CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CORREPI JUNTO A LOS CARREROS
A pedido del compañero Pedro PONCE, Sec. de Suteba -Lomas de Zamora, la Correpi y el Mov. de Abogados Justicia y Compromiso, hemos asumido la representación legal de los carreros del Municipio de Lomas de Zamora, que exigen su derecho a trabajar. Así fue que acompañamos la movilización de mas de 300 carreros que este viernes con sus caballos y carros, se hicieron presentes en la Municipalidad lomense.

Dentro de la Municipalidad, fuimos atendidos por el Secretario Privado del Intendente Rossi, a quien los compañeros exigieron la inmediata derogación de la ordenanza que prohibe la tracción a sangre por los lugares céntricos del Municipio. Asimismo denunciaron el accionar del personal de la Comisaría 1° de Lomas, que habitualmente detiene, secuestra mercaderia y pide coimas a los trabajadores carreros.

La ordenanza en cuestión, data del año 1979 y fue firmada por el Intendente - Teniente Coronel Pablo Augusto Rosales. Es decir que el Gobierno Municipal, prohibe el derecho al trabajo, utilizando normativas de la Dictadura Militar. Evidentemente, lo que le molesta al Sr. Intendente, es que en pleno centro de Lomas, se vea a los pobres que genera las políticas económicas que ellos aplican desde los diferentes estamentos gubernamentales.

Hay que destacar, que pese a la solicitud de los carreros, no se animó a bajar para charlar con ellos ninguno de los bloques que integran el Consejo Deliberante, ya sean duhaldistas, kirchneristas o del ARI. Este lunes a las 16 hs. volveremos al Municipio a exigir una respuesta definitiva.

Evidentemente, a 30 años del Golpe, al peronismo bonaerense le preocupa mas que el pueblo trabaje utilizando tracción a sangre que aplicar normativas dictatoriales que estan manchadas con sangre del pueblo.

CHAU, POZO: CARTA A ARSLANIAN
El miércoles 22 de marzo, unas 1500 personas convocadas por la Multisectorial realizaron un escrache al “Pozo de Banfield”, ex campo de concentración de la dictadura cívico-militar, que en la actualidad continúa siendo utilizado como dependencia de la División Homicidios de Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Al día siguiente, el ministro Arslanian anunció el traslado del personal policial que trabaja allí y dijo que “se reunirá con los distintos organismos de derechos humanos nucleados en el colectivo Chau Pozo”. El anuncio indicaba además que “junto a ellos, se determinará qué fin se le otorgará al edificio”. Sobre esta declaración, las organizaciones manifestaron que “el Pozo de Banfield debe quedar en manos de los organismos de DDHH y organizaciones populares que nunca abandonaron esta lucha” y pidieron que “no se convierta en una dependencia más del Gobierno”.

En una carta está firmada por Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, y León Zimerman y Sergio Smietniansky de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), todos integrantes de la multisectorial, se expresa que “Desde hace más de una década hemos realizado innumerables movilizaciones y actividades solicitando el cierre de esa dependencia policial y su entrega a las entidades populares que han reclamado por esa medida. El “POZO DE BANFIELD” ha sido un símbolo de la represión durante la dictadura genocida y más allá de ella un lugar desde donde se han organizado todo tipo de actividades persecutorias a los movimientos y sectores populares. En los archivos de la “Comisión Provincial de la Memoria”, existe suficiente material que así lo prueba. No menos importantes son las denuncias por torturas cometidas en ese lugar desde 1984 hasta el presente.

Ante tales circunstancias, teniendo en cuenta nuestra continuada acción tendiente al cierre de la dependencia a que nos referimos, viendo la repercusión pública y mediática que viene obteniendo nuestra actividad entendemos que somos los interlocutores válidos para establecer los pasos que se deben concretar para poner lo que hasta hoy es un símbolo de la tortura, desaparición y muerte, al servicio de la lucha de los Derechos Humanos, con el fin de su preservación como testimonio de lo que fue, un Centro Clandestino de Detención y Extermino de Personas y a su vez como prueba para los juicios que están actualmente en proceso y para los que puedan abrirse en el futuro.”

NEUQUÉN: MÁS GRUPOS DE CHOQUE PARAOFICIALES
Lo venimos anunciando: el “gobierno de los DDHH” se vale permanentemente de grupois de choque “no oficiales” -pero oficiosos- para atacar a los que luchan por sus derechos. Pasó en Tucumán un 9 de Julio, en Rosario, el 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, y ahora en Neuquén.

Los docentes de Neuquén vienen realizando medidas de fuerza desde hace tiempo. En un descomunal esfuerzo por hacer visible su reclamo, bloquearon con un piquete el ingreso a la refinería de Repsol YPF, de donde fueron violentamente desalojados, pero no por la policía ni la gendarmería, sino por la UOCRA.

Los sindicalistas oficiales los sacaron por la fuerza a pedradas y empujones. Poco pudieron hacer los maestros, en su mayoría mujeres, para defender el estratégico corte, parte del paro que tiene un mes de resistencia. Pese a la crudeza del enfrentamiento, la policía se mantuvo al margen, mirando con curiosidad y sonrisas el ataque de los sindicalistas peronistas a los maestros. Hubo cuatro docentes heridos.

En la ciudad de Neuquén hubo una marcha de repudio esa misma noche con más de 5.000 participantes y una caravana integrada por representantes de gremios estatales, ceramistas y fuerzas de izquierda que marchó hacia Cutral Co.

Recordemos que, más allá de las reinvindicaciones salariales, es calamitoso el estado edilicio y el ambiente educativo en la mayoría de la escuelas de la provincia. Concretamente el ciclo lectivo septiembre-mayo retrasó su inicio por falta de gas, mal estado de los caminos de ingreso, faltas de partidas de comedor, falta de nombramiento de cargos y diversos problemas de infraestructura y mantenimiento. Muchas escuelas han tenido que suspender el dictado de clases por problemas relacionados con las instalaciones de gas, representando un grave peligro para la integridad física de estudiantes y trabajadores.

El gobierno provincial ya afirmó que los manifestantes “no eran docentes, había mucha gente infiltrada de izquierda”, y Antonio Lara, jefe de Gabinete, afirmó que en la protesta “hay gente que no es docente, de izquierda” y agregó que “no son reclamos válidos. Es el reclamo de un aumento de salario para los docentes, que acá es más alto que en el resto del país”. Toda la estructura del Movimiento Popular Neuquino, partido de gobierno provincial, salió a combatir la huelga docente.

Como dijimos hace casi un año, “Usando y abusando de una mano de obra convencida a través de subsidios y planes, el oficialismo impone su orden sin necesidad de contar con las fuerzas del orden. Sobre la base de estos “cuerpos de choque” adheridos a los gobiernos nacional o provinciales se ejerce una violencia casi “doméstica” que no involucra al estado. A los pobres, desocupados u ocupados que reclaman a los gobernantes, se les están oponen virulentamente otros pobres, aproximándose peligrosamente a la profecía de Roque Dalton, “Un día ellos también fueron pueblo, pero con la excusa del hambre y del desempleo aceptaron un arma, un garrote y un sueldo mensual para defender a los hambreadores y a los desempleadores”. Sin recurrir a la policía o la gendarmería, el gobierno K reprime con oprimidos cooptados a los oprimidos que tienen la osadía de protestar”.

CABALLITO: EL INFIERNO TAN TEMIDO
El incendio en un taller textil clandestino del barrio de Caballito, donde murieron seis personas (entre ellas, cuatro menores) llevó por un rato a las tapas de los diarios el tema del trabajo esclavo en Argentina. El gobierno de la ciudad, fin de semana por medio, informó que según sus datos hay unos 4000 trabajadores bolivianos que son reducidos a esclavitud en por lo menos 1600 talleres y fábricas situados en distintos barrios de la Capital, mientras que otros 11.000 inmigrantes de ese país trabajan en negro.

Según publicara el diario LA NACION, el ministro porteño de Producción, Enrique Rodríguez, afirmó que esas cifras son el resultado de un análisis realizado por su área en las últimas 72 horas. ¿Y durante los cinco años de gestión de este mismo gobierno de la ciudad, qué hicieron? Por otra parte, ya comenzó el juego del Gran Bonete entre funcionarios municipales y nacionales, endilgándose recíprocamente las responsabilidades por la falta de control.

Lo cierto, mientras explican unos y otros cuántos inspectores tienen y ponen como ejemplo de su buena gestión que “en EEUU sólo se inspecciona a raíz de denuncias”, es que nadie puede decir, sin ponerse colorado, que la existencia de estos talleres con franco mecanismo de cama caliente haya trascendido por primera vez con motivo de este incendio. Como si tampoco se supiera de similar régimen de híper explotación en las quintas frutihortícolas de la zona de Escobar, por mencionar sólo un caso similar.

Como de costumbre, la policía federal también juega lo suyo, con el mismo mecanismos de coimas para no ver nada que quedó en evidencia en el caso de Cromagnon. Y como si fuera poco para tener la pintura completa, un vocero del Ministerio del Interior dijo que, en el marco de los operativos anunciados por el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la Ciudad, “la policía se encargará de comprobar si los inmigrantes ilegales tienen antecedentes penales”. Como cuando Carlos V. Corach responzabilizaba a los inmigrantes latinoamericanos por la “inseguridad ciudadana”, y generando records absolutos de detenciones por averiguación de antecedentes de peruanos, bolivianos o paraguayos, Aníbal Fernández se ocupará ahora de combatir el trabajo esclavo metiendo presos o expulsando del país a los explotados.

GATILLO FÁCIL DE LA FEDERAL
El 1º de abril Franco Chaile iba con un amigo en una moto, que se les quedó en una esquina de Devoto. Un policía de la Federal decidió que seguramente erasn peligrosos delincuentes, y salió de su casa disparando contra los muchachos. Chaile recibió un disparo en la cara por parte del cabo, quien alegó que al darle la voz de alto el joven lo atacó con un destornillador.

La autopsia determinó que el muchacho recibiói el disparo a más de un metro de distancia, con lo que la versión del ataque con un estornillador pierde toda entidad. La familia está presta a presentarse como querellantes en la cuasa que tramita ante el juzgado criminal nº 29 de esta ciudad.

Lo que debe resaltarse es que, como de costumbre, el policía asesino declaró como testigo en al comisaría, y no se ha adopatdo ningún temperanto a su respecto. ¿Esto no es parte de la política de DDHH del gobierno?

BULACIO, 15 AÑOS
El 19 de abril se cumplirán 15 años de la razzia policial en la que un centenar de jóvenes fueron detenidos cerca del estadio Obras, donde tocaban los Redondos de Ricota. Lo que hubiera quedado en la memoria de sus involuntarios protagonistas-víctimas como un recital más en el que el operativo policial levantó chicos para “hacer estadística” y de paso disciplinar a los dueños de bares y boliches morosos en el pago de la “cuota” semanal o mensual a la 35ª, se convirtió en caso paradigmático y bandera de lucha antirrepresiva a partir de la muerte de uno de esos pibes detenidos, Walter Bulacio, de 17 años.

La movilización popular y la permanente denuncia pública apuntaron al corazón mismo del sistema represivo de nuestro país: las facultades policiales amparadas en mecanismos legales y para-legales para detener personas arbitrariamente, materializadas en instrumentos como los códigos contravencionales o la averiguación de antecedentes, y su sistemático uso sobre los sectores sociales más vulnerables junto con la tortura también sistemática en cárceles y comisarías.

La lucha popular en torno del caso Bulacio, además de haber parido un movimiento antirrepresivo del que CORREPI, entonces en gestación, forma parte, tiene hoy más vigencia que nunca. Los sucesivos gobiernos, en esta década y media, no han cesado de agrandar el aparato represivo del estado, dándole cada vez más atribuciones para aplicar el control social que el estado necesita. El gatillo fácil policial mata hoy un pibe día por medio, las denuncias de torturas se multiplican exponencialmente, y el estado argentino prefiere poner en crisis al sistema interamericano de DDHH antes que cumplir la parte del león de la sentencia de la Corte de Costa Rica. Es que cumplirla significaría no sólo condenar al comisario responsable de la detención y muerte de Walter, sino algo imposible para un estado burgués: renunciar al uso de la doble A, de las faltas y contravenciones, de las razzias, enfin, de todo su mecanismo policial de disciplinamiento social.

Por eso cuando convocamos a movilizarnos a 15 años de la detención y muerte de Walter Bulacio no lo hacemos desde un simple ejercicio de sana memoria ni sólo exigiendo justicia para el caso concreto. Bulacio sintetiza tanto el funcionamiento cotidiano del aparato represivo del estado que ahora mismo está fusilando un pibe o dándole bolsita en una comisaría, como la resistencia popular frente a esa política de estado.

Convocamos a todas las organizaciones que contemplan en sus programas la lucha antirrepresiva, y en particular al movimiento estudiantil, a construir una gran marcha, POR WALTER Y POR TODOS, en este 15º aniversario. Nos reunimos para organizarla en el hotel Bauen el miércoles 5 de abril a las 19.

LAS CÁRCELES DE KIRCHNER
Mientras la causa por la masacre de Magdalena sigue dando vueltas sin que hasta hoy la fiscalía haya citado a un solo efectivo del SPB para indagarlo a pesar de que todos los elementos de prueba recabados señalan la responsabilidad directa de los guardiacárceles en las 33 muertes; y la justicia correntina sobresee uno tras otro a los policías de la comisaría 7ª en la que tres chicos detenidos por averiguación de antecedentes murieron quemados, en Tucumán otro preso fue encontrado ahorcado el 19 de marzo en su celda.

Denunciar las torturas sufridas por un preso acarrea dificultades y riesgos, motivo por el que la mayoría de estos hechos quedan ocultos o a lo sumo trascienden como comentarios, y son muy pocos los que se animan a promover alguna acción que, por otra parte, suele ser rápidamente cajoneada en los juzgados y fiscalías. En el curso de la semana pasada CORREPI recibió el pedido de ayuda de dos detenidos de lugares tan dispares como Batán y General Alvear.

Uno de los internos, detenido desde mayo del año 2002, ha sufrido seis traslados previos de establecimientos carcelarios y está alojado actualmente en el Sector nº 2 del Pabellón 7 de la de la Unidad Penitenciaria Bonaerense nº 30 de Gral. Alvear. El pasado 16 de marzo, junto a los presos alojados en su mismo pabellón, fue apaleado por agentes del servicio penitenciario y de inmediato trasladado a celda de castigo, sin salida al patio, acceso a sanidad ni a duchas ni posibilidad de hacer llamados telefónicos ni recibir visitas.

El segundo comenzó su ordalía cuando en el año 2002 testificó contra un miembro del servicio penitenciario apodado “La Tota” al que vio encender un trozo de colchón y arrojarlo dentro de la celda de un “preso problema” que obviamente apareció luego en la lista de “deprimidos que se suicidan prendiéndose fuego”. Desde entonces ha sufrido persecuciones y agresiones de diverso tipo en todos los penales por los que ha pasado, incluyendo una tentativa de homicidio un 31 de diciembre, cuando un preso que oficia de “buche” del servicio le aplicó un puntazo con un arma blanca. Estando en la enfermería, un oficial del SPB se acercó esa misma noche a decirle que “la Tota le deseaba feliz año nuevo”.

La madre de uno y la hermana de otro asumieron personalmente la carga de interponer sendos habeas corpus correctivos con la asistencia de compañeros de CORREPI, exigiendo al poder judicial que garantice la seguridad e integridad física de sus familiares, haciéndolos responsables por su situación y reclamando su traslado a unidades cercanas a los domicilios familiares.

LA WEB DE ARSLANIAN

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se ufana en exhibir su prolija página web actualizada, donde entre otras cosas publican las fotos y curriculum de los policías bonaerenses prófugos. Hace poco modificaron el diseño de la sección, evidentemente tratando de aparecer “políticamente correctos” y en consonancia con la tan cacareada “política de Derechos Humanos” del gobierno nacional. Así, agruparon los prófugos por “categorías de delitos”, empezando por los titulados “Violación a los DDHH”. Curiosamente allí hay una sola foto, de uno al que imputan una privación ilegal de la libertad.

Luego vienen otros apartados titulados “Homicidio”, “Violación - Abuso sexual”, “Torturas - Apremios ilegales”, “Extorsión - Robos”, “Asociación ilícita”, y los denominados “Casos” (Durán, Núñez, Masacre de Budge). La lógica enseña que lo que se dice en forma exclusiva de uno, se niega de otro. Por tanto, la primera conclusión de la página es que ni los homicidios (hablemos claro, gatillos fáciles), ni las torturas ni las violaciones y otros delitos cometidos por esos policías prófugos son, para el ministro Arslanián, violaciones a los DDHH, ya que los separa del único caso que titula así. Tampoco lo son, evidentemente, los casos que individualiza. Sabemos que el Dr. Arslanián no es un analfabeto en materia jurídica, y conoce perfectamente la definición de violación a los DDHH, de manera que no se trata de un error de concepto, sino de una posición política.

Pero lo que parece joda, y lamentablemente no es que parezca, sino que es un verdadero chiste, es que han publicado recientemente la foto de don Bonifacio Garay, policía prófugo desde marzo de 1995 por el homicidio del joven Omar Lencina en el Dock Sud. Garay (que dicho sea de paso, se pudo profugar gracias a un “errorcito” del juzgado del Dr. Roberts, que le notificó por cédula al domicilio que le habían dictado la captura), es un hombre de 69 años, y que ya tenía 58 al escaparse. Se lo ve gordo y totalmente canoso en las fotos de la reconstrucción del hecho de 1993. Pero la foto publicada por Arslanián para que la ciudadanía ayude a encontrarlo lo muestra con 35 años, delgado y con una lustrosa cabellera negra con jopo que lo asemeja a Magaldi. Casi se puede decir que ha quedado actualizada la foto casi de jardín de infantes que ilustra a Miño, prófugo de la masacre de Budge.

PROXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 5 de abril, 19:00, reunión organizativa en el Bauen con miras a la movilización a 15 años de la detención y muerte de Walter Bulacio.

Jueves 6 de abril, 11:30, movilización de CORREPI y familiares de víctimas del gatillo fácil a los tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque, acompañando a Ramona Núñez en la audiencia preliminar del juicio oral contra los policías Concha y Quevedo, asesinos de su hijo Jorge “Chaco” González.

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