CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

ABSOLUCION EN EL JUICIO DEL FRENTE VITAL
Era de esperar. En los tribunales más gorilas del país, San Isidro, donde siempre zafan los ricos, los oligarcas y los lacayos de las clases dominantes y sus fuerzas de seguridad, y con los antecedentes de los jueces que decían juzgar al policía Sosa. Los Dres. Marcelo García Helguera, Ezequiel Igarzábal y Carlos Vales Garbo, todos para la galería de defensores de represores. Su actuación en el juicio fue similar a la de sus fallos anteriores, salvando canas como cuando le dieron apenas 8 años de prisión a un policía y absolvieron a otros cinco por el fusilamiento de Alejandro Levickas, quien murió de cinco balazos policiales. O en el 2004 cuando absolvieron al sargento Norberto Gallo, que mató de un tiro en la cabeza al albañil Gustavo Luna, de 26 años, tras acusarlo de tirar piedras contra su camioneta. El más reciente fue el que condenó al cabo Emir Champonois a 8 años de prisión por el fusilamiento del músico Mariano Wittis, sin considerar la muerte de Darío Riquelme. Incluso cuando eran jueces de instrucción, como Igarzábal, responsable del cierre de la causa por el homicidio de Maxi Maidana, fusilado por los policías de la comisaría de Talar de Pacheco delante de su madre, nuestra compañera Mabel Maidana.

No se podía esperar otra cosa que impunidad. Se probó que Victor Vital, de 16 años, estaba implorando que no lo maten metido debajo de una mesa en una casilla de un barrio de emergencia de San Fernando. Que estaba desarmado y que estaba en cuclillas, poniendo las manos para ser esposado.

Para el Tribunal Oral 3 “no quedó acreditada la materialidad del hecho”. No escucharon las declaraciones de su compañero Luis Rojas -que se salvó de casualidad de no ser fusilado por otro cana-; la de la dueña de la vivienda donde los pibes buscaron refugio, que escuchó la súplica y después los disparos todos seguidos, todos fuertes; el informe técnico de los peritos que sostuvieron que los cinco tiros fueron de arriba hacia abajo y que uno de ellos había ingresado en la muñeca derecha del Frente cuando la alzó para defenderse.

La regla siempre ha sido que la justicia sea cómplice del gatillo fácil. Que actúe como agente del disciplinamiento social. Cuando el encubrimiento primario que el propio sistema lanza como anticuerpo, cuando camaradas y políticos no pueden proteger y cuando la lucha popular los sobrepasa y los lleva al banquillo, aparecen jueces que son los garantes para que la represión continue gozando. Es normal que los sobresean, y es habitual que los absuelvan.

Cuando los condenamos, cuando los propios jueces del sistema tienen que sentenciarlos, es porque el compromiso popular arrancó el triunfo. Haciéndoles frente, combatiéndolos. El sistema no se regenera, no se purga. No hay jueces “buenos” que castigan a la policia “mala”. Lo que hay son jueces que encubren la violencia institucional y que, a veces, cuando las pruebas son muy contundentes, “no les queda otra” que condenar. Es por ello, que la batalla judicial es parte de una lucha más integral, que se da con todos los recursos sociales. Y que, esta lucha, no se sustituye con “colaboración”, con “integración”, con “participación” en el propio sistema. No se garantiza el castigo a los culpables por pertenecer a algún estamento del propio sistema o codearse con secretarios, directores o funcionarios.

Apelaremos este fallo ante la Cámara de Casación. Pero la lucha, sigue siendo el único camino.

AMPARO A FAVOR DE LOS PIBES
Un recurso de amparo promovido por padres de dos alumnos del Normal 9, dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, patrocinado por un compañero de CORREPI mandó clausurar las instalaciones de esa escuela. Sostenido en el peligro de electrocución y en el derecho constitucional de estudiar en condiciones de seguridad, el juez Gallardo hizo lugar a la medida que pulverizó las peroratas del impresentable de Ibarra.

La inspección técnica ordenada por el juez comprobó, a pesar de lo dicho por el jefe de Gobierno, que ediliciamente ese colegio pone en peligro la vida y la integridad de alumnos y docentes. Un juez de la Ciudad tuvo así que admitir la autenticidad y veracidad de la denuncia de los pibes. Queda claro que tanto periodista que criticó a los chicos por haber cortado la calle y los mensajes de tanto “oyente” fachoso que quería tirarles agua para mandarlos a estudiar, formó parte de una campaña más de “ley y orden”, esta vez promovida desde la “democracia”.

No, no se equivoque. No fue un “boicot de la derecha”. Los reclamos de los pibes no son de derecha.

¿PARA CUÁNDO, ANIBAL FERNANDEZ?
Esta semana un colectivero de 22 años fue asesinado de cinco balazos en la espalda, en el barrio porteño de Flores. Su homicida fue un cabo de la Policía Federal. Hace un par de meses, una niña embarazada fue ultimada en Lugano por otros “federicos”. La semana pasada detuvieron a cuatro policías federales, entre ellos el subjefe de la delegación salteña, que transportaban más de un centenar de kilos de cocaína.

Todos, absolutamente todos, Policías Federales que dependen del Ministerio del Interior. Del Ministerio del Interior de la Nación, no de Saturno. Y cuyo jefe es Aníbal Fernández, puesto por K y su hombre de confianza.

¿Para cuando se hará cargo Aníbal? No se hará cargo de que este tipo de cosas suceden porque la “cabeza” permite que ocurran, o las fomenta. Federicos gatillo fácil y narcopolicías ¿no estarán mancillando al impoluto gobierno de los DDHH?

GATILLO FACIL EN CORDOBA
Como lo adelantábamos en ediciones anteriores, mientras toda la prensa del país sindicaba a este nuevo gatillo fácil como una pelea entre “barras bravas” de los clubes cordobeses Talleres y Belgrano, el homicida es policía.

Gabriel Vivas, cabo primero de la policía de Córdoba, quedó detenido por ser el autor de la muerte de Jorge Martín Castro, ocurrida el 16 de abril del 2005, al finalizar el clásico entre ambos equipos.

Ademas de Vivas, y por disposición de la fiscalía que ocupa el caso, en esta causa también está detenido el comisario mayor Juan Carlos Brito, subjefe de la Dirección de Operaciones de la policía, imputado por “vejámenes calificados y abandono de persona”. El comisario mayor Juan Antonio Pesci, además, está acusado como presunto autor de lesiones agravadas calificadas por el uso de la fuerza y por tratarse de un espectáculo deportivo. Junto a él, los suboficiales Rubén Díaz y Daniel Montenegro.

La fiscal Gutiez adoptó la decisión de detener a Vivas luego de haber recibido las pericias balísticas, según las cuales el proyectil de plomo que puso fin a la vida de Castro salió de la escopeta que portaba Vivas. El enfrentamiento, que la policía adjudicó en un principio a los hinchas de ambos equipos, fue protagonizado por uniformados que abrieron fuego en forma indiscriminada contra los hinchas de Talleres luego de que algunos de ellos les arrojaran piedras, según surge de la investigación judicial.

JUICIO DE LA MASACRE DEL PUENTE PUEYRREDON
Simplemente las palabras del padre de Dario Santillán “Dentro de pocos minutos comienza un juicio en el que todavía nos quieren hacer creer que la represión del 26 de junio fue sólo el fruto de un exceso policial y del repentino ataque de locura de un comisario”.

El poder político representado por Duhalde y Kirchner será citado como testigos…

LA TORCIDA REGLA DE LOS JUECES
Nunca fue más evidente que la venda en los ojos de la Señora Justicia es bien transparente cuando de apreciar intereses de clase se trata. María Julia Alsogaray y Omar Chabán fueron excarcelados porque “la privación de libertad durante el proceso, sea cual fuere el delito imputado y el monto eventual de la pena en expectativa, es la regla. Sólo puede limitarse excepcionalmente cuando el imputado hubiera demostrado su intención de fugarse o su libertad represente un peligro para la investigación”.

La regla, además de aplicarse a María Julia y al empresario responsable de 193 homicidios, sirve para la mediática Giselle Rímolo, pero no para los compañeros presos desde el 16 de julio del año pasado por oponerse a la sanción del nuevo código contravencional porteño.

La Cámara Criminal que entiende que Chabán no se va a fugar (aunque ya lo intentó hacer inmediatamente después del incendio) es la misma que en dos oportunidades rechazó la excarcelación de los quince presos de la Legislatura, con el único argumento de la gravedad superior a tres años de la pena que podrían recibir, de ser condenados.

Hay 40.000 presos sin condena en Argentina. La mayoría no están presos porque hayan intentado escapar, sino porque se les imputan delitos considerados no excarcelables por jueces, fiscales y camaristas. Para ellos, para Gabriel Roser, para los presos de la Legislatura, la excepción es la regla, la regla es primero encarcelar, por las dudas.

Esta semana los abogados de los organismos que defendemos a los presos de la Legislatura reiteramos el pedido de excarcelación de los hombres y mujeres que llevan casi un año presos por haberse manifestado contra una ley represiva de la que son víctimas cotidianas. La jueza Silvia Ramond, sin sorprender a nadie, volvió a rechazar el planteo, nuevamente con el argumento de la “gravedad de la pena en expectativa”. ¿No era que independientemente de ello, la regla es la libertad durante el proceso?

Es la misma Sala V de la Cámara del crimen la que ahora deberá intervenir, aunque dos de los jueces no serán los mismos que en la causa Cromagnon. Tendrán que decirle a la sociedad si para ellos, los presos de la legislatura son más peligrosos en libertad que el asesino de 193 pibes.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

10 de junio, 14:00, charla en La Plata con estudiantes universitarios, a cargo de abogados y estudiantes de CORREPI.

CORREPI EN FM LA TRIBU (88.7), lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.

Próximamente, CORREPI en FM EN TRÁNSITO

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