CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

EL “GOBIERNO DE LOS DDHH” A PALO LIMPIO
Jueves 18 de agosto, Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz (la de los pingüinos, ¿se ubica?). Medio centenar de desocupados venían reclamando frente a las instalaciones de Repsol-YPF desde hacía 9 días por el incumplimiento de la empresa de un acuerdo para dar capacitación y trabajo. La jueza Ruata de Leone ordenó a 150 efectivos de las fuerzas especiales de la policía santacruceña reprimir a los manifestantes y encarceló a 19 trabajadores desocupados. Los familiares de los detenidos y reprimidos se acercaron a la comisaría y fueron desalojados por la policía.

La policía comenzó una cacería de los familiares y los manifestantes que se habían movilizado hasta la comisaría. Los persiguieron durante casi 6 horas y los fueron cazando por diferentes puntos del pequeño poblado santacruceño. Aún hay diez personas detenidas, algunas trasladadas a Caleta Olivia.

Jueves 25 de agosto, predio rural de Palermo. Trabajadores desocupados del Bloque Obrero y Popular (BOP) integrado por FUTRADEyO, UT(DOCH), M26 de junio, MTD de Quilmes y la agrupación estudiantil Hasta las Bolas y el periódico sindical El Mortero, trabajadores de comercio agrupados en La Llama, se convocaron frente a La Rural para entregar a la Cámara de Supermercadistas un petitorio con reivindicaciones comunes. Habían acordado ya con el propio gerente de la Cámara, Méndez, y con el comisario a cargo, que ingresarían con ese fin al predio, para luego retirarse. Cuando salían, escucharon al comisario gritar “Vamos a trabajar” y de inmediato los efectivos a su cargo realizaron una pinza, los encerraron, y se descargaron los palos, culatazos de itaka y gases lacrimógenos, en una típica formación de “puentecito chino” que todos pudieron ver por TV.

El saldo, una veintena de heridos, entre ellos que se encontraban mujeres y niños, algunos con lesiones graves, fractura de hombro, y traumatismo lumbar, y quince presos, tres menores de edad. Los menores fueron liberados alrededor de medianoche, y entre la madrugada y el mediodía siguiente recuperaron la libertad los mayores, todos imputados por atentado y resistencia a la autoridad, daño, lesiones y violación de domicilio.

Viernes 26, Puente Pueyrredón. A tres años y tres meses de la masacre, un operativo multifuerza descomunal corta el tránsito desde la mañana (¿ellos no incomodan a la clase media que tiene que circular?). El Frente Darío Santillán y el MTD Aníbal Verón no pueden salir de Avellaneda. Deciden tomar el tren a Constitución y manifestarse en Plaza de Mayo. El operativo se desplaza a la ciudad de Buenos Aires. No se puede ingresar a la Plaza, y aunque desde la presidencia se pidió una nómina de veinte referentes para ser recibidos, finalmente tampoco se los atiende.

Algunos plantean -una vez más- la tesis del “giro represivo” del gobierno de Kirchner, y se preguntan dónde quedó el conciliador y dialoguista presidente que les abría las puertas a todos para escuchar sus reclamos y poner cara de circunstancia. En la nota editorial del Antirrepresivo de noviembre del año pasado, escribíamos: El gobierno ha impuesto su política para reprimir al pueblo, ha afianzado el rumbo de la entrega y la superexplotación, que no pueden mantenerse de otra manera que aterrorizando al pueblo para que agache el lomo y se resigne a vivir en la miseria. Cuando haga falta, reprimirán crudamente, como los cavernícolas de la extrema derecha pretenden -ya lo hicieron en varias ocasiones-, pero mientras puedan, y siempre montados sobre el consenso ganado en la “opinión pública”, preferirán la vía silenciosa y legal, procesando y encarcelando para que el castigo ejemplar nos paralice.

Ya no pueden ocultar que necesitan reprimir. Quizás lo más simbólico de la semana sea la foto de la policía del “gobierno de los DDHH” pegándole a los pobres frente a los poderosos en la Sociedad Rural.

SI PINTA “FUERA BUSH”, MARCHE PRESO
En su edición del viernes 26, el diario Página/12 informa que el intendente de Mar del Plata, Daniel Katz, ordenó a la Policía que detenga “a quienes sean sorprendidos ‘in fraganti’ realizando pintadas” o grafittis callejeros. Katz intentó justificar la orden en su deseo de que la ciudad esté bonita, porque, según dijo, las leyendas callejeras “lo único que hacen es ensuciar la ciudad”.

En su afán por la limpieza Katz no tuvo empacho en dar una orden absolutamente ilegal, ya que realizar pintadas o grafittis a lo sumo puede constituir el más leve de los delitos del código penal, el “daño”, y eso siempre y cuando se den varios requisitos que dependen del tipo de pintura, del lugar pintado, etc. La orden del intendente es una de las confesiones de parte más rotundas de la forma en que se utilizan las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, ya que cuando no se configure delito (lo que ocurre en la enorme mayoría de los casos) ni siquiera podrán invocar un arresto preventivo hasta que el fiscal ordene la soltura, y recurrirán al código de faltas o la averiguación de identidad para dar formalidad legal a las detenciones.

Aunque Katz insistió en que la medida es de orden “estético” y que se dirige a las pintadas políticas en el marco electoral y a los grafittis de las “tribus” juveniles, un dirigente político local que prefirió reserva su identidad admitió que la medida se dirige “a las pintadas callejeras en contra de algunos de los mandatarios, entre ellos por supuesto contra George W. Bush”.

El intendente añadió que “también estamos hablando con los jueces para que, además de demorarlos en las dependencias policiales, les apliquen sanciones económicas reparadoras de los daños que hayan provocado”, de manera que la amenaza contra quien legítimamente quiera estampar un “FUERA BUSH” en una pared no sólo es de calabozo, sino también confiscatoria.

Vamos todavía, eso es DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, ¿no?.

ORDENAN INVESTIGAR POLICÍA DE CIVIL INFILTRADO EN MOVILIZACIONES
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal anuló por arbitrario el sobreseimiento que Servini de Cubría había dictado en una causa en la cual CORREPI, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otras organizaciones habíamos reclamado investigar la utilización de policías federales de civil infiltrados en las movilizaciones populares. Los camaristas, además, reconocieron como querellantes a los militantes populares que así lo reclamaron.

Habíamos iniciado esta causa en 2004, como consecuencia del accionar de personal de brigadas de la P.F.A. en diversas movilizaciones, entre las que se encontraban las represiones del 16 de julio frente a la Legislatura y del 31 de agosto contra quienes repudiaban al FMI.

En consecuencia, la justicia federal está obligada a investigar si las acciones denunciadas constituyen una violación de la Ley de Inteligencia Nacional y otras reglamentaciones dictadas por el Estado, tradicionalmente incumplidas por su propio personal.

MARCHA DE LA GORRA… ¿Y LA IZQUIERDA?
En esta semana fue noticia el reclamo de efectivos policiales catamarqueños descontentos. Pero también hubo otro hecho, que recibió menos espacio en la prensa. En Córdoba una “Comisión Civil y Social por los Derechos de la Familia Policial 7 de Agosto” convocó a una marcha para plantear una serie de reclamos al nuevo jefe de Policía, comisario Palacios. En la convocatoria, que bautizaron “Marcha de la Gorra”, participaron esposas, madres, hijos y amigos de policías, con la gorra que corresponde al uniforme. Esta movida es la continuación del acuartelamiento de hace unas semanas, y del encadenamiento frente a la jefatura del cabo primero Claudio Cisneros el primer fin de semana de agosto.

Lo notable de la cuestión es que una de las convocantes a la Marcha de la Gorra fue una legisladora provincial “de izquierda”, que no sólo convocó a la marcha, sino que defendió los reclamos policiales como “reinvindicaciones gremiales” y definiendo a los milicos como “trabajadores” (ver La Voz del Interior, 24 de agosto de 2005). El partido al que pertenece esta diputada reiteradamente se ha pronunciado a favor de la sindicalización policial, al punto de haber publicado hace un tiempo una entrevista al oficial auxiliar Alberto Martínez, secretario general de la Asociación Profesional Policial de Rosario (A.PRO.POL.), gentileza que devolviera el sindicato en su revista “La Gaceta Azul”, con un artículo titulado “No estamos solos - Llegan los apoyos” (nº 7, febrero/marzo de 2003). Allí los principales dirigentes del partido en cuestión (varios que hoy encabezan sus listas para las elecciones de octubre) anunciaban que el apoyo el reclamo del sindicato de represores santafesinos a la OIT por la personería gremial.

CORREPI se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la sindicalización policial. Hemos afirmado que, más temprano que tarde, el reclamo de más impunidad se suma a los aparentementes gremiales. Hemos sostenido que no es el derecho a agremiarse lo que se discute en estos casos, sino las internas de la corporación policial y su disputa con los administradores de turno del poder (ver Antirrepresivo de marzo de 2004, por ejemplo). Los impulsores de la sindicalización policial no son “policías de izquierda”, comprometidos con la idea de una sociedad sin clases. Ni siquiera son socialdemócratas.

En Santa Fe, uno de los principales apoyos de A.PRO.POL. es el ex-diputado peronista de derecha, amigo de los servicios de inteligencia, Luis Sobrino Aranda. Y uno de los partidarios de la sindicalización en la Provincia de Buenos Aires era el difunto Beauvais, quien tenía en sus cajas de seguridad mucho más dinero del que hubiera podido ganar legalmente en toda su carrera policial, sin olvidar que el mentor y secretario general de A.PRO.PO.BA., el sindicato bonaerense, es ni más ni menos que Hermes Acuña, notorio represor y comisario de la 1ª de Morón cuando Sergio Durán (17) fue torturado hasta la muerte por el subcomisario Rojido, los oficiales Farese y Fernández y los suboficiales Gastelú y Nicolosi.

La consecuencia razonable de los reclamos del personal policial, aún cuando no incluyan expresamente el pedido de garantías de impunidad frente a los delitos cometidos (como sucediera en Mendoza), dista mucho de redundar en una disminución de las violaciones a los DDHH del resto de la sociedad. Con la excepción de algunas medidas puntuales, como la reducción de jornadas o la provisión de chalecos antibalas eficaces, que podrían implicar una leve disminución de aquellos casos de gatillo fácil debidos a cansancio o miedo del personal policial (que distan de ser la mayoría), el resto de las “conquistas” que pretenden sólo sirven para garantizar la obediencia de los policías a sus superiores.

Y el resultado de esa obediencia es conocido. Recientemente se aumentaron los salarios de los policías federales y de los efectivos de las policías de la Provincia de Buenos Aires. Los operativos del viernes en el Puente Pueyrredón y del jueves frente a la Rural son parte de la política del gobierno K, y el previo aumento de sueldos es una condición necesaria para garantizar la adhesión de los efectivos policiales.

LA PAMPA: Panorama de un Estado Policial (agradecenos a Francisco Bompadre del Mov. Pampeano por los DDHH)
El día 10 de agosto integrantes del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos acompañaron a Emanuel Alejandro Nuñez -de 15 años de edad- a la Asesoría de Menores de la ciudad de Santa Rosa, para denunciar el acoso policial que sufre el menor, quien desde que egresó del IPESA (instituto de detención para menores de 18 años) ha sido demorado en reiteradas oportunidades, ha sido golpeado por la policía y en la Seccional Segunda fue esposado a un caño. Al día siguiente, los compañeros del Movimiento plantearon a la Directora del IPESA una serie de irregularidades que conocieron durante la última visita al lugar.

El viernes 12 de agosto (una semana después que la asociación Ciudadanía Activa denunciara los manejos pocos claros de los dineros públicos pampeanos) la policía produjo un insólito hecho cuando detuvo al socio de uno de los integrantes de esa asociación. El hecho sucedió cuando una agente de tránsito pretendió labrar un Acta de Infracción al Sr. Tueros por estacionar un vehículo del Estudio de Arquitectura frente al garaje de esa empresa. Como la inspectora insistió en hacer la boleta, Tueros le pidió su nombre y el de su superior y se dirigió a la Municipalidad; al volver a su trabajo, la inspectora, a la que se habían sumado patrulleros policiales discutía con un empleado de la firma. Los policías tiraron al piso al empleado y esposaron a Tueros, a quien llevaron a la Seccional Tercera donde se le inició una causa por resistencia a la autoridad.

El domingo 14 de agosto un mozo de la legislatura provincial fue detenido como sospechoso de un robo. Durante seis horas la policía mantuvo al hombre esposado contra un caño en la Seccional Segunda, en remera con las ventanas abiertas y casi a la intemperie. Mientras estaba en la comisaría, denunció dfespués en la Fiscalía de turno, escuchaba las palizas y patadas que los policías daban a los jóvenes detenidos allí.

El día martes 16 de agosto Aldo Arhex concurrió con su nieto de 16 años a la Fiscalía de turno para denunciar los apremios ilegales que recibió este último el sábado a la madrugada. El adolescente iba en su bicicleta y una camioneta policial lo detuvo. Mientras le ponían las manos contra la camioneta y lo interrogaban comenzaron a golpearlo y patearlo hasta que se desmayó. Si bien esto ocurrió a las 3 de la mañana, el ingreso a la Seccional Tercera se produjo recién a las 5. Una vez dentro de la comisaría le abrieron la boca y le echaron vino para después llevarlo a la Seccional Séptima (seccional de menores). Recién a las 6:45 llamaron al padre y le explicaron que la detención se debió a que estaba bebiendo en la calle. Lo más increíble es que el adolescente es hijo y nieto de policías: su padre estaba de servicios en el Comando Radioeléctrico mientras a él lo golpeaban, y su abuelo es un policía retirado. Tampoco faltó la amenaza correspondiente para que la familia retire la denuncia judicial.

La policía de la ciudad de General Pico detuvo el miércoles 17 de agosto al conocido médico Eduardo Marquesoni (dirigente del PCR) y a su hijo el abogado Ezequiel Marquesoni, por orden del camarista Julio Rogelio Fernández, quien tiene dos pedidos de jury de enjuiciamiento por sostener en sus fallos que el uso de arma en una violación es un atenuante porque evita que el violador utilice mayor violencia. El camarista dispuso verbalmente la detención de estas dos personas por la participación del médico en una marcha en contra del magistrado.

El 20 de agosto, cuatro integrantes del Mov. Pam. por los DDHH recorrieron dos barrios marginales de Santa Rosa, donde escucharon detalladamente el relato de un grupo de adolescentes y adultos sobre el hostigamiento y los apremios policiales. El caso más espeluznante lo relató un niño de 12 años que recibió descargas eléctricas en una de las seccionales policiales.

El domingo 21 de agosto a las 20:00 horas, efectivos policiales intentaron detener a un fotógrafo del diario La Arena que estaba sacando fotos en el centro de la ciudad de Santa Rosa. El trabajador de prensa fue sometido a un largo interrogatorio y fue subido a uno de los patrulleros (aunque ya había respondido todas las preguntas y acreditado su condición de periodista) cuando llegó el secretario de redacción del diario y evitó que se lo lleven detenido a la seccional.

Sergio Omar Uscheroff, un empleado rural de la zona de Unanue (provincia de La Pampa), denunció a un diario local que el sargento primero Andrés González lo amenazó a él y a su familia. Explicó que el día 23 de julio unos policías lo acusaron de un robo cometido, que por esa causa lo llevaron detenido, debiendo dejar su camioneta en un corralón de la dependencia policial, de dónde vio a los 3 días cómo efectivos policiales le robaban el combustible del tanque de la camioneta. Para que no denuncie el hurto, el Comisario de la dependencia le dio 40 litros de gasoil al retirar la camioneta el día 9 de agosto.

En pos de manipular las estadísticas policiales (que muestran que un 70 % de los delitos son contra la propiedad), el censor oficial del Estado, el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Juan Carlos Tierno dio una “orden de servicio” para que la policía no de más información a la prensa sobre delitos cometidos en la jurisdicción de la UR-I (que abarca a Santa Rosa y otras localidades). El jefe de policía la ve pasar mientras Tierno y el comisario Schneider (jefe de la UR-I) alegan una supuesta defensa de las víctimas de los delitos para ocultar la información.

PROXIMAS ACTIVIDADES

2 y 3 de septiembre, en Bariloche, Jornadas y Festival a 10 años de la histórica piña al torturador Alfredo Astiz. Participarán compañeros de CORREPI y de la Asoc. de Ex Detenidos Desaparecidos.

6 y 7 de septiembre, desde las 9:00, en Ituzaingó 340, 4º, TOC nº 3, juicio al policía federal Pablo Barros por el homicidio de Carlos Bustamante.

14 de septiembre, en Córdoba, actividad organizada por la Comisión por la Libertad de los Presos Políticos, con participación del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, CORREPI, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos de Bs. As. y familiares de víctimas del gatillo fácil, para discutir la militarización de Mar del Plata, las leyes antiterroristas, la situación d elos presos políticos y otros temas de la agenda antirrepresiva.

RIFA DE LOS FAMILIARES: Con el fin de recaudar fondos para la reproducción de materiales para desarrollar el trabajo barrial los familiares de las víctimas del gatillo fácil organizados en CORREPI han organizado una rifa por el valor de $ 2 que se sorteará el día Sábado 15 de Octubre,en vísperas del día de la Madre, con la Nacional Nocturna. Los premios son: 1 Reproductor DVD, 1 Plancha y 1 Premio Sorpresa. Eperamos tu colaboración.

CORREPI EN FM LA TRIBU (88.7), lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
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