CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

El estado burgués, independientemente del gobierno que lo administre, necesariamente debe recurrir a herramientas represivas como el gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias y la persecución política para garantizar la aplicación de su política económica y social. El estado, como organizador de la violencia en beneficio de los sectores dominantes, utiliza su aparato represivo para disciplinar y reprimir a las clases oprimidas.
El actual gobierno nacional, continuador de las políticas económicas de sus antecesores, logró, con un hábil discurso, generar expectativas en algunos sectores que esperaban escuchar algo diferente al “modelo neoliberal” sustentado por el menemismo y la Alianza. Pese a ese discurso que anunciaba “vientos de cambio”, la práctica de los actos de gobierno demostró la falacia. De aquellos expectantes, muchos han quedado incorporados al partido de gobierno, aún con algún “apoyo crítico”, y los restantes afrontan una nueva frustración que se traduce en parte en el actual incremento de la conflictividad social que involucra sectores inicialmente afines al gobierno.
La política de DDHH del gobierno de Kirchner es uno de los aspectos en los que más se evidencia esta dualidad entre discurso y práctica. Como en otros campos (la relación con el FMI, por ejemplo), hubo un avance discursivo inicial forzado por las circunstancias, al tratarse de un gobierno con mínima legitimidad de origen que debía construir un fuerte consenso en todas las áreas. Se concretaron incluso actos de alto contenido simbólico y gran valor político para mejorar la imagen interna e internacional, siempre referidos a las violaciones a los DDHH en el pasado, pero totalmente irrelevantes respecto de la realidad represiva cotidiana.
Conquistas populares que acumularon décadas de lucha como la nulidad de las leyes de impunidad – que ahora el poder judicial empieza a limitar- fueron presentadas como iniciativas propias del gobierno, directamente dirigidas a la relegitimación del sistema, que puede prescindir hoy de quienes ya no son los principales actores de las políticas represivas del estado.
Mientras se agitaba con el fantasma de la derecha, acumulando así apoyos “por izquierda” ante el temor de un refortalecimiento de lo expresamente reaccionario, se implementó una política de cooptación de los sectores populares, buscando su fragmentación. Con el concurso de los medios masivos de comunicación, el gobierno se empeñó en lograr un viraje de la percepción de los sectores medios, que en pocos meses pasaron de la reinvindicación casi mítica de los asesinados en las jornadas del 19 y 20 de diciembre y del 26 de junio a la irritación endémica porque el piquete no los deja cruzar la calle. Se estigmatizaron métodos, sectores y luchadores populares, buscando la naturalización del orden imperante.
El discurso de la inseguridad y la utilización del miedo como vector ha resultado eficaz en la generación de consenso para imprimir políticas más represivas, aislar a los organizados por izquierda y demonizar a los pobres. En la equiparación instrumental de delincuente, pobre y piquetero se centra la construcción de un “enemigo” para el cual ni siquiera hay justicia.
Sin perder continuidad, la política represiva del gobierno atravesó una serie de fases de acuerdo a las necesidades del sistema y a la forma en que se fueron resolviendo a su favor los iniciales obstáculos representados por la alta legitimación de las luchas y la pérdida de legitimidad del aparato represivo.
Una vez consolidado ese consenso que salieron a construir desde el primer día, se hizo explícita la cara represiva del gobierno, que se expresa hoy en decenas de presos políticos, miles de militantes perseguidos judicialmente, centenares de asesinados por el gatillo fácil y la tortura y un notable endurecimiento del sistema penal.
El mecanismo de cooptación de organizaciones y organismos no es una novedad para el sistema. Desde las épocas del alfonsinismo hubo organismos de DDHH que conciliaron con los sucesivos gobiernos, tanto trabajando activamente con políticas comunes como omitiendo pronunciarse sobre las violaciones cotidianas a los DDHH. Hoy vemos como se invisibiliza la existencia creciente de presos y perseguidos políticos, del mismo modo que se silencia la represión de control social constante en las barriadas populares.
El cambio de coyuntura en el mecanismo de acumulación incluye la propagandizada creación de “programas u oficinas antiimpunidad” a nivel nacional, provincial y municipal, que con la colaboración de organismos de DDHH, familiares de víctimas de hechos comunes y de la represión estatal, proponen la “luchar contra la represión y la impunidad” desde dentro del mismo estado represor. En el mismo sentido, de la mano del fracaso de las investigaciones judiciales, pretenden impulsar comisiones mixtas para investigar hechos represivos como la masacre de Puente Pueyrredón, promoviendo la colaboración y convivencia de víctimas y victimarios.
Estas iniciativas oficiales tienden a invisibilizar la lucha de los afectados directos por la represión institucional, equiparando su situación a la de las víctimas de hechos delictivos comunes (accidentes de tránsito, malapraxis médica, asaltos, etc.) y quitando el eje de la denuncia, la organización y la lucha contra las políticas represivas del estado para centrarlo en una innominada “violencia” de la que todos (y por ende, nadie) seríamos responsables, y en el denominador común del “dolor”. Es claro el objetivo de desarticular la organización consciente y confrontativa de los familiares de víctimas de la represión institucional, a los que intentan comprar con prebendas de todo tipo, a cambio de que troquen la denuncia y reclamo por opiniones, sugerencias y pedidos. Se promueve desde los familiares que integran estos programas oficiales la descalificación de quienes no se suman tildándolos de “ideologizados” o “politizados”, del mismo modo que se practicó en meses previos la distinción de los movimientos piqueteros que reclaman trabajo y comida y los que responden a intereses políticos, como si el posicionamiento frente al estado y su accionar cotidiano no fuera una definición política e ideológica básica.
Parte del discurso oficial de “cambio” incluyó desde el inicio de este gobierno su explícito rechazo a la “policía brava”, con expresiones como la del presidente, cuando dijo que no reprimiría “con esta policía de gatillo fácil”. De allí que se insista en afirmar que los crímenes contra el pueblo que a diario cometen las agencias de seguridad del estado se deben a que sus estructuras y miembros escapan al control político y se autodeterminan. De esta forma los funcionarios políticos a cargo de las áreas de seguridad se ponen por arriba y por fuera de lo que hacen sus subordinados, y convocan a sus víctimas a contribuir en la generación de políticas de seguridad, apelando a propuestas que invierten el paradigma represivo como el control ciudadano, la participación comunitaria o similares. Así se instala la idea de que puede haber algún “buen funcionario”, y el incauto que se lo cree termina jugando él mismo en las internas. Más de una vez hemos oído a algunos burócratas “políticamente correctos” del área de seguridad decir a los familiares de víctimas “yo soy uno de ustedes”.
Lo que ocurre muchas veces es que, como se reproducen al interior de las fuerzas las internas de la clase dominante, se generan “operaciones” o “pases de factura” de un sector a otro, lo que no debe ser interpretado como falta de control político. Estos casos de aparente descontrol o desborde, insistimos, responden a los alineamientos en las pujas internas y no pocas veces se vinculan con la enorme masa de dinero proveniente de todos los negocios ilícitos en que intervienen las policías y sus jefes políticos, y es uno de los motivos por los que, en la Pcia. de Buenos Aires, por ejemplo, se plantea la reestructuración distrital de la policía, como forma de evitar esas competencias y enfrentamientos sectoriales.
Pero en modo alguno esas “peleas palaciegas” ponen en peligro el total control político del partido de gobierno sobre sus fuerzas de seguridad, como se hace evidente cada vez que las mandan a reprimir. Nunca se ha sabido que desobedecieran una orden en ese sentido.

Basados en las ideas que hasta aquí expusimos,

· Reafirmamos que las microbatallas que libramos en el día a día de la lucha antirrepresiva sólo tienen sentido enmarcadas en la gran batalla del objetivo estratégico: la derrota del capitalismo. Suponer lo contrario nos condenaría a un eterno “día a día” y a no ser actores de la transformación sino cómplices de la permanente búsqueda de relegitimación del sistema.

· Sostenemos que plantear la lucha por la vigencia de los Derechos Humanos como tarea desideologizada forma parte de las maniobras del sistema para cooptar e invisibilizar las luchas. Debemos asumir en la praxis cotidiana los principios que surgen de una clara posición ideológica frente al estado represor.

· Nos definimos como Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones Antirrepresivas sólo en tanto somos, esencialmente, organizaciones políticas en lucha, que participamos del debate político y de las acciones concretas.

Y nos comprometemos a:

· Promover y mejorar la coordinación de todas las organizaciones y militantes antirrepresivos del país.

· Defender incondicionalmente a todos los presos políticos y represaliados del sistema.

· Fortalecer la elaboración del contradiscurso que permita enfrentar el discurso hegemónico.

· Encarar las acciones en unidad.

· Difundir y debatir nuestras posiciones en todos los ámbitos para sumar compañeros y organizaciones a futuros encuentros y a las acciones comunes.

· En lo inmediato, llevar adelante la campaña POR UNA NAVIDAD SIN PRESOS POLÍTICOS.

Fijar fecha para el próximo Encuentro en la ciudad de Paraná (Facultad de Comunicaciones) entre mayo y junio de 2005.