CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

DEFENSA DE LOS DEFENSORES O.N.U. 2002
Desde 1999, y como preocupación de Amnistía Internacional, comenzó a delinearse en el seno de las Naciones Unidas la necesidad de implementar políticas que tiendan a la defensa de los defensores de Derechos Humanos. Así el año pasado se llevó a cabo en Ciudad de México el primer encuentro en América para informar acerca de la situación de riesgo que corren los militantes de DDHH.
A lo largo de estos 10 años de existencia, la CORREPI, por la propia tónica de su trabajo, es quizás el organismo más expuesto de la Argentina. De hecho y para hacer una apretada síntesis debemos resaltar que entre 1991 y 1994, especialmente con motivo de las causas Bulacio (Ciudad de Buenos Aires) y Durán (Morón), sufrieron diversas amenazas los abogados María del Carmen Verdú y Daniel Stragá. En febrero de 1995, ante la reapertura de la Causa Bulacio, se recibió en el contestador del estudio de Verdú y Stragá una amenaza telefónica.
En octubre de 1995, el abogado de CORREPI León “Toto” Zimerman fue encarcelado por orden de un juez de Quilmes, acusado de ser, junto a tres sacerdotes, el “cabecilla” de una asociación ilícita conformada para tomar tierras, dado que Toto defendía a las familias asentadas en La Sarita, barrio luego bautizado Agustín Ramírez, en homenaje al luchador cristiano de base asesinado por la policía en 1988 en San Fco. Solano.
El 28 de abril de 1996 la CORREPI convocó a un festival de rock en el Parque Rivadavia, en homenaje a Walter Bulacio. Unos 40.000 jóvenes respondieron a la convocatoria en la más masiva manifestación antirrepresiva de la época. El recital fue atacado por un grupo de “skinheads” sostenidos por la propia Policía Federal. En el enfrentamiento, uno de los líderes neonazis, Marcelo Scalera murió, lo que fue aprovechado por el entonces intendente menemista Jorge Domínguez para propiciar la ilegalización de la CORREPI.
Comenzaba 1997 cuando un nuevo llamado telefónico advirtió a Daniel Stragá que lo matarían de la misma manera que lo hicieron con el fotografo José Luis Cabezas.En julio de 1998 el abogado de CORREPI Zona Sur Sergio Smietniansky recibió en su estudio jurídico un mensaje intimidatorio en el que se hacía referencia a su origen judío. En diciembre de 1999, al término del acto público de presentación anual del Archivo de Casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, Lidia Abineme, militante de CORREPI y miembro de la Comisión de Familiares de Víctimas, se retiraba de la Plaza de Mayo cuando fue interceptada por dos hombres de civil que la arrojaron al piso, la golpearon y le dijeron “dejate de joder con nosotros”. En marzo de 2000, cuando salía de la reunión semanal de CORREPI San Martín, Cristina Dosanto fue interceptada por un autómovil particular desde el que la intimidaron haciendo referencia a que cuidara a su hijo que había denunciado los apremios ilegales que le había propinado policías de esa localidad.
Entre diciembre de 2000 y febrero de 2001 varios familiares de víctimas del gatillo fácil integrantes de la Comisión que CORREPI coordina fueron intimidados, entre ellos Lídia Zárate, Oscar Ríos, Pedro Ortiz y Delia Garcilazo. Promovimos una Acción Urgente de Amnesty Internacional, la que fue lanzada el 17 de marzo. Al día siguiente Martín González de 16 años, hijo de Lidia Zárate y cuyo hermano había sido asesinado el año anterior por la policía bonaerense, era fusilado por el mismo policía autor de las anteriores amenazas.
A mediados del 2001 se conoció que los abogados Verdú, Doldán Aristizabal, Lerner, Zimerman, Smietniansky y Stragá de la CORREPI y otros dos colegas que habían militado en nuestra organización fueron investigados por la inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El 20 de diciembre del 2001 nuestro recordado compañero Carlos “Petete” Almirón fue uno de los mártires del Argentinazo.
Finalmente, el 1º de julio de 2002, y tras haberse hecho cargo de la representación de las víctimas de la represión del 26 de junio en el Puente Pueyrredón de Avellaneda, el abogado Claudio Pandolfi también fue amenazado telefònicamente.
Este peculiar “curriculum” de nuestra organización permitió que las Naciones Unidas nos convocaran a prestar nuestro testimonio. Con el acuerdo de los organismos tradicionales, la CORREPI será representada en Guatemala por el compañero Claudio Pandolfi.

LO DEJARON SOLO
El Crio. Fanchiotti, principal imputado por la masacre de Avellaneda declaró ante el fiscal que entiende en la causa. Además de haber intentado hacer el papel de víctima, se quejó porque “lo dejaron solo”. Evidentemente el represor esperaba contar con la maquinaria de complicidad y encubrimiento del aparato político. A él, que había cumplido tan al pie de la letra su tarea, ahora lo dejaban sin el paraguas de la impunidad que, antes le habían prometido.
Pero no sólo el poder político que organizó e implementó la “cacería humana” -como dijo después el hipócrita presidente Duhalde, el mismo que entrenó y largó los perros- lo “abandonó”, sino también mucho de los medios de comunicación que primero lo entrevistaron comprensivos y hasta se solidarizaron con él por la “agresión” sufrida.
En realidad Fanchiotti se equivoca. Ni sus patrones ni la prensa lo dejaron tan solo, ahora vienen inventando la teoría del comisario “sacado” que perdió el control porque lo hirieron y así justificar su reacción. De todas formas, el fiscal González ha pedido a la jueza Marisa Salvo que convierta en prisión preventiva por doble homicidio calificado la detención de Fanchiotti y de su chofer Acosta.
Mientras tanto, estamos abocados en la causa a reconstruir todos los diversos hechos delictivos del 26 de junio. Si bien hemos avanzado bastante en relación a lo ocurrido en la estación Avellaneda, el local de Izquierda Unida, el hospital Fiorito, Plaza Alsina, la estación Gerli, etc., todavía resta reunir muchos testimonios más, para poder exponer el conjunto del operativo criminal pergeñado desde el Estado con el doble propósito de criminalizar a los manifestantes y perseguir judicialmente a sus referentes públicos, desarticulando así el sector que con más fuerza expresa su repudio al sistema.

MASACRE DE LA AMIA
A ocho años del atentado contra la sede de la AMIA, hubo tres actos conmemorativos. Uno fue el de la comunidad judía “oficial”, con sus diferentes organizaciones incluída la propia AMIA; otro el de la organización Memoria Activa que tuvo la participación de la CTA y el tercero propuesto por los compañeros de APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) que invitaron a la CORREPI a convocar y participar.
Bajo la consigna “El Estado Argentino es la conexión local del atentado de la AMIA” nos concentramos en la Plaza de Mayo en un acto de claro contenido combativo contra el único responsable de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina, que no es otro que el terrorismo de Estado.
El documento aprobado por ambas organizaciones calificaba al juicio como una parodia donde un acusado se jacta de haber cobrado una coima de U$S 400.000 por parte de la justicia, y como un intento para impedir una instrucción seria que investigue a los autores, partícipes y encubridores que son funcionarios de seguridad. El texto señala como responsables de la impunidad al Estado Argentino, EE UU e Israel.
El primero en hacer uso de la palabra fue el compañero Cherco Smietniansky que afirmó que los 30.000 desaparecidos, los asesinados por el gatillo fácil, los inmolados en la AMIA y los muertos por la represión a la protesta no son hechos aislados sino consecuencia del terrorismo de Estado. Y que todos los victimarios son una cadena de la impunidad, porque “el hijo de puta que aprieta el gatillo sabe que tiene atrás quien lo absuelva.”
A continuación habló Agustin Panella de la Federación Universitaria Argentina, Ramiro Ross de la Asambleas de Parque Centenario, Nestor Pitrolla por el Bloque Piquetero Nacional y cerró la lista Laura Ginsberg. Con sentida emoción y de manera directa la compañera responsabilizó al Estado argentino como el verdadero culpable del atentado. Relató que desde que uno de los abogados de las víctimas se subió al gobierno de Rodriguez Saa, un grupo de familiares y amigos entendieron que debían ser independientes del Estado y de sus gerentes y socios, los partidos políticos del sistema. Laura terminó su discurso asegurando que las víctimas de la AMIA son víctimas de los negocios de los Estados, y víctimas de la política terrorista del Estado Argentino, que sabía con antelación del atentado y nada hizo para impedirlo sino que participó a través de sus fuerzas de seguridad.
Participaron del acto la Asociación Madres de Plaza de Mayo, centros de estudiantes secundarios y asambleas barriales.

ASESINATO POLITICO
Corría septiembre de 1991 en la Córdoba del gobernador radical Angeloz. Como buen conservador, Angeloz era neoliberal y como buen corrupto quería privatizar la empresa de energía eléctrica. Contaba con el apoyo de los Neustadt locales y con el consenso del “partido único del ajuste”, la UCR y el PJ. Sin embargo, dentro de sus propias filas uno de su riñón le salió al cruce: El senador Regino Maders que se opuso al negociado de EPEC.
La noche del 6/9/91 cuando Maders regresaba a su domicilio al sur de Córdoba capital fue alcanzado por dos tiros por la espalda. Siempre se supo que el asesinato de Maders era político y tenia que ver con la enorme corrupción del angelocismo. También fueron sindicados como autores materiales policías provinciales leales a Angeloz. Los compañeros de UNIDHOS y de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, junto a los familiares de Maders, siempre apuntaron en ese camino.
A más de 10 años del crimen cayó el autor de los disparos, un policía llamado Hugo Cíntora. De su pistola reglamentaria salieron los dos proyectiles que mataron al ex senador. En su descargo el homicida sostuvo que había perdido su arma pero luego se comprobó que la vendió meses después de la muerte.

MASACRE DEL PUENTE
Después de 31 meses, y gracias a la movilizaciòn popular, el Juzgado Federal de Corrientes decidió volver a impulsar la causa iniciada por Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes y la CORREPI por la represión en el puente interprovicial Chaco-Corrientes del 17 de diciembre de 1999.
Lo increíble es que el principal responsable de la masacre, el entonces ministro “progre” Storani está citado a declarar en calidad de “testigo” (¡¡¡!!!¿¿¿???), lo cual habla por si solo de lo poco serio de la investigación.
Los compañeros de Corrientes se están organizando junto con distintos sectores sociales protagonistas de aquellas trágicas jornadas para movilizarse frente al Juzgado el día de su audiencia, que será el próximo 6 de agosto a las 9:00.
Desde la CORREPI hacemos un llamado a las distintas organizaciones sociales, políticas y de DDHH para acompañar a los correntinos en el repudio a Storani y su gendarmería asesina. Por eso, proponemos movilizarnos a la Casa de Corrientes en la ciudad de Buenos Aires el mismo 6 de agosto.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 25, 19:00: Clase pública en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo a cargo de los compañeros Delia Garcilazo, María del Carmen Verdú, María Massa, Gabriel Lerner y Daniel Stragá de CORREPI.

Viernes 26: Acto por el Aniversario del Asalto del Cuartel Moncada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina.

Viernes 26: Jornada de reinvindicación de la lucha piquetera en conmemoración de los compañeros Santillan y Kosteki. Por CORREPI hablará la compañera Verdú.

Sabado 27: Charla junto a la Asamblea Popular de San Telmo a cargo de María Massa y Sergio Cucu Cabrera, en Chacabuco y México, 20:00.

Domingo 28 de julio, 14:00: Chocolate por la vida en el cumpleaños de Víctor “Frente” Vital, asesinado por la policía bonaerense. Habrá chocolate caliente y facturas para los pibes del barrio, juegos y música. En French y Pintos, San Fernando. Organizan Familiares de Víctimas de Zona Norte, convoca CORREPI.

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