CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

ESTÁN EN TODAS
En la semana que termina se han conocido las siguientes noticias, tomadas al azar de unas cuantas similares:
1.- Cuatro policías que desde el primer momento investigaron el secuestro de Diego Peralta están hoy detenidos y un cuarto está prófugo. Dos policías de la Brigada de Lomas, Aníbal Masgoreet y Hernán Palomeque, fueron detenidos el 22 de julio por otro secuestro extorsivo y un tercer miembro del cuerpo todavía sigue prófugo. Un cuarto policía, el subcomisario José Alberto Hernández, que estuvo abocado al caso del chico raptado en la localidad de El Jagüel, fue detenido el 11 de julio por estar involucrado en el robo y extorsión de un comerciante de Monte Chingolo junto con otros siete policías.
2.- Un fiscal y un juez de la zona de Quilmes investigan una enorme banda mixta, de delincuentes comunes y policías bonaerenses, que estaría detrás del asesinato del abogado Marcelo Horacio Penna, ejecutado de forma sórdida, esposado a un árbol del Parque Pereyra Iraola y con un tiro en la espalda. La organización que se está investigando se dedica a los secuestros extorsivos, la piratería del asfalto y a otros delitos, y solía cambiarle cheques al abogado que también ejercía como prestamista. La hipótesis que se baraja es que podrían haber matado a Penna porque reveló algunos datos de la banda o porque se quedó con algún vuelto de la organización.
3.- Un suboficial en actividad de la federal fue detenido por ser parte de la banda que secuestró a una mujer de 30 años el jueves pasado y que fue rescatada sana y salva en la madrugada del sábado. Por la víctima se había pagado un rescate de 2200 pesos y 500 dólares en efectivo, pero los secuestradores seguían reclamando una suma mayor. El caso comenzó a esclarecerse a partir del seguimiento de algunas llamadas telefónicas, lo que llevó a la detención de tres de los miembros de la banda, uno de los cuales es un suboficial en actividad de la Policía Federal cuyo nombre fue mantenido en reserva, como suele ocurrir cuando se trata de un miembro de las fuerzas de seguridad.
No se puede negar que, cuando de delitos comunes se trata, ahí están los policías, siempre listos, pero para integrar las bandas. ¿Por qué será que más de uno, de esos que se la pasan con “la ola de secuestros”, “la ola de asaltos”, o la ola de lo que venga bien para justificar el incremento represivo no habla de la “ola azul”, ya que no hay delito grave al que la policía resulte ajena?

TORTURAS A LA ORDEN DEL DÍA
Provincia de Buenos Aires, San Juan, Catamarca, Santa Fe o la que más les guste, en todas se incrementan las denuncias por torturas en cárceles y comisarías a tal punto que llegan a quebrar el muro de silencio que rodea la mayoría de los casos.
En 25 de Mayo, pequeña y tranquila comunidad bonaerense, Juan Esteban Coronel (18) fue llevado por la fuerza a la comisaría el sábado 20 de julio. En un pequeño cuarto recibió duros golpes durante dos horas con palos de goma, propinados por al menos cinco policías. Fue amenazado si denunciaba el hecho antes de recuperar la libertad. La detención fue enmascarada por la policía como aplicación del Código de Faltas, imputándole “ebriedad y desorden en la vía pública”, lo que aun de ser cierto no habilita ciertamente la tortura. “Cortala porque la vas a pasar mal”, le dijo con tono de amenaza en dos ocasiones una voz anónima a Hugo Coronel, padre del joven, que no dudó en denunciar judicial y públicamente lo ocurrido. A través de militantes locales tanto Amnistía Internacional como CORREPI fueron informadas de la denuncia de inmediato.
El sábado siguiente Pablo Garay (20), también en 25 de Mayo, denunció que después de ser expulsado por error de un baile cuando intentaba separar a dos personas que peleaban, fue detenido, y policías uniformados lo golpearon a él y a un menor de edad en los fondos de la dependencia policial. “Por intentar defenderme de los golpes, me dijeron: ‘Así que sos guapo…’, y me pegaron más fuerte”, declaró el joven. La madre del menor de edad, Gladys Zamora, se sumó a las denuncias relatando que a su hijo Fabrizio lo condujero a un cuarto y allí los efectivos los agredieron con palos de goma, cachetazos y patadas.
En la provincia de Santa Fe, la comisaría de Sauce Viejo fue allanada a partir de la denuncia de dos jóvenes que fueron torturados en el lugar. Durante el allanamiento, ordenado por la dirección de Asuntos Internos de la policía provincial, se secuestraron elementos que podrían haber sido utilizados en los apremios. Oscar Quiroz y Carlos Longoni, sostuvieron de manera coincidente que fueron golpeados con un cable eléctrico. “El cable como objeto contundente, como si fuera una cachiporra, no como transmisor de energía eléctrica”, aclaró el funcionario Zampó del Centro de Atención de la Víctima, como si ello redujera la responsabilidad policial. Los dos jóvenes sostuvieron que además fueron sometidos al submarino seco. Quiroz (22) sostuvo que fue desnudado y golpeado por efectivos policiales, en la comisaría, mientras le exigían que se hiciera cargo de un robo en la capilla de Sauce Viejo para suspender la golpiza. El denunciante, que se dedica a recolectar cartones, no cuenta con antecedentes penales. Carlos Longoni (25) denunció que su vivienda fue allanada y aunque la policía no secuestró nada que pudiera incriminarlo en un delito fue detenido en la comisaría de Sauce Viejo. Allí fue golpeado duramente y torturado con el submarino seco en cuatro oportunidades, mientras se le exigía que se hiciera responsable del robo al comedor de un oratorio. Tras la denuncia, Longoni fue revisado por un médico policial quien constató la existencia de escoriaciones y hematomas. El joven señaló que en el momento en que fue torturado también recibió golpes y vejaciones similares otro hombre que estaba detenido en la misma habitación. Luego de la segunda denuncia, la dirección de Asuntos Internos allanó la dependencia y un cable eléctrico y otros elementos que sustentarían las acusaciones, tras lo cual giró sus actuaciones a la Justicia.
También en Santa Fe, pero en la comisaría 9ª de Arroyito, un hombre fue golpeado para que asumiera su responsabilidad en el robo a un súper y delatara a un cómplice. Los golpes le dejaron notables hematomas en la cara y el cuerpo, y aún no se sabe si tiene lesiones internas, ya que no fue atendido en ningún centro de salud. El detenido -porque sigue preso- Ismael Gerónimo Velazco, de 37 años, fue apresado a unas cinco cuadras de un negocio robado, y niega su participación en el robo. Fue detenido junto a Santos Francisco Sánchez, de 22 años, quien lo acompañaba ese día a visitar a su padre internado en un geriátrico ubicado a pocas cuadras del lugar en el que lo apresaron.
El domingo pasado, un matrimonio mendocino compuesto por un ingeniero y una escribana tenía que llegar a La Rioja. Cerca del mediodía, se aprestaban a pasar el último control policial en Bermejo, provincia de San Juan. Todos los papeles estaban en regla pero el efectivo policial identificado como agente Raúl Castro entendió que el seguro no estaba en orden y les dijo a los mendocinos que debía hacerles un parte. La pareja se bajó de la camioneta y comenzó a discutir la medida con el policía, ya que entre muchas sutilezas, el agente les sugirió que con el pago de una coima el problema se solucionaría. De pronto apareció un segundo efectivo -identificado como Jorge Rodríguez- y tomó de atrás al ingeniero: “Le dobló el brazo y después lo agarró del cuello y lo golpeó, mientras lo insultaba”, dijo su esposa, Elena Carranza. Terminaron todos en la comisaría de Caucete, el ingeniero detenido e imputado de daño agravado (por la rotura del acta de detención, ocasionada por el mismo policía) y atentado y resistencia a la autoridad. La mujer, embarazada de dos meses, fue forzada a permanecer de pie durante doce horas en la dependencia policial, hasta que fueron liberados.
De vuelta en Buenos Aires, la fiscalía de Bahía Blanca investiga la denuncia de José Ernesto Márquez, de 18 años, contra la comisaría de Monte Hermoso. El 21 de julio Márquez, soltero y desocupado, circulaba en bicicleta junto con un hermano, cuando fue interceptado por dos patrulleros cuyos ocupantes, sin explicaciones, lo subieron a la fuerza en un móvil y cargaron su bici en el baúl. En la comisaría fue llevado a una oficina interna, donde tres policías uniformados comenzaron a interrogarlo acerca de varios delitos contra la propiedad. Como Márquez alegó desconocer de qué le hablaban dos de los funcionarios lo golpearon con los puños en la nuca y el cuello, y le dieron submarino seco, colocándole un plástico cubriéndole la boca y la nariz, mientras le decían que moviera un dedo si estaba decidido a hablar. A los empujones lo llevaron a una celda, donde se encontraban alojados tres sujetos desconocidos, a quienes un policía les dijo “Este es el guapo de Monte Hermoso, el ‘polenta’, le roba a la gente pobre, tiene un hermano policía”, por lo que los otros presos también lo golpearon ante la diversión policial. Los policías acusados son Omar Seuar, Juan Caballín y Cristian López.
En Catamarca, Susana Luna denunció a dos efectivos de la comisaría Cuarta por haber golpeado a uno de sus hijos, Mario Olguín (20), luego de que lo arrestaran por no tener los papeles de la motocicleta que conducía. Al llegar a la comisaría lo encontró sin poderse mover y con sangre en las ropas. Lo golpearon en el cuerpo, en la cara y en la cabeza. Antes de dejarlos salir de la dependencia, un policía le dijo al pibe que se cuide, porque sabían donde trabajaban él y su hermano.
Mientras tanto, la Cámara de Casación Penal Bonaerense informó que en los últimos 20 días recibió denuncias por 47 casos nuevos de torturas en comisarías y cárceles. Según el Banco de Datos provincial, el 75 % de los casos denunciados por mayores de 18 años ocurrieron en seccionales de la Policía. Casi la mitad del total no hizo la denuncia judicial por “miedo a las represalias”. Mediante visitas de oficio de la Defensoría a centros de detención comprobaron la existencia de 553 casos. La mayoría de las denuncias refieren a golpes con palos, patadas en varias partes del cuerpo y “submarino seco”.

AVANZAN LAS INVESTIGACIONES POR LAS MASACRES
Las tres investigaciones de los procedimientos represivos más masivos de los últimos tiempos (puente de Corrientes, 20 de Diciembre y Avellaneda) avanzan con paralelismos inocultables, a pesar de los esfuerzos oficiales y oficiosos para disimular que son tres muestras del mismo paño. Respecto del 20 de diciembre, además de la causa en trámite en la ciudad de Buenos Aires en la que están imputados De La Rúa, Mestre, Mathov, Santos y policías federales (algunos procesados, como Santos y Mathov, por los homicidios y lesiones, otros con indagatoria próxima como De La Rua y Mestre, y los restantes procesados como autores marteriales o con falta de mérito), hay noticias frescas de las causas en el interior del país. En Rosario dos hermanos, Rubén y Héctor Pinto, de 18 y 20 años, sufrieron ocho heridas de bala disparadas de seis camionetas identificadas con el distintivo de la policía provincial en las que se movilizaban agentes vestidos de negro el 19 de diciembre por la noche. Los efectivos portaban armas largas y abandonaron el lugar luego de efectuar los disparos. Los chicos aún tienen plomos alojados en su cuerpo y deberán someterse a nuevas cirugías para extraérselos. La abogada de los jóvenes heridos, Ana María Figueroa, solicitó que los responsables de las lesiones también sean juzgados por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, apremios ilegales y abandono de persona. La denuncia fue realizada recientemente, pues la comisaría actuante no informó del caso a la Justicia. La Dra. Figueroa también solicitó a la jueza Alejandra Rodenas que sean citados los responsables de la seguridad en esos días -el secretario de Seguridad Provincial, Enrique Alvarez, y el ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez- “para que establezcan qué instrucciones impartieron” y que se tome declaración al titular de la comisaría del barrio Las Flores y al jefe de la policía local para que determinen “qué policías se encontraban afectados a esa zona de la ciudad de Rosario”.
Tras la balacera, los jóvenes fueron trasladados al Hospital de Emergencias por un grupo de amigos. A Rubén Darío le extrajeron tres proyectiles de plomo del abdomen y otro del pie derecho. Estuvo 45 días inmovilizado y todavía no puede realizar esfuerzos físicos, lo que le impide trabajar. Tiene otra bala alojada en la espalda. A Héctor una bala le perforó la vejiga y otra el intestino delgado. Se las extrajeron mediante cirugías y aún tiene un proyectil alojado en la nalga derecha.
La justicia ya había detectado que la policía no informó sobre un caso similar, el de Julián Fabio (22), que sufrió un disparo de arma calibre 9 milímetros, similar a las de uso policial. También se investiga el caso de Sebastián Duré, un estudiante de 17 años, del mismo barrio, al que una perdigonada de posta de goma le provocó el estallido del globo ocular izquierdo.
El juez Barbero consideró que las omisiones de los sumarios -en todos estos casos- representan delitos colaterales a los investigados y no sólo se propone confeccionar una causa sino delegarla al juez de instrucción 14ª, porque se siente víctima -es decir, parte- de tal conducta. En su juzgado suponen que las omisiones son actos de encubrimiento de presunto actos policiales irregulares en esas jornadas. Barbero ya instruye una causa por el falseamiento de actas en el caso de Claudio Lepratti, asesinado el 19 de diciembre. En el sumario la policía indicó que la patrulla donde estaba el policía que efectuó el disparo mortal había sido apedreada y baleada previamente por las personas que estaban con la víctima. Pero una pericia de Gendarmería probó que el ataque no pudo provenir de la posición en la que estaban estas personas, por lo que se presume que el daño del móvil fue una maniobra para justificar la acción del policía que abrió fuego.
En Corrientes fue detenido Juan Ramón Vallejos, uno de los cinco policías sospechados de haber asesinado a quemarropa a Ramón Alberto Arapí (20 años) en la noche del 19 al 20 de diciembre pasado. Junto con la identificación positiva de Vallejos, en la zona donde vive el testigo clave se produjeron ayer “movimientos extraños y amenazas de muerte” que llevaron a postergar los reconocimientos de los otro cuatro policías “que ya están identificados y que pertenecen a la comisaría primera, que es la que intervino”, informó la compañera Hilda Presman, de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. Arapí fue herido de bala en la cabeza muy cerca de su domicilio, en el barrio Nuevo, en presencia de amigos y familiares, quienes dijeron que en forma imprevista, cuando Arapí y sus amigos se encontraban con el mate en la mano, tomando un pacífico tereré, entró en el barrio, a gran velocidad, una camioneta Ford F-100 ocupada por cinco personas. Dos de ellas iban vestidas con el uniforme de combate de la policía correntina. Uno de los dos uniformados se acercó a Arapí, que trató de refugiarse en la casa de un vecino, y sin motivo aparente le disparó un balazo con su arma reglamentaria. El joven cayó herido y murió poco después en el hospital zonal. El caso, que estuvo parado durante largos meses, comenzó a moverse a partir de marzo, cuando el abogado y la Comisión de Derechos Humanos comenzaron a reunir datos que permitieron establecer que la camioneta Ford F-100 que entró esa noche al barrio Nuevo, es el único móvil policial con el que cuenta la comisaría primera. Recién entonces el juez Payés dispuso el allanamiento de la seccional y secuestró los libros de guardia. Allí quedó la constancia de la salida del móvil, en el horario en el que se produjo el ataque que sufrió Arapí. Los querellantes analizan ahora la posibilidad de acusar también, como responsables ideológicos del crimen, a las autoridades políticas y al jefe de la policía correntina. La Comisión de Derechos Humanos cree que al ministro de Gobierno, Pedro Cassani, al subsecretario de Seguridad, Manuel Aguirre, y el jefe policial comisario Mario Fleitas tienen la misma responsabilidad que se le adjudica ahora al ex presidente De la Rúa en la causa por las muertes ocurridas en la Capital Federal.
En Capital Federal se produjo la muerte de Jorge Cárdenas, herido en las escalinatas del Congreso por un policía uniformado la noche del 19 al 20 de diciembre. Cárdenas sería la séptima víctima de la jornada represiva de diciembre, porque si bien la jueza María Servini de Cubría investiga hasta ahora cinco asesinatos, ya que se declaró incompetente en la sexta muerte, la de Rubén Aredes, asesinado en Ciudad Oculta, su familia reclama que su caso se incorpore a la causa federal.
También en Corrientes hubo novedades -tardías y no del todo auspiciosas- en la causa iniciada como consecuencia de la represión de gendarmería el 17 de diciembre de 1999, que produjo dos muertos y 58 heridos de bala. Después de dos años y medio de vueltas y demoras, el juzgado federal de Corrientes citó al entonces ministro del interior, Federico Storani, a declarar como testigo. Obviamente el carácter de la citación es absurdo, dado que Storani era el responsable en el área política de la que dependían las fuerzas de seguridad enviadas, según sus propias palabras, a “pacificar la provincia” para que pudiera asumir el interventor Ramón Mestre, luego su sucesor en el ministerio del interior y hoy imputado en la causa de diciembre de 2001. Pero no podemos ignorar que este logro, que Storani tenga que poner su carita de “último progre” para declarar por la masacre aunque sea como testigo, es el resultado de la presión popular ejercida constantemente y potenciada a partir de las investigaciones de los otros dos hechos. La trilogía represiva que va de Corrientes a Avellaneda, pasando por el 19 y 20 de diciembre, aun con el enorme menoscabo que implica que “investigue” la justicia del sistema, es una misma causa, en la que las víctimas las puso el pueblo, y los asesinos el Estado.

PROXIMAS ACTIVIDADES:

Lunes 5 de agosto, 10:00: Marcha con el Bloque Piquetero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados y Barrios de Pie desde Puente La Noria a los Tribunales de Lomas de Zamora, exigiendo la libertad de Raúl Castells.

Martes 6 de agosto, 9:30: Ante la citación del ex ministro Storani para declarar como testigo en la causa de la represión en el Puente General Belgrano del 17 de Diciembre de 1999, los autoconvocados y sectores sociales correntinos se concentrarán frente al Juzgado Federal para repudiar a Federico Storani por su responsabilidad política en los hechos del Puente, exigir su imputación en la causa y rechazar toda maniobra dilatoria y obstruccionista que conlleve a la impunidad. CORREPI propone a todos los compañeros y organizaciones en la ciudad de Buenos Aires, movilizarnos ese mismo día a las 12:00 a la Casa de Corrientes.

Miércoles 7 de agosto, 15:00: Movilización desde el Obelisco y acampe en Plaza de Mayo votados en la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados por: Que se vayan todos - Fuera Duhalde ya - Trabajo - Alimentos - Salud - Educación - Juicio y Castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de 19 y 20 de Diciembre y 26 de Junio de 2002. Quienes no puedan acompañar el acampe, son convocados a expresar su repudio desde sus casas, lugares de trabajo, esquinas o barrios golpeando cacerolas y realizando un apagón y corte de teléfonos a partir de las 20 hs. contra los tarifazos.

Miércoles 7 de agosto, 18:00: Marcha de Congreso a Plaza de Mayo en repudio a la visita de Paul O’Neil y el FMI.

Viernes 9 de agosto: Los compañeros Sergio “Cherko” Smietniansky y Ramiro Geber viajarán a Bahía Blanca, invitados a participar de un programa de radio, de una charla en un barrio popular y otra en el centro de la ciudad. Se reunirán también con los compañeros que activan en la zona en materia antirrepresiva, y especialmente tomarán contacto con el caso de torturas en Monte Hermoso ocurrido esta semana.

4 de septiembre, en Rosario: Seminario sobre “Sistema carcelario y crisis social” en la Facultad de Derecho de la UNR, organizado por FAE Santiago Pampillón, Movimiento Universitario de Izquierda. Participará por CORREPI la compañera María Massa.

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