CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LA EXCARCELACIÓN FÁCIL
Una de las pruebas contundentes de que el gatillo fácil es política de estado es la conducta de jueces y fiscales que utilizan con igual frecuencia, cuando de integrantes de las fuerzas de seguridad se trata, la sentencia fácil. Los sobreseimientos y absoluciones a su favor escandalizan por la habitualidad con que fusilamientos por la espalda o balas en la nuca son considerados “legítima defensa” en inexistentes enfrentamientos, o la naturalidad con que se aceptan excusas inverosímiles como armas que se disparan solas y balas que doblan en mitad de su recorrido, o las invocaciones al “normal rigorismo policial” frente a los golpes y hasta la tortura. Recordamos aquel juez que dijo que la víctima, apaleada hasta morir con el cráneo destrozado, “se puso en posición de ser golpeado”, porque sentado en una silla y esposado a la espalda, insultó al policía que le pegaba. O el otro, que calificó la conducta del policía que disparó a mansalva para evitar que fugaran unos ladrones desarmados y mató a un padre de familia que salía a la puerta con su hija, como “hecho desgraciado”. Claro que para eso están las cámaras de apelación, para corregir esas barbaridades, como la que en ese mismo caso, al confirmar el cierre de la causa, recalificó a “fruto de la fatalidad”.

Pero en pocos temas se muestra en forma tan evidente que jueces y policías son dos brazos de un mismo sistema como cuando se trata de excarcelaciones. Nuestro país es de por sí hipócrita en la materia, con una teoría que dice que la regla es que el procesado, salvo razones bien puntuales de posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación, debe esperar el juicio en libertad, y una práctica judicial que demuestra, con un 80 % de presos sin juicio ni condena, que la realidad es lo contrario. De esa cantidad, sólo una mínima parte está presa sospechada por delitos contra las personas. La mayoría son delitos contra la propiedad. Salvo que sean ricos y famosos, o policías.

La reciente excarcelación de todos los implicados en el homicidio de Darián Barzábal, el pibe fusilado en Los Hornos dentro de un patrullero, excepción hecha del autor material del disparo, sólo confirma esa norma no escrita. Se nos dirá que los excarcelados no fueron los que dispararon. Es cierto. Fueron los que aportaron lo necesario para que el hecho se consumara. Los que facilitaron, encubrieron, colaboraron de manera indispensable, porque el gatillo fácil o la tortura no son delitos individuales. Por mucho menos nivel de participación, cualquier ladrón cuyo compañero mata a alguien en un asalto va con pitos y cadenas, como coautor del homicidio en ocasión de robo, aunque ni se enterara del hecho porque estaba en la esquina haciendo de campana. Es lo que llaman “comunicabilidad de los resultados”.

Una de las realidades más silenciadas de la represión estatal es esta facilidad excarcelatoria, que si se aplicara en igual medida a civiles pobres dejaría las cárceles deshabitadas. Son tantos los casos de policías (provinciales o federales) u otros miembros del aparato del estado excarcelados por homicidios, homicidios calificados, torturas, torturas seguidas de muerte y otros delitos gravísimos que enumerarlos requeriría un trabajo similar al del Archivo. Sólo como ejemplo, recordemos a los homicidas de Héctor Otero, Leandro Bazán, Alejandro Avalos, Daniel Brenta, Cristian Domínguez, Jorge “Chaco” González, Daniel Sosa o Marcelo Bogado, varios de los cuales aprovecharon la excarcelación para profugarse llegado el juicio, o el día de la sentencia. Hubo policías en su momento excarcelados, a pesar del procesamiento por tortura seguida de muerte, en las causas Bru y Durán. En este último, los dos beneficiados ya habían estado prófugos y pese a ello se los excarceló. No se presentaron al juicio. Al sargento Gastelú lo encontramos un año después, el subcomisario Rojido sigue prófugo gracias a los jueces. Bien claro es el caso de los 15 guardiacárceles de Magdalena, oportunamente detenidos la víspera del primer aniversario de la masacre, cosa de mostrar algún resultado ante la movilización popular, y liberados a los pocos días. Ninguna de sus 33 víctimas enfrentaba cargos de la misma gravedad, pero estaban presos. Si se los hubiera excarcelado con la misma vara que a sus asesinos, estarían vivos.

Seguramente si Darián Barzábal no hubiera sido fusilado, estos mismos jueces estarían hablando de peligrosidad o probabilidad de fuga, y a él no lo excarcelarían, que después la gente se queja de los “jueces garantistas” que dejan a los delincuentes entrar por una puerta y salir por la otra…

ESTAMOS EN RÍO NEGRO
Tres compañeros de CORREPI están en estos días en la provincia de Río Negro, invitados por militantes antirrepresivos locales. En Bariloche, además de participar en varios programas radiales, están desarrollando, junto a los integrantes del Colectivo del Alto, actividades de difusión en lugares públicos, como volanteadas y mesas con materiales sobre temas antirrepresivos en la puerta del Hospital Ramón Carrillo y en las terminales de micros de la calle Moreno. El martes se reunirán con familiares de víctimas de la represión policial, y el miércoles con organizaciones Mapuches represaliadas por su reclamo de conservar sus tierras ancestrales. El viernes se realizará una jornada antirrepresiva, de convocatoria abierta, el la escuela de arte La Llave, y el sábado, en el mismo lugar, una jornada de evaluación y balance del viaje.

Una de las familias que está participando del Colectivo del Alto es la de Juan Carlos Vazquez Jara, de 26 años, que estaba detenido en la Alcaidía y apareció “suicidado” el 6 de junio de 2005. Su condena había sido revisada, ya que había sido identificado por las víctimas de un robo después de que la policía les mostrara su foto indicándoles que ése era el delincuente. Saldría en libertad al día siguiente, 7 de junio. En esos últimos días en prisión había sido golpeado -lo confirma un informe médico- y encerrado en el “buzón”, por lo que había interpuesto un habeas corpus. En la causa hay tres croquis diferentes del lugar y forma en que se encontró el cuerpo, sin acuerdo ni siquiera en cuanto a qué celda era. Se esperó mucho tiempo que llegaran las fotos tomadas en el momento para resolver el misterio, pero oportunamente, se velaron al revelarlas. Con eso, el juez archivó la causa como suicidio por ahorcamiento.

En el camino de regreso, los compañeros se detendrán en Viedma, donde darán una conferencia de prensa sobre la situación represiva en la ciudad y en especial por el caso de david Moyano, muerto en la Alcaidía local. Junto a su familia y un grupo de estudiantes que está conformando una organización antirrepresiva, tendrán contacto con familaires de otros casos, y realizarán una actividad pública en el Centro Cultural La Salamandra. Por último, el 30 de enero se hará otra actividad pública con volanteada e instalación de una mesa en plaza San Martín.

DESPUÉS DE LA DENUNCIA, DESEMBARCO K EN MENDOZA
Ante la repercusión que adquirió el caso de gatillo fácil de Jonathan Oros en Mendoza, que denunciamos en el Boletín n° 410, la respuesta del gobierno fue la fuerte presencia mediática de Luis Bordón, quien dirige el Programa Nacional Antiimpunidad del ministerio de justicia, en la provincia. El funcionario kirchnerista se entrevistó con jueces y ministros de la provincia, y anunció que todos le aseguraron garantías y desempeños, verso que más de uno de los familiares de los ya 650 casos de gatillo fácil o muertes en cárceles o comisarías ocurridos durante el gobierno de su jefe directo, ya conoce, y sabe lo hipócrita que resulta.

Como lo reflejamos en nuestro Boletín del 9 de abril de 2005:
“Desde marzo de 2005 Bordón fue designado como asesor de gabinete del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Bordón trabajaba desde noviembre en la Comisión Antiimpunidad creada por el Gobierno para desarticular las luchas contra los responsables de la violencia institucional. El decreto de designación fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro del Interior Aníbal Fernández. Si bien el nombramiento es en calidad de asesor de Parrilli, depende directamente de K.

El vínculo de Luis Bordón con el Gobierno viene de los primeros meses de la gestión de Kirchner, cuando Gustavo Beliz era ministro de Justicia. Bordón lo conoció en una audiencia a la que había ido para acompañar a los familiares de las víctimas del doble crimen de La Dársena, que conmocionó a la provincia de Santiago del Estero. Bordón tuvo entonces un corto paso por la Comisión Antiimpunidad, de la que se retiró casi de inmediato. Nunca se entendió muy bien porqué.

Cuando lo convocaron por segunda vez, con un llamado del secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Bordón ya era uno de los hombres de confianza de Luis D’Elía, el titular de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), con quien trabajó políticamente hasta hace un mes. Como en el caso de D´Elia, que sirvió de cuña en el movimiento piquetero para denostar a aquellos que no eran “oficialistas”, Bordón hace lo propio con las víctimas del Estado a quienes “melonea” para evitar que promuevan acciones contrarias al gobierno. Ofreciéndoles subsidios, bonificaciones o poniéndoles abogados del sistema, lo que hace el llamado “Programa Nacional Antiimpunidad” es retrasar la conciencia y fundamentalmente anestesiar el espíritu de lucha de las víctimas de la represión estatal.”

En el acto oficial del 25 de mayo del año pasado, se vio a Luis Bordón efusivamente saludado por el gobernador Solá, seguramente conmovido por los 25 micros de gente que aportó desde su terruño de Moreno.

Una vez lograda la consabida foto con el padre de Jonathan para los medios, dijo Bordón: “Los familiares de las víctimas tenemos dos ejes de reclamo, el de justicia en base a la verdad y el de que no se repita nunca más. El trabajo fundamental del programa antiimpunidad, aparte de acompañar a los familiares en el reclamo de justicia, es hacer diagnóstico, encontrar los patrones que producen la impunidad y a partir de ese diagnóstico fijar políticas que garanticen que no vuelva a ocurrir”. Traducido, significa fijar políticas que garanticen la impunidad y la legitimación del poder represivo del Estado.

DE CHORROS CON ESVÁSTICA
Hay dos verdades que ningún gobierno pudo desmentir, ni siquiera el actual, tan preparado para las operaciones de maquillaje: 1) Que los policías, aun sin contar los delitos que cometen en “cumplimiento del deber”, tienen un índice de criminalidad que supera el de cualquier otro sector social. 2) Que no hace falta que los educara Camps, ni que hayan servido durante la dictadura, para que su ideología individual sea compatible con la tarea que deben cumplir para el estado. Esta semana dos “botones de muestra” lo confirman.

Un teniente de la bonaerense tomó un taxi en el centro de La Plata. Ni bien subió, sacó su arma, la cargó y propuso al chofer salir a robar estaciones de servicio, repartiendo el botín “mitad y mitad”. Quiso la mala suerte del poli-chorro que el taxista no fuera también policía, gendarme o cosa parecida, caso en el cual el acuerdo hubiera funcionado y hoy estarían allanando alguna villa buscando a los peligrosos delincuentes, y pidiendo más presupuesto para la policía. En lugar de eso, el chofer hizo luces a otro colega, haciéndole saber que estaba en problemas, por lo que al poco rato el taxi fue cercado por un operativo policial, que una vez detenido el auto no tuvo más remedio que detener al camarada cuentapropista. Quedó imputado por “privación ilegal de la libertad y coacción”. Su identidad fue reservada, como suele suceder. ¿Ya lo habrán excarcelado, o quedará para la semana que viene?

El otro episodio tuvo más repercusión. El diario Clarín, a raiz de una serie de notas sobre la facilidad con que símbolos nazis pueden ser adquiridos en Buenos Aires, entrevistó al presidente del club motoquero Los Tehuelches, que posó para la foto orgulloso junto a su Harley Davidson “low rider”, su chaleco de cuero con una esvástica clavada, y una pistola Magnum .357. La sorpresa del cronista fue que, además de un motoquero nazi, estaba entrevistando al oficial Gatto de la bonaerense, con destino en La Riestra. Durante la charla apareció un segundo afiliado del club, también policía, de General Rodríguez. Nada que sorprenda a los que recordamos el ataque de la banda nazi, comandada por el hijo de un comisario, que sufrió CORREPI en el Parque Rivadavia durante el recital por el quinto aniversario de la muerte de Walter Bulacio.

Apenas el diario estuvo en la calle, el ministro Arslanián salió sin peinarse a anunciar la exoneración, aunque no se supo que se preguntara de dónde sacó el joven Gatto (27) los diez mil dólares para comprar esa flor de moto. Se los habrá prestado su papá, humilde boletero de tren y militante del PJ en Chivilcoy. Tampoco pudo confirmar CORREPI que Gatto y su amigo, ambos de menos de 30 años, fueran de los tan nombrados 9.000 y pico de policías ingresados antes de 1983, con cuya exoneración, como con Coca Cola, dicen que todo irá mejor. ¿Cuándo se van a avivar que es ser policías lo que los hace nazis, porque la función hace al órgano?.

MUERTO EL PERRO, SE ACABÓ LA ADICCIÓN
Todas las muertes que causa el estado nos hacen crecer el odio, ese odio sano y fortalecedor que nos permite no equivocarnos cuando señalamos al enemigo y que nos empuja en la lucha. Pero en algunos casos, el odio viene acompañado de una rabia tremenda, como cuando nos enteramos lo que le hicieron a Germán Medina, de 16 años.

Germán era adicto. Aspiraba pegamento, la droga de los pibes pobres. Su causa tutelar quedó a cargo de un juzgado federal de Morón. Sus padres, que comprendían la gravedad de la adicción, le pidieron que lo internara en alguna comunidad terapéutica de régimen cerrado. Lo mandaron al Instituto Roca, uno de los siete institutos de menores que dependen del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Un instituto con régimen penal, que honra el nombre del represor que lleva. Allí le pasó algo, que por miedo, pudor o ambas cosas no quiso contar a su padre, aunque las marcas de golpes eran evidentes. Al mes y medio llegó el traslado a una granja terapéutica, pero de régimen abierto.

Como sus padres lo imaginaron, al poco tiempo Germán se escapó y volvió a su casa. Lo llevaron de nuevo al juzgado, suplicaron que lo internaran en un lugar adecuado a su cuadro, pero otra vez fue a la misma granja. Para las fiestas, otra vez Germán apareció en su casa. El señor Medina y su esposa no dudaron y volvieron al juzgado con su hijo. El estado, entonces, decidió tomar el toro por las astas, y lo internó de vuelta en el Instituto Roca, a pesar del antecedente que constaba en el juzgado, y a sabiendas de que en un instituto de régimen penal no se puede encarar la rehabilitación de un pibe tan vulnerable. Ingresó poco antes de año nuevo, directo a la celda de aislamiento.

El 11 de enero de 2007 Germán Medina, que ya había cumplido 17, apareció ahorcado en el buzón. El estado se ahorró el costo del tratamiento. Los Medina ya no tienen un hijo adicto. Tienen un hijo muerto. Muerto el perro, se acabó la rabia, dicen los que no saben. La familia, además de dolor, tiene mucha rabia. Ahora es visitada a toda hora por funcionarios del Consejo del Menor y de Asistencia a la Víctima -los mismos que no hicieron nada antes-, que vienen en tropel a ofrecerles contención, apoyo psicológico y vidrios de colores para asegurarse de que no hagan lío. Un consejo al Consejo: no se molesten más. Los padres de Germán son pobres -si hubieran sido ricos, hubieran podido pagar una internación privada- pero son conscientes. Ya se presentaron como querellantes en la causa penal, que acaba de pasar de la justicia ordinaria a la federal, con patrocinio de abogados de CORREPI. Más para el prontuario del “gobierno de los DDHH”.

LE LLEGÓ LA MALA AL “MATAGUACHOS” DE FIORITO
El 3 de junio de 2003 Matías Bárzola, de 17 años, caminaba por la calle Recondo de Villa Fiorito con dos amigos. Desde un auto le dispararon. El tiro entró por la parte de atrás de su cabeza, debajo de la oreja. Los otros dos chicos salieron corriendo.

Cuando su mamá, Estela, se acercó a CORREPI, nos contó que estaba segura que el asesino era el “Oso” Peloso, un policía exonerado de la bonaerense, que aunque tenía un almacén a pocas cuadras del lugar, era conocido porque actuaba informalmente como policía, acompañando a la brigada de calle o directamente actuando como “escuadrón de la muerte” unipersonal. Poco a poco se fue cerrando el círculo de indicios. Una vecina la fue a ver a Estela y le contó que tres meses antes que mataran a Matías, su hijo, Jonathan, había recibido un disparo en el glúteo. Ella fue a la comisaría esa noche, y la atendió un hombre alto y canoso, de civil pero con el arma en la cintura, que se presentó como el “Mataguachos”, y le pidió disculpas por haber baleado al pibe. “El que yo buscaba era Barzolita”, le dijo. Era José Ramón Peloso.

Los dos pibes que acompañaban a Matías estaban aterrados y no querían hablar. “Matías tenía carta blanca, tarde o temprano el viejo Peloso lo iba a matar” fue lo más que se animaron a decir. Estela pasó tres años caminando el barrio, buscando testigos, averiguando, mientras los abogados de CORREPI rastreábamos los antecedentes del “Mataguachos”. Varias causas por homicidio, todas sobreseidas por legítima defensa, con el aporte inestimable de la comisaría 5ª de Lomas (Fiorito), el segundo hogar de Peloso. Para fin de 2004 no teníamos dudas de la autoría. Empezaron los escraches. En cada uno, siempre algún vecino o vecina se nos acercaban a darnos un dato más, un nombre, una fecha.

En el último, la casa de Peloso quedó cubierta de consignas antirrepresivas y señalando que ahí vivía un asesino. A la semana nos enteramos que se había mudado, porque ya nadie le hablaba en el barrio y, a pesar de la falta de laburo, no encontraba quien agarrara la changa de pintarle de blanco el escrachado frente. Al calor de la movida, los testigos se fueron animando. Uno a uno fueron pasando por la fiscalía, y el silencio se conviertió en acusación frontal y directa. Algunos hasta contaron que en los primeros meses Peloso los visitaba, para recordarles que si había preguntas, tenían que decir que a Matías lo habían matado para robarle las zapatillas, no que fue él. Tampoco se libraron jueces y fiscales de los escraches, que incluyeron el corte total del cruce de Camino Negro y Larroque en más de una ocasión.

Párrafo aparte para la constancia y decisión de Estela Velázquez, que no dejó una semana sin ir a la fiscalía “a molestar”, como ella dice con razón, mientras hacía banderas, iba a las marchas con sus otros hijos y su marido, y le enseñaba a las mamás de casos más recientes cómo encarar en tribunales sin dejarse ningunear y cómo caminar el barrio. Una verdadera demostración de que en estas causas no es el trabajo profesional, por bien que se haga, el que define, sino la movilización popular y la intervención consciente de quien deja de ser simple “víctima” para convertirse en protagonista a través de la militancia.

A mediados de diciembre la buena noticia fue que estaban allanando la casa de Peloso, y que lo habían detenido. La semana pasada el juez de garantías aceptó el pedido del fiscal de convertir en prisión preventiva su detención, por el homicidio de Matías. El “Mataguachos”, en su indagatoria, contó que estaba trabajando como contratado del municipio de Ezeiza en el Comando Patrullas, haciendo rondas armado en un móvil. Tomen nota los que cada tanto se preguntan adónde van los policías exonerados. También se declaró inocente, y dijo que la culpa de su prisión la tienen la familia Barzola y CORREPI. En esto, tiene razón.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 22 de enero, 16:00, concentramos en Plaza Moreno, y a las 17:00 en la estación Paso del Rey, para marchar a la comisaría 5ª de Moreno, donde fue apaleado hasta provocarle la muerte Gabriel Alejandro Mura.

12 de febrero, 9:00, comienza el juicio oral al oficial Cristian Solanas por el asesinato de Rodrigo Corzo. San Martín 123, Morón.

CORREPI