CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

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Boletín Informativo N° 310

Correpi :: 14.02.05

SUMARIO:
1- A \”Salvo\” con la jueza / 2- Represión en La Rioja / 3- Ibarra represor / 4- Motín en Córdoba / 5- 24 de Marzo / 6- Próximas Actividades

A “SALVO” CON LA JUEZA
La sabiduría popular del Martín Fierro aconsejaba “Hacete amigo del juez”. Y eso es lo que hacen las policías en todo el país. Hay una base esencial: tanto la cana como los jueces responden a la misma clase social que domina, pero hay algunos magistrados más “gomías” de la policía que otros. Son aquellos puestos por el lobby policial o los que mantienen fluìdos contactos tanto políticos como económicos y personales con las “fuerzas del orden”.

Los amigos se ven en la cancha, dicen, y sobre todo, en las malas. Como la jueza Marisa Salvo de Lomas de Zamora, a cargo del juzgado de garantías nº 5.

Tal como informábamos en el boletín anterior, hubo novedades en la causa del “Chaco” González. Los policías Concha y Quevedo, que deberían ser procesados por tortura seguida de muerte, fueron indagados por el fiscal de la causa por “homicidio preterintencional” en concurso con “severidades”, mientras se requirió la elevación a juicio de la causa paralela por extorsión a Ramona, la mamá de Chaco.

Los abogados de CORREPI que patrocinan a Ramona quisieron consultar las actuaciones para leer las indagatorias y el requerimiento de elevación a juicio. Ambas causas habían pasado al juzgado de garantías nº 5, en cuya mesa de entradas el empleado explicó que personal policial de la DDI (Dirección de Investigaciones) se había llevado todo para fotocopiar. Cualquiera que haya tenido la desgracia de trajinar en los tribunales bonaerenses sabe que para fotocopiar todo o parte de una causa hay que pedirlo por escrito, señalar qué partes se quieren extraer, esperar que el juez lo autorice, pagar una alta tasa de justicia ($ 0,40 por carilla) y luego ir con un empleado del juzgado a la fotocopiadora del edificio, donde cada hoja cuesta $ 0,10.

- Bueno, esperamos que la traigan y así podemos verla- dijimos al empleado en nuestra inocencia.
- Es que van a tardar, no están en el Edificio- dijo avergonzado el empleado.

Entonces el atribulado empleado, obligado a sacar la cara por su jueza, nos confesó que cuando el personal de la DDI de Avellaneda (que obviamente, no pagó la tasa) fue a la fotocopiadora del edificio, tuvieron la desvergüenza de querer cobrarles las copias. Entonces llamaron al comisario, que se entrevistó con la jueza Salvo, la que le dio permiso para llevarse los dos expedientes en varios cuerpos, y sus incidentes, a fotocopiar en la dependencia policial.

O sea, los jefes de los imputados se habían llevado las dos causas, sin ningún control del juzgado, que es el responsable de custodiar los expedientes. Todo entre amigos, y con permiso personal de la jueza.

Los compañeros de CORREPI quisieron dejar constancia de lo ocurrido, pero este juzgado no tiene libro de nota ni de asistencia, ni de préstamos de expedientes, ni nada donde se pudiera consignar semejante irregularidad.

Ya que estamos, recordemos algunos hitos en la carrera judicial de la Dra. Marisa Salvo:
1.- Ordenó el allanamiento al domicilio de la periodista independiente Clara Britos el 1/1/00, donde más de 30 policías del grupo Halcón destrozaron la casa, golpearon y maltrataron a miembros de su familia.
2.- Fue la jueza de la causa por la Masacre del Puente Pueyrredón, negándose a imputar a los responsables políticos y negándose a calificar los homicidios como agravados.
3.- Fue la jueza que mantuvo más de un año en prisión preventiva a Raúl Castells por extorsión.
4.- En la causa por el homicidio de Leonel Ignacio Puente, sostuvo que era homicidio culposo y dejó en libertad al policía Burguess basándose en un pericia balística de la propia cana, cuando era evidente que habían forzado a posteriori el arma para justificar que el tiro fue accidental (en el juicio oral condenaron por homicidio simple a 14 años).
5.- En la causa contra el custodio de Corach, Goyochea, asesino del joven Marcos Viera, le dio prisión domiciliaria al policía “en su casillero” (su domicilio constituido), la delegación de la PFA de Lomas.
Si Servini de Cubría, siempre “encubría”, la Dra. Salvo pone “a salvo” a la cana.

REPRESION EN LA RIOJA
En el medio de la patética interna peronista entre el ex menemista y ahora K gobernador Mazza y el ridículo ex presidente Menem, que con tal de zafar de las causas judiciales aceptaría ser hasta consejero vecinal por Anillaco, los trabajadores de la provincia de La Rioja sufrieron una de las represiones más grandes de que se tenga memoria.

Provincia de andar acatando, con un fuerte dispositivo de control social, donde el clientelismo político del P.J. es tan feudal que irrita, hace un tiempo los trabajadores del ex Policlínico ADOS recuperaron su fuente de trabajo. Sin embargo, en la madrugada del 10 de febrero y a pesar del dictamen de la Justicia Federal que había autorizado su reapertura provisional, la policia riojana desalojó a los trabajadores de las instalaciones del sanatorio.

A las pocas horas, la Multisectorial en Defensa de la Cooperativa Unión y Trabajo decidió un acto en repudio del accionar policial. Se estaba llevando a cabo el acto cuando otra vez la policía de Mazza cargó contra los manifestantes. Alrededor del mediodía un grupo de dirigentes políticos, sindicales y sociales, fueron salvajemente reprimidos por la policía. Entre las barbaridades que cometieron los “guardianes del orden menemista- kirchnerista”, introdujeron en la boca del Dip. Pcial. Miguel Medina la manguera de un matafuego obligándolo a ingerir el polvo químico.

Incluso el compañero Rogelio De Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de la Rioja y de la Central de Trabajadores de la Argentina, fue fuertemente golpeado en el suelo sufriendo lesiones que ya han sido constatadas por la justicia federal.

La CORREPI se solidariza con los trabajadores, exige el cese de la represión, la devolución inmediata a los trabajadores de su fuente laboral y el castigo a los responsables de los hechos represivos ocurridos .

IBARRA REPRESOR
Poniendo en práctica el Código Contravencional que negoció con Macri y la Policía Federal, y mostrando como es enérgico con los pobres -igual que en el PADELAI- Aníbal Ibarra mandó retirar los puestos de los vendedores ambulantes situados en Plaza Francia, Recoleta.

El desalojo se hizo de acuerdo al artículo 83 del nuevo Código Contravencional, que prohíbe “la actividad lucrativa no autorizada en espacios públicos”. El operativo, que llevaron a cabo fiscales contravencionales y 60 policías de la Comisaría 19ª, se suma a los realizados en los últimos días en Once, Constitución, Retiro y los parques Centenario y Lezama.

Esos mismos fiscales ibarristas, que nunca clausuraron a ningún empresario exitoso, se la agarraron con los ambulantes que se resistieron a retirar sus puestos.

De acuerdo a la versión policial hubo cinco policías y cuatro artesanos heridos. Una de las puesteras sufrió un ataque de nervios y debieron trasladarla a un hospital. Desde ya que los heridos policiales -como siempre trasladados al hospital Churruca donde les inventan historias clínicas escalofriantes- habrán sufrido un empujón, o la caída de la gorra.

Cien puestos fueron desarmados y la mercadería fue incautada. Según el comisario Héctor Giacardi, de 600 puestos que se instalan en la zona los fines de semana y feriados, sólo 220 están habilitados.

Los hechos se desataron alrededor de las 17.30, cuando un artesano se negó a que le incautaran el producto de su trabajo. Se produjo un forcejeo y el puestero fue detenido en la entrada del cementerio, donde la policía trabó la puerta para lograr su cometido. Estupor entre los turistas, nada del otro mundo para los nacionales acostumbrados a esta absurda policía.
La cana se retiró una hora después, mientras el cuerpo de infantería escoltaba el camión del Gobierno de Ibarra, instalado frente a la Iglesia del Pilar, que llevaba los productos incautados.

Desconocemos si el accionar del ibarrismo también responde a un complot de la derecha o es apoyado por Estela de Carlotto.

MOTIN EN CORDOBA
El jueves en la cárcel de San Martín, en la Pcia. de Córdoba, se desató uno de los más sangrientos motines de los últimos años. Desde las experiencias del año 1996, no se registraba una protesta carcelaria que arrojara como saldo tantos muertos entre internos, penitenciarios y hasta, posiblemente, familiares de los detenidos.

El motín es resultado concreto de una década de aumento constante del sistema punitivo, del cercenamiento a las garantías constitucionales, del incremento de las penas y la restricción paulatina de la libertad como principio, limitando las excarcelaciones, la libertad condicional, las salidas transitorias, etc.

Estos políticos demagógicos que votan a libro cerrado el manodurismo impulsado por los autoritarios, son los mismos que permitieron la reconversión capitalista que arrojó a la marginalidad a millones de argentinos. Esa marginalidad trajo aparejada el aumento de la criminalidad y ese resultado salió a ser “combatido” con más penas, con más carcel, con más gatillo fácil, con más tortura.

El año pasado la Blumbergmanía se instaló en el congreso, de la mano de Kirchner. El endurecimiento de penas y la inexcarcelabilidad de los delitos que cometen los pobres produjo un aumento inusitado de la población carcelaria que superó la capacidad de los penales. El penal San Martín de Córdoba, famoso por las detenciones de militantes revolucionarios a fines del 60 y principios del 70, es una vieja cárcel donde hay en la actualidad más de 1600 presos, cuando la capacidad real es para 930. En cualquier cárcel del país se dan similares guarismos en cuanto a superpoblación, hacinamiento, insalubridad, promiscuidad y violencia.

En Argentina el sistema socioeconómico expulsó a una gran mayoría que ha vivido y vive sin alimentación, sin educación ni preparación y que ve el futuro sin expectativa, ni proyecto. Aquellos que sucumben ante el delito, cuando son arrestados no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse socialmente y se ejerce sobre ellos la más consecuente de las violencias institucionales. El Estado les impone una vida que no puede ser toleradas por nadie, donde la degradación es la pauta de vida. Entonces no es casual que la rebelión explote.

Si a la sociedad nuestra de cada día -clasista, hueca, ignorante y vindicativa- le importa un bledo el destino de tanto pobrerío, ¿qué otro destino del que “se pudran en la cárcel” se puede esperar de ese depósito de seres que casi han perdido la categoría de humanos?. A la marginalidad que supieron prohijar, los políticos agregan la represión como única respuesta.

De la Sota lamentó la muerte de dos guardicárceles y silenció la de los presos, que todavía no sabemos cuántos son. Ello en buen romance significa justificarlas. Su ministro de seguridad de apellido Senn insistía en recuperar el penal a sangre y fuego. Y para ello, el ministro del Interior, Aníbal Fernández le envió las tropas de Gendarmería.

También hay que saber que un motín expresa a una o varias demandas justas de los presos, pero nunca ocurre sin el consentimiento de los penitenciarios. Esa es la lógica perversa del dispositivo carcelario y apela a los negocios que dentro de la vida intramuros administran los “candados”, desde el tráfico de drogas, la comida, la prostitución, hasta la planificación y ejecución de nuevos delitos.

24 DE MARZO
Como todos los años comenzaron las reuniones de organizaciones y organismos para organizar una multitudinaria marcha al cumplirse un nuevo aniversario del golpe genocida.

Siempre ha sido objetivo de las organizaciones convocantes que la movilización sea unitaria. Sin embargo este año y de entrada, hubo una autoexclusión colectiva por parte de los organismos de DDHH tradicionales, hoy enteramente nucleados en torno al gobierno K.

Efectivamente por considerar que no se les respeta el derecho de ser el centro de la convocatoria, y que se les obliga a dar un debate político al que rehuyen, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS, Familiares de Detenidos-Desaparecidos, H.I.J.O.S., APDH y SERPAJ decidieron no participar de las reuniones previas ni de la jornada de lucha y hacer su propio acto.

La conducta de estos organismos que, prima facie, parecería sectaria, en realidad responde al posicionamiento que han adoptado bastante antes de hoy. Se trata de no participar de un ámbito que puede resultar en buena medida antioficialista, crítico al gobierno de K. Estos organismos -como otras agrupaciones de víctimas de la violencia estatal- han sido cooptados por la política del presidente que se vende como el “campeón de los DDHH”.

A estos organismos les resulta sumamente conflictivo debatir con otras organizaciones, como CORREPI, que pueden demostrar que las torturas son de aplicación sistemática en este gobierno; que se ha endurecido el aparato penal en perjuicio, siempre, de los pobres; que Blumberg es un aliado del gobierno; que el gatillo fácil ha aumentado durante este gobierno, y sobre todo que hoy hay más presos políticos que durante todo el menemato. Por eso se fueron. Porque no pueden defender a su gobierno frente a las verdades expuestas.

Está claro que cada vez más hay que distinguir entre los que están con el estado, hoy encabezado por K, sea por oportunismo, por convicción ideológica o por algún puestito rentable, y los que están por otro tipo de sociedad alejada del capitalismo.

PROXIMAS ACTIVIDADES

23 de febrero, 17:00, Marcha por la Libertad de los Presos Políticos. Desde Carlos Pellegrini y Avenida de Mayo
hasta la Jefatura de Gobierno para escrachar a Ibarra y luego hacia la Legislatura, bajo las consignas: Libertad a los 15 presos y presas de la Legislatura y a todos los presos políticos; Anulación del Código Contravencional y todos los Códigos de Faltas del país; Amnistía o desprocesamiento a todos los luchadores populares.

1º de marzo, la Comisión por Juicio y Castigo a los responsables de la Masacre de Puente Pueyrredón convoca a concentrarse en los Tribunales de Lomas de Zamora, en la fecha prevista para el inicio del juicio.

4 de marzo, CORREPI y familiares de Chaco González y Diego Gallardo, torturados hasta la muerte por la policía bonaerense, se movilizan en Lomas de Zamora.

16 de marzo, 19:00, Charla Debate con la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y CORREPI sobre el 24 de Marzo y sus alcances actuales. Participará la compañera Luz Palmás Zaldua. Lugar a confirmar, en zona céntrica.


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