CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Desde 1996, CORREPI presenta a fin de año el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por la Fuerzas de Seguridad del Estado, que revela la continuidad de la represión posterior a 1983, más allá de algún cambio de formas. La elaboración del Archivo surgió de la necesidad de exponer, con los crudos datos a la vista, las conclusiones a las que fuimos llegando a partir la experiencia en la militancia antirrepresiva.

Este Archivo no es un pulido trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, sistemáticamente, incorporamos datos de casos ocurridos en años anteriores, no sólo del año en curso, comprobando en la práctica que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. Hoy, al presentar el Archivo 2006, sabemos sin temor a equivocarnos que la cifra de asesinados en los últimos doce meses no será la misma cuando volvamos el año que viene a Plaza de Mayo. Será mayor, del mismo modo que hoy tenemos registrados muchos más casos ocurridos en 2005 que los presentados el año pasado.

En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que aparece desdibujada y oculta para la gran masa de la opinión pública. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de militantes, organizaciones, periodistas, y la sociedad en su conjunto, un reflejo, aunque pálido e incompleto, de lo que es el día a día represivo en nuestro país.

A pesar de que los más de cincuenta asesinados en represiones a movilizaciones populares, desde Víctor Choque en 1995 a Luis Cuéllar en 2003, están debidamente registrados, así como Teresa Rodríguez, los muertos de Jujuy y Corrientes, los del 19 y 20 de diciembre de 2001 y los del 26 de junio de 2002, es descomunalmente mayor la cifra que corresponde a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura o en cárceles y comisarías, poniendo así en evidencia la función “preventiva” de esta represión que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase.

Se confirma así, con los números, que una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, en la Argentina “democrática” la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983 ya no se reprimiría en forma abierta y sistemática, sino silenciosamente, con masividad pero sin repercusión pública. Cumplida por la dictadura la tarea iniciada años antes de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos y grupos políticos radicalizados, el objetivo de esta “represión preventiva” es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación, para garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista fuera cuestionado seriamente en el país. Qué mejor para lograr ese objetivo que la atemorización del pueblo por medio de castigos ejemplares aplicados cotidianamente, y potenciados por el grado de “naturalización” que los invisibiliza.

Del mismo modo, el análisis del componente etario permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva, precisamente por ser el sector con mayor potencialidad de rebeldía y por ende quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de dos tercios de los casos corresponden a la franja de varones pobres de 15 a 25 años.

También ratifica la distribución territorial de los casos, aun haciendo abstracción de que hay distritos de los que tenemos ninguna o poquísima información, que el gatillo fácil y la tortura no son patrimonio de una provincia o una fuerza, sino que son utilizados en todo el país cualquiera sea el color del gobierno local, con expresa preferencia por los grandes conglomerados urbanos que concentran el mayor índice de pobreza, y por ende de necesidad de prevenir la potencial organización popular contestataria. Como se aprecia en los gráficos, la distribución de casos en proporción a la población de cada provincia licua la hegemonía bonaerense, destruyendo el mito de que el gatillo fácil es sólo o mayoritariamente herramienta de los “patas negras”, que quedan equiparados, y en ocasiones superados, por sus colegas federales o de otras provincias.

Otra conclusión que surge del estudio de los datos objetivos es que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que una y otra vez han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado. Los que creen que es posible “democratizar” o “desmantelar” el aparato represivo sin cambiar al mismo tiempo el estado, son como aquella rana que confió en que el escorpión dejaría de lado su naturaleza, lo subió sobre su lomo, y terminó en el fondo del río.

El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, no es entonces contribuir a un lamento por la creciente cantidad de pibes muertos, sino aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión, que adopte la forma que adopte, siempre es de clase y tiene el fin de perpetuar y profundizar la explotación, lo que requiere de la opresión.

Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:

1- Sólo incluimos los casos que culminaron con la muerte de la víctima.
2- Sólo incluimos aquellos casos en los que el o los homicidas eran miembros de las agencias represivas del Estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas.
3- Sólo incluimos aquellos casos en los que la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad alguna respecto de terceros o del homicida.
4- Incluimos casos de gatillo fácil propiamente dicho (fusilamientos enmascarados como pseudoenfrentamientos), gatillo fácil “culposo” (muertes de terceros causadas por la policía en enfrentamientos reales), muertes en cárceles y comisarías, tortura seguida de muerte y desapariciones.
5- El mes de diciembre se incluye en el Archivo del año siguiente, ya que la publicación es a finales de noviembre.

Así, los sucesivos Archivos tuvieron las siguientes cifras:

1996: 262 casos, con un promedio de muertes para el último año de 2.66 por mes.
1997: 382 casos, con un promedio de muertes para el último año de 4 por mes.
1998: 471 casos, con un promedio de muertes para el último año de 4 por mes.
1999: 635 casos, con un promedio de muertes para el último año de 7 por mes.
2000: 833 casos, con un promedio de muertes para el último año de 10 por mes.
2001: 1008 casos, con un promedio de muertes para el último año de 10 por mes.
2002: 1292 casos, con un promedio de muertes para el último año de 15 por mes (Incluía los 37 asesinatos durante la represión a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001).
2003: 1.508 casos, con un promedio de muertes para el último año de 12 personas por mes.
2004: 1.684 casos, manteniendo el promedio de 12 personas por mes.
2005: 1.888 casos, con un promedio 15 casos por mes, es decir, un muerto día por medio.

Esta undécima actualización, a fin de 2006, registra 2.114 casos, con un promedio de 15 personas muertas por el estado por mes.

Del 10/12/05 al 9/12/06, se registran 174 muertes.
EL ESTADO ARGENTINO SIGUE ASESINANDO ALGUIEN DÍA POR MEDIO.

Desde el 25 de mayo de 2003, el actual gobierno, que gusta definirse como “EL GOBIERNO DE LOS DDHH”, ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 635 personas, sosteniendo en estos 42 meses el promedio -que ningún gobierno anterior tuvo- de un muerto día por medio.

El índice de gatillo fácil ha sido siempre creciente desde 1983 (ver Gráfico 1). Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:

1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”, la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;

2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires se destacan en este “rubro”, que en este año nuevamente ocupa el primer puesto “empatado” con el gatillo fácil como modalidad de exterminio sistemático. Muchos de estos casos son lisa y llanamente hechos de tortura seguida de muerte;

3- La muerte de transeúntes provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro al tercero totalmente ajeno al hecho;

4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman más de 50 desde 1995.

5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal.

También se reconfirma este año la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.

La muerte de personas bajo custodia, detenidas legal o ilegalmente en cárceles y comisarías, que en los primeros años del Archivo rondaba el 30 % de los casos, representa desde 2003 el mismo porcentaje que los fusilamientos de gatillo fácil, en forma coincidente con el endurecimiento del sistema penal y el aumento exponencial de la población carcelaria, cada vez más joven y pobre.

Pese a que buena parte de las muertes en cárceles y comisarías corresponden a casos de TORTURA SEGUIDA DE MUERTE, no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito, que los jueces son reacios a aplicar porque señala con más claridad que ninguna otra figura legal la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos como los apremios o las vejaciones, ambos excarcelables y que permitan poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos, por la facilitación de la tortura.

En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar que la gran mayoría de las personas que luego fallecen no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”. Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes llega al punto de mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de tres años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica.

Nota: Agradecemos a los compañeros y organizaciones antirrepresivas de todo el país que sistemáticamente ponen sus archivos y datos a nuestra disposición para poder realizar este trabajo.

CANTIDAD DE CASOS DURANTE LA ACTUAL GESTIÓN PRESIDENCIAL (Gráfico nº 2, sobre casos 25/5/2003- 6/12/2006)
• 2003: 103 desde el 25/05/03
• 2004: 178
• 2005: 195
• 2006: 159 hasta el 6/12/06
El promedio de casos en los 42 meses de gestión K es de un muerto día por medio.

CIRCUNSTANCIAS DEL ASESINATO (Gráfico nº 3, sobre casos 2003-2006)
• Muerte en cárcel o comisaría: 42,04 %
• Gatillo fácil: 42,04 %
• Fusilamiento por discusión: 8,11 %
• Asesinato de Terceros: 1,62 %
• Causas Fraguadas: 0,44 %
• En protesta social: 0,15 %
• Otras modalidades: 5,60 %

RANGO DE EDAD DE LA VÍCTIMA (Gráfico nº 4, sobre total de casos con datos)
• Hasta 14 años: 0,90 %
• De 15 a 25 años: 67,78 %
• De 26 a 35 años: 18,56 %
• De 36 a 45 años: 6,64 %
• Más de 45 años: 6,1 %
En el Gráfico nº 5 se aprecia casi el 40 % de las víctimas era menor de 21 años, lo que correlacionado con el anterior confirma el perfil del blanco del gatillo fácil y la tortura: adolescentes y adultos jóvenes.

CANTIDAD DE CASOS POR DISTRITO (Gráfico nº 6, sobre total de casos)
• Provincia de Buenos Aires: 47,44 %
• Provincia de Santa Fe: 11,93 %
• Provincia de Córdoba: 8,85 %
• Ciudad de Buenos Aires: 7,86 %
• Provincia de Mendoza: 4,88 %
• Provincia de Corrientes: 2,70 %
• Provincia de Entre Ríos: 2,18 %
• Provincia de Tucumán: 2,18 %
• Provincia de Río Negro: 1,33 %
• Provincia de Chubut: 1,14 %
• Provincia de Santiago del Estero: 1,18 %
• Provincia de Catamarca: 1,09 %
• Provincia de Neuquén: 1,09 %
• Provincia de La Pampa: 0,85 %
• Provincia de Salta: 1,18 %
• Provincia de Jujuy: 0,95 %
• Provincia de Formosa: 0,66 %
• Provincia de Chaco: 0,38 %
• Provincia de La Rioja: 0,62 %
• Provincia de Misiones: 0,33 %
• Provincia de San Luís: 0,47 %
• Provincia de San Juan: 0,19 %
• Provincia de Santa Cruz: 0,24 %
• Provincia de Tierra del Fuego: 0,28 %

Pero si comparamos el número de casos de cada provincia en proporción a la cantidad de habitantes obtenemos una imagen bien distinta:

PROPORCION DE CASOS POR MILLÓN DE HABITANTES (Gráfico n° 7):
o Santa Fe: 80,54
o Catamarca: 70,97
o Buenos Aires: 69,67
o Mendoza: 63,30
o Corrientes: 60,99
o Córdoba: 59,89
o La Pampa: 57,93
o Cdad. de Bs. As.: 54,43
o Chubut: 52,42
o Río Negro: 44,41
o Entre Ríos: 41
o Neuquén: 39,55
o Tucumán: 35,16
o Sgo. del Estero: 34,20
o Otras provincias: 19,39

Se revela así la envergadura real de la represión policial en la Argentina: dejando de lado el sesgo diferencial que da a la Pcia. de Buenos Aires su colosal supremacía poblacional, ocupa el tercer lugar, después de Santa Fe y Catamarca. Del mismo modo, se diluye la desproporción entre los diferentes distritos, demostrando que las políticas de mano dura no son patrimonio exclusivo bonaerense, ni de ningún color político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante.

Se llega a similares conclusiones analizando la incidencia de casos en relación a la pertenencia a las distintas fuerzas de seguridad de los homicidas.

CASOS SEGÚN FUERZA A LA QUE PERTENECE EL IMPUTADO (ver Gráfico n° 8)

• Policías Provinciales (todas): 68.13%
• Servicios Penitenciarios (todos): 15,58 %
• Policía Federal: 9,63 %
• Seguridad Privada: 2.03%
• Gendarmería Nacional: 1,61 %
• Prefectura Naval: 1,09 %
• Otras: 1,94 %

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 7

Gráfico 8