CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

NUEVAS AMENAZAS A COMPAÑEROS DE CORREPI
Además del atentado que sufriera el compañero Andres Amado, otros miembros de nuestra organización sufrieron una serie de hechos de intimidación en la pasada semana. Mientras llegan gran cantidad de cartas de España, Canadá y Gran Bretaña dirigidas al Ministerio del Interior y al gobernador Felipillo Solá como consecuencia de la “acción urgente” impulsada por Amnistía Internacional, otros compañeros recibieron amenazas telefónicas y hasta incursiones en sus domicilios.

Sugestivos mensajes telefónicos, alguna sugerencia a “Volar, volar”, y un inmueble revuelto sin que falte objeto alguno indican que seguimos siendo el blanco de una campaña dirigida a amedrentarnos.

A los represores, cobardes de siempre, les decimos que si pretenden atemorizarnos y buscan que no continuemos con la lucha, no deberían subestimarnos. No es la primera vez que sufrimos este tipo de situaciones, que enfrentamos con firmeza en los principios y fuerza de las ideas.

MENORES EN RIO CUARTO
Como ya hemos comentado en Boletines anteriores, la provincia de Córdoba se destaca por la aplicación rigurosa de las políticas represivas inspiradas por el Manhattan Institute, con el que ha celebrado convenios apadrinados por el ingeniero Blumberg.

Sólo en la ciudad de Río Cuarto son escalofriantes las cifras de detenciones de menores de edad realizadas por la policía del Gobernador De La Sota. De acuerdo a un informe difundido a mediados de marzo en Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, entre enero y febrero se demoraron en esa ciudad 243 menores de 18 años.

En enero fueron 103 y en febrero 140. En enero hubo 82 detenciones por contravenciones y 13 por presuntos delitos. En febrero, 96 por contravenciones y 32 por presuntos delitos.

Sin embargo, en los primeros 45 dias del año sólo ingresaron al Juzgado de Menores de Río Cuarto 6 casos de menores presuntamente autores de delitos, según informacion de la secretaría correccional.

Los números hablan por sí solos. Es el control social puesto de manifiesto. A detener a todos los pibes pobres de la ciudad, hacerles creer que tienen causa, que los persigue la “ley” y que no hagan nada. Que ni siquiera salgan de sus barrios carenciados y se aproximen al centro.

No tenemos cifras de otras ciudades cordobesas pero, probablemente, en poco se diferencien de estos, claramente originados en la instauración de los consejos de la Manhattan Institute en la tierra mediterránea.

EN DALLAS TAMBIEN SE CONSIGUE
El ex agente de la policía de Dallas Mark Delapaz fue condenado a 5 años de prisión por fraguar causas. Al igual que sus pares de la Federal en este lugar del mundo, Delapaz se dedicaba a fabricar pruebas y con ello a fabricar causas para lograr la detención de una buena cantidad de inmigrantes de origen mexicano. Con la participación de “buches” (acá a veces se los llama testigos de identidad reservada o “arrepentidos”) el hombre armaba causas por posesión de estupefacientes.

Delapaz, junto con su compañero de apellido Herrera, realizó más de una veintena de arrestos entre abril y octubre de 2001, relacionados a secuestro de supuesta cocaína que resultó ser solo tiza, en lo que se conoció como “el escándalo de las drogas falsas”. Sin embargo, otros integrantes de la policía texana estan involucrados en la falsedad de causas judiciales por drogas ya que en el mismo período se contabilizaron más de 80 del mismo tipo.

La mayoría de las víctimas del accionar policial fueron mexicanos que recuperaron la libertad, algunos después de pasar varios meses en la cárcel. Casi todos perdieron sus trabajos y la mayoría fueron deportados a México.

A pesar de ser condenado, Delapaz permanecerá en libertad porque se encuentra firme la fianza de U$S 5.000 que pagó en su oportunidad y está pendiente la apelación que fuera presentada.

El modus operandi de Delapaz era arrestar a los desafortunados sobre la base de las declaraciones truchas de tres informantes confidenciales, a los cuales Delapaz les pagaba una suma como recompensa. No se sabe si en efectivo o en “especie”, es decir con droga de verdad.

Los “buchones” de Delapaz fueron sentenciados a penas que van desde los 33 a los 41 meses de prisión, al declararse culpables de haber dado información falsa que condujo al arresto de los inmigrantes.

ASESORANDO A K
A veces ser víctima de la violencia institucional otorga “chapa” y cargos a más de un familiar que no trepida en transar con el sistema. Es el caso de Luis Bordón, padre de Sebastián, el estudiante secundario que en 1997 fue torturado y muerto por la policía mendocina.
La semana pasada Bordón fue designado como asesor de gabinete del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Bordón trabaja desde noviembre en la Comisión Antiimpunidad creada por el Gobierno para desarticular las luchas contra los responsables de la violencia institucional.

El decreto de designación fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro del Interior Aníbal Fernández. Si bien el nombramiento es en calidad de asesor de Parrilli, depende directamente de K.

El vínculo de Luis Bordón con el Gobierno viene de los primeros meses de la gestión de Kirchner, cuando Gustavo Beliz era ministro de Justicia. Bordón lo conoció en una audiencia a la que había ido para acompañar a los familiares de las víctimas del doble crimen de La Dársena, que conmocionó a la provincia de Santiago del Estero. Bordón tuvo entonces un corto paso por la Comisión Antiimpunidad, de la que se retiró casi de inmediato. Nunca se entendió muy bien porqué.

Cuando lo convocaron por segunda vez, con un llamado del secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Bordón ya era uno de los hombres de confianza de Luis D’Elía, el titular de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), con quien trabajó políticamente hasta hace un mes.

Como en el caso de D´Elia, que sirvió de cuña en el movimiento piquetero para denostar a aquellos que no eran “oficialistas”, Bordón hace lo propio con las víctimas del Estado a quienes “melonea” para evitar que promuevan acciones contrarias al gobierno. Ofreciendoles subsidios, bonificaciones o poniéndoles abogados del sistema, lo que hace el llamado “Programa Nacional Antiimpunidad” es retrasar la conciencia y fundamentalmente anestesiar el espíritu de lucha de las víctimas de la represión estatal.

“Los familiares de las víctimas tenemos dos ejes de reclamo, el de justicia en base a la verdad y el de que no se repita nunca más. El trabajo fundamental del programa antiimpunidad, aparte de acompañar a los familiares en el reclamo de justicia, es hacer diagnóstico, encontrar los patrones que producen la impunidad y a partir de ese diagnóstico fijar políticas que garanticen que no vuelva a ocurrir”, explicó Bordón. Traducido, significa fijar políticas que garanticen la impunidad y la legitimación del poder represivo del Estado.

JUICIO A LA TORTURA
Y se va la tercera. El tercer juicio oral y público en la causa Durán comenzará el martes 19 de abril a las 9:00, en la sala de audiencias lindante a la Unidad Penitenciaria nº 39 del SPB.

Por tercera vez, uno de los policías imputados por la tortura seguida de muerte de Sergio Gustavo Durán (17) enfrentará un tribunal oral que podrá condenarlo a prisión perpetua, como ya ocurriera en 1995 con el oficial subinspector Jorge Ramón Fernández y en 2003 con el cabo Ramón Nicolosi.

Este es el turno de Raúl Gastelú, ese cabo que se profugó en 1993, fue encontrado por CORREPI y detenido en 1996, sólo para que la desidia judicial en fijar fecha de juicio condujera a una conveniente excarcelación en el año 2000. Cuando en octubre de 2003 comenzaba el juicio a Nicolosi, Gastelú y el subcomisario Miguel Angel Rojido (también encontrado por nosotros en 1996 y excarcelado por la Cámara de Morón), los dos últimos se “perdieron” camino al Tribunal, y se profugaron por segunda vez en las narices mismas de los jueces que confiaron en ellos.

Durante los primeros meses de 2004 nuevamente rastreamos y localizamos al cabo, prófugo en su propia casa. Lo filmamos y entregamos las evidencias a la justicia, que lo mandó detener con el grupo de elite de Arslanián, la novísima brigada “antiprófugo”. Los SWAT bonaerenses, siempre a la altura de las circunstancias, protagonizaron un fenomenal blooper y nuevamente Gastelú se escapó.

Luego de la campaña de afiches que pregonaban “Si lo ve, NO le avise a la policía”, Gastelú fue recapturado en la misma zona oeste del conurbano donde siempre se movió. Con inusitada rapidez se fijó fecha para desarrollar el juicio los días 19 a 22 de abril. Raúl Gastelú es uno de los cinco policías que, en la noche del 6 al 7 de agosto de 1992, torturaron a Sergio Durán en la oficina del servicio de calle de la comisaría 1ª de Morón hasta matarlo.

Teniendo en cuenta que la sala de audiencias casi forma parte del mismo edificio de la cárcel, es de esperar que esta vez no se les escape, y llegue la tercera condena en este caso que fue el primero en el que se probó sin lugar a dudas el uso de picanas en comisarías argentinas después de 1983.

Ni la familia Durán ni la CORREPI olvidan que aún restan dos prófugos, el subcomisario Rogido y el oficial subinspector Luis Alberto Farese. Que no duerman tranquilos, los seguimos buscando.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Martes 19 de abril, desde las 9:00, en Ituzaingó (al lado de la U 39), Juicio a la Tortura: El policía Raúl Gastelú será el tercero de los cinco imputados por la tortura seguida de muerte de Sergio G. Durán (17) en ir a juicio oral.

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.

Próximamente, CORREPI en FM EN TRÁNSITO

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