CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

DIEGO GALLARDO: TORTURA SEGUIDA DE MUERTE
En el Boletín nº 306 relatábamos que el lunes 10 de enero policías de la comisaría tercera de Avellaneda apalearon a ocho detenidos alojados en esa dependencia como castigo porque alguno intentó hacer un boquete para escapar. Diego Gallardo era uno de esos detenidos. Murió quince horas después, tirado en un pasillo de la comisaría primera adonde lo habían trasaldado, sin atención médica y tras una atroz agonía.

El testimonio de los demás detenidos y de los familiares que estaban en la puerta de la 3ª cuando se hizo el traslado permitió establecer sin dudas que cuando los subieron al camión para distribuirlos en diferentes comisarías todos mostraban señales de golpes, y Diego, en particular, evidenciaba todos los síntomas de un grave cuadro neurológico: casi no podía caminar, le dolía terriblemente la cabeza, sentía nauseas, no controlaba sus esfínteres.

A pesar del reclamo de sus compañeros, que gritaron y golpearon las rejas pidiendo que lo llevaran al hospital, Diego fue descendido con otro preso en la 1ª. Estaba tan golpeado que los detenidos de esa comisaría se negaron a que ingresara al calabozo, porque por experiencia sabían que después la policía argumentaría “fue una pelea entre presos”. Así que lo dejaron en un pasillo, donde se tendió en el piso. Dicen los testigos que tuvo varios períodos de inconsciencia, entre los cuales se quejaba mucho, y que a la madrugada empezó a vomitar sangre.

Apenas un rato después de su ingreso una médica fue a la comisaría a revisar a otro detenido. El interno que había venido de la Cria. 3ª con Diego y otro chico, menor de edad, gritaron y suplicaron hasta que Diego fue llevado ante la profesional. En menos de cinco minutos estaba de vuelta en el pasillo. Le habían dado una aspirina…

La autopsia no requiere adjetivos para describir el “normal rigorismo policial”, como alguna vez dijo un juez de Lomas de Zamora: 57 (sí, cincuenta y siete) lesiones en el cuerpo producto de golpes con objetos de superficie lisa de 4 cm. de diámetro (lo que miden los bastones de madera que bien conocemos). Hematomas intracraneanos e intraparenquimatosos. Fractura del parietal, temporal y peñasco izquierdos; del etmoides y de la silla turca (ubicados en la línea media de la fosa cerebral); diástasis (separación traumática) de las suturas de los huesos craneanos del lado izquierdo. Medio litro de sangre en la pleura y abdomen. Estallido de la cúpula gástrica y del esófago.

Los peritos calcularon, por la presencia de coágulos cruóricos en el corazón y otros signos típicos, que el joven agonizó durante 15 largas horas, padeciendo tremendos dolores. El estallido del esófago y del estómago se produjo como consecuencia de los vómitos incoercibles, producto de la lesión neurológica severa.

Hay cuatro policías detenidos: el subcomisario Rubén Gómez, el oficial inspector Marcelo Fiordomo, el suboficial Julio Silva y el oficial Hernán Gnopko. El fiscal les imputa homicidio calificado por su condición de policías y en concurso premeditado de más de tres personas. A Gnopko, además, se le reprocha falsedad ideológica de instrumento público, porque en el sumario policial apareció un certificado dejando constancia que un médico de la fuerza revisó a los ocho detenidos antes de salir de la 3ª, y todos estaban en buen estado de salud, sin lesiones visibles. Lástima -para Gnopko, que hizo el certificado- que la firma del médico era falsa, y el profesional en cuestión, además de trabajar en Morón y no en Lomas, estuvo todo enero de vacaciones.

La familia Gallardo, con el patrocinio de abogados de CORREPI, está reclamando al fiscal y al juez de garantías que se califique el delito como lo que es: tortura seguida de muerte. Y que se investiguen también las responsabilidades del personal y autoridades de la comisaría 1ª y de la médica que dejaron a Diego tirado en el piso por 15 horas sin darle siquiera la dignidad de morir en una cama de hospital, con algún alivio para su sufrimiento.

Este viernes 11 se cumple un mes de la muerte de Diego Gallardo en la tortura. La familia, organizaciones antirrepresivas y movimientos populares nos movilizaremos para exigir, una vez más, JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES.

ROSARIO Y LA SILLA ELECTRICA
Es evidente que para más de un adulto pelotudo habrá resultado graciosa. Por lo menos para el dueño del local comercial y para algún inspector de la municipalidad de Rosario. Porque alguien la puso y alguien autorizó su funcionamiento. Y es bastante baratita si se la compara con otros juegos para chicos y adolescentes. La “vuelta” sólo cuesta $ 0,80. La “vuelta” en una silla eléctrica de juguete, que simula la electrocución. Los pibes de Rosario pueden divertirse sentándose en la silla eléctrica de madera instalada en la sala de juegos de un centro comercial del centro de Rosario.

Una organización civil hizo la denuncia contra los funcionarios municipales que autorizaron la instalación de la silla eléctrica en el salón “Comojuego”, ubicado en las calles Presidente Roca y Estanislao Cevallos, de la Cuna de la Bandera. El artefacto es una réplica idéntica a la que se utiliza en Estados Unidos para la ejecutar a los condenados a muerte. Se la promociona como un “juego para chicos”. Con sólo pagar 80 centavos, los nenes pueden sentarse, ser abrazados con cueros en las muñecas y las piernas y seleccionar entre dos tipos de vibraciones que simulan el paso de corriente eléctrica por sus cuerpos. Una monada…

El instrumento divertido tiene en su respaldo la inscripción en inglés “The original shocker”, y un voltímetro con una aguja que indica distintos valores en números. Junto a la silla, hay un cartelito que advierte que: “la silla eléctrica no puede ser utilizada por embarazadas ni por niños menores de ocho años”. Menos mal.

Ibarra, vos que sos tan divertido y no tenés responsabilidad de nada ¿para cuando una guillotina de juguete en el Patio Bullrich, o un telúrico cepo en el Shopping Abasto?.

TORTURADORES, RACISTAS Y RICACHONES
EEUU se propagandiza como “la tierra de las oportunidades”. Y es verdad, sobre todo si sos un auténtico representante del “modo de vida americano”. Si no lo creen, pregunten a los dos integrantes del Departamento de Policía de Inglewood, premiados con una indemnización de 2.400.000 dólares.

Seguramente el lector pensará que esa fortuna es el resultado de una acción de arrojo o de una conducta ejemplar al servicio de la seguridad del Tío Sam… Pues sí, ¡acertó!

Jeremy Morse y Bijan Earvish son los dos policías cuya imagen recorrió el mundo a raiz de que un aficionado los filmó mientras golpeaban a Donovan Jackson, un chico negro de 16 años, cuando ya lo tenían esposado. En el año 2002, cuando ocurrió este hecho tan frecuente en EEUU, sobre todo con negros y latinos, los medios gráficos comentaron que la “impactante escena de un agente estrellando la cabeza del muchacho indefenso contra la patrulla policial después de golpearlo en la cara, estremeció la sensibilidad de muchos”.

Para que no hablen, los dos represores yanquis fueron llevados a juicio, Morse acusado de abuso de autoridad al utilizar fuerza excesiva durante el arresto del adolescente y Darvish por escribir un reporte falso del incidente. Pero también en el “Gran País del Norte” existe la justicia genuflexa y clasista. No la de las películas de jueces y jurados que Hollywood propagandiza para hacer creer a la gilada que en EEUU hay justicia independiente. Pues bien, los canas fueron absueltos por defensa propia ya que argumentaron que el adolescente negro se resistió al arresto.

A raiz del impacto en la opinión pública de las escenas filmadas, apenas difundido el hecho, el alcalde de la ciudad de Inglewood había exonerado a Jeremy Morse y suspendido a Bijan Earvish, entendiendo que era un caso de “brutalidad policíaca”. Los policías, después de ser absueltos por el suplicio al que sometieron al pibe, decidieron demandar a la ciudad, sosteniendo que los “había discriminado por ser blancos y que les dieron un castigo excesivo.”

El tribunal actuante encontró que Morse y Darvish efectivamente fueron discriminados al recibir castigos mayores que el tercer policía implicado en el incidente, y un jurado los compensó con 1.600.000 dólares y 800.000 dólares respectivamente, para paliar las molestias causadas.

El notable fallo convierte en ricos a los dos agentes que ya eran famosos desde el día que los filmaron. Indiscutiblemente en la tierra de las oportunidades, pegarle a un chico negro indefenso, es una buena oportunidad para llenarse de dólares si sos policía.

K PRETENDE SEGUIR COMPRANDO A LAS VICTIMAS
Reproducimos el comunicado de prensa emitido el día de hoy por CORREPI y APEL sobre la nueva medida demagógica del gobierno nacional respecto de la masacre de Cromagnon:

De acuerdo a un cable de la agencia NA que fue reproducido por varios medios, el Poder Ejecutivo Nacional habría enviado al Congreso un proyecto de ley por el que el Gobierno del presidente Kirchner se hará cargo de los honorarios de los abogados que representen a los parientes de las víctimas de la masacre de Cromagnon en la causa penal y hasta la sentencia definitiva. Según la información periodística, el proyecto se refiere exclusivamente a las familias de los 192 fallecidos, y no incluye a las víctimas sobrevivientes. Eso sí, en los fundamentos, afirma que “El Gobierno entiende que la mejor manera de acompañar a las familias damnificadas es manteniendo la actitud de respeto por su dolor, apoyando a los padres, hermanos, tíos, abuelos y amigos de las víctimas”.

Lo que a primera, ingenua o cómplice vista pudiera parecer un intento loable de facilitar el acceso a la justicia de, por lo menos, los familiares de las víctimas fatales, es en realidad la profundización de una política permanente del gobierno nacional y sus aliados provinciales (con expresa inclusión del primer “transversal”, el todavía jefe de gobierno Aníbal Ibarra) cuando de desactivar conflictos se trata: la cooptación, a cualquier precio y usando todos los recursos del estado, de sus propias víctimas.

Frente a otros crímenes propios han ofrecido crear “Comisiones Investigadoras Independientes” con participación del propio estado a investigar, lo que las organizaciones populares siempre hemos rechazado, como ocurrió con la AMIA, la masacre del Puente Pueyrredón, la del 20 de diciembre o el atentado en Plaza de Mayo el mismo día de 2003. Ya hace más de un año el Ministerio de Justicia implementó el llamado Programa Antiimpunidad, cuyo objetivo político claro es exactamente el contrario al anunciado respecto de los hechos de represión policial: disolver las instancias de organización popular, desmovilizar, rodear a las víctimas del aparato represivo del estado con las mieles del poder, acallar la protesta y silenciar la denuncia pública.

En esa misma línea, aparece ahora este proyecto de ley, ofreciendo a las familias de los casi 200 chicos asesinados el 30 de diciembre pagarles el abogado que represente sus intereses en la causa penal, en la que buena parte de los imputados son -o deberían ser, a criterio de muchos de los querellantes- funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional.

No se trata, como creen muchos confundidos o conniventes, de que el Estado intente con estas medidas revertir la “ausencia” que habría ocasionado la Masacre de Cromagnon. Los 200 muertos y el millar de lesionados no los produjo un “estado ausente”, sino presente, y como nunca antes, en la defensa de sus (los) intereses de clase (los explotadores).

Desde el 30 de diciembre los gobiernos nacional y de la ciudad han redoblado esfuerzos para evitar que haya querellas independientes interviniendo en la causa, señalando con claridad a todos los responsables. El ministro Aníbal Fernández (jefe de parte de los imputados) llegó al extremo de recomendar “importantes estudios jurídicos”. El Gobierno de la Ciudad hizo su propia jugada, poniendo a los abogados de la Procuración de la Ciudad a disposición de los familiares para querellar penalmente a los responsables de la masacre. Pero en la claúsula sexta del acuerdo de gestión, la Procuradora recuerda a sus empleados que “los/as abogados/as y peritos dependientes de la “Procuración General” no podrán patrocinar ni asistir en aquellos casos en los cuales pudiera existir responsabilidad de agentes o funcionarios/as de cualquiera de los tres poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Como nadie entró en la trampa de ser representado por los abogados amigos del ministro o empleados de Ibarra, ahora ofrecen pagar los honorarios de los profesionales que cada familia elija. Que hace falta plata para querellar es otra gran mentira destinada a confundir, cuando es público y notorio que decenas de experimentados abogados de organismos de Derechos Humanos y organizaciones populares, y abogados independientes con compromiso social, se pusieron solidariamente a disposición de las víctimas desde el primer día.

Este proyecto de ley, además, muestra el desprecio que siente el Poder Ejecutivo Nacional por sus víctimas: Supone que el dolor no les va a permitir darse cuenta de que quien paga se cree con derecho a dar órdenes, o que es confiable para acusar funcionarios públicos quien cobra un sueldo del estado.

Nadie que reclame JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE CROMAGNON va dejar su defensa en manos de empleados o asalariados de los victimarios.

Sería más útil y menos infame que usaran esos dineros disponibles para garantizar a los sobrevivientes una atención médica adecuada a los cuadros que sufren, en lugar de obligarlos a mendigar tratamiento en entidades privadas y a accionar judicialmente para que el Estado ponga sus recursos a su disposición.

“CHACO” GONZÁLEZ: TORTURA SEGUIDA DE MUERTE II
Como en el caso de Diego Gallardo que relatamos más arriba, seguimos reclamando que los policías Ramón Quevedo e Isidoro Segundo Concha, que patearon a Jorge “Chaco” González hasta causarle la muerte el 14 de diciembre de 2002, sean procesados por tortura seguida de muerte.

Más de un año requirió que el fiscal González de Lomas de Zamora se decidiera a indagarlos, pero finalmente lo hizo con la liviana imputación de “vejaciones y abuso de autoridad”. Otro año entero de lucha fue necesario para que ahora amplíe la acusación a “homicidio preterintencional y apremios ilegales”, cargo con el que todavía podrían permenacer en libertad hasta el juicio.

Chaco, recordemos, murió dos semanas después de que uno de los policías lo golpeara y pateara en el cuerpo y cabeza mientras el otro lo levantaba del suelo por las esposas que aseguraban sus brazos a la espalda. La muerte fue consecuencia de los traumatismos craneo encefálicos y las hemorragias internas en el tórax. Tres testigos presenciaron el tormento, en plena calle y a dos cuadras del domicilio de la familia González.

Jueces y fiscales se resisten a aplicar la figura de tortura seguida de muerte, no sólo porque acarrea la pena de prisión o reclusión perpetua, sino porque ideológicamente se resisten a reconocer que la tortura es cotidiana en la Argentina.

Mientras tanto, y casi como “premio consuelo”, el fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa contra el oficial de servicio de la comisaría 5ª de Avellaneda, Julio Gómez, que luego de ingresar a Jorge como detenido llamó a la madre y le exigió la entrega de $ 2.000 “o lo paso a juzgado con una causa por robo”. Gómez deberá ir a juicio por extorsión y por haber omitido denunciar la tortura aplicada por sus subordinados.

DOCUMENTO DEL SEPTIMO ENCUENTRO
Ya se encuentra publicado en nuestra página web el documento final del Séptimo Encuentro Antirrepresivo llevado a cabo en la Facultad de Filosofía el 11 de diciembre del año pasado. Pueden verlo en http://correpi.lahaine.org/articulo.php?p=577&more=1&c=1 o solicitarlo por mail a correpi@fibertel.com.ar

PROXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 11 de febrero movilización al mes del asesinato en la tortura de Diego Gallardo en Avellaneda. Concentramos a las 13:00 en la bajada del Puente Pueyrredón.

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
CORREPI en Radio Monte Hermoso 93.1 mhz, los domingos de 12:30 a 14:30.
CORREPI en el hall de la Facultad de Derecho, los jueves de 18:30 a 20:30.

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