CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

La masacre de Once
En reiteradas oportunidades señalamos que la “seguridad” no se circunsacribe a la reducción del índice de delitos callejeros (en especial los cometidos contra la propiedad), sino que es un concepto mucho más amplio, que incluye la garantía de acceder y gozar cada uno de los derechos humanos (vida, salud, educación, trabajo, etc.).

Esta semana hubo dos noticias que pusieron de relieve la inseguridad reinante en dos aspectos poco considerados por las campañas de prensa, debido a su vinculación con el lucro comercial de algunos en detrimento de la vida y la integridad física de muchos. En primer lugar, algunos medios publicaron las estadísticas acerca de accidentes de trabajo, que demuestran que están en aumento. En otras palabras, los trabajadores están cada vez más inseguros debido a que sus patrones pretenden maximizar la ganancia a costa de las mínimas medidas de seguridad.

Luego, el jueves, de forma impactante, el incendio en República Cromagnon demostró el nivel de inseguridad existente en los boliches bailables, que sólo preocupaban a las autoridades (muy de vez en cuando) por los crímenes cometidos por los patovicas en las puertas. En un sólo hecho catastrófico, producido por la “lógica empresarial” y la falta de adecuadas medidas de seguridad, hubo más muertos que en la totalidad de los hechos de homicidio no cometidos por personal estatal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (según los datos publicados en Internet por la Dirección Nacional de Política Criminal, el total de homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires fue de 53 en 2004, y los culposos fueron 76, o sea, 129 homicidios en todo el año frente a 182 muertos seguros hasta este momento a raíz del incendio en República Cromagnon).

El nombre del local designa de forma ideal la barbarie del capitalismo y de sus representantes, empresarios y funcionarios del estado. Por una parte, la bestia del comerciante, que disfrazado de artista, siguió vendiendo entradas superando ampliamente la capacidad del local con las puertas de emergencia cerradas con candados para que no hubiera colados. El que para mejorar el sonido puso materiales baratos, que son puro petroleo, en lugar de gastar unos pesos más en elementos ignífugos, justo con una banda cuyos seguidores suplantan la necesidad de usar la violencia contra los que los han puesto en una situación de desesperación y desprotección social con el lanzamiento de bengalas fabricadas a mansalva para las fiestas por comerciantes que se movilizaron para apoyar a Blumberg en sus campañas para matar con la bala policial a estos mismos chicos.

Un tipo tan hijo de puta que para no perderse las entradas de tantas chicas solteras con hijos las deja entrar con los niños o les pone una guardería a unos metros de las telas de petroleo. Los hijos de puta de Sadaic que supieron anticipadamente que se había entrado en colapso con la cantidad de público, por el cuentaganado con el que controlan el superimpuesto con el que se alzan para esa empresa paraestatal y corrupta.

El jefe de calle de la Comisaría 7ª, ¿qué va a decir? ¿Que nunca entraron? ¿Que nunca vieron los problemas de la sala? ¿Que nunca pidieron una coima para permanecer mudos y no mirar?. ¿Y los inspectores municipales, que ahorta resulta que no fueron en todo el año? ¿Y los bomberos de la PFA, que dieron su consentimiento al funcionamiento de un lugar que era una trampa mortal?.

¿Y el Gobierno Nacional, Kirchner y sus ministros?, ¿Acaso el tema no es de esa envergadura? Ya lo dijo el Ministro del Interior con el mayor cinismo, típico de los que pueden dejarle a la madre que les esconda un cadáver en el ropero: “eso era una ratonera”.

Después vinieron nuestras tristes noticias, el primo de Sabrina internado, las vecinas de Rodolfo, el sobrino de Tito, los compañeros de la murga de Cucú, la salvación increíble del hijo de Lidia. Tristeza absoluta.

La muerte de 182 jóvenes y 750 heridos en el recital del Once es un problema político de primer orden y no simplemente una desgracia o un tema judicial.

Denunciar al estado, a la dirigencia política y a los capitalistas. Comprender que no nos salva nadie: Sólo los explotados movilizados por su derecho.

El gobernador Solá confiesa sus propósitos
La semana pasada, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá presidió el acto de presentación de la Policía Buenos Aires II, puesta bajo el mando de un Prefecto General retirado (dicho sea de paso, ¿alguien sabe dónde estuvo este prefecto durante la dictadura?).

En dicho acto explicitó algo que sostenemos desde hace rato: la voluntad del gobierno bonaerense y el nacional de relegitimar las fuerzas policiales para continuar utilizándolas contra nuestro pueblo.

Las palabras de Solá, dirigidas expresamente tanto a la Policía Buenos Aires II como a las restantes caras de la Bonaerense, fueron muy elocuentes: “Hemos tomado la decisión de represtigiar a la policía”.

Observemos bien la frase. El verbo usado es “Represtigiar”. Ya se acabaron las alusiones a “depuraciones”, “purgas” y lavativas similares. Ahora el objetivo es simplemente mejorar el prestigio de la institución.

“Paz” en La Boca
Esta semana hubo un resonante caso de gatillo fácil en la Boca, Ciudad de Buenos Aires, cuando el policía Rubén Darío Almada asesinó a Luis Martínez, limpiavidrios, aparentemente tras una discusión por una pelota.

Este terrible crimen sería uno más dentro de la larga nómina de homicidios por parte de personal policial, sino fuera porque el autor de los hechos pertenecía a la División que hace escasamente un mes se dio a publicidad con el apelativo de “Pacificadores” (dicho sea de paso, ninguno de los medios que consultamos recordó esta circunstancia).

Estos “pacificadores” se anunciaban como personal muy preparado, que no utilizaría armas de fuego en su accionar profesional y se dedicaría a actuar en movilizaciones.

Oportunamente denunciamos su actuación en los hechos de la Legislatura el 16 de julio del año pasado y los antecedentes de su jefe en la represión a manifestantes y periodistas en la zona de Congreso en 2002.

Ahora, uno de los “pacificadores” ha demostrado sus condiciones profesionales asesinando a un hombre que fue a pedir explicaciones después que el energúmeno disparó -por suerte, sin herirlo- contra el hijo de Martínez, cuando fue a pedirle que le devolviera su pelota de fútbol.

Record de asesinados en diciembre
El 10 de diciembre pasado presentamos públicamente la actualización 2004 del Archivo de Casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado argentino. Totalizaban a esa fecha 1684, con un promedio mensual para el año de 12 casos (3 por semana, un muerto a manos del estado cada 55 horas).

El mes de diciembre suele venir acompañado de un alza del gatillo fácil y las muertes en cárceles y comisarías. Es una tendencia habitualmente repetida, pero este año adquirió dimensiones descomunales. En la segunda quincena de diciembre llevamos registrados 15 casos, a razón de uno por día, superando todo promedio “normal”:
Alexis Rojas y Víctor López, ambos de 16 años, murieron carbonizados en la madrugada de Navidad en su celda de la Dirección de Asuntos Juveniles de la provincia de Santa Fe.
Ramón Baltazar “Monchito” Arce fue torturado hasta morir en la Comisaría 11ª de Corrientes el 26/12/04. Era dirigente barrial y tenía a su cargo el comedor infantil “Caritas Sucias” en el barrio Quinta Ferré.
Luis Martínez, de 40 años, fue atacado a balazos por un policía que hacía custodia en un galpón de La Boca cuando fue a reclamar junto a su hijo, una pelota con la que los chicos jugaban y que cayó en el techo del lugar.
Alejandro Rosalino, 22 años. Fue asesinado por su pareja, la Oficial ayudante Carolina Vera a raiz de una discusión el 22/12/04 en Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz.
Mauricio Cornejo, 20 años, fue fusilado de un tiro en la nuca el 19/12/04 en El Bolsón, Rio Negro, por el Cabo Javier Marifil, de la Brigada de Investigaciones y los suboficiales Héctor Daniel Osés, José Orlando Riffo y Diego Montesinos, que entraron a robar el supermercado donde Cornejo hacía custodia.
Mariana Vanesa Bres, de 21 años, fue asesinada el 21/12/04 en Los Polvorines, Buenos Aires, por su marido, el Cabo del Ejército, Diego Arce.
Vicente Lucero, de 27 años, preso en San Luis, murió el 23/12/04 por estallido del bazo. El motivo según la autopsia puede ser un golpe de puño o de pie.
El 27 de diciembre, un detenido apareció colgado de los barrotes de la celda con su remera en la comisaría 30ª de la ciudad de Buenos Aires.
Jorge Gómez Muratori, Pablo Acevedo Moreira, Juan Angel Torivio Guadagna, Luciano Tolosa Paz, Víctor Otero Quiróz y Gustavo David Acosta, detenidos en la cárcel bonaerense de Olmos, murieron el 31/12/04 en un incendio.

El fiscal Heredia se quedó con las ganas
El fiscal platense a cargo de la UFI nº 1 se va a quedar con las ganas de mandar a juicio oral a los 57 compañeros que ordenó detener el 3 de agosto de 2001 después de una movilización al Minsiterio de Trabajo del MTR. Pocas veces un funcionario judicial puso tanto empeño en mantener detenidos, primero, y procesados, después, a militantes populares. El Dr. Heredia hizo en esta causa cosas increíbles, pero le salió mal la jugada, pues su requisitoria de elevación a juicio fue declarada nula por falta de fundamentación por tercera vez, y los compañeros sobreseidos definitivamente.

Primero bancó las arbitrarias detenciones policiales, realizadas cuando la columna de manifestantes se retiraba hacia la estación de tren después de que sus representantes sostuvieran conversaciones con el entonces ministro de trabajo bonarense, el hoy ministro nacional Aníbal Fernández.

Interrogó a los casi 60 detenidos al mejor estilo “service”, con preguntas como ¿había banderas rojas en la manifestación? ¿a ud. le pagaron por ir? ¿quiénes son sus referentes?.

Los mantuvo detenidos acusados de coacción agravada por varios meses sin una sola prueba. Hasta la presunta víctima, don Fernández, declaró que nadie lo amenazó, y conociéndolo, más parece que el que suele amenazar es él. Después, y aunque la Corte Suprema por vía de habeas corpus interpuesto por la defensa ordenó al juez de la Plata la libertad, dejando establecido que no se había cometido el delito de coacción agravada, los mantuvo procesados. En Semana Santa de 2002 intentó volver a detenerlos por el mismo grave delito. Cuando se le hizo notar lo resuleto por la Corte nacional, argumentó que en el apuro “se había salteado un párrafo de la resolución”.

Firme en lo suyo, Heredia pidió una y otra vez la elevación a juicio de la causa contra los 57 compañeros por atentado a la autoridad. Una y otra vez la defensa, integrada por compañeros de varios organismos, entre ellos CORREPI e HIJOS La Plata, denunció su nulidad. Como en el juego de la Oca, estuvimos dos años volviendo al primer casillero.

Finalmente la semana pasada el juez Guillermo Atencio tuvo que declarar nula la nueva requisitoria de elevación. Los compañeros quedaron sobreseidos y la causa será archivada.