CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

TORTURADOR DEL CASO DURÁN QUIERE IRSE A CASA
El caso Durán, primero en la historia argentina posterior a 1983 en que se probó judicialmente el uso de picana eléctrica en una comisaría, sigue mostrando cómo funciona la “legalidad democrática” cuando de represores actuales se trata.

El ex cabo Raúl Rodolfo Gastelú, uno de los cinco policías que la noche del 6 al 7 de agosto de 1992 torturaron durante más de ocho horas al adolescente Sergio Durán, deteniéndose sólo cuando el pibe de 17 años entró en agonía por el agotamiento de sus mecanismos neurológicos ante el dolor, está detenido desde diciembre de 2004 y condenado a prisión perpetua desde mayo de 2005.

Su detención y condena sólo fueron posibles porque, a contramano de jueces, fiscales, ministros y policías, CORREPI escuchó a los vecinos de Moreno que nos señalaron dónde vivía y trabajaba, estando prófugo por segunda vez, el torturador. No fue sorpresa para nosotros que estuviera de nuevo en su casa, ni mucho menos que lo protegiera el municipio de Moreno, para el que trabajaba -insistimos, estando prófugo- a través de la empresa El Trébol, contratista de la comuna dirigida por el intendente peronista Arregui, hombre de confianza de Mariano West, el “dueño” de Moreno.

Después de que el ministro Arslanian hiciera su célebre “blooper” cuando estrenó la brigada antiprófugos sólo para garantizar que Gastelú se escapara de nuevo, y tras la campaña de afiches “Si lo ve, NO AVISE A LA POLICÍA” (ver www.correpi.lahaine.org, Torturó, huyó y no lo pescaron), finalmente Gastelú fue juzgado y condenado como coautor del delito de tortura seguida de muerte, siguiendo el camino ya abierto en las anteriores sentencias contra sus colegas el oficial Jorge Ramón Fernández en 1995 y Ramón Nicolosi en 2003. Pero resulta que en prisión Gastelú sufrió una transmutación democrática, y entonces, invocando en su defensa pactos internacionales de DDHH, pidió a la Cámara Criminal de Morón que lo dejen cumplir su condena… en casa.

Como Jorge Rafael Videla cuando en 1998 quiso ampararse en normas humanitarias para resistir la citación en la causa Santucho, Urteaga y Mena, iniciada por sus familiares para conocer el destino de los cuerpos de los dirigentes del PRT-ERP después de su asesinato y traslado a Campo de Mayo, los nuevos abogados de Gastelú trajeron en su apoyo el Pacto de San José de Costa Rica, y hasta la Convención de Derechos del Niño. Por supuesto que no fue de los derechos de Sergio Durán, niño de 17 años torturado hasta morir, que hablaron los distinguidos profesionales (¿de dónde sacan los policías presos el dinero para pagar defensas particulares de lujo?), sino de los derechos de los hijos del torturador de crecer al cuidado de su cariñoso padre. Hijos como el jovencito que en la audiencia del martes le gritó a Olga Castro, la mamá de Durán, lo mismo que dijo ante las cámaras de TV el día de uno de los frustrados operativos: “Mi viejo no es un delincuente, mató un chorro”. Se puede quedar tranquilo Gastelú en la Unidad Penitenciaria 39, que ya le enseñó a sus hijos todo lo que sabe.

La familia Durán fue acompañada por las organizaciones que integran la Coordinadora Antirrepresiva Oeste, entre ellas HIJOS, además de CORREPI, entre cuyos militantes se destacaban las familias Corzo, Bogado, Mansilla, Rivero, Velázquez, González, Ríos y Da Silva. Fue bien simbólico, para entender de qué lado está cada uno, que la familia del policía fue ingresada a la sede del tribunal y autorizada a presenciar la audiencia, mientras que los hermanos y sobrinos de Sergio debieron permanecer en la calle, impedidos de acceder a la sala. En su alegato, la compañera Verdú, que desde 1992 representa a Olga Castro, señaló este desigual trato, y resaltó que Gastelú estuvo prófugo de 1993 a 1996, cuando fue encontrado por primera vez por CORREPI en su casa del barrio Las Catonas, contando con amparo oficial al punto que seguía cobrando su sueldo de policía mientras trabajaba para el municipio de Moreno. Nuevamente escapado cuando esa misma Cámara lo excarceló escandalosamente en 1999, siguió gozando de esa protección, que se puso de manifiesto en la audiencia cuando su abogado informó que su cliente tiene dos ofertas laborales: una de la misma empresa El Trébol, contratista de la municipalidad, y otra… del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Así es como el PJ recluta sus batatas.

Esta semana la Sala Segunda de la Cámara de Morón deberá resolver si sigue haciendo manifiesto el amparo y protección oficial a los torturadores, o si a contrapelo de la habitual excarcelación de policías asesinos y torturadores, Gastelú va a seguir cumpliendo su condena.

VIOLADA Y ASESINADA POR POLICIA
El 24 de octubre, Rocío Débora Ubilla (15) salió de su casa rumbo a la escuela y no se supo más nada de ella hasta que fue encontrada muerta seis días después en un descampado en las afueras de la ciudad de Catamarca. Un remisero de la zona recordó haber visto a Rocío subir a la motocicleta del policía Manuel Páez, vecino de la familia Ubilla, la misma mañana de la desaparición. Según el remisero, Páez lo habría amenazado para que no declarara ante la justicia lo que vio.

La familia de la adolescente comenzó a sospechar del policía cuando éste se acercó y aportó datos falsos sobre la desaparición con el fin de desviar la investigación. Al testimonio del remisero se suma el de una vecina que vio a Páez volver con su moto desde la zona en donde posteriormente fue hallado el cadáver. El jueves 2, con Páez ya detenido, familiares, amigos y allegados de Rocío esperaron al policía en las inmediaciones de la Unidad Judicial N° 5, donde el acusado se abstuvo a declarar ante el fiscal Maidana.

Páez fue recibido a pedradas y bien custodiado por un operativo integrado por 70 de sus “compañeros” que la Guardia de Infantería puso a disposición. Los uniformados reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes que le gritaban “asesino” al policía. De inmediato, tanto el gobierno nacional como el provincial comenzaron a moverse para desviar la atención de la opinión pública y ocultar lo evidente: que un efectivo de sus fuerzas de seguridad es el asesino de Rocío.

El Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Programa Nacional Anti-Impunidad, mandó a Gustavo Melmann, el padre de Natalia, la joven de 15 años secuestrada, violada y asesinada por policías en Miramar en 2001, para “asesorar” y ofrecerle el apoyo del gobierno nacional en el desarrollo de la investigación. Por su parte, la Cámara de Diputados de Catamarca condenó el horrendo crimen guardando un minuto de silencio en el inicio de sus sesiones. A la diputada por el Frente Cívico y Social, Sara Ludueña de Cadó, la muerte de Evelyn Ferreira, la nena de 8 años asesinada esta semana en Llavallol, le vino como anillo al dedo para afirmar que “lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires y en Catamarca son los peores síntomas de que entre nosotros y nuestras sociedades conviven patologías humanas que deben ser urgentemente erradicadas…” Para la señora Ludueña de Cadó, el problema radica en una sociedad enferma que todos integramos, omitiendo el pequeño detalle de que el único sospechoso del asesinato de Rocío es un integrante de las fuerzas de seguridad del Estado, a los que el mismo Estado tan bien entrena para reprimir, torturar o matar y violar como en este caso.

Otros diputados provinciales, como Oscar Vera del PJ o Ciro Aguirre del Frente para la Victoria, aprovecharon la ocasión para exigir, paradójicamente, “mayor seguridad ante la sucesión de hechos aberrantes que han recrudecido en los últimos tiempos”. Desde todos los frentes posibles, tanto el gobierno nacional como el provincial intentan adscribir lo sucedido a la teoría del “loquito suelto” o la “sociedad patológicamente enferma”.

De ninguna manera van a cuestionar el accionar de los integrantes de sus aparatos represivos; ni remotamente compararían el asesinato de Rocío Ubilla con tantos otros perpetrados por los agentes de la seguridad como por ejemplo las casi 60 mujeres asesinadas en el Partido de la Costa, o las prostitutas asesinadas en Rosario, o la misma Natalia Melmann, asesinada por policías empleados del mismo Estado para el que ahora trabaja su padre.

EL ENEMIGO ES INTERNO
En estos momentos, y desde hace una semana, la población de la ciudad mexicana de Oaxaca, está sufriendo el avance de la Policía Federal Preventiva sobre las barricadas y las zonas de resistencia organizadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Tras un conflicto gremial y salarial iniciado hace 5 meses por los maestros del estado oaxaqueño, el gobernador Ulises Ruiz responde con sucesivas represiones a las manifestaciones docentes, y con la desaparición y asesinato de numerosos referentes combativos, en manos de fuerzas para-militares que operan en la región.
Ante semejante escalada represiva, el conflicto se extiende al conjunto de la población, y el gobierno del presidente Fox interviene profundizando la acción de las fuerzas represivas. En las ultimas semanas, aumenta la cantidad de muertos, desaparecidos y torturas, y es asesinado el periodista Brad Will, del sitio de contrainformación Indymedia .

Como garantes de la expansión de capitales imperiales, los Estados de los países dependientes no pueden tener otro rol que el que necesitan para asegurarse la explotación económica: disciplinar a la población interna. De esa forma, las imágenes de la Policía Federal Preventiva ingresando a Oaxaca con helicópteros y tanquetas, tranquilamente podrían ser utilizadas para graficar una invasión imperialista, claro que en este caso, es el Estado local el que invade su propio territorio.
Un territorio, una ciudad, un pueblo, que por reclamar la renuncia de su Gobernador, y poder enfrentarse a las permanentes fuerzas para-policiales, sufren las represalias de la clase dominante, esta vez por parte de sus instituciones más poderosas: las fuerzas de represión legales.

Oaxaca, nos remite 37 años atrás a Cordoba, 10 a Cutral-Có, o tan solo 9 meses a Las Heras, demostrándonos que tras la insumisión de toda la población civil, el Estado necesitará para su propia supervivencia, la movilización de todas sus fuerzas del orden y de todo el peso de la ley (que sólo sirve para aplastar aun más al pueblo).

LOS ASESINOS DE MENEZES SIGUEN MATANDO
Hace un año y medio la policía inglesa fusiló al joven brasileño Jean Charles de Menezes una estación de subterráneo. No sólo lo acribillaron con siete balazos, sino que armaron la escena como cualquier gatillo fácil vernáculo, inventando que se escapó al ver a los policías, que llevaba una mochila sospechosa, que saltó los molinetes, y una sarta de mentiras que se fueron cayendo de a poco.

Mientras la justicia decidió no acusar a los policías responsables y Scotland Yard los ratificó en sus funciones, el gobierno británico ha demostrado que está bien orgulloso de todos ellos. La comandante Cressida Dick, que supervisó la operación, fue ascendida a subcomisaria hace unos meses. Otro de los policías, que no fue identificado, está instruyendo los agentes de seguridad aérea antiterroristas. El diario Daily Mirror informó que se lo seleccionó “por sus habilidades para actuar con decisión y rapidez en casos de emergencia”, es decir, en situaciones como la que costó la vida al brasileño.

Finalmente, un tercer policía del grupo volvió a matar en la tarde del miércoles pasado en la localidad de New Romney, dentro del condado de Kent. Ante el alerta por un robo a un banco, además de un equipo especial de Scotland Yard (Flying Squad), fueron convocados miembros del grupo CO19, especializado en el uso de armas. Uno de ellos abatió a un hombre de 42 años, aparentemente uno de los ladrones, que murió camino al hospital. La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía emitió un comunicado en el que además de prometer que investigarán “hasta las últimas consecuencias” (como en el caso Menezes, suponemos), y explicaron que el CO19 participó en 2.359 “incidentes” el pasado año, dando a entender que “estas cosas pasan”.

Y agregaron “un hondo lamento porque alguien muera como resultado de la acción de la Policía”. Qué sensibles.

TENER PRINCIPIOS NO ES SER SECTARIO: ES TENER PRINCIPIOS
En el n° 440 de su periódico Alternativa Socialista, el MST-Unite describe una “polémica en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia”, calificando de “sectarios” a quienes, en el marco de la preparación de la marcha del pasado 18 de octubre por la aparición de Jorge Julio López, se opusieron rotundamente a hacer una movilización conjunta con las agrupaciones kirchneristas como Libres del Sur y MUP, y los organismos que apoyan al gobierno, como Madres, Abuelas e H.I.J.O.S.

Agrega la nota firmada por Gustavo Giménez que “se retrocedió así del importante acierto de haber acompañado la marcha anterior, llamada por los organismos históricos y avalada por el propio Kirchner”. También dice el artículo que una clara política de unidad de acción … es fundamental para enfrentar esta ofensiva de los genocidas; llama a impedir que se permita al gobierno y a aquellos que lo sostienen eludir sus responsabilidades políticas, y termina instándonos a reflexionar, para exigirle a Kirchner que si realmente quiere derrotar a los genocidas ponga toda la plata y recursos, como sí lo hizo para su acto del 25 de Mayo, al servicio de una movilización masiva por la aparición de López.

Aunque su crítica está dirigida con nombre y apellido a otros partidos, y no menciona a CORREPI, nos vemos obligados a comentar este desatino, ya que el debate de fondo es sobre la política de DDHH de las organizaciones populares, y por ende nos compete, aunque se trate de una publicación partidaria. Por otra parte, la voz de CORREPI fue de las que con más fuerza rechazó todo tipo de actividad conjunta con el gobierno y/o sus aliados, del mismo modo que en el anterior debate, sobre si el Encuentro debía ir o no a la marcha de los intendentes del PJ del 6 de octubre, no sólo nos opusimos con vehemencia, sino que cuando el espacio resolvió ir, nos abstuvimos de participar porque como lo hemos dicho tantas veces, CORREPI NO MARCHA CON QUIENES REPRIMEN AL PUEBLO.

Los compañeros del MST-Unite se preguntan, esperamos que retóricamente, si Kirchner “realmente quiere derrotar a los genocidas”, y plantean que hay que exigirle que asuma “sus responsabilidades políticas”. La responsabilidad política de Kirchner, como gerente del estado burgués, es garantizar la dominación y la explotación, y bien que lo hace, fabricando consenso todo lo que puede, y reprimiendo todo lo que debe.

La lógica angustia que ocasiona al pueblo y sus organizaciones la desaparición de López (y que deberían causar, en igual medida, los gatillos fáciles cotidianos, la sistemática aplicación de tortura, el hostigamiento constante a los familiares y militantes barriales antirrepresivos, etc.) no puede obnubilar al punto de proponer la “más amplia unidad de acción” con el enemigo, con el represor, con el opresor. Es un principio irrenunciable en nuestra lucha cotidiana confrontar con el estado, al que entendemos como producto y manifestación del carácter irreconciliable de la lucha de clases, y por lo tanto, órgano de dominación de los poderosos sobre los oprimidos, aunque el gobierno que hoy lo gerencia discursee bonito sobre los derechos humanos, y ordene pegar en los patrulleros la foto del compañero López.

La contradicción, compañeros, no es Democracia o Fascismo, como justamente sostiene el partido de gobierno para que lo ayudemos en la interna con sus eventuales contendientes electorales, que no es por otra cosa que se pelean ahora entre ellos. Pedirle a Kirchner que encabece y financie la campaña por la aparición de Julio es legitimar el régimen, es claudicar y ponerse a su servicio.

EL GOBIERNO DE LOS DDHH SIGUE CRIMINALIZANDO LUCHADORES
Como la irrupción de una patota kirchnerista dirigida desde la jefatura de gabinete en el Hospital Francés fue demasiado para que el gobierno pudiera esconderlo debajo de la alfombra, no le quedó más remedio a la justicia que indagar y procesar a Sergio “Tuta” Mohamad y al resto de sus batatas, así como a los directivos de la intervención del hospital, como instigadores del ataque.

Pero en una muestra evidente de cómo se reciclan las viejas tesis, en una aplicación renovada de la teoría de los dos demonios, el juez Javier Anzoátegui, en la misma resolución que define a Mohamad y compañía como “custodios y grupo de choque al servicio de la intervención”, procesó a seis trabajadores del hospital.

Los hechos que reprocha a los compañeros, como de costumbre, sólo se basan en declaraciones de la policía y los empleados de seguridad, y son tan absurdos como imputarles “atentado y resistencia a la autoridad”, por ejemplo, cuando todo el país vio en vivo y en directo a “la autoridad” atentando contra ellos. Tampoco se preocupó el juez -el mismo que pidió apartarse de la investigación del atentado a la embajada de Israel por “violencia moral”- por investigar al batata que llevaba ostensiblemente un arma en la cintura, ni le preguntó a un solo policía porqué no la secuestraron.

De lo que sí se ocupó fue de procesar a los trabajadores por “impedir a la policía y los arrestados salir del lugar”, cuando todos pudimos ver, durante horas, cómo confraternizaban patoteros, policías y funcionarios oficiales en el primer piso del hospital, mientras no había nadie detenido. CORREPI, APEL, Liberpueblo y la LADH hemos asumido la defensa de los compañeros procesados, y ya apelamos la medida.

Por otra parte, el juez federal de La Plata Corazza dio curso a una denuncia por extorsión e interrupción de un servicio público contra siete trabajadores de una empresa fantasma que tercerizaba -explotaba- servicios para Transportes Metropolitanos Gral. Roca, (línea Roca), y que protagonizaron medidas de fuerza en defensa de sus derechos, exigiendo su pase a planta permanente.

En una muestra cabal de a quién sirve la justicia, no sólo los trabajadores fueron citados a indagatoria, sino también su abogado, el compañero Rubén Tripi del CeproDH, que fue indagado el pasado martes 31, y a quien ya hemos acercado toda nuestra solidaridad y apoyo activo en su defensa. De manera desopilante el juez trató de justificar la citación del compañero argumentando que no sabía que era abogado, pero resulta que en la citación dice con claridad “Sres.” antes de los nombres de los trabajadores y “Dr.” antes del nombre de Rubén. ¿Será que creía que era el médico personal de los ferroviarios?

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 11 de octubre, 16:00, escrache a la comisaría 5ª de Palomar, lugar de trabajo de los asesinos de Tato Mansilla. Concentramos a las 15:00 en Bradley y Jufré, Villa Tessei.