento del crimen y el 9 de diciembre fueron detenidos los 7 policías que hoy serán dejados en libertad. Fernando Acosta, secretario general de la CTA Jujuy, indicó que mañana los delegados de la Central se movilizarán al Juzgado de la doctora Delia Filomena Ortiz, que entiende en esta causa, para pedirle una entrevista y repudiar su decisión, acompañada también por el fiscal Isidoro Cruz. “Responsabilizamos a la jueza y al fiscal porque le están dando total impunidad a los policías que mataron a nuestro compañero”, enfatizó Acosta, al tiempo que anunció que el próximo lunes se realizará una marcha provincial para exigir Justicia.

NO PARAN NI PARA LAS FIESTAS
Cuando el 10 de diciembre presentamos la actualización del Archivo de Casos 1983/2004, destacamos dos datos: que la provincia con mayor índice de muertos por el estado en proporción a la población sigue siendo Santa Fe, y que las muertes en cárceles y comisarías son la causa de muerte más frecuente a manos del estado (más del 30 % de las víctimas del Archivo estaban detenidas legfal o ilegalmente).

La madrugada del 25 de diciembre, Alexis Rojas, de 16 años, murió carbonizado en su celda de la Dirección de Asuntos Juveniles dependiente de la policía santafesina. Estaba detenido por atentado y resistencia a la autoridad. Su compañero de celda, Víctor López, de la misma edad, fue internado en el hospital Cullen con el 70 % del cuerpo con quemaduras de tercer grado y está muy grave.

El subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi, y el titular de la URI, Sergio Blanche, salieron a dúo a echarle la culpa a las propias víctimas, aun cuando ni siquiera se han realizado las pericias más elementales. Es de recordar que Sergio Rafael Blanche algo sabe de incendios y presos muertos: es uno de los responsables por la muerte de 13 presos a raiz de un incendio en la comisaría 25ª de Pueblo Nuevo, Villa Gobernador Gálvez, el 15 de noviembre de 2000. También en ese caso se imputó el hecho a los sobrevivientes.

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