CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

7- Próximas Actividades

RUMSFELD, CRIMINAL DE GUERRA
Con las firmas de Graciela Daleo por los Ex Detenidos, Rodolfo Yanzón por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Daniel A. Stragá por CORREPI se presentó ante la justicia federal una denuncia contra el secretario de Defensa de EEUU Donald Rumsfeld.

El funcionario imperialista arribará al país próximamente y su llegada será malvenida por el pueblo argentino. En la misma línea de una denuncia similar impulsada internacionalmente por la organización Center for Constitutional Rights, los representantes de estos organismos de DDHH sostuvimos la responsabilidad por las torturas, malos tratos y crímenes de guerra cometidos por las tropas yanquis en Afganistán, Guantánamo y en Irak, más precisamente en la prisión de Abu Ghraib.

Las torturas cometidas por los militares, por la CIA, y por mercenarios contratados, contaron con la participación criminal de Donald Rumsfeld. La denuncia, que quedó radicada ante el juez Bonadio, sostiene que “el acusado es, junto a otros, tan responsable como los perpetradores directos, dada su posición de comando organizacional de los delitos aquí descriptos.” “Donald Rumsfeld es directamente responsable de las violaciones, ya que ordenó, solicitó, indujo, incitó crimenes de guerra y torturas. Fue comandante civil sobre las fuerzas militares bajo su control”.

Tuvo el control sobre los individuos que cometieron tales crímenes y nada hizo por evitarlos. A pesar que admitió la comisión de torturas en la cárcel de Abu Ghraib, no existen cargos o acciones disciplinarias en su contra y los denunciantes aseguran que jamás la habrá. Ni en EEUU, ni en Irak ni como consecuencia de la implementación del T.P.I., será perseguido penalmente Donald Rumsfeld por los delitos de lesa humanidad que cometió. Es por eso que Argentina, como firmante de tratados internacionales humanitarios que ordenan la cooperación internacional para la detención, extradicción y castigo de los culpables de crímenes de lesa humanidad, está en inmejorable posición ante la presencia del criminal Rumsfeld de detenerlo y juzgarlo por los delitos conocidos internacionalmente.

LOS PARAPOLICIALES DE DON ALFREDO
Alfredo Coto se presenta como un empresario argentino que da trabajo, como un exponente de la “burguesía nacional” que invierte en el país. Se promociona como el supermercadista argentino por oposición a los transnacionales de Walmart o Carrefour. Tan nacional que no dudó, el 19 de diciembre del 2001, en ordenar a sus empleados enfrentar armados a los hambreados que amenazaban saquear sus locales, bajo amenaza de pasar a engrosar la lista de desocupados si se negaban a hacerlo.

Esta semana Coto fue de nuevo noticia, por la pelea de los burócratas sindicales por su tajada gremial. Los trabajadores que cargan y descargan la mercadería en los depósitos están incluidos en el gremio del menemista Cavalieri. Por supuesto, no se sabe que Cavalieri jamás haya defendido a los empleados de esas cadenas de remarcación de precios, pero a la hora de confrontar por un mendrugo de la cotización, salió a dar pelea con apoyo de la patronal, como suele ocurrir. El ex rodriguez saadista y actual kirchnerista Hugo Moyano tercia en esa disputa.

Los muchachos de los supermercados no se quieren quedar con Cavalieri sino con Moyano, simplemente porque con el convenioo de camioneros van a cobrar más. Este mismo entuerto ya se dio en otra empresa supermercadista, y esta semana estalló en Coto. El bloqueo a la planta de Esteban Echeverría no permitía salir ningún camión para las distintas sucursales y don Coto ya había despedido a 17 trabajadores díscolos. Y el empresario nacional -como en la época de los saqueos- mandó a sus gorilas de seguridad privada con balas de goma y gases lacrimógenos contra los trabajadores.

Como los grandes terratenientes brasileños o los empresarios colombianos, los muchachos de Don Coto reprimen sin asco. Nadie entiende cómo la empresa de seguridad que cuida a Don Coto cuenta con agresivos químicos o con proyectiles antitumultos, cuando supuestamente la represión sigue siendo facultad del estado. Sin embargo, esta última inquietud quedó superada cuando al día siguiente, para defender a los intereses de Don Alfredo, apareció otro “para”, el fiscal Daniel Gualtieri de Lomas de Zamora, que ordenó a la policía bonaerense desalojar a los camioneros que protestaban frente a la planta del empresario nacional.

Más balas de goma y gases que se terminaron cuando K vio que se arruinaba la fiesta programada para anunciar los números del canje de la deuda. Colorín colorado, Don Coto tiene el poder para reprimir, los burócratas se pelean por todo menos por los derechos de los trabajadores, y la represión se negocia, en la conciliación obligatoria.

ENRIQUEZ Y LA FEDERAL VUELVEN AL ATAQUE
El Diputado Jorge Enríquez no es un recién llegado en la defensa del aparato represivo. Su amor por la Policía Federal Argentina y su deseo de reprimir al pueblo han sido permanentes. Es el mismo funcionario que en 1998 recorría los barrios para defender los edictos policiales de la mano del entonces Superintendente de Seguridad Metropolitana Santiago Fernández (alias el “Gordo”), que luego propuso las versiones más represivas de reforma del Código Contravencional, que trató de regular el derecho de reunión hasta extinguirlo, que tiene tanto odio (y temor) hacia el pueblo que fue uno de los principales impulsores de la causa contra los manifestantes que reclamaban contra la reforma del Código Contravencional, que lucha militantemente contra el aborto, contra Cuba y contra los piqueteros, que mantiene sus raíces radicales delarruístas (a pesar de su paso por el lopezmurphysmo y el macrismo).

Ahora insiste nuevamente con un proyecto que ya fue rechazado en anteriores oportunidades. A través del despacho 1152 de la Comisión de Seguridad (que él preside), quiere que la Legislatura de la Ciudad premie cada año a un policía “que se destaque por sus actos en defensa de las instituciones democráticas, en el ejercicio y aplicación de los derechos humanos y/o servicios comunitarios.” Define a la Federal como vigilante la seguridad y tranquilidad del pueblo de la Ciudad, asegura sin vergüenza que “la distinción será un premio de la Democracia” y elogia el accionar policial el día 16 de julio ppdo., con afirmaciones tan disparatadas como que “los miembros de la policía federal (…) desarrollaron una tarea absolutamente pasiva, sin pasar a la acción de reprimir el vandalismo, lo que demostró su profesionalidad, su valentía y su temple.”

El primer premiado que se propone es precisamente uno de los que intervinieron en dicho operativo, como resultado del cual todavía tenemos 15 presos políticos. Enríquez no es el único que apoya este proyecto, que ni siquiera es razonable desde un punto de vista burgués (ya que la Ciudad Autónoma establecería un premio exclusivo para un miembro de una organización de carácter nacional). Dieron su apoyo en la comisión de seguridad los diputados Marina Pérez (del Partido de la Ciudad encabezado por Jorge Giorno, aliado de Ibarra), Paula Bertol (macrista), Helio Rebot (ahora kirchnerista, pero al momento del despacho aún macrista) y en disidencia parcial (cuyo alcance no aclara) Silvia La Ruffa (kirchnerista, aunque subió en la lista de la alianza entre Bullrich y López Murphy). El sistema los cría y ellos se amontonan solos.

LA POLICÍA DE MERCEDES
Cuando se habla de gatillo fácil, torturas o detenciones arbitrarias, el común de la gente suele pensar en la Bonaerense, y en especial la del conurbano, como paradigma de “policía brava”.

Desde CORREPI enfatizamos, sostenidos en los datos de nuestros archivos, que la policía del Gran Buenos Aires no se diferencia demasiado de la de cualquier otro punto del país, aunque la frecuencia de los casos, fruto de la mayor concentración poblacional, pueda mover a confusión. Del mismo modo, no hace falta mirar el conurbano bonaerense para encontrar a la maldita policía (que es toda la policía).

A 10 km. de la ciudad de Buenos Aires está la muy tranquila, católica y prolija ciudad de Mercedes, renombrada por sus salames quinteros, y por ser la cuna de la familia Videla. El 20 de febrero pasado Ramiro Villalba, de 20 años de edad, caminaba con un amigo mayor de edad por la céntrica avenida 29. Entre las calles 22 y 24 había un móvil policial, y dentro de él un chico de no más de 12 años. Movido por la curiosidad, Ramiro -en buenos términos- le preguntó a uno de los policías por qué estaba detenido el menor. El oficial, en tono destemplado le respondió “¿Qué te importa?” para descargar luego una buena cantidad de insultos.

Los dos jóvenes continuaron su marcha por avenida 29. No habían recorrido 50 metros escucharon la voz policial que les mandaba detenerse. Luego, un policía se abalanzó sobre Ramiro y lo derribó, golpeándolo fuertemente contra el piso. En el mismo patrullero, los efectivos policiales Luis Oteiza y José Barraza lo transportaron a la comisaría. Antes de ingresarlo a una celda uno de los mencionados policía la emprendió a golpes contra él, en una verdadera paliza que era observada por otros siete policías imperturbables.

De los golpes le quedaron marcas en los brazos, las costillas y una lastimadura en la parte interior del labio. “Después se me acerca uno que me dijo que era subcomisario, estaba de civil, me empezó a decir que en la policía eran seres humanos y que si a uno lo putean reacciona”, contó Ramiro Villalba a los diarios locales. “En esa conversación ese hombre de la remera rosa intentó excusar el comportamiento policíaco”, recalcó el joven. El individuo ha sido identificado como el subcomisario Marino.

A las 8.30 Ramiro recuperó su libertad, después de que sus padres concurrieran a la comisaría. Por supuesto que en los papeles inventaron una detención fundada en el art. 9º inc. C de la ley 12.155, o sea la vieja y siempre útil Averiguación de Antecedentes (o “establecimiento de identidad”, como dicen para que suene mejor). Y como de costumbre aparece en el sumario policial un certificado de que fue revisado por un médico en la comisaría que no encontró lesión alguna. De más está aclarar que ningún médico lo vio mientras estuvo detenido, y que luego de su soltura se verificaron en el hospital las múltiples lesiones padecidas.

Los padres de Ramiro, Héctor Villalba y Fabiana Maleplate, hicieron de inmediato la denuncia judicial, que acompañaron con la denuncia pública en los medios de comunicación de la ciudad. Se pusieron en contacto con CORREPI y con organizaciones locales, y están interviniendo a través de su abogado para impulsar la causa penal.

CASO BULACIO: COMO CUANDO VOLVIMOS DE COSTA RICA
Cuando venció el plazo legal que la Corte Interamericana de DDHH dio al estado Argentino para cumplir la condena en el Caso Bulacio, denunciamos que “cumplir a medias no es cumplir”. Informamos entonces que, largamente vencido el término de seis meses desde el fallo internacional de septiembre de 2003, la Argentina no había avanzado un milímetro en las dos cuestiones fundamentales impuestas por la sentencia: reactivar la causa penal contra el comisario Miguel Angel Espósito, con plena intervención de la familia Bulacio, y revisar la legislación y prácticas que facultan a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones arbitrarias.

Debido a ese informe, la Corte IDH intimó al estado argentino a cumplir, dándole un nuevo plazo que venció el 31 de enero pasado. Nuevamente debimos informar al tribunal internacional que seguimos como cuando volvimos de Costa Rica. Después de tener a estudio la causa desde febrero de 2003, la Corte Suprema sacó de apuro un fallo el 23 de diciembre de 2004 dictaminando que la acción penal no está prescripta y por ende el trámite debe continuar. Lo notable es que, aunque todos los Supremos admiten que lo dispuesto por la Corte IDH es de aplicación obligatoria para la Argentina, varios de ellos (Raúl Zaffaroni entre ellos) expresamente señalan que no comparten el criterio de la Corte Interamericana en este caso, ya que viola el derecho de defensa del comisario, y que lo acatan contra su voluntad porque de lo contrario el estado argentino quedaría internacionalmente comprometido…

Como si esto fuera poco, no dicen una palabra de la otra cuestión ordenada por el tribunal
interamericano, que es la reposición de la madre de Walter Bulacio como querellante en la causa. Recordemos que un mes antes de decretar la prescripción de la acción penal, la Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones resolvió que los abogados de CORREPI, apoderados de la mamá del adolescente apaleado en la comisaría 35ª, debían ser apartados de la causa ya que la Sra. Scavone de Bulacio no era la víctima directa del hecho. Presentamos un pedido de aclaración a la Corte Suprema, preguntando si se habían olvidado de resolver el tema o si entendían que no era obligatorio el fallo internacional, pero ni siquiera nos contestaron el escrito, con el argumento de que no somos parte en la causa.

Esta semana, a casi un mes de cumplirse 14 años de la detención y muerte de Walter Bulacio, informaremos a la Corte IDH esta nueva instancia de incumplimiento, así como la
subsistencia, cada vez más ampliada, de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente.

CONTRA LA TORTURA
Como estaba anunciado, el viernes 4 de marzo nos movilizamos a los tribunales de Lomas de Zamora para denunciar la complicidad y el encubrimiento del aparato judicial en las causas por tortura. Haciendo eje en dos casos paradigmáticos de la zona, el de Jorge “Chaco” González y el de Diego Gallardo, fuimos a exponer la habitual conducta de jueces y fiscales que hacen malabares jurídicos dignos del Circo de las Estrellas con tal de no usar la palabra “Torturas”, y menos aún si es seguida de muerte de la víctima.

Es que calificar como aplicación de torturas un hecho implica reconocer que hay una política de estado que avala los tormentos como método cotidiano de las fuerzas de seguridad, en especial policías y guardiacárceles. Y los guardianes de la ley no están dispuestos a morder la mano que les da de comer. Para eso tienen a su disposición todo un menú de figuritas livianas que los legisladores les han servido en el Código Penal. Para qué ofender oídos sensibles hablando de torturas, si se puede ser políticamente correcto y limitarse a un apremio, una severidad o una vejación.

Y si la víctima murió, para eso están las formas atenuadas de homicidio, como en el caso de Chaco, donde después de más de dos años de pelea apenas se animaron a calificar como “homicidio preterintencional” la conducta de los policías Quevedo y Concha, que lo patearon hasta que se quedaron sin ganas, pero claro, para el juez y el fiscal la intención fue de lesionar, no de matarlo… qué mala suerte que el muchacho tenía una precaria salud y se les quedó. O el caso de Diego, con 57 lesiones comprobadas en la autopsia, varias fracturas en el cráneo, y el esófago y el estómago literalmente reventados. Acá era difícil bajar a un delito excarcelable, entonces hicieron un pase de manos, y convirtieron la tortura seguida de muerte en homicidio calificado en concurso con vejaciones. Es que homicidio suena a crimen individual, no institucional, y zafa el prestigio de la fuerza.

Medio centenar de compañeros, en su mayoría familiares y amigos de víctimas de la represión policial, acompañaron a las familias Gallardo y González frente a los tribunales de Lomas de Zamora. Desde barrios tan distantes como Ciudad Oculta, Bosques, González Catán, San Fernando, Rafael Castillo, estuvieron presentes Delia Garcilazo y su hija, Estela Rivero y su hermana, las hermanas Otero, el Sr. Redondo, Estela Vázquez con toda su familia, Esther Lobatto, la abuela de Yiyi Guerra, Antonio Sánchez con sus hijos. Mientras se repartían volantes con la denuncia a los abogados y transeúntes, marchamos por Larroque hasta la intersección con el Camino Negro, donde permanecimos ocupando un carril de cada mano para luego desplazarnos hasta la sede de las fiscalías ubicadas del otro lado de la avenida. De regreso al edificio principal, ingresamos al predio, y una delegación de familiares exigió ser recibida por los fiscales y jueces de garantías, a los que reclamaron que dejen de encubrir torturadores.

Pese a que por largo rato nuestra presencia entorpeció el tránsito vehicular en el cruce de Camino Negro y Larroque, fue notable la simpatía con que los pasajeros de los colectivos y combis, los camioneros abundantes en la zona y los conductores particulares (salvo alguno de vidrios polarizados) leían los carteles y banderas y recibían y guardaban los volantes.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
16 de marzo, 19:00, Charla Debate con la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y CORREPI sobre el 24 de Marzo y sus alcances actuales. Participará la compañera Luz Palmás Zaldua. Lugar a confirmar, en zona céntrica.

18 de marzo, sentada por la reapertura de la causa por el homicidio de Marcelo “Peca” Rivero, en los tribunales de Morón a las 10:00.

24 de marzo, acto en Plaza de Mayo bajo la consigna HOY COMO AYER, BASTA
DE IMPUNIDAD, HAMBRE, ENTREGA Y REPRESION.