CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

EL SHERIFF SCOTT
El intendente de Venado Tuerto, Roberto Alcides Scott, sigue sumando puntos como uno de los personajes más reaccionarios de la política argentina, al tiempo que desnuda la verdadera cara del kirchnerismo al que pertenece. El 26 de diciembre, en una nota al diario La Capital de Rosario parcialmente reproducida por Página/12, realizó amenazas en contra de los organismos de DDHH, reinvindicó la mano dura y el gatillo fácil y defendió al torturador confeso Luis A. Patti.

Ya en el Boletín nº 254, a fines de 2004, comentamos cómo usaba una audición en la radio local AM LT29 para hacer la apología de la mano dura e instigar a la tortura, asegurando que la policía no debe tener legajos limpios de denuncias por malos tratos ni ser felicitada por abogados defensores, ni jueces y mucho menos por organismos de DDHH, a los cuales señalaba como virtuales cómplices de todo delito.

En aquél momento, por ejemplo, había dicho que a los activistas sociales quería “que les revienten la cabeza a garrotazos”, agregando que “los delincuentes tienen la ventaja de poder tirarle a los policías a cualquier parte del cuerpo mientras que los agentes de seguridad tienen que asegurarles un tiro en la frente al delincuente para que no lo exoneren por haber matado por la espalda”.

Ante el anuncio de un escrache a su domicilio propuesto por organismos de DDHH, amenazó Scott en esta nueva entrevista: “Ellos dijeron que iban a venir en un camión hasta Venado. Entonces yo les dije que me habían regalado dos pistolas 9 milímetros y que tenían 18 tiros cada una, con lo cual les comenté que errando mucho se podían volver en un remís”. La UADH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre han iniciado una querella por las amenazas, ante el silencio de los medios de comunicación locales y la inacción del poder judicial que permaneció impasible e inmóvil ante semejante barbaridad.

No es casual que el Secretario de Gobierno de Scott, jefe de la “Junta de Seguridad Urbana”, Alberto Vidal, haya sido intendentes en Villa Cañas durante la dictadura militar genocida, y hoy junto a su jefe propagandice en Venado Tuerto lo que llaman “mano dura controlada”, definiendo con franqueza la política represiva del gobierno provincial y nacional al que pertenecen.

La UADH, en consonancia con las actividades que vienen realizando para denunciar la situación, convoca a que todas las organizaciones, movimientos, partidos y personalidades afines al movimiento antirrepresivo manden su repudio al intendente Scott y solidaridad a los organismos de DDHH directamente a los medios y periodistas locales para romper el bloqueo informativo que sufren.

CONDENA PARA EL ASESINO GATILLO FÁCIL
Luego de cuatro jornadas de juicio oral el Tribunal Criminal Nº 2 Lomas de Zamora condenó al agente de la bonaerense Mauro Suarez a la pena de 11 años de prisión y al suboficial Raul Alderete a la pena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de homicidio, en el primer caso, y encubrimiento agravado, en el segundo.

Ello fue así porque se demostró que el 25 de mayo de 2003, en el Barrio La Fe de la localidad de Lanús, estos policias junto con otros dos que están siendo investigados (el oficial Filito y el Cabo Vergara), interceptaron al joven Gustavo Adolfo Trillo y como éste se negó a detener su marcha el agente Suarez le disparó un tiro por la espalda que luego de 24 horas de agonía terminó con la vida de Beto (como lo llamaban familiares y amigos).

Como Beto había arrojado un arma 100 metros antes que le dispararan, la que nunca intentó usar contra los policías que lo perseguían, el Suboficial Alderete, luego de 45 minutos de que su compañero le hubiera disparado, la encontró el arma y la llevó al lado del herido, “plantándola” para luego buscar testigos que dieran fe del supuesto enfrentamiento.

La movilización vecinal y tres testigos presenciales de los hechos obligaron en su momento a que la fiscalía de Lomas detuviera al personal policial y finalmente elevara la causa a juicio oral, aunque imputados por delitos menores a los que finalmente fundaron la condena.

Esa misma movilización de familiares y amigos colmó la sala de juicio durante los cuatro días de audiencia pública. En el juicio oral la familia de Beto, representada por Claudio Pandolfi, logró demostrar la verdad de los hechos a punto tal que el Tribunal Oral dejó de lado la acusaciòn fiscal y basó toda su sentencia en la acusación formulada por la familia, cambiando la imputación y condenando al suboficial Alderete por un delito mayor al que fuera acusado por la fiscalía.

Queda ahora seguir luchando por elevar a juicio la investigación a los otros dos policias que participaron activamente para falsear los hechos.

ESCRACHE EN VILLA FIORITO
El lunes 19 de diciembre familiares de víctimas del gatillo fácil organizados en CORREPI, nos concentramos en el barrio de Fiorito para escrachar la Comisaría 5ª, lugar de trabajo de los asesinos de Jorge “Chaco” González, que el 14 de diciembre de 2002 fue apaleado por los policías Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo, muriendo dos semanas después por la hemorragia interna producto de la tortura.

Ramona, la mamá de “Chaco”, junto a familiares de los casos Corzo, Bogado, Otero y Velázquez, encabezó la marcha que convocó a vecinos de Fiorito y Caraza, y a compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva Carlos Petete Almirón, entre ellos UTDOCH, Repique, Marabunta-IR y por supuesto CORREPI.

Primero fuimos a la fábrica de pastas “Nefer” donde trabaja uno de los asesinos, Isidoro Segundo Concha, como empleado de seguridad, con pleno conocimiento de la policía y del Ministerio de Seguridad, a pesar de estar procesado en la causa penal. El local, por supuesto, estaba cerrado desde temprano, eso no evitó que el reclamo se hiciera. Luego pasamos por donde lo golpearon al “Chaco” y finalmente llegar hasta la Comisaría pasando por el centro comercial de Villa Fiorito.

Al llegar a la Comisaría se hicieron pintadas con consignas de CORREPI, se leyó un documento denunciando las muertes de algunos chicos del barrio como Matias Barzola (hijo de Estela Velazquez) asesinado por el jefe de calle retirado Peloso. Hicimos hincapié en cómo el gobierno denominado “de los DDHH” es el que más casos de gatillo tiene, finalizando por invitar a los vecinos a organizarse para denunciar los casos de gatillo y torturas que sufren a diario los pibes de Fiorito.

PUENTE PUEYRREDÓN
Después de meses de debate oral y público está llegando a su fin el juicio por la masacre del 26 de junio de 2002 en Puente Pueyrredón. Falta una sola audiencia en la que algunos de los policías imputados tendrán la oportunidad procesal de decir sus últimas palabras, y luego se fijará la fecha de lectura del veredicto.

Sea cual fuere el resultado concreto del juicio, y aun cuando alguno de los policías resulte condenado, incluso con penas altas, como podría ser el caso de Fanchiotti y Acosta, lo cierto es que este debate ha sido más muestra de cómo funciona la impunidad en la Argentina que de verdadero escenario de realización del reclamo de juicio y castigo.

La forma segmentada en que se llevó adelante la instrucción, llegando la causa a juicio sólo con un puñado de los autores materiales imputados, demuestra la decisión del Poder Judicial, siguiendo los lineamientos impuestos desde el poder político, de dejar a salvo a los principales responsables, entregando al ex comisario y un par más mientras Duhalde, Juan José Alvarez, Genoud, Atanasoff y todos los demás autores políticos de la masacre apenas si han declarado, en algunos casos, como testigos.

No resulta menor el silenciamiento impuesto desde los medios de comunicación, que han informado lo mínimo y han callado toda referencia a la movilización popular que rodeó el debate.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
Mientras continúa preso Cristian Ruiz en Caleta Olivia, y no menos de 22 personas siguen presas por los hechos de Haedo a princiìos de noviembre, este lunes se llevará a cabo en Mar del Plata una audiencia ante la Cámara Federal en la que la defensa de Ricardo “Chacho” Berrozpe insistirá con el reclamo de libertad del dirigente del MTR-CUBa.

Con motivo de la audiencia habrá una movilización al edificio de la Diagonal Pueyrredón 3138, sede de la Cámara, y referentes de organismos de DDHH como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, FIDELA, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos acompañarán a los abogados de CORREPI y el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata que fundamentarán ante los jueces el pedido de excarcelación del compañero. Otros compañeros que no han podido viajar a la ciudad se han dirigido por carta a los camaristas, como fue el caso, por ejemplo, de Fray Antonio Puigjané.

Por otra parte, el jueves 29 se realizó en la Estación Lanús un acto convocado por la Coordinadora Antirrepresiva Carlos “Petete” Almirón por la libertad de Cristian Ruiz y Ricardo “Chacho” Berrozpe, presos políticos del gobierno de Néstor Kirchner. La jornada, que contó con la presencia de más de 500 personas, tuvo como ejes fundamentales la exigencia de libertad a Cristian Ruiz y Ricardo “Chacho” Berrozpe y, como cierre, un homenaje a Almirón.

En forma sucesiva, representantes de los movimientos realizaron diferentes discursos. Todos apuntaron a repudiar al gobierno de Néstor Kirchner como “continuador de las políticas represivas” y por ser el que procesó/encarceló al mayor número de luchadores populares, luego de la dictadura militar iniciada en 1976. A su vez, cuestionaron el accionar del aparato judicial que convalida “esta práctica de criminalización de la protesta”. También señalaron la importancia de la organización y movilización de todos los sectores y reclamaron el cese de la persecución a los militantes.

Como cierre, se llevó a cabo un homenaje a Carlos Almirón -militante de CORREPI asesinado por las fuerzas policiales el 20 de diciembre de 2001- mediante la colocación de una placa realizada por los obreros de FASINPAT (ex Zanón).

CONDENAS Y ABSOLUCIONES PARA EL SPF
Después de 8 años, finalmente llegó a juicio la causa iniciada por el juez Baños en la que se investigaba a los miembros del servicio penitenciario federal que usaban a los presos de la cárcel de Caseros para ir a robar. De los once imputados, nueve fueron absueltos, y los otros dos fueron condenados a cinco y cuatro años y medio de prisión por recibir coimas para dejar salir a los detenidos.

El Tribunal Oral en lo Criminal 5 de la Capital, por mayoría, condenó al ex jefe de Seguridad Interna del penal Omar Romero a cinco años de cárcel y al ex jefe de requisa Pedro Encina a cuatro años y medio. Además, fueron inhabilitados en forma perpetua para ejercer cargos públicos. La pena recayó por el delito de “cohecho pasivo”, es decir, recibir coimas. Los camaristas dieron por probado que estos jefes se repartían con los presos el botín obtenido en las salidas de la cárcel.

El fiscal Horacio González Warcalde había pedido siete años de prisión, considerando que fueron partícipes en los robos, mientras que la pena más alta, de 8 años, había sido reclamada para Jorge Luis Cabrera, ex jefe de turno del penal, al que los jueces absolvieron, así como el ex inspector de servicio Carlos Rodríguez, el ex encargado de custodiar una de las salidas del penal Jorge Sánchez y los suboficiales Armando Centurión, Oscar Saucedo y Joaquín Ciancia. En la misma situación quedaron los suboficiales Benito Navarro, Eduardo Ramírez y Gabriel Quiroz.

Los once guardiacárceles habían sido detenidos el 11 de agosto de 2003, y todos quedaron el libertad, tanto los absueltos como los condenados. El tribunal ordenó que se investigue la posible participación en la salida de presos del ex director de Judiciales del penal, Eduardo Sabe y de un agente de apellido Brizuela, y que se determine si Romero y Encina tuvieron intervención en el crimen del cabo Rubén Juárez en el restorán Dolly de Palermo, en 1998, por el que ya fue condenado un agente del SPF.

Fue a partir del robo cometido el 18 de julio de 1998 en el restaurante “Dolli” de Palermo donde fue asesinado un policía federal que comenzó la investigación, a partir de que el Juez Baños identificó a Heber Núñez, detenido en Caseros, como uno de los asaltantes. Núñez y otros presos confiaron a Baños que era habitual que los guardiacárceles los “invitaran” a participar de asaltos y robos para los cuales los sacaban de la cárcel, oles proveían armas y la información necesaria, y hasta los acompañaban, como en el caso del restaurant, donde fue un funcionario del SPF el que mató al custodio policial.

Varios de los presos que brindaron información sobre este tipo de forzado reclutamiento murieron en circunstancias llamativas. Uno de ellos, Miguel Angel Arribas, que se había negado a “cerrar con los candados”, fue fusilado por la espalda por el agente penitenciario Angel Giménez en un típico caso de aplicación de la “ley de fugas”, hecho por el cual sólo se logró una leve condena en suspenso por “homicidio preterintencional”, juicio en el que CORREPI representó la querella.

Ni el juez Baños estuvo a salvo de la cadena de encubrimiento oficial que incluyó amenazas, aprietes y hasta una bomba que estalló a metros de su despacho en el Palacio de Tribunales.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 2 de enero, 10:30, en Diagonal Norte y Florida, actividad por la libertad de los presos políticos en coincidencia con la audiencia en la causa Berrozpe en Mar del Plata.

CORREPI