CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LO MATAN POR INDIGENTE
Durante el año 2004 el inefable Blumberg pasó por la provincia de Córdoba de la mano del chileno Carlos Medina, destacado miembro del Manhattan Institute, uno de los “think tanks” de la ultraderecha yanqui. Por supuesto, promocionaban negocios relacionados con la seguridad y exponían su ideológica fascista. En aquella oportunidad, Medina sostuvo algo así como que los desocupados que limpiaban los parabrisas de los autos y las prostitutas callejeras eran el germen del terrorismo.

No quedó demasiado claro si también incluía a los indigentes que deben vivir en la calle como parte de ese segmento sospechable de atacar torres gemelas, pero lo cierto es que la policía del gobernador De la Sota, encantado anfitrión de los ilustres visitantes, seguramente no pasó por alto semejante advertencia.

Dos años y pico después, quieren hacer pasar un homicidio como un error del Comando de Acción Preventiva, que no son los de “persecución inmediata” cuya creación comentábamos en el anterior boletín, pero que exhiben la misma eficacia. La muerte pasó invisible para casi todos. No era para menos, era un linyera. Carlos Omar Gaitán (51), murió por una herida en el abdomen que resultó un disparo, para más datos de 9mm, y no de una puñalada como al principio quisieron hacer creer.

Para el fiscal, la víctima fue liquidada accidentalmente por policías que perseguían a un hombre que había cometido una “contravención”, es decir, una violación del Código de Faltas. “Todo indica que uno de los policías que participó de ese procedimiento fue el que mató al indigente de un tiro. Y todo señala que fue en forma accidental, es obvio, un policía no va a andar matando porque sí”, le dijo ayer el fiscal Matheu a La Voz del Interior.

El fiscal, cómplice explícito del accionar policial, ni siquiera se pregunta por qué debía la policía andar a los tiros por una contravención, que los libros del sistema definen como infracción que no constituye delito. ¿Muerto por error? No. Por la limpieza social que Blumberg y el Manhattan Institute fueron a propugnar a Córdoba.

AMENAZAS, IMPUNIDAD Y LUCHA EN RIO NEGRO
Como una nueva forma de amedrentar a los compañeros del Colectivo del Alto en Bariloche, el 9 de febrero la policía rionegrina amenazó de muerte a Blanca Grande, vecina del barrio 34 hectáreas e integrante de la organización antirrepresiva hermana. Una decena de canas llegaron a allanar una casa, con una orden de detención. Como no encontraron a la persona que buscaban, se llevaron a su hermana, con su hijito de 1 año, sin orden para detenerla. Se podría decir “como rehén” hasta que apareciera su hermana.

Actuaron como es su método: empezaron a golpear a los pibes de la casa. Blanca -que vive a una cuadra- y un vecino acudieron para interceder ante la represión. Después de discutir un rato y sin lograr impedir la detención, Blanca (que, recordemos, perdió recientemente un ojo en un hecho represivo) volvió a su casa. Al rato, apareció un auto particular. Se bajó un policía de civil a quien se conoce en el barrio como el “Negro Ruiz”, acompañado por otro que le espetó “vamos a entrar y las vamos a hacer mierda”. Y quisieron hacerlo pero la compañera se plantó y el cana volvió a amenazarla.

Poco después, Blanca fue a hacer la denuncia a la fiscalía. La atendió el fiscal de turno

Eduardo Fernández, el mismo que cuando el Colectivo del Alto denunció un atropello parecido el 30-4-06, archivó la denuncia al mes diciendo que no había delito, que era un operativo y al mes siguiente, en junio, le arrancaron el ojo a Blanca. Al otro día presentó un habeas corpus y el juez Gaimaro Pozzi le adelantó que se lo rechazaría “porque la gente presenta Habeas Corpus por cualquier cosa.”

Desde la CORREPI hacemos responsable al Ministerio Público, a la justicia barilochense y al poder ejecutivo provincial por la seguridad de la compañera Blanca Grande.

No puede pasarse por alto que ese mismo día se realizó en Bariloche la marcha por Jorge Pilquimán, un joven de 24 años que el 6 de febrero de 2005 salió a bailar, fue retirado por policías del boliche bailable Babilonia y a los tres días apareció golpeado y muerto, flotando en lo piletones de Puerto San Carlos a orillas del lago Nahuel Huapi.

La familia encabezó la marcha, y fue acompañada por familiares de casos de violencia institucional, organizaciones Mapuches, estudiantes, Gente de Radio, Revista Al Margen y el Colectivo del Alto contra la Represión.

Por otro lado, en la capital de la provincia, y a partir del reclamo de justicia por la muerte de David Moyano, se constituyó el Colectivo Antirrepresivo de Viedma que tiene como objetivo la lucha y organización contra la represión de las instituciones del estado. “Ante la represión es necesario organizarse en todo sentido, desde el plano de las ideas, hasta las modalidades de acción para repudiarla. Esta lucha no significa solo el reclamo sectorial y reivindicativo de un grupo de familiares de las víctimas, ni de familiares “solidarios”. La denuncia de las políticas represivas del estado y las estrategias para enfrentar la violencia aplicada sobre el pueblo, es responsabilidad de todos”, sostienen los compañeros.

El pasado 30 de enero una delegación de CORREPI acompañó el lanzamiento de la organización rionegrina y denunció la inacción del fiscal Cristian Álvarez en la causa Moyano, cuya única tarea eficaz fue tratar de impedir la constitución como querellante de la familia de David. El 2 de febrero, es decir, 2 días después, le notificaron al abogado patrocinante de la familia Moyano una resolución para archivar la causa, la que fue apelada el pasado miércoles simultáneamente con una nutrida movilización popular.

Una vez más, jueces y fiscales se ocupan de dejar impunes los crímenes de funcionarios policiales y del servicio penitenciario. En este caso, el fiscal sostuvo que no hay argumento para demostrar la responsabilidad de los policías de la Alcaidía en la muerte de David, cuando no se ha explicado aún cómo tenía quemado el cuerpo, y no la ropa, que tampoco presentaba signos de haber estado expuesta al fuego, al humo ni al polvo químico de los matafuegos, ni por qué ante el avance del fuego David no usó para apagarlo el balde de agua que había en la celda.

Todo ello, avalado por la burocracia cómplice de los funcionarios de derechos humanos, del instituto de presos y liberados y de la defensoría del pueblo, que estando presentes en la alcaidía al momento del homicidio sólo se ocuparon de redactar memorandos.

JUECES AL SERVICIO DE LA REPRESION
Como consecuencia de las luchas del Hospital Francés, la justicia se ganó un nuevo galardón en su genuflexión al poder político. El día 2 de febrero el juez Javier Feliciano Ríos (recientemente designado a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires) ordenó el procesamiento del abogado Dr. Gustavo Mendieta., integrante de APEL, y patrocinante de la Comisión Gremial Interna del Hospital Frances desde el comienzo mismo del conflicto.

La resolución le imputa la comisión de delitos comunes en ocasión de su desempeño profesional, entre otros, coacción. Como ha sostenido nuestro compañero Alejandro Speroni, codefensor de Mendieta, se trata de un peligroso precedente que importa extender el derecho penal y la coerción indirecta del Estado, a una órbita tradicionalmente inmune, como es el ejercicio de la abogacía.

Lo que busca el Estado es disciplinar a los profesionales solidarios, al tiempo que deslegitima el reclamo y la lucha de los trabajadores. No sólo se criminalizan las acciones de protesta, también se busca hacer lo propio con la conducta de quienes defienden a los compañeros en los tribunales. No resultan suficientes las patotas kirchneristas como la de Tuta Mohamad. También recurren a novísimos jueces K para que profundicen el trabajo sucio.

REPRESION EN NEUQUEN
El pasado lunes 29 de enero, un grupo de tareas de la policía del Neuquén reprimió en Chos Malal a jóvenes manifestantes por reclamar trabajo a las empresas petroleras que operan en la zona norte de la provincia.

Como siempre la policía del derechista Sobich utilizó gases y balas de goma contra los manifestantes. La represión si inició en horas de la noche y la policía usó reflectores para hacer blanco en los jóvenes. Ni siquiera guardaron las formas, porque ningún juez ordenó el desalojo. Evidentemente la orden partía del propio ejecutivo provincial.

La comunidad de Chos Malal reaccionó frente a la represión rodeando la comisaría local y repudiando el accionar policial que dejó al menos 15 lesionados. La represión no fue casual. Los manifestantes habían interrumpido solamente el paso de los camiones de transporte de gas exportado a Chile, y la policía, obviamente respondiendo a los intereses de las petroleras (especialmente Repsol), ejecutaron la violenta represión.

TABARÉ REPRESOR
El lunes 5 un grupo de asambleístas argentinos cruzó el charco para hacer una jornada de concientización en Montevideo acerca de los efectos contaminantes de la pastera finlandesa Botnia que se instalará en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú. Además de la cantidad de periodistas que desde esta orilla hablaban de la provocación de los compañeros, desde la uruguaya el gobierno del “izquierdista” Tabaré Vázquez esperaba a los activistas para reprimirlos. Y organizaron un comité de bienvenida al mejor estilo del que utiliza el “gobierno popular” argentino.

En primer lugar, la prefectura uruguaya les incautó la mayoría de los afiches, volantes y carteles que los asambleístas instalarían en la Plaza Independencia. La excusa fue que el gobierno del Frente Amplio no había autorizado la actividad contra la empresa multinacional (???). Pero al momento de intentar la volanteada, los estaban esperando unos cien energúmenos pseudo chauvinistas que los agredieron.

Esta patota -al mejor estilo de lo que la CORREPI define como “tercerización de la represión”- estaba debidamente monitoreada por una camioneta blanca con patente oficial del gobierno uruguayo. En el techo del automóvil oficial de los “progres del paisito” se llamaba a ‘echar a los piqueteros de la plaza’, y se leía ‘somos un país independiente’ y ‘defendamos la industria de la celulosa’”.

El asambleísta Daniel Pérez Molemberg también acusó a la policía uruguaya. Es que cuando los patoteros de Tabaré los empezaron a insultar, escupir y tirar huevos, uno de los periodistas reclamó a los efectivos que frenara a los manifestantes y éste le respondió “no, háganlo ustedes”. La realidad es que había sincronización entre la cana y los “batata” frenteamplistas.

LA POLICÍA DE LEÓN
Entrevistado por Clarín, el ministro de seguridad bonaerense León Arslanián hizo un repaso a su gestión al frente de las fuerzas de seguridad ejecutoras de casi la mitad de los 660 asesinatos cometidos en los últimos tres años. Consultado sobre los “nuevos casos de gatillo fácil” que de nuevos no tienen nada, teniendo en cuenta que las ejecuciones a través de esta modalidad han ido en constante aumento desde 1983, Arslanián respondió que su erradicación implica “un proceso de drenaje que va a llevar mucho tiempo. Yo los puedo vigilar, controlarlos y a medida que conozco los casos, los voy acorralando”.

La realidad muestra que estos constantes “drenajes” no paran los casos de gatillo fácil y que, lejos de acorralarlos, los policías implicados en estos crímenes de estado, en la mayoría de los casos siguen cumpliendo funciones en la fuerza y hasta son ascendidos. Y si son condenados generalmente se los beneficia con formas morigeradas de detención como el arresto domiciliario.

Arslanián atribuye estas prácticas a desbordes individuales o “parainstitucionales que se separan de los principios básicos” que se les inculca a los uniformados. Como si en las escuelas de policía no se les enseñara a los futuros oficiales que todo negrito que ande merodeando por ahí con pinta de pobretón es un potencial delincuente al que se puede -se debe- detener arbitrariamente, torturar y matar.

Como siempre, la última dictadura militar es la excusa para explicar los “desbordes” de las fuerzas de seguridad de la democracia. Ahora parece que para Arslanián la solución a los abusos policiales pasa por la implementación de un programa (otro más) destinado a discutir con los cuadros medios de la policía sobre estas prácticas “heredadas de la dictadura” para “despertar así un espíritu crítico que expulse esos mecanismos”. Programa que desde ya es una falacia, teniendo en cuenta la estructura piramidal y verticalista que caracteriza a las fuerzas de seguridad donde se enseña a los nuevos cuadros a obedecer órdenes sin chistar.

Como ejemplo sirve el reciente “baile” al que fueron sometidos cadetes de la Federal, terminando 22 de ellos hospitalizados con serios cuadros de deshidratación, quemaduras y lesiones renales. ¿Se animó alguno de ellos a cuestionar la orden impartida por un simple instructor de la Escuela Ramón Falcón?

Arslanián dice que hay que “ir limpiando progresivamente” a esos “viejos elementos” que no deberían tener lugar en la “policía democrática del siglo XXI”. Su policía, más pertrechada e instruida que nunca, sigue “limpiando progresivamente” a los pobres, a razón de una persona día por medio.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

En Viedma, lunes 12 de febrero, 11:30, marcha desde la Escalera 6 del Barrio 20 de Junio hacia la fiscalía para exigir que no se cierre la causa de David Moyano y escrachar al Fiscal Cristian Álvarez. Convoca COLECTIVO ANTIRREPRESIVO DE VIEDMA y Familiares de DAVID MOYANO.

Lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de febrero, en San Martín 123, Morón, juicio oral al oficial Cristian Solana por el homicidio de Rodrigo Corzo. Concentramos frente al Tribunal (San Martín y Rivadavia) las tres jornadas. Más información en www.correpi.lahaine.org , Juicio al Gatillo.