CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CODIGO CONTRAVENCIONAL: NUEVO PROYECTO REPRESIVO DE ENRIQUEZ
Jorge Enríquez, sistemático propulsor de iniciativas represivas como la reglamentación del derecho de reunión, ha propuesto ahora la derogación del Código Contravencional vigente y la sanción de un nuevo Código de su autoría. Si oportunamente nos opusimos a la sanción del mal llamado “Código de Convivencia” por considerarlo una norma represiva innecesaria, obviamente repudiamos este nuevo intento de resucitar los edictos policiales por la vía legislativa. El art. 2º del nuevo proyecto (1934-D-2002)establece que toda contravención puede cometerse en forma dolosa o culposa excepto que la ley expresamente excluyera la culpa. El criterio adoptado es, entonces, el contrario al que sigue el resto de la normativa penal y viola los principios relativos a la inexistencia de una conducta punible sin una previa tipificación adecuada y a la prohibición de la analogía para realizar las imputaciones (aunque el art. 5º la prohíba formalmente).

El art. 8º establece para los “partícipes y cómplices” secundarios la misma pena que para los autores y los cómplices necesarios (otro desvarío represivo). Los arts. 11º y 12º establecen la punibilidad de los menores entre 14 y 18 años de edad, a los que sólo libra de las penas de arresto (en la actualidad no son punibles). Hace además responsables patrimonialmente por las multas a sus representantes legales (en violación de los principios relativos al carácter personal de las sanciones penales).

En cuanto a las contravenciones contempladas por el proyecto, el propio Enríquez declara que “se ha incorporado un catalogo (sic) de faltas que en respuesta a las necesidades de la mayoría abarca el mas (sic) amplio arco de conductas reprochables que merecerán sanción contravencional.” Obviamente, la pretendida mayoría es el coro de grupos - muchos de ellos orquestados por las fuerzas policiales - que reclaman más represión; la afirmación de que el contemplado es el más amplio arco es indudable, ya que resulta casi imposible pensar en alguna conducta que pueda realizarse en la calle y que no haya sido contemplada en el proyecto.

Declara asimismo su voluntad de “dotar a la ciudad de un sistema contravencional basado en una estructura jurídica idónea y garantizadora de los derechos constiutucionales, de toda la comunidad sin caer en “garantismos” destinados a las minorías”. Quien fuera funcionario en materia de seguridad de De la Rúa durante su Jefatura de Gobierno, hoy se pretende representante de una mayoría y desde allí busca reprimir a las supuestas minorías.

Pretende vincular (sin fundamento alguno) conductas delictivas y contravencionales con el remanido y falaz argumento de que “muchas veces una contravención es una conducta anterior al delito, de modo que su control cumple una importante función preventiva.” Del vasto (y basto) catálogo de tipos presentados por Enríquez merecen destacarse el acecho y el merodeo (art. 61º), consistentes en hallarse “vigilando a personas o lugares sin causa que lo justifique” o merodear “sin motivo en terminales de transportes, bancos, cajeros automáticos, lugares de gran afluencia de público, automóviles estacionados, o establecimientos de cualquier tipo o sus inmediaciones, en forma susceptible de causar alarma o inquietud a quienes estuviesen en esos lugares.” En criollo, cualquier pobre puede ser detenido por andar caminando por lugares donde haya ricos o donde la policía quiera justificar su presencia haciendo estadísticas.

Del Código Contravencional elefantiásico propuesto por Enríquez ha desaparecido sin embargo un tipo contravencional (propuesto por CORREPI cuando se modificó el Código), destinado precisamente a sancionar a aquellos policías y miembros de fuerzas de seguridad que ostentan indebidamente armas cuya portación está autorizada legalmente (art. 39º ter, segunda oración). Es indudable que esta omisión es deliberada y tiene por objeto beneficiar aún en este aspecto a las fuerzas policiales, a pesar de que no tenemos conocimiento de la existencia de denuncia alguna por ese tipo contravencional.

MATANZA… o Tierra Azul (Primera Parte)
(Agradecemos la colaboración del autor del texto e investigación José Luis Zamora - Por razones de espacio debimos reducir el informe, el texto completo está a disposición de quienes lo soliciten a correpi@fibetel.com.ar)
No es de ahora, es de siempre que en La Matanza la impunidad policial practicada sistemáticamente en sus comisarías es moneda corriente. El historial delictivo de la Policía Bonaerense puede rastrearse de muchísimos años hacia atrás en el tiempo; ya hay registros de la práctica de torturas implementadas en sus comisarías desde los años 55, para el “esclarecimiento” de delitos. (…)

A sólo tres cuadras (del lugar donde el 8 de marzo de 1987 tres bonaerenses protagonizaron la Masacre de Budge), cruzando por el Puente de La Noria el Riachuelo, se pisa tierra de La Matanza. Tierra difícil de andar. Dura. Tierra olvidada, teñida de color azul. Olvidada, porque nadie se ocupa y azul porque hasta 1997 la policía bonaerense tuvo amplias facultades “operativas”, pero no muy diferentes a las impulsadas posteriormente por el entonces gobernador Ruckauf, con eco hasta nuestros días. (…)

En su gestión, Carlos Ruckauf apeló a una fórmula que consistió en devolver a la policía bonaerense la facultad de “requisa” y de “interrogatorios” con los cuales cualquier comisión policial se encuentra habilitada para “revisar” bultos y vehículos; “recoger del ciudadano sospechado información que resulte de utilidad para la investigación”, pudiendo realizarse en comisarías, aún sabiendo que dichos testimonios no poseen validez jurídica. Para ello se reformó el Código Procesal Penal. Y claro, tuvo sus consecuencias, como seguidamente se podrá apreciar, pudiéndose afirmar y comprobar que en La Matanza, los asesinos vestidos de azul actúan impunemente, a la vista de todo el mundo y en la mayoría de los casos sin sufrir las consecuencias de tal accionar de brutalidad asesina policíaca.

Basta con recordar algunos de los casos sucedidos últimamente en La Matanza… o Tierra Azul:

El 18 de enero de 1999, Juan Cabrera es asesinado por Juan Domingo Pavón; éste le dispara con su pistola 45, después de diversos encontronazos, tres disparos que le produjeron su muerte casi instantánea. Sólo alcanzó a decirle a su hermano Anibal: “Cuidame a Manuelito”, en alusión a su hijo de dos años. El asesino actualmente se encuentra muy bien “custodiado” y “protegido” por la policía bonaerense, la misma que se reunía en la parrilla de Pavón en busca de algún pollito o vino tinto. Se cree que Pavón pertenece a la fuerza.

El 14 de marzo de 1999, en Ruta Nac. 3 Km. 29 es “hallado” por un testigo “puesto”, Alfonso Cáceres Chamorro, quien junto a su bicicleta se encontraba tirado a la vera del camino. Para la policía de comisaría IV había sido atropellado. Nunca se localizó al enigmático autor del hecho; para la “gente de azul” el conductor del vehículo tuvo una puntería increíble a la hora de producir la muerte de Alfonso, con el paragolpes. Lo atropelló de atrás, por la espalda, sin escoriación en la misma, le produjo estallido de hígado, estallido de diafragma, rotura de escroto y rotura de pelvis. ¡Puntería, el muchacho! Además, su bicicleta resultó sin un solo rasguño. Luego de una rápida autopsia llena de irregularidades, fue sepultado como NN en el cementerio de Villegas, San Justo. Mientras tanto se le negaba a la familia cualquier indicio de su paradero a pesar de haberse hallado desde un primer momento sus documentos personales en un bolsillo del pantalón.

El 23 de diciembre de 1999, a raíz de un robo en una panadería del barrio La Loma de Laferrere, Claudio Cardozo, de 19 años, es “cazado” por una patrulla policial, perteneciente a la comisaría IV. A pesar de haber sido ajeno totalmente al delito con el que se lo quería “empapelar”, fue sistemáticamente torturado hasta que se hizo cargo del robo. Luego fue liberado por falta de pruebas. Quienes en principio lo acusaban, luego no lo reconocieron.

El 23 de junio del 2001, Pablo D. Benítez, de 24 años, fue a la cancha a ver el partido Boca-Cruz Azul. Al no regresar a su domicilio la familia efectúa la denuncia en comisaría 20 de San Alberto. También lo hacen en hospitales y comisarías de Capital y Provincia con resultados adversos. Finalmente la comisaría 21 de San Carlos, se “descuelga” informando que en Ruta 3 había ocurrido un “accidente” (calcado del caso: Chamorro A.) y que se encontraba en el cementerio de Villegas, San Justo, enterrado como NN.

El 1° de agosto del 2001, Sergio D. Díaz, de 31 años de edad, tuvo la mala suerte de olvidarse al salir las llaves de su casa. Al regresar a la misma, dejó su bicicleta afuera y saltó el paredón de su propiedad. Un patrullero de la comisaría V de González Catán lo observa. Lo detienen sin ser escuchado, ingresa en perfecto estado de salud a la boca del lobo (léase comisaría) y luego sale de la misma “masticado” por los golpes recibidos en torturas, como hematomas, vasos sanguíneos rotos y fractura de cráneo. Falleció el 6 de agosto, producto de los golpes recibidos, después de permanecer en estado de coma profundo.

El 19 de diciembre del 2001, días de saqueo en diversos supermercados de la provincia, Damián Ramírez, de 14 años, quién se encontraba junto a su madre y cuatro hermanos, es asesinado de un balazo en el cuello en la esq. de Maciel y Cristianía, Laferrere, por Bernardo Jutlie (detenido) y Luis Mazzi (prófugo desde hace seis meses y que nadie en la policía de la provincia “encuentra”) La familia ha recibido amenazas, la primera semana de febrero, por un hombre y desde una camioneta con arma de fuego.

El 08 de enero del 2002, Cristian E. Flores, de 17 años, quien temprano se dirigía a una pileta junto a 3 o 4 amigos en el barrio de Puerta de Hierro, es parado por una comisión policial que distribuía células en el lugar y al no obedecer las órdenes, que arma en mano, trató uno de los uniformados de imponer, en una clara exposición de odio racista, éste trata de humillar a Cristian. Se traban en lucha despareja. El policía dispara por torpeza propia, debido a la impericia que demostró en ese momento en el manejo de su arma y se lesiona una pierna, los compañeros al ver lo sucedido, uno de ellos rodilla en tierra, extrae también su arma y efectúa sobre Cristian dos disparos que lo hieren en cadera y pantorrilla con fractura expuesta. Luego es arrastrado y cargado vivo a un móvil policial, según testigo “cual bolsa de papas” y llevado a la comisaría n° 20 en donde es rematado de un disparo en el estómago.

El 03 de marzo del 2002, Gastón Matías Flores, conocido como “Tonchi”, mientras circulaba en un automóvil Fiat Uno junto a dos amigos, en el semáforo de la esquina de la Av. Crovara y Arieta son encañonados por un civil quién comenzó a disparar su arma de fuego al ver que Gastón emprendía la fuga debido al temor de ser víctima de un asalto. Este civil era un policía que no se había identificado como tal. Instantáneamente se le sumó en la balacera un móvil perteneciente al comando de patrullas de La Matanza. Gastón se detuvo a unos metros herido en la espalda, reclamando el injusto ataque. Como respuesta obtuvo un disparo de Itaka efectuado a dos metros de distancia. Luego recibió puntapiés en las costillas y pisotones en la cabeza, a pesar de estar herido de muerte. Hubo varios testigos, además de los dos amigos de Gastón quienes habían sido reducidos y arrojados al piso. Luego el SEIT (Servicio especial de Investigaciones) “colocó un arma de fuego en el asiento trasero del Fiat Uno. S e pudo observar claramente que ésta arma era traída y oculta en una carpeta que poseía uno de los de “azul”. También “plantaron” vainas servidas. El cuerpo fue derivado a una cochería y no a la morgue judicial Puente 12 como hubiera correspondido.

El 20 de abril del 2002, Hernán Navarro, de 17 años, es detenido por un robo simple en la Comisaría del Menor, trasladado por el comisario de la seccional lindante de Ciudad Madero, es brutalmente torturado al no querer firmar la declaración. Querían hacerlo culpable de un crimen que no había cometido. Hernán se encuentra actualmente en el Instituto Roca.

Fueron consultados, semanas atrás, el Fiscal de Cámara del Poder Judicial Matanza, Alberto Cano y el titular de la Jefatura de la Departamental de policía de La Matanza, comisario Juan Carlos Pérez, los cuales dieron su “compromiso oficial” una vez expuestos diversos casos de maltratos, torturas físicas y psicológicas, suicidios aparentes producidos en sórdidas celdas, asesinatos manifiestos y comprobados, etc, de reunir a sus subalternos para poner fin a estas graves “irregularidades”, según sus palabras. Hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna. Para estos funcionarios en el reino del revés, el color “azul” es visto inmaculadamente blanco, casi “transparente”.

ANTE LA POSTERGADA DECLARACIÓN DE FEDERICO STORANI
(Reproducimos comunicado de la Comisión Provincial de DDHH de Corrientes)
Los sectores sociales y autoconvocados esperan que el próximo martes 13 de agosto el ex ministro Storani no eluda sus compromisos con la justicia y concurra a declarar al Juzgado Federal en las causas por la represión en el Puente Gral Belgrano del año 1999.

Reiteran la concentración , se confirme o no su presencia en Corrientes, frente al Juzgado, Mayo y Rioja, a las 9:30 de la mañana del martes 13 de agosto para:

· Repudiar la figura del ex Ministro del Interior Federico Storani por su responsabilidad política en los hechos del Puente
· Exigir su imputación en la causa.
· Rechazar toda maniobra dilatoria y obstruccionista que conlleve a la impunidad.

INTIMIDACIÓN A MILITANTE EN LAS TIERRAS DE PATTI
Natalia es una joven docente que vive y trabaja en Escobar. Es integrante del Movimiento Teresa Rodríguez y como tal participa de un Frente de organizaciones sociales que ha decidido impulsar en el municipio del ex comisario y siempre represor Patti un colectivo antirrepresivo. Durante el acampe piquetero en Plaza de Mayo, ella y sus compañeros acordaron con CORREPI la realización de una serie de actividades coordinadas en Escobar, especialmente dirigidas a los jóvenes de la zona, sistemáticamente represaliados por la policía amparada por el torturador confeso y asesino probado Luis Patti.

El apriete no se hizo esperar. El pasado viernes Natalia caminaba por la céntrica calle San Martín cuando fue abordada por un individuo joven que le exigió dinero mientras la obligaba a desviarse por una calle lateral que conduce a un descampado. La compañera, con buenos reflejos, le explicó sin entrar en pánico que plata no tenía, y le ofreció la bolsa con pan que acababa de comprar. En eso estaban cuando apareció un auto particular, del que descendió un sujeto que arma en mano rápidamente redujo al muchacho, lo tiró sobre el capot y lo cacheó con gran profesionalismo. Al revisarlo, el hombre encontró un arma de fuego en la cintura del pibe, la que se guardó de inmediato, al tiempo que puso su propia pistola a centímetros de la cabeza del frustrado ladroncito, amenazando con matarlo.

Natalia de inmediato intercedió para evitar que el “justiciero” que tan oportunamente había aparecido cumpliera el mandato de meter bala, logrando que el hombre bajara su arma, y dejara ir al aterrado muchacho. Luego nos diría que fue en ese momento, cuando creyó que el pibe iba a ser fusilado, que sintió mucho más miedo que mientras era asaltada. El hombre en cuestión resultó ser un policía que cumple horas adicionales en una estación de servicio cercana, y que según él vio de lejos lo que ocurría y decidió intervenir pues conocía al ladrón por episodios anteriores. Cuando Natalia le anunció que iba a denunciar lo ocurrido, le dijo que omitiera mencionar que el pibe estaba armado, pues de ese modo “esa arma va a servir para ponérsela a alguno”.

La compañera concurrió a la comisaría local a hacer la denuncia, y no había terminado de entrar cuando un oficial inspector, al que los militantes populares de Escobar conocen bien, la salió a recibir, demostrando estar ya informado de lo ocurrido. El policía puso en evidencia que conocía bien a Natalia y que estaba al tanto de sus inquietudes en materia antirrepresiva, y no se privó de “verduguearla” de lo lindo. Ello la motivó a retirarse de la dependencia policial, y a ponerse de inmediato en contacto con CORREPI, así como con un compañero abogado del PC de Escobar. Ambos le aconsejamos hacer la denuncia ante la fiscalía de turno en Campana, incluyendo el detalle del apriete sufrido en la comisaría y por supuesto enfatizando la sugestiva actitud del policía que incautó ilegalmente el arma que servirá de “perro” para éste u otro “pibe chorro” de la zona. Dada la forma en que se desarrolló y culminó el hecho, caracterizamos el episodio como un eslabón más en la cadena de intimidaciones a miembros de organizaciones populares, y obviamente asistiremos a Natalia en el trámite de la causa a iniciarse.

NI LOCO NI DE LA RUTA, LA JUSTICIA Y LA YUTA
El diario Clarín del sábado último refleja lo que muchos marplatenses sostenían o al menos sospechaban. Las muertes de prostitutas que desde 1996 hasta la fecha eran atribuidas a un escurridizo “loco de la ruta” eran, finalmente, patrimonio de la policía, con una manito judicial. El viernes por la tarde quedaron procesados y detenidos 8 policías -integrantes activos de la departamental Mar del Plata de la Policía Bonaerense- y, para sorpresa de muchos pero no de todos, un fiscal federal acusado de encubrimiento.

Igual que con los secuestros express, en los que los medios de comunicacion se silenciaron cuando supieron que las bandas estaban integradas por policías en actividad o ex miembros de fuerzas de seguridad, poco es lo que difunden en este caso. El 26 de junio ocultaron las fotos del asesinato de Dario y Maxi y las escenas centrales del operativo conjunto de las fuerzas represivas del estado, según lo reconociera el propio ministro de seguridad de la Provincia de Bs. As. en declaraciones televisivas el jueves último, contradiciendo a su par nacional que insiste en que fue “coordinado” y no conjunto. Lamentable papel es el que hacen algunos medios de comunicacion en la argentina hoy. Denuncian a las víctimas del hambre y la miseria cuando se apropian de comida y silencian sin rubores cuando se trata de miembros de las furzas represivas del estado.

NOTICIAS DE BAHIA BLANCA

Los compañeros Ramiro Geber y Sergio Smietniansky, que viajaron a Bahía Blanca para participar de una charla-debate sobre temas antirrepresivos, recibieron durante su corta estadía varias denuncias locales:

1) Hace aproximadamente 15 días en la Ciudad de Bahía Blanca -sede entre otras fuerzas de seguridad del 5º comando de ejercito- un hecho se produjo un hecho muy particular. En la plaza central de la mencionada ciudad y ante los ojos de todos los bahienses el 5º cuerpo de ejército realizó prácticas de entrenamiento durante las horas de la noche. Según lo manifestaron ciudadanos de la mencionada ciudad no es la primera vez que tal práctica se lleva a cabo, y no más de dos meses atrás ya se realizó algo similar.

Resulta necesario decir además que el periódico de mayor circulación local, LA NUEVA PROVINCIA -en manos de la tradicional familia bahiense Massot, defensora de genocidas y torturadores- nada ha dicho sobre el particular. Previo a las “prácticas” del ejército sólo radios alternativas informaron a la población difundiendo un comunicado del 5º cuerpo. Sin lugar a dudas las prácticas de la dictadura no sólo siguen vigentes sino que además buscan amedrentar mediante una campaña psicológica para que el pueblo en general se notifique que ante el menor reclamo o insurgencia las balas estan listas para ser disparadas.

2) Los compañeros piqueteros locales que reclaman por pan y trabajo son sistemáticamente perseguidos, procesados y detenidos. Hoy, existen 120 compañeros que como resultado de dos movilizaciones piqueteras están procesados. La primera de las movilizaciones se llevó a cabo hace más de un año en la emperesa PROFERTIL reclamando por puestos de trabajo que en actas firmadas por el intendente radical Linares habían sido prometidos. Al llegar a la empresa sus directivos dijieron a los compañeros que los puestos ya habían sido asignados y que Linares sabía a quien, que solo restaban 9 puestos y que la empresa no podia incorparar mas que 9 trabajadores. Los compañeros cortaron la ruta y fueron decenas los detenidos, trasladados a distintos lugares de detención. Hoy se encuentran no sólo procesados sino que fue cerrada la instruccion y elevada a juicio oral aún sin fecha.

Hace un poco mas de dos meses un piquete ante la EG3 de Bahía Blanca fue brutalmente reprimido. Más de medio centenar de compañeros fueron detenidos y actualmente se encuentran procesados. La causa está en plena etapa de instrucción y los compañeros se movilizan para manifestarse por el inmediato desprocesamiento de los luchadores populares.

PROXIMAS ACTIVIDADES:
4 de septiembre, en Rosario: Seminario sobre “Sistema carcelario y crisis social” en la Facultad de Derecho de la UNR, organizado por FAE Santiago Pampillón, Movimiento Universitario de Izquierda. Participará por CORREPI la compañera María Massa.

CORREPI