CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

MASCARITA CORDOBESA PARA NEGOCIO YANQUI (acerca de las declaraciones de De la Sota por el motín de la cárcel San Martín, por Daniel Stragá)

José Manuel De la Sota “En contra de los derechos de los presos”, tituló Clarín. Con gesto adusto, el gobernador cordobés cuestionó el Pacto de San José de Costa Rica y con ello su alcance constitucional. Con voz grave hizo declaraciones a LV3, comparando el alcance punitivo yanqui con la situación penitenciaria en Córdoba. Con el estilo pendenciero del otrora “macho” bonaerense, De la Sota la jugó con glamour de duro: nada de derechos para los presos. Como cuando Ruckauf (el sonriente) lanzaba el “manodurismo” como fórmula para guerrear a los que había excluido, De la Sota niega categoría humana a los que están tras las rejas.

Su mascarada no termina en Ruckauf. Ya había empezado el año pasado, cuando la provincia mediterránea se convirtió en punta de lanza de la blumbergmanía. Pero para convencer de lo buenos que son los negocios patrocinados por los ultraconservadores yanquis, mejor es parecérseles.

Y desde atrás de su entretejido el gobernador aduló a sus colegas del imperio. Se sintió casi un sheriff, el cowboy de las serranías y de la peperina. Se sintió como Arnold cuando días pasados rechazó conmutar la pena capital (¿capitalista?) a un preso en California. Se sintió George W. cuando se vanagloriaba de que en su autóctona Texas eran cientos los que esperaban en el “corredor de la muerte”.“El que va preso en Estados Unidos no tiene ningún derecho” espetó el gobernador de Córdoba, ponderando el sistema más parecido al Talión. Como si el Gullag del Tío Sam no fuera una ignominia.

De la Sota, duro y proyanqui. Pero más aún: el mejor defensor de los negociados con el Manhattan Institute en su provincia, que por aplicación de su neoliberalismo está plagada de “terroristas urbanos” como prostitutas y limpiavidrios que merecen prisión perpetua, para que él y su caterva puedan suscribir convenios privados para construir cárceles privadas. Como las que hay en Estados Unidos, donde los marginados del estilo de vida norteamericano, “salen de la cárcel con los pies para adelante, es decir cuando Dios se los lleva de este mundo” como le gustaría al gobernador cordobés. Tan religioso que se parece a un evangelista político yanqui.
¿MADRES DEL “DOLOR” O DEL “SUBSIDIO”?

Cuando Ibarra sale a decir que la recolección de firmas para su salvataje político, a través de la consulta popular, estará en manos de “ONGs” o “asociaciones de la sociedad civil”, tiene razón. Lo que no dice es que quienes se encaragrán son sus propios empleados, porque dependen económicamente de Ibarra y su gobierno.

“Poderoso Caballero es Don Dinero” escribió Quevedo. Y también excelente captador de voluntades. Ibarra hace lo mismo que el gobierno nacional: compra, subsidia, paga sueldos, bonifica. Pone plata para que determinadas ONGs o asociaciones variopintas “puedan funcionar”. Por supuesto, nada gratis. Obviamente, esas asociaciones tendrán interés y trabajarán para que el jefe porteño no sea despedido. Ni falta hace discutir ideologías: simplemente, si Ibarra se va, se terminan los subsidios.

Esta política clientelista, en lugar de estar destinada a pobres o desamparados, beneficia señoras generalmente de clase media, que jamás morderán la mano del amo que les da de comer.

El 26 de enero de 2005, por ejemplo, Ibarra otorgó por decreto 102/05 un subsidio a la Asociación Civil Madres del Dolor. El monto de la dádiva inicial (porque después vendrá otra mensual) es de $ 35.000 (treinta y cinco mil pesos) “a fin de coadyuvar con el desarrollo de las tareas sociales que brinda a la comunidad”, tareas que en realidad no tenemos muy claro en qué consisten. De acuerdo al mismo decreto, ese monto inicial es para que alquilen un local y compren los bienes muebles para instalarse.

Es interesante destacar que las llamadas Madres del Dolor constituyeron su Personería Jurídica N° 1.566 exactamente hace un mes. O las Sras. Viviam Perrone, Marta Ghiglia de Canillas e Isabel Brito de Yaconis, titulares de tan afortunada institución, tienen el don de la oportunidad, o ya tenían la promesa del dinerillo.

De acuerdo al decreto, la entidad “tiene, entre sus fines, la consecución de trabajos de interés público general consistente en abordar el estudio de la legislación relacionada con la seguridad de los ciudadanos” es decir el mismo verso de la “Fundación Axel”, sostenida económicamente, entre otros, por el presidente Kirchner.

Pero el motivo concreto invocado para que Ibarra ponga la plata se especifica en el decreto: “la citada entidad no cuenta con lugar físico alguno que le permita concentrar ordenadamente su actividad, destacando que dicho espacio será útil para la canalización de las innumerables demandas que los familiares de las víctimas realizan cotidianamente, sumándose en estos momentos, las de los familiares de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en esta Ciudad”.

Bien clarito, en especial para los que andan tan preocupados por evitar que se “use” a los familiares de Cromagnon: Ibarra los usa para dar plata a quien le conviene, y la Madres del Dolor los usan para conseguir $ 35.000.

Una nueva vuelta de tuerca de la política implementada desde el primer momento por el gobierno de la ciudad para las víctimas de la masacre de Once: Captar la voluntad, querer arreglarlos con subsidios, con indemnizaciones, con el ofrecimiento de abogados -que expresamente tienen ordenado no litigar contra funcionarios públicos-. Todo para que no protesten, no jodan, no vayan a manifestaciones (y si van, de última, calladitos y sin putear a Ibarra ni a la corporación política, que para eso está Chaban).

Para esto tiene plata el gobierno de la Ciudad Autónoma. Pero para que se brinde adecuada atención médica a los sobrevivientes, APEL y CORREPI tuvimos que promover un recurso de amparo que obligue a los hospitales a realizar los estudios necesarios para descartar o tratar síndromes tardíos.

No dudamos que veremos a las Madres del Dolor, como otros subsidiados, juntando firmas para salvar a Aníbal del “complot de la derecha”.
CONFLICTO EN INFOSIC- trabajadores en la calle y empresas militarizadas

Sergio Szpolski es un típico empresario argentino, experto en administraciones fraudulentas, vaciamientos, estafas e hiperexplotación. Entre otras joyas de su currículum, fue socio de Daniel Hadad en Infobae, propietario de la cadena Tower Records, estuvo vinculado a la quiebra del banco Patricios y hasta estafó a los socios de la AMIA cuando era tesorero de esa entidad. Hoy es socio de Gastón Sokolowicz, Ramiro Agulla (encargado de la campaña presidencial de De la Rúa) y Luis Cetrá (dueño de radio Rivadavia), maneja el diario La U, compró recientemente la revista Veintitrés y es dueño de las agencias Infosic e Infofax y algunas otras empresas fantasmas.

El día 7 de enero decidió el cierre de Infosic, dejando en la calle a 25 trabajadores. Ante esta acción, el plantel de Infosic resolvió tomar la agencia, que se mantiene ocupada desde entonces, en reclamo de la reincorporación de los cesanteados y contra el cierre de su fuente de trabajo. Szpolski nunca se presentó a las audiencias en el Ministerio de Trabajo ni acató la conciliación obligatoria. Al mismo tiempo, envió a sus otras empresas agentes de seguridad privada, sin explicar a los trabajadores a qué se debía su presencia y en una clara actitud intimidatoria.

En Infofax, compañía dedicada a la auditoría de medios, llegaron a instalarse diez vigiladores (un promedio de uno cada cuatro empleados), se tapió la puerta de entrada y se suspendió a los integrantes de la comisión interna. En otra empresa fantasma de Szpolski, L. S. Argentina -también dedicada a tareas de auditoría y hoy cínicamente rebautizada como “Comunidad Virtual S.A.”- aparecieron el primer día del conflicto cuatro empleados de seguridad, uno para cada trabajador.

La lucha de Infosic continúa con un plan de acción que incluye escraches a las empresas de Szpolski y reclamos ante el Ministerio de Trabajo, entre otras medidas. El apriete de este nefasto personaje tampoco cesa, y tanto en Infofax como en Comunidad Virtual, los agentes de seguridad marcan tarjeta. Como es de esperarse, ningún medio masivo se hace eco de estos abusos, y los trabajadores conviven en su lugar de trabajo con los buchones del patrón.

Desde este espacio, CORREPI denuncia la militarización de estas empresas y el atropello a los derechos laborales, y se solidariza con la lucha de los trabajadores de Infosic, cuya situación es un claro ejemplo de los manejos del empresariado acostumbrado a ejercer con total impunidad gestiones fraudulentas y represivas.
TORTURAS EN SAN LUIS Y CORRIENTES

En el Boletín nº 307 informábamos que Ramón Vicente Lucero, detenido en la Penitenciaria de la Provincia de San Luis, había muerto el 23 de diciembre de 2004 como consecuencia de los golpes recibidos. Contábamos entonces que su hermana Claudia exigió explicaciones de las autoridades, recibiendo del Director Administrativo de la Penitenciaria, de apellido Pereyra, la versión de que Ramón “tenía un dolorcito” y por eso lo habían llevado al hospital, al que ingresó caminando.

Ni la autopsia ni el testimonio del perito forense que la realizó parecen dar crédito a las palabras del jefe penitenciario: el “dolorcito” se debía a una cantidad de golpes en la zona abdominal con suficiente fuerza como para producir hematomas en el hígado y el estallido del bazo. “Traumatismo cerrado directo” dijo el médico sobre el origen de las lesiones, “pudo ser una patada muy fuerte o un golpe con un elemento romo contundente”. O sea, el clásico bastón, como en el caso Gallardo.

Además de las lesiones abdominales, el joven presentaba hematomas en el rostro, también producto de golpe directo con puño o -de nuevo- “elemento romo”.

A tono con el clima general de impunidad puntana, y pese a la claridad de la autopsia y de la ampliación testimonial por parte del Dr. Horacio Sosa de los Santos, no tenemos noticias de que haya siquiera un funcionario penitenciario imputado en la causa.

Y de San Luis nos vamos a Corrientes, que los bazos no se rompen sólo en Cuyo. En la causa por la tortura seguida de muerte del dirigente barrial ramón “Monchito” Arce, la segunda autopsia también determinó que la muerte sobrevino como consecuencia de la rotura de bazo producida por politraumatismo.

En esta segunda autopsia se obtuvieron muestras de piel de zona lumbar y torácica para estudios histopatológicos, que se realizarán en la ciudad de Buenos Aires en el laboratorio pericial de Gendarmería. El Dr. Hugo Ricardo Nandín, prestigioso médico legista y criminólogo, y colaborador habitual de CORREPI, participará como perito de la querella de las operaciones periciales.

La querella, con el apoyo de la Comisión Provincial de DDHH, imputó a doce funcionarios policiales que participaron en el operativo desplegado en el Quinta Ferré en la madrugada de la última Navidad y que culminó en la muerte de Ramón. Entre ellos se encuentran efectivos de la Policía de Alto Riesgo -PAR- y de la Metropolitana, como el comisario Jose Vallejos y el comisario inspector Juan Ramon Verón. Además ya estaban imputados el jefe y seis oficiales de la comisaría correspondiente.

ASESINATOS EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD

Asesinatos en el campo:
El sábado 12 de febrero, en la zona de Terra do Meio en el estado de Pará, al Sur de Brasil, la monja Dotohy Stang, de la Comisión Pastoral de la Tierra, que militaba junto a los Trabajadores Sin Tierra fue asesinada por un grupo de mercenarios que trabajan para un hacendado de la zona. En estos días, también fueron asesinados otros dos luchadores. Todo ellos habían sido amenazados y el gobierno tenía conocimiento de la situación. Sin embargo, la respuesta ofrecida había sido brindarles una protección de la policía del estado. Ante eso, y conociendo las estrechas relaciones entre la policía y los hacendados, los luchadores rechazaron semejante “protección”.

Estos no son casos aislados. Desde 1985 al 2004 aproximadamente 1400 personas fueron asesinadas en la lucha por la reforma agraria, de éstos sólo 75 casos fueron a juicio y 15 mandantes fueron condenados. A su vez, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, 161 personas, entre trabajadores rurales, sindicalistas y religiosos que militan en el campo fueron amenazadas de muerte en 2004. Solamente en el estado de Pará hubo 40 amenazas el año pasado. Mientras que la CPT del estado llama la atención al hecho de que 12 personas fueron asesinadas por conflictos relacionados al tema de la tierra en este estado en el año 2004.

Como “respuesta” a la violencia en Pará y al pedido de la Comisión Pastoral de la Tierra, el gobierno federal envió tropas del ejército a la región y anunció un paquete de medidas contra el “agro-negocio” y de apoyo a la explotación sustentable de la región.
Desde CORREPI nos solidarizamos con los luchadores populares y enviamos nuestro apoyo a su trabajo. Obviamente, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, repudiamos el envío de tropas del ejercito como forma de resolución, siquiera temporario, del problema. Seguridad es justicia, seguridad es reforma agraria.

Asesinatos en la ciudad:
La acción llamada “Operación Triunfo” que dio como resultado el desalojo violento de cerca de 3 mil familias el día miércoles 16 de febrero del área que ocupaban en el Parque Oeste Industrial en Goiania, Capital del estado de Goiás en Brasil, fue considerada un éxito por la Policía Militar. Con 2.500 hombres pertenecientes a las tropas de choque y a las de caballería, detuvieron a 800 ocupantes, hirieron a 11 con armas de fuego y fueron muertos (eufemismo para decir que fueron fusilados) otros dos, según las informaciones oficiales.

La orden de reintegración del lugar había sido determinada en septiembre del año pasado, pero elecciones mediante, fue retrasada hasta ahora. El desalojo se produjo a sangre y fuego, sin intentos de negociación por parte de las fuerzas policiales. Algunos sobrevivientes comentan terribles fusilamientos ocurridos en la acción de la policía.

Ante esto, diversos movimientos sociales realizaron el mismo día por la tarde una reunión para tener más datos de los hechos ocurridos en el desalojo de las familias acampadas en el Parque Oeste Industrial. Estos sospechan que existen diez muertos y más heridos de los que se dice oficialmente. Es así como se conformaron comisiones de investigación para recorrer los hospitales y el Parque para verificar sus sospechas, también llamaron a una movilización para denunciar de feroz represión de la Policía Militar.

Desde CORREPI nos solidarizamos con los luchadores y exigimos una investigación que de cuenta de los hechos y el castigo a todos los responsables.

PROXIMAS ACTIVIDADES
PROXIMAS ACTIVIDADES

23 de febrero, 17:00, Marcha por la Libertad de los Presos de la Legislatura y de todos los Presos Políticos. Desde Carlos Pellegrini y Avenida de Mayo hasta la Jefatura de Gobierno para escrachar a Ibarra, bajo las consignas: Libertad a los 15 presos y presas de la Legislatura y a todos los presos políticos; Anulación del Código Contravencional y todos los Códigos de Faltas del país; Amnistía o desprocesamiento a todos los luchadores populares.
28 de febrero, 20:00, marcha por Juicio y Castigo a los responsables de la Masacre de Cromagnon, de Once a Plaza de Mayo.

1º de marzo, la Comisión por Juicio y Castigo a los responsables de la Masacre de Puente Pueyrredón convoca a concentrarse en los Tribunales de Lomas de Zamora, en la fecha prevista para el inicio del juicio.

4 de marzo, 11:00, CONCENTRACIÓN CONTRA LA TORTURA en los Tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque. Convocan CORREPI y familiares de Chaco González y Diego Gallardo, torturados hasta la muerte por la policía bonaerense.

16 de marzo, 19:00, Charla Debate con la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y CORREPI sobre el 24 de Marzo y sus alcances actuales. Participará la compañera Luz Palmás Zaldua. Lugar a confirmar, en zona céntrica.