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LOS FAMILIARES SE MOVILIZAN CONTRA LA IMPUNIDAD
El 22 de enero de este año a las 19 horas, en el precinto 5 de la Policía de Córdoba (ex comisaría 10ª), siete jóvenes murieron cuando se incendiaron los colchones de la celda en la que se encontraban detenidos. El fiscal Marcelo Sammartino (quien intervino primero en la causa) opinó que el caso fue una tragedia. En el mismo sentido se expresó el jefe de policía, Máximo Lazcano. Los familiares de los jóvenes, en cambio, están seguros de que fue un asesinato y que los cuatro policías que se encontraban en ese momento en el Precinto -que habrían estado borrachos y/o drogados- dejaron morir a los jóvenes sin prestarles auxilio.
Desde ese día, todos los viernes a las 19 hs., los familiares junto a la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, partidos políticos de Izquierda y simpatizantes, marchan reclamando justicia.
El 24/4 pasado se hizo una peña en el Club Bellavista, donde se reunieron más de 200 y también se organizó una rifa. Los fondos recaudados se están utilizando para trasladar a los familiares a la marcha de los viernes.
Los abogados Carlos Orzaocoa y Eduardo Furque, patrocinantes de los familiares que se presentaron como querellantes en la causa (caratulada como Homicidio Culposo), informaron que han solicitado todo tipo de pruebas para que se conozca la verdad de lo ocurrido ese día. Entre ellas, una pericia psicológica a los cuatro policías imputados, para indagar sobre su potencial agresividad o inclinación al consumo habitual de alcohol o drogas, pero esta prueba fue rechazada por la Fiscalía, porque la consideró “impertinente”.
También se ofreció el testimonio de una persona que cumple funciones en la Policía Judicial, que habría estado presente ese día en el Precinto y que sabría cómo (y cuándo) se abrió la puerta del calabozo donde estaban los jóvenes. Este es un aspecto central en la causa, pues los policías adujeron que no encontraban la llave y por eso demoraron en abrir las puertas y socorrer a los jóvenes que se estaban quemando. Este testimonio también fue rechazado por “impertinente”.
Hubo también otras pruebas ofrecidas por los querellantes (reconstrucción del hecho, informes periciales del edificio del Precinto, etc.) que han sido rechazadas por la Fiscalía y, pese a que fueron apeladas, la Cámara de Acusación las confirmó y, si no hay otros cambios, la causa será próximamente elevada a juicio oral tal cual está, con la imputación de homicidio culposo para los cuatro policías.
Los familiares son conscientes de esta actitud de la Justicia de Córdoba, la misma que sobreseyó al ex gobernador Angeloz, acusado de enriquecimiento ilícito.
Es por eso que el reclamo que se manifiesta todos los viernes frente al Precinto 5 los encuentra firmes y convencidos de que sólo la movilización puede garantizar que el asesinato no quede impune. La policía, en tanto, trata de desalentar estas marchas. Al principio fueron directamente a amenazar a los pibes familiares y amigos que van los viernes a las marchas. Y ahora, con actitudes provocadoras como la del viernes 18 de junio pasado, cuando no cortaron el tránsito en el trayecto que todos los viernes hace la marcha, lo que originó problemas con los automóviles y los conductores, con peligro para los familiares y niños que asisten. Es claro que esa institución desea que los familiares de sus víctimas se enfrenten a otros sectores del pueblo que protestan por el desorden en el tránsito. No obstante, desde ese día las marchas siguen, ahora con bombas de estruendo y gomas quemadas, como para hacerle ver a la cana que este reclamo no se pincha con amenazas.
Irina Santisteban - Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba