CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

APARICION CON VIDA
Sin el aparato de propaganda oficial el gobierno puso para su marcha del viernes 6 de octubre, el espacio Memoria, Verdad y Justicia, del que forma parte CORREPI, convocó el miércoles 18 una multitudinaria marcha en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López. A un mes de su desaparición, también recrudecieron las intimidaciones, los aprietes y hostilidades hacia militantes populares.

El gobierno, que como es obvio poco o nada hace por esclarecer la desaparición de López, pretendió ningunear la movilización, al tiempo que jugó a “acaparar” las amenazas para su propio beneficio. Los medios de comunicación ya con anterioridad aclaraban, por si no se había entendido bien, que a la marcha no adherían “madres ni abuelas”, obedeciendo al ejecutivo K, que apostó a quitarle número a una movilización opositora que responsabiliza al gobierno. En la segunda parte del pacto, esos mismos medios intentaron ocultar la masividad de la participación popular.

A su vez, el gobierno intenta utilizar las amenazas para hacer creer que es el blanco de los ataques de “rémoras del pasado” impulsando la falsa dicotomía entre “democracia o dictadura”, donde el presidente se la pasa pidieron ayuda en cada acto público, diciendo que es la opción democrática y progresista. Lo más grave, es que algunos le creen.

SECUESTRAN A MILITANTE DE HIJOS
La medianoche del 18 de octubre Ramiro González, integrante de la agrupación HIJOS, fue interceptado por un vehículo VW Polo color rojo con cuatro hombres de civil en su interior en Villa del Parque. Luego de exhibirle armas automáticas, lo obligaron a subir al auto, donde ejercieron violencia física sobre él, le mostraron fotos de compañeros para que los reconociera y le tomaron huellas digitales de ambas manos. Todo el tiempo lo amenazaron con que se dejaran de joder, tanto él como sus compañeros, porque los matarían.

Por ultimo lo hicieron bajar en las proximidades de Liniers bajo amenaza y apuntándole con un arma diciéndole que corriera y no mirara atrás. Al día siguiente, con el asesoramiento de CORREPI y el patrocinio del abogado de su agrupación, Martín Alderete, los compañeros de HIJOS formularon la correspondiente denuncia penal. Está claro que este hecho gravísimo se inscribe en el contexto de amedrentamiento del campo popular del que el gobierno de Kirchner es el único responsable, aunque quiera andar simulando que está de nuestro lado.

LA “POLICÍA DEL SIGLO XXI” Y EL EJEMPLO DE LA “MADRE PATRIA”
Acaba de finalizar el Curso de Planificación Estratégica 2006, desarrollado en el marco del Programa de Formación para las Policías de la provincia de Buenos Aires, organizado por el Ministerio de Seguridad bonaerense y con la presencia estelar de profesores de la Maestría de Estudios en Prevención de la Universidad de Barcelona. El curso, dirigido a intendentes bonaerenses, legisladores, autoridades del Poder Judicial, miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de otras fuerzas de seguridad, tuvo como finalidad debatir y difundir los cambios institucionales producidos desde el inicio de la Reforma Policial en abril de 2004, dirigidos a “reafirmar las políticas públicas de seguridad ciudadana y los nuevos horizontes que se plantean en la materia, para consolidar una sociedad democrática, productiva y con inclusión social”.

Resulta como mínimo preocupante que el modelo elegido por las autoridades argentinas sea la policía española, y para más datos, la catalana. La cotidianeidad de la aplicación de tormentos en España hizo que en el último informe oficial del Comité Contra la Tortura de la ONU -hace sólo dos años- se situara al estado español al mismo nivel que Uzbequistán e Indonesia. Si toda la policía ibérica es permanentemente señalada como torturadora y represora, la catalana sube al podio, con gravísimas y constantes denuncias de detenciones arbitrarias, causas fraguadas y tormentos, como el caso de los jóvenes chilenos detenidos desde el 4 de febrero de este año. Esa madrugada, Alex, Juan y Rodrigo fueron arrestados previa una fenomenal pateadura en un barrio de okupas, y luego torturados por la guardia urbana y los mossos d’esquadra (cuerpos policiales de Barcelona y Cataluña, respectivamente), para que admitieran haber atacado a un policía que recibió un golpe en la cabeza por una maceta que cayó desde un edificio de propiedad y administración del ayuntamiento. Al día de hoy, los muchachos siguen en prisión, esperando un juicio que puede demorarse dos años, mientras arrecian las denuncias de un montaje político, policial y judicial descarado.

El episodio es denunciado por las organizaciones antirrepresivas españolas como parte de la represión generalizada que incluye nuevas ordenanzas municipales prohibiendo manifestaciones, la matanza continua de inmigrantes en las fronteras europeas, la deportación masiva y la xenofobia, la criminalización sistemática del movimiento okupa, la detención de personas y grupos solidarios con los presos, todo con el pretexto de la paranoia terrorista que habilita la ola de violación impune de los derechos de cualquier persona que se aleje de la “normalidad” europea. Ni hablar de los presos políticos de los movimientos independentistas, sobre los que hasta Amnistía Internacional ha debido reconocer que hay pruebas de centenares de casos de tortura avalados y fomentados por señores jueces de fama mundial como Garzón Real. Ese es el modelo policial que Solá y Arslanián quieren importar.

En el acto de apertura, el gobernador Solá dijo que “es un absurdo hablar de policías duros y blandos (…) nuestro policía es duro en la atención de ley, pero no es duro para saber que quien está enfrente es un ser humano” y aclaró que la bonaerense “no es una policía de autómatas”. Notable confesión la del gobernador, explicando que no hay policías buenos ni malos, ni simplemente robotizados, sino fieles ejecutores de la política represiva del estado. Por su parte, el ministro Arslanián, adscribiendo a la vieja tesis de los errores, abusos y excesos, dijo que hay “distintos tipo de conducta que implican una verdadera deformación del ejercicio funcional de los deberes y funciones, un abuso o conductas abusivas que se transforman simplemente en normas o reglas finalmente aceptadas”, anunciando para contraarrestar esos “desbordes individuales” el programa Líderes para el Cambio de la Cultura Institucional.

Es imposible, al leer estas declaraciones, no tener un sentimiento de dejá vu, porque aunque se actualicen las palabritas para el discurso, el verso es eterno y recurrente. Arslanián también dijo “hoy nadie habla de la maldita policía. La institución sufrió un cambio profundo, no sólo con la depuración: responde a una autoridad política, el ministro, y a un gabinete, que la controlan. Por eso digo que, respecto de lo que había antes, la diferencia es notable”. El detalle es que esto no lo dijo ahora, sino en 1998, en un acto en la ciudad de Dolores. Mientras tanto, en los casos registrados en nuestro Archivo para este año 2006, ya hay medio centenar de gatillos fáciles protagonizados por los “humanos y modernos” policías de la Nueva Bonaerense Dos.

EXCARCELACION FACIL PARA UNIFORMADOS
En la edición 396 de este boletín informábamos acerca del pedido de detención de 15 penitenciarios por la Masacre de Magdalena, por el delito de “abandono de persona seguida de muerte”, cuando el 15 de octubre pasado un incendio mató a 33 internos. Decíamos entonces que el juez Atencio de La Plata tuvo por probado que deliberadamente los carceleros omitieron socorrer a los internos y hasta habían cerrado con candado la la puerta del pabellón ya comenzado el incendio.

También recordábamos que las 33 personas que fallecieron estaban alojadas en un pabellón de conducta, casi todos procesados sin condena por delitos contra la propiedad, y que esto era relevante a la hora de analizar centenares de privilegiados como el corruptor de menores padrecito Grassi o el viudo más afamado de los countries Carrascosa, por no citar la enorme cantidad de canas que, imputados por delitos absolutamente inexcarcelables como homicidio, torturas, y hasta torturas seguidas de muerte, alegremente gozan de excarcelaciones extraordinarias, arrestos domiciliarios u otras formas morigeradas de la detención que nunca se aplican a los pobres sin uniforme.

En una muestra más de cómo la justicia encubre y apaña a los represores, esta semana se conoció el fallo de la Sala II de Cámara Penal platense que liberó a los penitenciarios que estaban detenidos. Los camaristas hicieron lugar a un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de los guardiacárceles. Sin asombrar a nadie, ni siquiera hicieron el intento de modificar la calificación legal para disponer de la libertad de los candados. Simplemente sacaron de la galera que “no puede atribuirse a los agentes penitenciarios todas las responsabilidades de lo ocurrido esa noche en el penal”, por lo que ordenaron su vergonzosa liberación.

Como en la mayoría de los casos donde los que tienen poder son acreedores del garantismo mejor entendido, derecho que ningún preso común alcanza, los beneficiarios del sistema pueden esperar tranquilamente el juicio oral en sus casas o incluso, después de condenados tener apelaciones interminables que les garanticen una buena fuga el día de mañana.

CAUSA LEGISLATURA
Se sigue desarrollando ante la justicia nacional, la causa seguida contra 14 manifestantes que concurrieron a la Legislatura porteña el 16 de julio de 2004 a repudiar el código contarvencional. Por más que el fiscal de Cámara haga el denodado esfuerzo para justificar las detenciones que durante un año y medio pesaron contra ellos, las pruebas que se están rindiendo en el juicio oral demuestran que no hubo delito alguno que se les pudiera imputar. Todos los testigos que pasaron ante el tribunal sostuvieron que no se sintieron privados de su libertad. Casi medio centenar de empleados de la Legislatura que desfilaron por la sala de audiencias admitieron que nadie los privó de su libertad ambulatoria.

Si querían probar que los empleados no podían retirarse porque se los impedían los manifestantes, realmente fueron muertos. Todos fueron contestes en que se quedaron dentro del edificio por su propia voluntad y que incluso pusieron vallas por dentro del Palacio Legislativo, para impedir que los manifestantes entraran. O sea, que los imputados nunca les impidieron que salieran. También hubo empleados que declararon que a lo largo de la tarde hubo algunas puertas que fueron abiertas para que salieran los que estaban en el interior de la Legislatura.

Se probó también que la suspensión de la sesión fue decidida por las autoridades de la legislatura porteña, y que los incidentes nada tuvieron que ver con que se levantara, ya que el debate no pudo llevarse a cabo porque no había acuerdo entre los distintos bloques que querían aprobar la reforma del Código Contravencional.

Con ello se comprueba que ni la privación ilegal de la libertad o ni la coacción agravada con que se acusó a los detenidos existieron y que todo fue un invento impulsado por el Poder Ejecutivo con la complicidad del Judicial para reprimir la protesta y encarcelar pobres.

REPRESIÓN EN UN PENAL DE CORRIENTES
Que la situación de las personas privadas de su libertad en las cárceles argentinas es inhumana y permanente fuente de gravísimas violaciones al derecho a la vida y la integridad física no es un tema sujeto a discusión. Que la aplicación de tormentos y las muertes de personas bajo custodia es sistemática, y va en aumento, tampoco admite debate alguno. Son hechos tan acreditados que hasta la CIDH ha llamado la atención al gobierno argentino sobre el punto.

Las huelgas de hambre reclamando condiciones de alojamiento mínimamente compatibles con la dignidad humana son reprimidas en todo el país, y sólo encuentran algún espacio en los medios, más ocupados en la “gran política” como el análisis del vestuario de la Señora Cristina, cuando adquieren la masividad de la protesta del mes pasado en tres decenas de penales bonaerenses y federales. Pero todo el tiempo, en todos lados, hay presos asesinados, torturados, hacinados. Todavía sigue la huelga de las internas delpenal platense de Los Hornos, y unos 300 internos de la cárcel de Bower, Córdoba, iniciaron una medida similar ayer.

En la noche del 17 al 18 de octubre, mientras en la Unidad Penal Uno de Corrientes se encontraban reunidos representantes de la Subsecretaría de Seguridad y del Colegio de Abogados considerando una serie de demandas de los internos, estalló una protesta que culminó con la muerte de un preso y una represión con empleo de gases y balas de goma que duró varias horas. Medios locales como el periódico digital Momarandu denunciaron que ya entrado el nuevo día todavía desde afuera del edificio podían escucharse detonaciones de distinta intensidad, y la brisa llevaba fuera del muro el gas lacrimógeno, con fuerte efecto para quienes pasaban por calle Padre Borgatti.

Seis internos brutalmente golpeados, sindicados como los líderes de la protesta, fueron derivados al penal de San Cayetano, entre ellos Eduardo Centurión, que jugó un destacado papel en enfrentar la represión de los penitenciarios y policías. La compañera Hilda Presman, de la Red Provincial de Derechos Humanos, denunció que alrededor de una treintena de internos presentan contusiones y heridas de diversa gravedad. Los presos de los pabellones Nº 9 y 10 iniciaron una huelga de hambre en repudio a la represión policial y como medida de fuerza para conseguir la restitución de los internos trasladados. Con el patrocinio del abogado Víctor Benítez la Red interpuso un habeas corpus reclamando el regreso de los cuatro sancionados al penal de Corrientes capital, argumentando en el caso concreto de Centurión que el joven, por su buena conducta, goza del beneficio de la ley 24.660 de rehabilitación, por lo que no puede ser movilizado del establecimiento donde lleva a cabo su programa de reinserción social ya que está pronta su liberación.

El día viernes los cuatro fueron restituidos a Corrientes, ya que el juez hizo lugar al habeas corpus, después de verificar numerosas heridas en todos ellos, y de constatar que el traslado fue un castigo por haber liderado el reclamo de mejores condiciones de alojamiento, y no por haber protagonizado hechos de violencia. En el caso de Centurión, por ejemplo, el juez Segovia pudo constatar que durante los incidentes se hallaba encerrado en una celda, por lo que quedó claro que fue seleccionado para el traslado por su actividad de denuncia constante de la represión. Vale mencionar que Eduardo es sobrino de Rodolfo “Fito” Ríos, asesinado por el personal del SPF en el penal de Caseros en noviembre de 1992, y por ende, nieto de nuestra compañera Delia Garcilazo.

EL GOBIERNO DE LOS DDHH SIGUE DERRAMANDO SANGRE
En Valcheta, Río Negro, dos policías fueron a llevar una notificación a Pablo Huenteleo, de 22 años. Hubo una discusión con el muchacho, ya que la denuncia tenía que ver con su pareja. El agente Rogelio Flores sacó su arma y disparó dos balazos contra el joven, que murió poco después. Por ahora, el policía está detenido.

En Tucumán, el policía Jorge Agapito Berduguez mató de un disparo en el pecho a César Navarro Murel, de 14 años. Según el policía, intentaba separar a otros dos jóvenes que se estaban peleando cerca de donde César jugaba con su hermanito de 9 años. En ese momento, dijo el oficial sin ponerse colorado, se tropezó con una naranjas y el arma se disparó…

En el ingenio El Tabacal, de Salta, varios vigiladores privados mataron a golpes a Fabián Pereyra de 18 años, porque lo vieron intentando robar naranjas de un camión en movimiento. Luego tiraron el cuerpo en un canal de riego para simular que se había ahogado, pero la autopsia probó que murió por inhibición cardíaca por traumatismo cráneo encefálico, es decir por los golpes recibidos en la cabeza.

Por último, José Galarza, de 73 años, cacique del pueblo indígena wichi en Pozo Nuevo, provincia de Salta, resultó gravemente herido al ser alcanzado por los perdigones de las balas de goma disparadas por la policía cuando ésta entró en tierras de los indígenas para recuperar el vehículo de un empresario.

ESCRACHE EN MORENO
El sábado poco después del mediodía se fueron concentrando en la Plaza San Martín de Moreno los compañeros de CORREPI, los familiares y amigos de Alejandro Mura y compañeros del M29, CCC Moreno, la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste y la FTC. El objetivo era ir en tren hasta Paso del Rey, a escrachar la comisaría 5ta., donde Alejandro fue torturado causando su muerte un día después de su traslado a un penal.

Como sucede cada vez con mayor frecuencia, aparecieron funcionarios del gobierno de Moreno que, frente a las consignas que estuvimos agitando en la plaza durante la espera, se fueron solitos. Llegados a Paso del Rey nos reunimos con otros amigos de Alejandro y familiares que ahí nos esperaban, como los Mansilla de Hurlingham y los Lemos de Carupá.

La columna, de unos 200 compañeros, marchó a la comisaría, haciendo algunas pintadas en el camino, y siempre cantando consignas antirrepresivas. Frente a la dependencia policial, hablaron la mamá de Alejandro Mura y la compañera Sandra Cobas de CORREPI, que denunciaron a los asesinos y destacaron la habitualidad de la imposición de tormentos en comisarías.

RECOMENDAMOS
La página http://www.fotolog.com/arte_antirrep donde se exhiben fotografías de graffittis y pintadas antirrepresivas, antimilitaristas y antiimperialistas de Argentina y de países europeos como Grecia, Italia, España y asíaticos como India y Palestina.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 24 de octubre, 18:00, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Ciudad Universitaria), charla sobre la situación represiva actual y la desaparición de Julio López, organizada por la agrupación Construcción Estudiantil de Izquierda, con la participación del compañero Ramiro Geber por CORREPI.

Viernes 27 de octubre, 16:00, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, charla a un año de la Masacre de Magdalena, a cargo de María del Carmen Verdú y Valeria Veloso (CORREPI y CORREPI LA PLATA).

CORREPI