CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

ALGUNOS APUNTES DEL OPERATIVO SOL Y LA POLICIA DE MAR DEL PLATA
Algunos medios están reflejando los datos estadísticos relativos al habitual mega-Operativo Sol de la Policía Bonaerense: 8104 policías, 771 vehículos terrestres, seis helicópteros, un avión bimotor, 122 bicipolicías, equipos Morpho Touch para reconocimiento inmediato de las huellas digitales.

Incluso se dan estadísticas de supuestas reducciones en el número de delitos (cálculo realizado en comparación con otros años) que se atribuyen al número de efectivos en el área. Si el incremento de efectivos supuestamente disminuye el número de hechos delictivos, deberían darse a conocer las estadísticas sobre el aumento de hechos delictivos en aquellos lugares de donde se extrajeron las fuerzas usadas ahora en la costa (Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, San Miguel, Los Pinos, La Matanza).

La realidad es que las esquinas del centro de Mar del Plata están tomadas por personal de los Cuerpos de Caballería e Infantería, a los que se suman bonaerenses en no menos de cuatro uniformes distintos (ropa de gimnasia celeste, buzos blancos o azules, ropa playera, el tradicional o inclusive mezclas de varios). Y en los límites de la ciudad (por ejemplo a los lados de la avenida Luro) hay intensos operativos montados con camionetas patrulleras (no sea que los pobres ingresen al centro y molesten a los turistas).

Esta mezcla de procedencias complica aún más el control sobre las acciones policiales, con el agravante de que muchos de los vehículos policiales (aún los identificables) carecen de identificación adecuada o la tienen incompleta. Así, algunas camionetas patrulleras sólo ostentan su dominio (EMH 624, EMH 625, EMO 855), sin marcas de repartición ni número interno, mientras una patrullera Ford Ranger 4×4 y un patrullero Volkswagen ni siquiera tienen patente visible y algunas otras, como las camionetas patrulleras 7934, 8205 y 8206, tienen número interno pero carece de patente.

Por otra parte, la intervención policial en Mar del Plata está avanzando hacia la transformación de esa policía en una fuerza distrital. Ya comenzó en ese sentido un plan piloto con las comisarías segunda, cuarta y sexta, a las que asignó el personal correspondiente a la zona de la DDI, el Comando de Patrullas y el GPU (Grupo de Patrulla Urbana). Sobre las policías comunales y distritales estamos elaborando un documento especial que será dado a conocer próximamente. Además, transformaron en Comisarías 12º, 13º y 14º las hasta ahora Subcomisarías Jorge Newbery, Playa Serena y Sierra de los Padres.

LA IMAGEN DE LA POLICIA
Todos sabemos que la crisis de diciembre de 2001 desnudó un profundo descreimiento en las instituciones, que perduró en lo fundamental durante el siguiente año.

Recientemente, “Semanario Parlamentario”, publicación ajena a cualquier crítica al sistema, publicó una encuesta de Ricardo Rouvier & Asociados acerca de la evolución de la imagen positiva de las diversas “instituciones” (incluyendo en ese concepto no sólo las estatales y la Iglesia sino también bancos, empresarios, sindicatos) entre 2002 y 2004. El resultado no es sorprendente. Ninguna institución bajó su imagen positiva, algunas como los bancos casi la triplicaron, las fuerzas armadas la mejoraron sensiblemente del 28,4% al 34,6% (y a esto no pueden ser ajenos los reiterados gestos de Kirchner en el sentido de trazar una diferenciación simbólica entre las FF.AA. actuales, supuestamente democráticas, y las de la dictadura).

Entre las muy pocas instituciones que apenas repuntaron (en realidad, posiblemente quedaron iguales dentro del margen de error estadístico) se encuentra la policía (15,2% a 16,1%). Las innumerables campañas de ley y orden, los discursos altisonantes, las falsas y publicitadas purgas, no han podido reflotar el consenso popular en el aparato represivo cotidiano del Estado. ¿Porqué será?

TORTURAS EN IRAK: OTRA DE “LOQUITOS SUELTOS”
Las fotografías de militares yanquis sometiendo prisioneros iraquíes a torturas en Abu Ghraib dieron la vuelta al mundo y produjeron generalizado repudio. Como siempre que se expone la política represiva del estado, de inmediato vinieron los aluviones de explicaciones oficiales atribuyendo los atroces y humillantes tormentos a las perversas mentes de uno o dos “loquitos sueltos” que rápidamente fueron sometidos a proceso militar.

Esta semana un jurado militar declaró culpable al soldado estadounidense Charles Graner y lo condenó a 10 años de prisión, pena leve si se considera que son reiterados hechos de tortura con pluralidad de víctimas. Pero es que no lo condenaron por aplicación de tormentos, sino por “conspiración para maltratar a los detenidos, negligencia en el cumplimiento de su deber, maltrato, agresión agravada y actos indecentes”. Nótense las perífrasis usadas para evitar el uso de la palabra TORTURA.

Las conductas concretas que se imputaban a Graner consistían en apalear prisioneros con varas de metal, obligarlos a masturbarse, apilarlos desnudos, uno sobre otro, en lo que se denominó la “pirámide animada” y forzarlos a adoptar humillantes posiciones sexuales. Muchas de esas escenas fueron registradas en las famosas fotografías, en las que el propio Graner posa sonriente junto a sus víctimas. Eso, para la justicia militar yanqui, obviamente no es aplicación de tortura, como el submarino seco son simples apremios para los jueces argentinos.

Igualmente significativo es analizar los argumento de la fiscalía y la defensa durante el juicio. La defensa de Graner no negó los hechos, pero sostuvo que el imputado y los restantes policías militares acusados estaban siguiendo instrucciones de los expertos de la Inteligencia Militar para obtener información sobre los grupos insurgentes contrarios a Estados Unidos en Irak. El propio Graner admitió que había cometido esas acciones porque recibió órdenes de hacerlo para quebrar la voluntad de los prisioneros mediante la tortura.

El soldado dijo que sus superiores le indicaron claramente que esperaban que obedeciese las órdenes de los militares y de los agentes de la inteligencia civil que dirigían sus actividades en Abu Ghraib. Agregó que un teniente de su unidad le dijo: “Si la inteligencia militar le pide que haga algo, tiene que hacerlo. Ellos son los que están a cargo; obedezca sus órdenes”, al tiempo que se le explicaba que los actos de explícito contenido sexual como obligar a los prisioneros a masturbarse o a simular la práctica de sexo oral estaban justificados ya que “los expertos sabían explotar las diferencias culturales para obtener información”.

Todo el énfasis de la acusación, a cargo del capitán Chris Graveline, fue puesto en cambio en probar que Charles Graner fue el único instigador de estos aberrantes actos, a los que definió (vaya sorpresa) como “abuso por deporte, para divertirse, originado en el “perverso humor sexual” del acusado.

Una vez más la doctrina del “loquito suelto”, del “psicópata reclutado por error” sirve para poner a cubierto al estado terrorista, que cuando se ve públicamente expuesto no duda en soltar la mano del funcionario del que se sirvió para ejecutar sus designios.

MISCELANEAS DE LA CRIMINALIDAD POLICIAL
Todos los días circulan, ocupando el mínimo espacio posible en los medios, noticias como las que resumimos a continuación. Las cinco que transcribimos fueron publicadas esta semana, dando una idea del grado de compromiso de las fuerzas de seguridad en la comisión de los más variados delitos.

1.- El Ministerio de Seguridad bonaerense exoneró a un oficial y a dos suboficiales de la comisaría 5ª de Quilmes. La resolución fue adoptada luego de que una investigación de Asuntos Internos comprobó que el 14 de setiembre de 2004 los tres policías habían cometido un secuestro exprés, cuya víctima fue una mujer, en la localidad de Villa Barceló, partido de Lanús.

2.- Un comisario de Mendoza, que había sido separado de su cargo por usar un vehículo policial para sus vacaciones, y que luego fue reincorporado, fue relevado otra vez. El comisario Rubén Di Marco, que en el verano de 2004 usó un auto de la seccional para ir desde General Alvear —a 323 kilómetros de la capital mendocina— a Mar del Plata, ahora fue relevado por una supuesta malversación de caudales públicos.

3.- Cuatro policías del comando de patrullas de Pilar fueron detenidos acusados de abuso sexual. El ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, los exoneró. Son un sargento y tres suboficiales que recibieron la sanción más dura del régimen policial a partir de la denuncia de una joven con retraso mental que dijo haber sido violada el 14 de setiembre de 2004 por los cuatro efectivos.

4.- Cuatro agentes penitenciarios fueron separados de la fuerza y otros tres recibieron fuertes sanciones por haberse comprobado su responsabilidad en las graves irregularidades administrativas detectadas en la Unidad Penitenciaria Nº 38 de Sierra Chica. En tanto, se dispuso el pase a disponibilidad de los jefes de los penales 4, de Bahía Blanca, y 14, de General Alvear, por detectarse graves faltas contables.

5.- El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció que personal del Ejército y del Servicio Penitenciario cobraban indebidamente beneficios sociales para desocupados como de los planes para Jefes y Jefas de Hogar y Trabajar. Entre los 587 denunciados del Ejército se encuentran desde oficiales a jubilados. La investigación data desde 1998. Esta casi lista la denuncia contra miembros de la Fuerza Aérea y Armada. En su gestión Marijuán ya habia detectado ese tipo de delito en 1148 agentes de las policías provinciales; 2576 empleados municipales de la Provincia de Buenos Aires y en personal de la Gendarmería y de la Policía Federal.

LAS CELDAS DE LA MUERTE
En el Boletín nº 304 señalábamos que en 15 días del mes de diciembre de 2004 el estado argentino mató, a través de sus fuerzas de seguridad, igual número de personas, destacando que la mayoría eran detenidos en comisarías o internos en cárceles.

Esta semana se conocieron dos nuevas muertes de presos, uno en la ciudad de Buenos Aires, otro en el conurbano bonaerense, confirmando que estar en una celda policial o penitenciaria es la primera causa de muerte a manos del estado.

Daniel Kalatakis, de 18 años, que había sido detenido por un robo en el porteño barrio de Floresta, fue hallado ahorcado con su remera en la seccional 40ª de la Policía Federal. El episodio, sólo trascendió ahora, ocurrió la madrugada del 31 de diciembre, apenas cinco días después de que otro detenido por robo apareciera colgado en un calabozo de la comisaría 30ª de Barracas.

El juez de instrucción Marcelo Alvero clausuró los calabozos de la comisaría e imputó, en principio, del delito de “homicidio culposo” a cinco policías que se encontraban dentro de esa seccional en el momento del hecho. Los mismos cinco policías fueron pasados a disponibilidad por orden de Asuntos Internos para ser investigados.

El lunes 10 de enero policías de la comisaría tercera de Avellaneda descubrieron un túnel que realizaban los detenidos para escapar de uno de los calabozos. Llevaron los ocho detenidos allí alojados a un patio interno, mientras efectuaban una requisa y reparaban el lugar. Cuando finalizó la inpección, los presos fueron reingresados uno a uno a los calabozos, momento en que fueron brutalmente golpeados con palos por los policías.

Horas después, los detenidos fueron reubicados en otras dependencias. Previo a ello se labró un informe médico, que resultó ser falso, en el que se dejaba constancia de que todos ellos estaban en buen estado físico. Al día siguiente, uno de los detenidos, Diego Adrián Gallardo (20), comenzó a sentirse mal en su nuevo lugar de alojamiento -la comisaría primera de Avellaneda- y murió más tarde cuando fue llevado al hospital Fiorito.

La autopsia determinó que Gallardo tenía el estómago destrozado y un hematoma en el cráneo, ambas lesiones causales de la muerte. Elsubcomisario Rubén Gómez, el oficial inspector Marcelo Fiordomo y el suboficial Julio Silva fueron detenidos por orden del fiscal Devoto de Lomas de Zamora, imputados por homicidio calificado por su condición de policías y en concurso premeditado de tres personas. Como de costumbre, de tortura seguida de muerte, ni media palabra.

EXIMICIÓN DE PRISIÓN PARA EL COMPAÑERO ESTECHE
La Cámara Federal no tuvo más remedio que admitir que la orden de captura que pesaba sobre el referente del MPR Quebracho Fernando Esteche no encontraba lógica ni siquiera dentro de los estrechos límites de la justicia del sistema. La misma sala que en diciembre tuvo que revocar el procesamiento de los compañeros de esa organización, del MTR-CUBa y de la FTC detenidos en la jornada de repudio a la visita del director del FMI Rodrigo de Rato, ordenando su inmediata libertad, eximió ahora de prisión a Fernando, con lo que la orden de detención del juez Galeano quedó sin efecto.

Aunque Galeano y el fiscal Stornelli seguirán instruyendo la causa, en la que cuatro compañeros y el propio Esteche aún permanecen procesados, y por más que sabemos que ambos funcionarios continuarán una investigación exclusivamente basada en informes de inteligencia del departamento seguridad de estado de la PFA intentando como sea profundizar la persecución, es una alegría que a la libertad de los compañeros poco antes de Navidad se sume este nuevo triunfo, que permite a Fernando volver a su vida cotidiana.

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