SUMARIO
1- Ahora también gendarmería
2- “Estadística” a la cordobesa
3- Y escrachamos a Weber
4- Caso Bustamante: se viene el juicio oral
5- Interrogante
6- Próximas Actividades
AHORA TAMBIÉN GENDARMERÍA
La cantidad de efectivos de las fuerzas de seguridad y armadas nacionales y extranjeros que ya están en Mar del Plata con motivo de la IV Cumbre de las Américas sigue siendo un dato tan impreciso como resulta inquirir sobre los detalles del operativo que se está montando en la ciudad con miras al encuentro de presidentes.
El jefe de la Superintendencia del Interior, comisario general Carlos Pardal, adelantó ayer que en los primeros días de noviembre habrá unos 5.500 efectivos de distintas fuerzas trabajando en la ciudad, mientras que el intendente Daniel Katz afirmó que para esa fecha Mar del Plata “no será una ciudad sitiada”.
Pero ni los números ni los movimientos que se advierten ya para estas fechas cierran con esas declaraciones. El 22 de agosto comenzará a desarrollarse un censo de los marplatenses que viven en las zonas cercanas a los hoteles donde deliberarán los jefes de estado y los cancilleres de los 34 países que asistirán al encuentro. Ese censo, según información que trascendió en las últimas horas, estará a cargo de un contingente de gendarmes que hoy mismo han sido trasladados desde Jesús María, provincia de Córdoba, donde tiene sede la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional. A poca distancia de Jesús María, en Colonia Caroya, está radicado el denominado “Móvil” de Gendarmería, integrado por gendarmes que se mueven bajo las órdenes del Pentágono y viajan hacia diversos lugares del mundo, conformando las “fuerzas de paz”.
Mientras Pardal y Katz se quejan porque la falta de información por parte del gobierno nacional que coordina el operativo da lugar a “especulaciones y trascendidos”, el mismo intendente se anima a afirmar a los medios que “no hay tropas o personal de seguridad de países extranjeros trabajando en la ciudad”. Ante semejante declaración sólo cabe concluir que el égido marplatense ha sido formalmente anexado al territorio nacional yanqui, porque la presencia de personal de inteligencia y seguridad imperial es pública y notoria.
Siguiendo con las declaraciones que permiten suponer que Pardal se está entrenando para un concurso de chistes de opas, el Superintendente también sostuvo que “la custodia de los presidentes no la hará personal uniformado”.
“ESTADÍSTICA” A LA CORDOBESA
No es novedad que en todo el país las policías gozan de facultades para detener personas arbitrariamente, como la averiguación de identidad (antecedentes o “doble A”) o los códigos de faltas o contravencionales. Tampoco es nuevo (al menos para CORREPI) afirmar que esas facultades represivas persiguen tres fines básicos:
1) realizar “estadística”, demostrando con el elevado número de detenciones un nivel de efectividad inexistente, ya que las personas demoradas por esta causa rara vez tienen alguna vinculación con un hecho delictivo concreto y las detenciones casi nunca derivan en la afectación concreta a una causa penal preexistente, salvo cuando por casualidad se encuentra a un prófugo que nunca antes fue debidamente buscado;
2) imponer en los barrios y en los sectores sociales más desprotegidos el temor reverencial a los uniformados, que pueden realizar estas detenciones en cualquier momento y así implementar eficazmente una de las formas más extendida de control social; y
3) recaudar ingresos ilegales, sea individualmente o para las denominadas cajas chicas policiales, a través del poder de hecho que ejercen sobre quienes realizan trabajos irregulares en la vía pública.
En la blumberizada provincia de Córdoba, una investigación periodística generó un escándalo de proporciones al difundir lo que cualquier pibe de barrio pobre conoce de memoria: que los policías salen a la calle con la orden expresa de “hacer” determinada cantidad de detenciones diarias. Como decía aquel rock de Fito Paez escrito para Walter Bulacio, “cuarenta tienen que ser”.
A partir de la denuncia, la periodista autora de la nota recibió una amenaza mediante un correo de texto a su teléfono celular, y los medios locales son un festival de declaraciones de funcionarios, policías en actividad y retirados. Por ejemplo, el comisario retirado Claudio Toledo dijo al diario La Mañana que desde hace años la policía cordobesa usa un sistema de planilla diaria donde se consigna cada hecho en que se interviene como “positivo” o “negativo”, y los datos “se inflan para lograr que … la ecuación final diaria de la actuación policial dé un saldo de seguridad”.
Consideran hechos positivos los que tienen “final feliz” o “eficaz intervención policial”, como una detención o el secuestro de una bicicleta supuestamente robada, explicó. En cambio, un homicidio o un robo es un hecho “negativo”. Según explicó el oficial que se retiró en 2002 con 21 años de servicio, todos los días los jefes distritales arman una planilla donde constan todos los procedimientos en que intervino la tropa y que es elevada al jefe. Este “dibujo de la realidad” para mostrar “eficacia en la prevención del delito explica la necesidad de detenciones”, remarcó.
Y siguió para ser bien claro: “Se pretende justificar el trabajo de los móviles de un distrito: el gasto en combustible, gomas, horas hombre de trabajo… Entonces a la mañana las radios pueden decir: La Policía informó que se detuvieron a 700 personas durante el fin de semana”. También explicó el ex comisario Toledo porqué hay muchos más varones que mujeres vícitmas de esta práctica (lo que también se refleja en las cifras del gatillo fácil): “Si una mujer no quiere subir a la patrulla, se desacata, grita, hace lío, tenés que dejarla porque si no es un escándalo. Si un varón lo hace, se le mete un chirlo y se acabó el desacato”.
Por parte de los funcionarios políticos, el ministro de justicia, Héctor David, aseguró al mismo diario que no es cierto que el Gobierno esté aplicando la doctrina de la “tolerancia cero” en la lucha contra el delito y que él, en persona, instruyó al jefe de la Policía comisario Daniel Palacios para que se pusiera a disposición de la Justicia, al tiempo que esquivó hablar del convenio de cooperación sobre políticas de seguridad que firmó el gobernador José Manuel de la Sota con el Manhattan Institute, ingeniero Blumberg mediante.
Casi con el mismo sentido del humor que el intendente marplatense, preguntado si el gobierno tenía conocimiento de esta habitual práctica, contestó que ni él ni el secretario de seguridad, Jorge Rodríguez, que fue jefe de la Policía durante años, sabían de la existencia de detenciones arbitrarias… Tampoco no pudo explicar que el comisario Colinos, señalado como quien dio la orden expresa de que se detuvieran cinco personas por turno, e investigado por el Tribunal de Conducta, haya sido recientemente ascendido.
Pese a la negativa del ministro, los números hablan solos: los arrestos por contravenciones crecieron el 25 por ciento en 2004 con respecto al año anterior, y la proyección para 2005 augura un aumento similar.
Y ESCRACHAMOS A WEBER
Alrededor de un millar de compañeros de varias organizaciones, según las estimaciones periodísticas, se congregaron el 16 de agosto en Corrientes y Angel Gallardo para marchar a la comisaría 27ª, cuyo titular, Ernesto Sergio Weber, hijo de un represor de la dictadura, es un perfecto ejemplo de cuadro represivo de la actualidad.
Responsable directo del asesinato de nuestro compañero Carlos “Petete” Almirón, de Gastón Riva y de Diego Lamagna en la represión a la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001, y autor de varias de las detenciones luego de la manifestación contra el Código Contravencional porteño hace 13 meses, Weber no sólo permanece en la fuerza policial, sino que ha sido ascendido a fin del año pasado, y es hoy el titular d ela comisaría 27ª en pleno centro de Villa Crespo.
Así como su padre, Ernesto Frimón Weber, alias “220″ o “El Maestro” (porque enseñó a los marinos de la ESMA a usar la picana) fue el modelo de policía de la dictadura, el hijo es paradigma de la “policía al servicio de la comunidad” del ministro Aníbal Fernández, del presidente Néstor Kirchner y de sus antecesores directos. Desde el 20 de diciembre de 2001 pasaron cinco presidentes y otros tantos ministros de seguridad. Desde hace algo más de un año, el ministerio del interior retomó la conducción de la policía federal. ¿Nos quieren hacer creer que a TODOS los responsables políticos de las fuerzas de seguridad -Duhalde y Kirchner, y sus ministros y secretarios Béliz, Juanjo Alvarez, Quantin, Rosatti, Iribarne, Fernández- se les escapó el detalle de que Ernesto Sergio Weber seguía integrando la policía federal? ¿Ninguno se enteró que está formalmente imputado por tres homicidios y decenas de lesiones en la lenta causa por la masacre de Plaza de Mayo?
El barrio de Villa Crespo ya sabe qué comisario tiene. La columna de compañeros, entre los que se destacó la numerosa presencia del Movimiento 29 de Mayo, seguido por el MTR-CUBa, además del Mov. Carlos Almirón, UTDoch, M-IR, Repique, OSL, MST y la Mesa Popular de Escrache, fue encabezada por Marta, la mamá de Petete, Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, asesinado por el padre de Weber, y Ramona Núñez y Estela Velázquez en representación de los familiares de víctimas del gatillo fácil organizados en CORREPI.
CASO BUSTAMANTE: SE VIENE EL JUICIO ORAL
Carlos Alberto Bustamante fue a un cumpleaños de quince el 29 de agosto del año pasado. Durante la fiesta hubo una pelea entre varios adolescentes, en la que intervino Pablo Barros, policía federal y yerno de la dueña de casa. Cuando Carlos y otros jóvenes se ya se habían ido a la calle, el policía tomó su arma reglamentaria y disparó varias veces en dirección al grupo de muchachos. Carlos cayó herido de muerte. La bala de 9 mm. había atravesado su arteria ilíaca.
Los días 6 y 7 de septiembre el Tribunal Oral nº 3 de San Isidro juzgará a Barros por el homicidio. No se pueden obviar los antecedentes del tribunal, cuya última “hazaña” fue absolver a Héctor Eusebio Sosa, asesino de Víctor “Frente” Vital, aunque quizás en esta oportunidad se muestren algo más apegados a la justicia, ya que el imputado no es un policía bonaerense, sino federal…
Como cada vez que llevamos a un “gatillo fácil” a juicio, convocamos a todas las organizaciones populares a acompañar a los familiares, que se movilizarán a las puertas de los tribunales de San Isidro mientras dure el debate.
INTERROGANTE
¿No les resulta sugestivo que el auto del comisario Beauvais haya permanecido cuatro días enteros secuestrado en una comisaría sin identificar su propietario, mientras el hombre estaba todavía vivo y era “intensamente buscado” por toda la policía?
PROXIMAS ACTIVIDADES
2 y 3 de septiembre, en Bariloche, Jornadas y Festival a 10 años de la histórica piña al torturador Alfredo Astiz. Participarán compañeros de CORREPI y de la Asoc. de Ex Detenidos Desparecidos.
6 y 7 de septiembre, desde las 9:00, en Ituzaingó 340, 4º, TOC nº 3, juicio al policía federal Pablo Barros por el homicidio de Carlos Bustamante.
RIFA DE LOS FAMILIARES: Con el fin de recaudar fondos para la reproducción de materiales para desarrollar el trabajo barrial los familiares de las víctimas del gatillo fácil organizados en CORREPI han organizado una rifa por el valor de $ 2 que se sorteará el día Sábado 15 de Octubre,en vísperas del día de la Madre, con la Nacional Nocturna. Los premios son: 1 Reproductor DVD, 1 Plancha y 1 Premio Sorpresa. Eperamos tu colaboración.
CORREPI EN FM LA TRIBU (88.7), lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
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