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VIEJAS BATALLAS, NUEVO ESCENARIO
La lucha popular por las libertades públicas, la resistencia de la gente contra la represión, la demanda democrática de poner fin a la impunidad de los poderosos en Argentina, ingresan en un nuevo terreno. Las mismas batallas se libran en nuevos escenarios.
No habrá olvido ni perdón.
Miles compañeros y decenas de organizaciones sociales, culturales y políticas ganaron las calles porteñas y de las principales ciudades del país para conmemorar los 25 años del golpe genocida de marzo del ‘76 y ratificar la vigencia y actualidad del reclamo de castigo para los genocidas que secuestraron, torturaron, asesinaron y encarcelaron a miles de luchadores
populares.
El fallo del juez Cavallo -la misma persona que hace pocos años asistió legalmente a varios genocidas cumpliendo “profesionalmente”, según sus dichos, las tareas de defensor oficial- impulsa una nulidad de las leyes de impunidad que, de encontrar acogida en los tribunales superiores (casación, corte), implicaría la reapertura de miles de juicios contra genocidas de todo tipo y color: policías y militares, oficiales y suboficiales, represores en retiro o en actividad, famosos y desconocidos,
etc. Un organismo de derechos humanos (el CELS) que hace algunos años no vaciló en aceptar el envenenado convite de Balza de iniciar un camino de “diálogo y reconciliación” entre víctimas y victimarios, aparece hoy como el representante de la demanda popular ante la justicia.
Una vez más -como con el juez español que persigue a genocidas de acá y a luchadores de allá, como con el curioso partido de los lores versus Pinochet- cuesta distinguir, discriminar, ubicar donde está “lo bueno” y donde “lo malo” para los trabajadores y el pueblo. Es difícil imaginar que el fallo de la nulidad vaya mas allá del juzgado que lo dictó (tenemos
derecho a sospechar que si la sentencia fuera a quedar firme, quizás tampoco ese juez la hubiera redactado). Por ese lado y por el nombre de más de un sorprendente impulsor y adherente tardío de nulidades que ayer no reclamaron, se deducen claras maniobras orientadas no sólo a ganar prestigio individual o grupal, sino también a relegitimar un régimen político-institucional que cada vez se diferencia más de la dictadura sólo por aspectos de naturaleza formal.
Las lavadas de cara no logran sin embargo ocultar aquello “bueno” de lo que hablamos mas arriba. Los juicios en el mundo entero -y en ese marco hay que interpretar el fallo de acá- revelan que la lucha y la resistencia popular (nuestra lucha y nuestra resistencia) lograron mantener viva la exigencia de juicio y castigo, impidieron que se consolidara en el corazón y la cabeza de millones la idea de la “inevitabilidad” de la convivencia con los genocidas, que es también la “inevitabilidad” de un régimen
político en el que siempre deciden y ganan unos pocos banqueros, mientras las mayorías populares sólo somos base de arteras maniobras mediáticas y objeto de expoliación y explotación sistemática. En ese sentido, el fallo es también un logro de la pelea y contribuye a mantener abierta, cuando no a ampliar la grieta -una de las grietas- que hace vulnerable a la losa de la
impunidad.
La lucha contra el gatillo fácil desnuda las mentiras del discurso de la “mano dura” para “combatir la inseguridad”. Más de 800 personas muertas a manos de las policías federal o de las provincias se registran en los archivos de CORREPI desde 1983 hasta nuestros días. Los datos del año 2.000 son aún mas desalentadores: los 130 muertos en sólo doce meses no hacen mas
que ratificar una tendencia ascendente en cuanto al empleo brutal y sistemático de la violencia por parte de las “fuerzas del orden” cuando los que están en frente son, preferentemente, pobres, jóvenes y desarmados.
Quien quiere oir que oiga: no es una “asignatura pendiente” de la “joven” democracia ni es un flagelo que quedará atrás por la “autodepuración” de las policías. La clave de tanta muerte hay que buscarla en la función social que los sectores poderosos de la sociedad asignan a las policías para perpetuar y profundizar la desigualdad.
En abril se cumplirán 10 años del asesinato a manos policiales de Walter Bulacio y también de la impunidad de ese homicidio. La experiencia acumulada por el movimiento popular (y por la CORREPI como parte del mismo) nos autoriza (y del mismo modo nos obliga) a ganar las calles en este aniversario denunciando que detrás del discurso de la “seguridad” se esconden más gatillo fácil y más tortura policial. Será una excelente oportunidad para demostrar que el discurso de la “mano dura” no viene a
brindar seguridad ni tranquilidad a la vida de millones de personas, sino a buscar engañosamente su apoyo para mantener vigente una policía represora cuya única utilidad es la de amedrentar y controlar con dureza a millones de pobres y jóvenes socialmente excluidos.
Todos los luchadores populares perseguidos son nuestros compañeros.
La lucha de muchísimos compañeros permitió que el dirigente social Raúl Castells recuperara recientemente su libertad. Sin embargo, a la prisión de Emilio Alí en Mar del Plata -que lleva más de nueve meses encarcelado- se sumó la del abogado de Lomas de Zamora Cesar Matoso y, aunque transitoria, la detención de Emerenciano Sena en el Chaco. El chaqueño es un representativo dirigente de los desocupados, mientras que Matoso ha actuado en una gran cantidad de casos de tierras “tomadas” por movimientos de gente muy humilde necesitada de algunos metros donde construir sus viviendas. Como sucedió antes con el metalúrgico “Lobo” Martínez en Tierra del Fuego, con Panario y Christiansen en Neuquen o con el propio Castells, el encarcelamiento de Sena, Alí y Matoso no es más que una burda persecución política de compañeros que defienden el interés popular disfrazada de investigación o proceso penal.
Estas nuevas agresiones no pueden analizarse al margen ni de la tendencia creciente a la organización y confrontación de los movimientos de trabajadores pobres y desocupados, ni de la decisión gubernamental de echar mano del macartismo y la represión violenta.
A partir del 23 de abril próximo libraremos una nueva batalla contra la “judicialización” de la protesta: comienza en Mar del Plata el juicio oral y público a Emilio Alí, y mediante la movilización popular debemos impedir que avance un sólo centímetro más la nefasta política de condenar a los que están en la primera fila de la lucha por trabajo y dignidad.
Decíamos al comienzo que las viejas batallas contra la represión y la impunidad ingresan en terrenos nuevos.
Y es que las exigencias de castigo a los genocidas, de cese del gatillo fácil y de fin de la persecución a la protesta popular colisionan cada día de manera mas frontal con una institucionalidad política, legislativa y judicial absolutamente funcional al ajuste neoliberal y su perpetuación política.
En diferentes países hermanos de Latinoamérica crecen, se extienden y se hacen fuertes corrientes de acción popular -sociales, políticas, culturales- que cuestionan severamente el curso que la banca financiera y las oligarquías locales impusieron a la economía y la política durante los últimos años, con el conocido y lamentable saldo de miseria por doquier y una desigualdad social sin precedentes. Es lo que se ha dado en llamar la “crisis del neoliberalismo”.
Ese clima, con las particularidades del caso, se respira también en nuestro país y el paro de 36 horas de fines del 2.000 y los cortes de rutas y movilizaciones conjuntas desarrollados por los movimientos de desocupados hace menos de dos meses, demuestran que hay fuerzas en el pueblo como para conmover al modelo de los financistas y los oligarcas que ayer encarnó
Menem, y representa de De la Rúa. No es cierto que la crisis abierta en el gobierno el 16 de marzo se haya resuelto a favor de una mejor distribución de la riqueza y de un relanzamiento industrial. Cavallo llega -con sus manos manchadas para
siempre de sangre del genocidio- a cumplir las tareas que siempre cumplió: aumentar las ganancias de los poderosos a costa de la miseria y el hambre de millones.
Resulta innegable entonces que se avecinan tiempos de confrontación. El bloque de poder, los grupos económicos concentrados y los políticos del ajuste tienen decidido lanzar un nuevo mazazo sobre las mayorías populares y el pueblo,cuya resistencia ya venía en ascenso, hará frente al nuevo ajustazo con movilización, paros y cortes. En un contexto, entonces, de mayor confrontación, seguiremos adelante con las viejas y nuevas batallas contra la impunidad y la represión.